¿Y después del 12-D, qué?

El camino para frenar la ofensiva patronal es la huelga general, no la reforma laboral y el pacto social

La crisis económica está teniendo un efecto social devastador. Según la EPA del tercer trimestre de 2009, la cifra de parados alcanza los 4.123.00 de personas (doblando la tasa de desempleo de la zona euro). El paro juvenil entre los 16 y los 25 años ronda el 38%, mientras el de larga duración afecta a 1.217.300 personas. Debido al chantaje empresarial y la amenaza de despido, los salarios reales están siendo atacados en todos los sectores.
Desde el gobierno del PSOE se escucha todos los días que no van a consentir que la crisis la paguen los trabajadores, los más débiles. Sin embargo, de todas las decisiones adoptadas por el PSOE para "salir de la crisis", la más importante, por su cuantía, ha sido los 150.000 millones de euros (más del 15% del PIB del Estado español) de dinero público comprometidos en el salvamento de la gran banca.
Mientras el gobierno del PSOE, que fue aupado con los votos de millones de trabajadores y jóvenes, acepte la lógica del capitalismo, todos sus intentos de aprobar reformas progresistas se estrellarán contra las presiones brutales de la burguesía, la banca y la patronal. Este fue el caso cuando Zapatero amagó con una subida de impuestos a las rentas más altas, y finalmente aprobó un incremento del IVA, perjudicando a las familias trabajadoras.

Las concesiones no frenan a la patronal

Tras dos años de pesadilla, ahora asistimos a una campaña de propaganda en la que se afirma día tras día que ya se vislumbra la "recuperación" económica, que hay brotes verdes. Al calor de esta campaña se pretende crear una atmósfera favorable para justificar los ataques a los trabajadores como un mal necesario e inevitable, mientras la derecha y la patronal exigen planes draconianos de "austeridad" y claman por recortes salvajes del gasto social, de las prestaciones por desempleo, de las pensiones, la sanidad y la educación públicas. Además, todos reconocen que aunque se de la recuperación se mantendrán tasas de desempleo masivo.
Estamos pues ante un desafío histórico para los sindicatos de clase, especialmente CCOO y UGT como organizaciones mayoritarias de los trabajadores. Más que en ninguna otra circunstancia, los sindicatos de clase deben constituir una línea de defensa fundamental contra la destrucción de empleo y la caída de los salarios, y una garantía para la protección de los parados, y lograrlo sólo es posible apoyándose en la movilización masiva y unitaria de la clase obrera.
Sin embargo, desde que la crisis empezó, la estrategia de las direcciones sindicales ha sido errática y no ha servido para frenar la ofensiva patronal. Los dirigentes de CCOO y de UGT han respondido a la situación dramática que vivimos los trabajadores con continuos llamamientos al "diálogo social". Pero el diálogo ha dado frutos muy escasos: se ha firmado un pacto con el Gobierno que congela los sueldos de los empleados públicos y en el sector privado se ha aceptado la línea del mal menor, aceptando EREs, reducción de plantillas y sacrificios salariales.
De hecho, desde que se anunció en noviembre el acuerdo entre la CEOE y UGT y CCOO para el desbloqueo de los convenios colectivos y el reinicio del llamado "diálogo social" la ofensiva patronal ha arreciado, redoblando su presión para que el gobierno emprenda "reformas estructurales sin límites", con énfasis especial en una nueva reforma laboral. En el propio gobierno, las voces favorables a contrarreformas de calado son cada vez más audaces. La vicepresidenta y ministra Salgado, por ejemplo, ha defendido con claridad el aumento de la edad de jubilación. El presidente Zapatero dedicó la mayor parte del debate sobre la ley de Economía Sostenible a la reforma laboral, con el claro objetivo de preparar el terreno político en este sentido. Por más que trate de endulzar la píldora es evidente que la nueva reforma laboral que están barajando, con una mayor flexibilización de los convenios y su adaptación a las condiciones específicas de cada empresa y un nuevo plan de "empleo" juvenil implicará inevitablemente nuevos retrocesos en las condiciones de trabajo y derechos. Es un error que los dirigentes de CCOO y UGT se muestren abiertos a discutir una reforma laboral y sigan aceptando la lógica del mal menor. Es un error no sólo porque se sube otro peldaño de la enorme escalera de retrocesos recorrida en las últimas décadas sino porque se favorece el terreno político para nuevos ataques, ya sea con un gobierno del PSOE o con un gobierno del PP. Si los dirigentes de CCOO y UGT continúan hablando de no aceptar ataques contra los trabajadores pero aceptándolos de facto, y sin presentar una alternativa colectiva de lucha, esto no hará más que debilitar a los propios sindicatos y facilitar la estrategia de la burguesía. La única manera de frenar las intensas presiones de esta última, y máxime en un contexto de crisis, no es tratando de convencerla de las bondades del diálogo y de la armonía de intereses entre trabajadores y empresarios. La burguesía sabe bien que esta armonía no existe. Tiene bastante claro que la única manera de preservar sus intereses es a costa de los trabajadores. Sabe que la crisis va a tener efectos duraderos en la recaudación del Estado y en el volumen de negocio privado y por lo tanto son necesarios, desde su punto de vista, ataques profundos. El acuerdo que desean los empresarios es uno en el que los sindicatos estén dispuestos a aceptar estos retrocesos sin luchas. Por eso, el cambio de política de los dirigentes sindicales debería empezar por poner fin en las expectativas de que es posible salvaguardar las conquistas sociales y evitar ataques mediante un gran pacto social. La búsqueda del pacto social, que es ahora mismo el pilar básico de la orientación de los dirigentes sindicales es incompatible con la estrategia de lucha que deberían adoptar ya que la finalidad real de este pacto para la burguesía sería, precisamente, paralizar la clase obrera ante estos ataques, pero de ningún modo evitarlos.

Frenar la embestida patronal
con la lucha y la huelga general

En estos largos meses de crisis hemos visto la disposición de miles de trabajadores a luchar con decisión en cientos de conflictos: lo hemos comprobado en la huelga general del 21 de mayo en Euskadi, en la huelga del Metal de Pontevedra, en la movilización histórica en Zaragoza (más de 40.000 trabajadores), en la movilización de más de 20.000 trabajadores en Tortosa (Tarragona) contra el cierre de Lear, en la huelga victoriosa que ha recorrido la vega cordobesa del Guadalquivir... También en Valencia, el sábado 30 de octubre, cuando más de 50.000 personas se movilizaron contra el gobierno del PP.
En este ambiente de rabia y descontento, con una patronal desdeñosa y arrogante, los dirigentes de CCOO y UGT tienen una gran oportunidad para pasar a la ofensiva y cambiar la correlación de fuerzas. La movilización el 12 de diciembre en Madrid es un paso adelante muy importante y debe marcar un giro a la izquierda en la estrategia de los sindicatos. Por eso, desde las direcciones de CCOO y UGT esta jornada de lucha debe ser planteada no como una válvula de escape del descontento existente; no como un aviso a la patronal para que "sea más razonable", "valore" las concesiones que están dispuestos a hacer los sindicatos y acepte un gran pacto social contra la crisis. No, la movilización del 12 de diciembre debe ser utilizada para fortalecer la lucha unitaria, frenar a la patronal. Es necesario impulsar la movilización unificada del conjunto de loa trabajadores, preparando una huelga general, no para derribar al gobierno del PSOE, sino para obligarlo a abandonar todos los planes de contrarreformas en ciernes y a llevar a cabo medidas efectivas, reales y tangibles en beneficio de los trabajadores y sus familias:
· Por un subsidio de desempleo indefinido a todos los parados hasta encontrar un puesto de trabajo, igual a un SMI de 1.100 euros y la condonación de sus deudas hipotecarias. Jornada laboral de 35 horas semanales por ley, repartiendo el empleo existente entre todos los trabajadores sin reducción salarial. Jubilación a los 60 años con el 100% del salario y contratos de relevo.
· Los EREs no son la solución a los despidos. CCOO y UGT deben exigir la nacionalización de las empresas en crisis, sin indemnización y bajo el control de los trabajadores y sus organizaciones, para salvar todos los empleos.
· Oposición tajante a ninguna reforma laboral. Recuperación de la dignidad y la estabilidad en el empleo. No a las rebajas salariales, recuperación del poder adquisitivo.
· Asegurar el sistema público de pensiones. Parar todos los planes de privatización de los servicios públicos, aumentar el empleo y los recursos destinados a la sanidad y la educación públicas.
· Nacionalización de la banca, los monopolios y los latifundios, lo que permitiría poner en marcha grandes programas de inversión pública en infraestructuras, vivienda, educación y sanidad públicas.
Existe una alternativa a la crisis capitalista y otro modelo económico distinto al que ha causado este desastre, pero esa alternativa no es posible dentro del capitalismo. Una economía que cree empleo de calidad, que resuelva las necesidades de la mayoría sólo es posible con la planificación y el control democrático de los medios de producción por parte de los trabajadores, es decir, sentando las bases de una economía y una sociedad socialistas.
El sindicalismo de clase, al servicio de los intereses de los trabajadores, surgió comprendiendo que la causa de los problemas fundamentales que afrontamos se debe a la propia existencia del capitalismo. El sindicalismo sólo es realmente de clase cuando contribuye a elevar el nivel de conciencia, organización, unidad y lucha de los trabajadores, frente a su atomización y desmovilización. Este es el programa que necesitamos recuperar e impulsar en nuestras organizaciones sindicales

¡Únete a la Corriente Marxista El Militante para defender este programa en nuestros sindicatos de clase, para fortalecerlos y convertirlos en la herramienta de lucha que necesitamos!