Después de seis años de calvario y de incumplimiento continuado de los acuerdos firmados con los ex - mineros de Boliden, la Junta de Andalucía estos trabajadores inician una nueva lucha contra el bochornoso despido de 22 de sus compañeros.

Aun está en la retina de todos las terribles imágenes del desastre de las minas de Boliden en Aznalcollar (Sevilla), donde la rotura de la balsa en la que se acumulaban los lodos y lixiviados residuales de esta explotación, provocaron el mayor desastre ecológico que conocía Andalucía y que afectó al río Guadiamar, uno de los principales ríos que nutren el Parque Natural de Doñana. Los graves problemas de seguridad que arrastraba la mina y el riesgo de que un accidente similar se volviese a producir provocó una importante presión popular que llevó en cuestión de meses a la aceptación por parte de los trabajadores del cierre de la mina.

Fruto de este cierre, se perdieron los 400 puestos de trabajo vinculados a la minería. El acuerdo firmado por CC.OO. y el presidente de la Junta de Andalucía, significaba la prejubilación de la mayoría de los trabajadores y la recolocación de 75 de ellos. La consecuencia de este cierre, como no podía ser de otra manera, ha sido un importantísimo hundimiento de las condiciones de vida de estas familias y el desplome de la comarca. Los mineros asumieron estos costes bajo el compromiso de la Junta de recolocar a esos trabajadores en puestos de trabajo estables y con similares condiciones económicas. Los mineros cumplieron su parte del acuerdo, pero el gobierno autonómico los ha dejado en la estacada desde el primer momento y han jugado al desgaste de este combativo colectivo desde que los recolocó en la empresa pública EGMASA, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, donde han venido desarrollando trabajos de restauración ambiental en toda la zona afectada por el vertido tóxico.

Durante estos seis años, sus sueldos no han llegado a igualarse a los que cobraban en la mina, siempre han estado por debajo, han ido encadenando contratos de varios meses, semanas e incluso días, con objeto de que tiraran la toalla y se buscaran otra cosa, pero han aguantado conscientes de lo que se jugaban y de la importancia de ser una piña. El punto de inflexión se produce en agosto de este año cuando Gemaza decide despedir a 22 de estos 75 trabajadores porque ya no tienen trabajo para ellos, ya que el trabajo de restauración ambiental ha terminado. Desde el primer día de la noticia los trabajadores están desarrollando una serie de movilizaciones (acampada en la corta de la mina, encierro en la Consejería de Medio Ambiente, corte de carreteras) que culminaron el pasado 27 de agosto en una manifestación de 3.000 personas en Aznalcollar, donde fueron arropados por todo el pueblo y por trabajadores de otros municipios.

Su lucha está siendo dura y ejemplar para el resto de trabajadores de empresas públicas, ya que la situación de precariedad y de pérdida de poder adquisitivo afecta a todas y cada y una de estas empresas públicas, muy especialmente a Egmasa, donde tras el último convenio, las condiciones de trabajo se han empeorado muy considerablemente (se trabajan más horas al año, se ha perdido la paga de productividad, se vuelve a fichar, hay que recuperar los días de visita médica...). Junto a los mineros, están también en pie de guerra los trabajadores del INFOCA (incendios forestales), también dependientes de Egmasa. Si estas dos luchas se unificaran y se diera la oportunidad al resto del la plantilla de la empresa (el personal de estructura) de apoyarlas, la Junta de Andalucía no podría resistir la presión, ya que en periodos de máxima actividad la empresa cuenta con 4.000 trabajadores en todo la comunidad autónoma. Esperemos que la representación sindical, así lo vea.