El domingo 18 de octubre una marea humana de cerca de 100.000 personas
recorrió las calles de Compostela para protestar contra la política
lingüística del PP. Es la segunda protesta en lo que va de año tras la
convocada el 19 de mayo, Día das Letras Galegas, y a la que superó con
creces en número de asistentes, convirtiéndose en la mayor
manifestación de la historia reciente de Galicia tras la convocada en
2002 por Nunca Máis a raíz del desastre del Prestige.
El domingo 18 de octubre una marea humana de cerca de 100.000 personas recorrió las calles de Compostela para protestar contra la política lingüística del PP. Es la segunda protesta en lo que va de año tras la convocada el 19 de mayo, Día das Letras Galegas, y a la que superó con creces en número de asistentes, convirtiéndose en la mayor manifestación de la historia reciente de Galicia tras la convocada en 2002 por Nunca Máis a raíz del desastre del Prestige.
La convocatoria impulsada por la plataforma Queremos Galego, integrada por importantes colectivos del ámbito del nacionalismo y la izquierda tales como el BNG, el sindicato CIG, Esquerda Unida o la Mesa pola Normalización lingüística entre otros, y secundada por el PSdeG, centraba sus reivindicaciones en varios puntos clave de la política de Núñez Feijoo que suponen uno de los mayores ataques a los derechos lingüísticos perpetrados por la derecha.
Entre estos, la derogación del decreto que obliga a impartir al menos un 50% de la enseñanza en gallego, la supresión de la red pública de guarderías (las famosas Galescolas), la eliminación de la prueba del gallego para el acceso a la función pública o la retirada de las ayudas a la traducción de libros.
A la burguesía gallega, representada por el PP, no le interesa lo más mínimo invertir un solo euro en un idioma que no les reporta el menor beneficio. Su idea de la educación como negocio cuenta con una nutrida de red de colegios privados o concertados, la mayoría en manos de la Iglesia; en todos ellos el gallego es casi un exotismo. Por otra parte, la creación de una red pública de guarderías impulsada por el bipartito supondría acabar con un monopolio que mantenía este tramo educativo en manos privadas. A estos intereses responde la actual política de la Xunta, y para ello no ha tenido el menor rubor en echarse en brazos de un minúsculo grupo españolista y ultra autodenominado Galicia Bilingüe.
Cambio de escenario
A pesar de que los ataques a la lengua han sido siempre muy sentidos por la juventud y la clase trabajadora gallega, el éxito abrumador de la convocatoria no se puede entender sin enmarcarlo en el contexto más amplio de las actuaciones del PP desde que llegó al poder hace menos de una año con mayoría absoluta. A medida que pasan los meses el cabreo con la derecha se hace más patente. Tan sólo a principios de este año la izquierda estaba desmoralizada, el descontento con el bipartito había sido enorme, el PP recuperaba un terreno que muchos creían perdido definitivamente y, para colmo, las bases del nacionalismo y la izquierda se encontraban en pleno colapso tras cuatro años de pura inoperancia. Pero este panorama, aprovechado por el PP para girar sin descaro más a la derecha, era sólo aparente.
El 19 de mayo, la izquierda comenzó a estirar los músculos con una primera movilización a favor de la lengua. Tras este ensayo asistimos a un pulso heroico entre los trabajadores del Metal de Pontevedra y la patronal por el cumplimiento del convenio y la mejora de las condiciones laborales. A pesar de que hasta ahora no se ha producido aún un estallido de la situación general, lo que está claro es que al PP no le va resultar tan fácil aplicar su plan de desmantelamiento de los servicios públicos y ataques a la clase obrera y los derechos democráticos nacionales.
Las protestas se suceden
Las protestas se suceden. Los bomberos han salido a la calle contra la privatización masiva de los servicios de urgencias y la precarización de sus condiciones laborales. La sanidad está sufriendo recortes muy importantes y cada vez más se derivan servicios hacia la empresa privada; el mejor ejemplo de esto, es la construcción del nuevo hospital de Vigo con participación de capital privado siguiendo el modelo impulsado por la derecha en Madrid y Valencia. Hasta ahora en ambas comunidades el resultado, como era presumible, ha sido desastroso para la mayoría: servicios cada vez peores, adquisición de material barato, pérdida de derechos de los trabajadores... y un negocio de lo más suculento para la empresas concesionarias, que se hacen con la gestión hospitalaria durante décadas.
Este modelo ya ha sido contestado en la calle con una exitosa manifestación convocada en Vigo. Además, alguna medida como la supresión de la ayuda de 200 euros a las familias más necesitadas ya ha tenido que ser retirada por miedo a abrir un nuevo frente explosivo. Los últimos presupuestos con significativos recortes en educación y sanidad, valorados muy positivamente por Antonio Fontenla, presidente de la patronal gallega, preparan el escenario para un recrudecimiento de la lucha de clases. En este sentido la manifestación del día 18 infunde moral al movimiento. Ahora hace falta que los dirigentes sindicales tomen nota del ambiente y asuman de una vez por todas que la clase trabajadora no está dispuesta a seguir siendo pisoteada.
La convocatoria impulsada por la plataforma Queremos Galego, integrada por importantes colectivos del ámbito del nacionalismo y la izquierda tales como el BNG, el sindicato CIG, Esquerda Unida o la Mesa pola Normalización lingüística entre otros, y secundada por el PSdeG, centraba sus reivindicaciones en varios puntos clave de la política de Núñez Feijoo que suponen uno de los mayores ataques a los derechos lingüísticos perpetrados por la derecha.
Entre estos, la derogación del decreto que obliga a impartir al menos un 50% de la enseñanza en gallego, la supresión de la red pública de guarderías (las famosas Galescolas), la eliminación de la prueba del gallego para el acceso a la función pública o la retirada de las ayudas a la traducción de libros.
A la burguesía gallega, representada por el PP, no le interesa lo más mínimo invertir un solo euro en un idioma que no les reporta el menor beneficio. Su idea de la educación como negocio cuenta con una nutrida de red de colegios privados o concertados, la mayoría en manos de la Iglesia; en todos ellos el gallego es casi un exotismo. Por otra parte, la creación de una red pública de guarderías impulsada por el bipartito supondría acabar con un monopolio que mantenía este tramo educativo en manos privadas. A estos intereses responde la actual política de la Xunta, y para ello no ha tenido el menor rubor en echarse en brazos de un minúsculo grupo españolista y ultra autodenominado Galicia Bilingüe.
Cambio de escenario
A pesar de que los ataques a la lengua han sido siempre muy sentidos por la juventud y la clase trabajadora gallega, el éxito abrumador de la convocatoria no se puede entender sin enmarcarlo en el contexto más amplio de las actuaciones del PP desde que llegó al poder hace menos de una año con mayoría absoluta. A medida que pasan los meses el cabreo con la derecha se hace más patente. Tan sólo a principios de este año la izquierda estaba desmoralizada, el descontento con el bipartito había sido enorme, el PP recuperaba un terreno que muchos creían perdido definitivamente y, para colmo, las bases del nacionalismo y la izquierda se encontraban en pleno colapso tras cuatro años de pura inoperancia. Pero este panorama, aprovechado por el PP para girar sin descaro más a la derecha, era sólo aparente.
El 19 de mayo, la izquierda comenzó a estirar los músculos con una primera movilización a favor de la lengua. Tras este ensayo asistimos a un pulso heroico entre los trabajadores del Metal de Pontevedra y la patronal por el cumplimiento del convenio y la mejora de las condiciones laborales. A pesar de que hasta ahora no se ha producido aún un estallido de la situación general, lo que está claro es que al PP no le va resultar tan fácil aplicar su plan de desmantelamiento de los servicios públicos y ataques a la clase obrera y los derechos democráticos nacionales.
Las protestas se suceden
Las protestas se suceden. Los bomberos han salido a la calle contra la privatización masiva de los servicios de urgencias y la precarización de sus condiciones laborales. La sanidad está sufriendo recortes muy importantes y cada vez más se derivan servicios hacia la empresa privada; el mejor ejemplo de esto, es la construcción del nuevo hospital de Vigo con participación de capital privado siguiendo el modelo impulsado por la derecha en Madrid y Valencia. Hasta ahora en ambas comunidades el resultado, como era presumible, ha sido desastroso para la mayoría: servicios cada vez peores, adquisición de material barato, pérdida de derechos de los trabajadores... y un negocio de lo más suculento para la empresas concesionarias, que se hacen con la gestión hospitalaria durante décadas.
Este modelo ya ha sido contestado en la calle con una exitosa manifestación convocada en Vigo. Además, alguna medida como la supresión de la ayuda de 200 euros a las familias más necesitadas ya ha tenido que ser retirada por miedo a abrir un nuevo frente explosivo. Los últimos presupuestos con significativos recortes en educación y sanidad, valorados muy positivamente por Antonio Fontenla, presidente de la patronal gallega, preparan el escenario para un recrudecimiento de la lucha de clases. En este sentido la manifestación del día 18 infunde moral al movimiento. Ahora hace falta que los dirigentes sindicales tomen nota del ambiente y asuman de una vez por todas que la clase trabajadora no está dispuesta a seguir siendo pisoteada.
