El posible cierre de la central nuclear de Garoña, en Burgos, ha puesto encima de la mesa el debate sobre el peligro que entraña este tipo de generación de energía. De este debate, a las grandes compañías, propietarias de estas instalaciones, lo que de verdad les preocupa es la pérdida de sus multimillonarios beneficios.
El posible cierre de la central nuclear de Garoña, en Burgos, ha puesto encima de la mesa el debate sobre el peligro que entraña este tipo de generación de energía. De este debate, a las grandes compañías, propietarias de estas instalaciones, lo que de verdad les preocupa es la pérdida de sus multimillonarios beneficios.
El gobierno ha decidido que la central nuclear de Garoña permanecerá abierta hasta el año 2013, fecha en la cual deberá cesar su actividad, esta propuesta no ha gustado a nadie. Ni a los trabajadores, a los cuales no se les ha concretado nada sobre los futuros empleos que deberán tener, ni a la propiedad, que ve el fin de sus beneficios y mucho menos a las organizaciones ecologistas.
Esta central fue puesta en marcha en 1970, sería la segunda nuclear en el Estado español que agotaría su vida después de la de Zorita en Guadalajara, que comenzó a funcionar en 1968. Ahora mismo el reactor nuclear más antiguo del mundo que está en funcionamiento tiene 42 años y se han cerrado más de 122 nucleares por diversas causas.
El gobierno de Zapatero se comprometió, en su programa electoral, a cerrar las nucleares que hubiesen agotado su vida útil. La crisis económica mundial junto a la próxima liberalización del sector eléctrico en el Estado español hace que la presión del lobby nuclear sobre el gobierno sea especialmente intensa. Las campañas publicitarias, más o menos encubiertas, a favor de la energía nuclear están desarrollándose de una manera muy evidente. El Foro Nuclear, que agrupa a empresas que explotan las seis centrales nucleares del Estado español, presiona al gobierno para que en 2012 haya, al menos, una nueva instalación nuclear.
Parasitismo empresarial
Lo que verdaderamente se busca es mantener los altos niveles de beneficios que este tipo de instalaciones producen. Por ejemplo, la central de Garoña generó en el año 2007 el 1,3% de la energía eléctrica total en el Estado español, a cambio obtuvo 250 millones de euros de beneficios para sus propietarios, Endesa e Iberdrola. El caso de la central de Almaraz en Cáceres es similar, en junio de 2010 vence su autorización para operar, pero si se prorroga diez años más su funcionamiento calculan que esa década extra puede generar 600 millones de euros para Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa, actuales propietarios.
Lo más chocante es que somos exportadores de energía eléctrica hacia Europa, y sin embargo los constantes fallos y la falta de suministro eléctrico en importantes zonas metropolitanas son algo habitual. Las líneas de transporte eléctrico requieren mucha menos inversión en mantenimiento que las instalaciones de las zonas habitadas. En su afán de beneficios, las grandes compañías eléctricas están apostando por extender la vida útil de las centrales que están funcionando en lugar de construir nuevas, que necesitan una gran inversión inicial, que no están dispuestos a asumir, y que además contarían con un gran rechazo social.
La moratoria para no construir más centrales nucleares aprobada por los gobiernos de Felipe González en la década de los 80 supuso pagar a las compañías eléctricas más de 7.000 millones de euros, así como un recargo del 3,5% en los recibos de la luz; esto es, les estamos pagando por sus beneficios no obtenidos. Además, el gobierno les sigue subvencionando fuertemente.
Las compañías eléctricas tienen un carácter particularmente parasitario. Desde 1999, con la primera liberalización de Aznar del sector eléctrico las inversiones en seguridad descendieron en un 50%, a la vez que el gobierno del PP les daba más de 420 millones de euros para afrontar la "competencia" entre empresas.
La inversión en seguridad cae en picado
La proliferación de accidentes, desconexiones de la red y detección de elementos radioactivos en las zonas limítrofes de las nucleares están estrechamente ligados con ese recorte en materia de seguridad; todos recordamos las fugas de Vandellós y Ascó en la provincia de Tarragona, las grietas de Garoña, etc. Cuando ocurre un incidente de este tipo rápidamente los grandes medios de comunicación insisten en que las centrales son seguras, pero los estudios en zonas afectadas por radiaciones son el mejor indicador de los beneficios o no de la energía nuclear. Sólo la explosión de Chernobil contaminó 3.900.000 Km2 de territorio de Europa afectando a más de siete millones de personas.
El combate contra el cambio climático es uno de los argumentos esgrimidos a favor de la industria nuclear debido a la nula emisión de CO2 en su funcionamiento. Pero estos gases se emiten en su construcción, en la minería de uranio, en el posterior enriquecimiento de éste y en la gestión de los residuos. Otro de los argumentos el de la "independencia energética" también es falso, ya que se depende en un 100% del mercado exterior para la compra del combustible, fundamentalmente en manos de EEUU; el resto de países que poseen uranio son tan inestables como los productores de petróleo.
La gestión de los residuos es un problema muy grave, puesto que todavía no hay una forma segura de tratarlos. Son peligrosos durante miles de años, y durante ese tiempo han de estar resguardados. La necesidad de construir un Almacén Transitorio Centralizado (ATC) para recoger los residuos que las propias centrales ya no pueden guardar implica un montón de riesgos como es el propio ATC, el transporte y la vulnerabilidad de los actuales almacenamientos en superficie de las centrales. Concretamente las características técnicas de Garoña hacen que ésta produzca un número mayor de residuos, con lo que sus almacenes están casi al límite de su capacidad. Incluso la propia nuclear cerrada se convierte en un problema ya que sigue siendo muy contaminante por la enorme cantidad de material radiactivo que contiene, por eso es necesario seguir controlándola.
Como ningún municipio quiere acoger semejante "instalación" el gobierno da cuantiosas subvenciones a quien lo quiera. Recientemente el alcalde de Yebra en Guadalajara lo solicitó pero se tuvo que echar atrás ante la gran oposición que se generó.
La gestión de los residuos, los problemas de seguridad y la escasez de uranio anulan cualquier ventaja que tuvieran las centrales nucleares, salvo la de los beneficios privados.
Energías alternativas
Es indudable que las medidas del gobierno de Zapatero para paliar la dependencia del petróleo y del gas al que está sometida la producción de energía en el Estado español ha hecho avanzar la inversión en energías renovables como la eólica y la solar, pero desgraciadamente éstas han caído en manos de las grandes compañías eléctricas y empresas inversoras. Hasta que no ha afluido dinero público en forma de generosas subvenciones estas empresas no han puesto un euro en desarrollar e investigar en energías más limpias, demostrando su parasitismo y que no están dispuestas a invertir salvo que se les garanticen sus beneficios. Sólo esto justificaría la nacionalización de estas empresas para garantizar inversión en investigación, aumentar la seguridad de las instalaciones nucleares y proceder a su sustitución por energías limpias y renovables.
Ahora mismo sería imposible cerrar todas las plantas nucleares, de gas o carbón que fuesen contaminantes sin que exista una alternativa que supliese a éstas. Prácticamente cualquier actividad industrial es dañina para el medio ambiente. Ni siquiera una menor actividad económica redundará en una reducción de la contaminación. De hecho, podemos aventurar que la reducción de la actividad industrial, fruto de la crisis, no rebajará los índices de contaminación pues muchas empresas chantajearán a la administración para incumplir las leyes en materia de medio ambiente alegando que si no lo hacen tendrán que despedir más trabajadores; es la vieja treta del mal menor. Incluso, con la crisis, es posible que aumenten los desastres ecológicos ya que se recortarán todavía más los gastos en seguridad.
Defender el empleo y la seguridad
Lógicamente, plantear el cierre de Garoña sin garantizar los empleos existentes sólo puede provocar el rechazo de estos trabajadores y de los del resto de nucleares. La central de Garoña genera 700 empleos directos y 300 indirectos. ¿Qué va a ocurrir con estas mil familias? La seguridad y los planes energéticos no contaminantes no tienen por qué emprenderse a costa del empleo, es decir a costa de los trabajadores. No podemos enarbolar la bandera de la "ecología" a costa de las condiciones de vida de los trabajadores. Por eso, el cierre de esta nuclear debe ir acompañado de una alternativa concreta, inmediata y tangible por parte del gobierno, creando una industria de generación eléctrica alternativa que emplee a todos los trabajadores sin perder ninguno de los derechos laborales adquiridos.
Por lo tanto, el cierre de Garoña tiene que ir vinculado a la lucha por el mantenimiento de todos los empleos. En vez de compensaciones por la moratoria nuclear y millonarias subvenciones, el gobierno debería utilizar este dinero para invertir en la creación de una industria estatal alternativa.
Sólo un plan energético basado en la nacionalización de las grandes empresas eléctricas bajo control de los trabajadores, garantizaría la correcta implantación de todas las medidas de seguridad y control de las instalaciones peligrosas y contaminantes, donde se recojan los impactos medioambientales y la recuperación de zonas afectadas. Esto debería ir acompañado de una gran inversión en investigación de nuevas energías más limpias, haciendo posible el cierre de las centrales nucleares y demás instalaciones contaminantes.
No se puede desvincular la lucha por un planeta limpio de la lucha por el socialismo, mientras la generación de energía esté en manos de los capitalistas estos sólo buscarán el máximo beneficio al menor coste, aún a riesgo de envenenar la tierra.
