Por la depuración del aparato del Estado de fascistas

La sucesión de acontecimientos de las últimas semanas en relación al enjuiciamiento del juez Garzón ha vuelto a poner de manifiesto una realidad que se quiere mantener oculta: sectores del aparato del Estado, y concretamente la judicatura en sus más altas instancias, siguen bajo el control de elementos reaccionarios y fascistas que defienden al franquismo.

Por la depuración del aparato del Estado de fascistas

La sucesión de acontecimientos de las últimas semanas en relación al enjuiciamiento del juez Garzón ha vuelto a poner de manifiesto una realidad que se quiere mantener oculta: sectores del aparato del Estado, y concretamente la judicatura en sus más altas instancias, siguen bajo el control de elementos reaccionarios y fascistas que defienden al franquismo.

Fascistas incrustados en el aparato del Estado

Cuando el juez Baltasar Garzón decidió declararse competente en el caso de la localización y exhumación de una parte de los aproximadamente 150.000 asesinados en la represión que siguió al levantamiento fascista de 1936, se desató una ofensiva política y judicial tremenda para impedir que el caso se desarrollase. Lamentablemente, esta campaña organizada desde la derecha acabó logrando su objetivo con el beneplácito del fiscal del Estado y del propio gobierno del PSOE.

Los responsables del gobierno sostuvieron que no era el momento de investigar delitos que habían sido amnistiados en 1977, y con esa muestra de debilidad envalentonaron a toda la reacción enquistada en el aparato del Estado. Ahora, el Tribunal Supremo va a sentar en el banquillo al juez Garzón después de aceptar a trámite una querella presentada por tres organizaciones fascistas: Falange Española, el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad.

En estos días se ha hablado mucho de la "venganza contra un juez" y la actuación de la "derecha judicial" que busca tapar las vergüenzas del PP como la trama Gürtel. No hay duda de

que existe un punto importante de verdad en estas valoraciones; pero éstas no explican, ni mucho menos, la cuestión de fondo, es decir, por qué en el Estado español, después de 32 años de "libertades democráticas", siguen sin poder investigarse los crímenes del franquismo; siguen existiendo decenas de miles de víctimas, no sólo enterradas en fosas comunes, sino consideradas delincuentes a ojos de esa ley que se niega a investigar sus asesinatos; y porqué los nombres de los fascistas que practicaron esa política de exterminio siguen adornando calles, plazas, iglesias y monumentos.

¿Independencia judicial?

La justicia en cualquier Estado capitalista es una justicia de clase. La cacareada "independencia" de la justicia no es más que una fachada que realmente sirve para esconder la realidad: que el aparato judicial en general, y en sus altas instancias muy en particular, tiene vínculos directos, económicos y políticos, con los capitalistas de cada país y siempre ampara

y defiende la legislación y la propiedad de la burguesía. En el caso concreto del Estado español, además de lo anterior, el aparato judicial también es un auténtico coto franquista, que se mantuvo intacto después de la caída de la dictadura por los pactos de la "transición".

Por este mismo motivo es necesario diferenciar entre lo que este caso ha revelado, y la idea de presentar a Garzón como el gran campeón de las libertades democráticas. En este punto, dejando claro que estamos absolutamente en contra de este enjuiciamiento, hay que ser rigurosos y honestos.

Garzón tiene una aureola de luchar por la justicia universal y algunos medios de comunicación le han otorgado muchos elogios como un juez progresista. Pero también hay otra cara, un lado muy negativo, como sus actuaciones judiciales respaldando una ley completamente antidemocrática como es la Ley de Partidos que, con la excusa de luchar contra ETA, recorta libertades políticas y será utilizada contra el movimiento obrero si pone en cuestión el capitalismo. Como es público y notorio, el juez Garzón también ha sido uno de los principales valedores de la teoría de que en Euskal Herria, todo lo que huela a euskera, independentismo, etc., "es ETA".

En base a esta se han llevado a cabo muchas encarcelaciones fraudulentas e incluso cierres de periódicos; acciones que suponen una grave vulneración de las libertades democráticas, tal como ha quedado demostrado con la reciente sentencia sobre el caso Egunkaria. Luchar contra los franquistas, contra la reacción, por la depuración de estos elementos del aparato

del Estado no nos obliga a encumbrar a un juez que también ha contribuido, en diferentes ocasiones, a limitar los derechos democráticos.

La transición, la primera oportunidad perdida...

Para admitir la querella de los fascistas contra Garzón, el juez Varela se ha basado en dos leyes que supuestamente ha vulnerado: la ley de la memoria de 2007 y la Ley de Amnistía de 1977. Veamos de que se trata.

En octubre de 1977 se aprobó la Ley de Amnistía, que en su artículo primero dejaba amnistiados "todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado,

tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976". Es decir, a cambio de "perdonar" a los encarcelados, torturados y perseguidos por luchar contra la dictadura, dejaba absolutamente impunes 40 años de represión franquista, como deja claro en su artículo segundo, amnistiando entre otros: "los delitos de rebelión y sedición"; "los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta ley" o "los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas".

Nunca jamás hubo en la historia reciente una ley de punto final semejante. En la Alemania de la posguerra, con todas las carencias que se produjeron, se condenó a muchos responsables

de las atrocidades nazis, y la simbología del hitlerismo fue eliminada por completo de plazas públicas e instituciones.

En Argentina se revisó la Ley de Punto Final y se han reabierto casos contra conocidos torturadores y responsables de la dictadura militar. Obviamente, las reparaciones en todos los casos mencionados han sido muy limitadas, pues los capitalistas que apoyaron estos regímenes represivos y crueles que exterminaron a millones de personas, no podían

consentir que se juzgase al conjunto de su sistema. Pero lo ocurrido en el Estado español ha sido asombroso.

La ley de punto final de 1977, que ha sido incluso denunciada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, no habría podido mantenerse hasta hoy en día sin el respaldo que  la otorgaron los dirigentes de la izquierda.

En lugar de apoyarse en la enorme fortaleza del movimiento obrero y juvenil de la época, auténtica protagonista de la lucha contra la dictadura, para haber llevado adelante la

transformación socialista de la sociedad, los dirigentes reformistas de la izquierda -Carrillo y Felipe González en la transición y los que les han sucedido después-, en aras del consenso,

de la política "realista" de lo posible, del "no provocar a la reacción" -argumentos que hoy vuelven a poner sobre la mesa-, aceptaron la lógica del capitalismo, la monarquía, la

bandera, y su consecuencia obvia: que hoy en día las altas instancias de la judicatura esten plagada de los mismos jueces que ya ejercían en el franquismo.

... La ley de memoria histórica, la segunda

Tras la victoria electoral de Zapatero en 2004 parecía que por fin la reivindicación de "verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo" se iba a abordar. Pero las esperanzas

fueron de nuevo frustradas. Ningún punto fundamental de las reivindicaciones de las víctimas ha sido satisfecho en la ley que se aprobó en 2007. De hecho, queda explícitamente restringida la participación de los poderes públicos en el proceso de exhumación de cadáveres, algo básico si se quiere realmente investigar los crímenes.

En ese momento hubiera sido posible impulsar, desde el PSOE, IU, CCOO y UGT, un fuerte movimiento a favor de una ley justa, tal como reclamaban a las asociaciones en defensa

de la memoria histórica. Existía un sentir mayoritario entre la población contra la derecha, el mayor desde la transición. Pero en lugar de eso los dirigentes de la izquierda volvieron a caer en el viejo error de "no provocar a la reacción".

Por una ley de la memoria histórica justa, que juzgue y castigue los crímenes del franquismo

Ahora la derecha vuelve a sacar toda su artillería, pero las señales que llegan del gobierno del PSOE son las mismas: "En España contamos con un Estado de derecho sólido y muy consolidado, tenemos una Constitución muy avanzada, hay una clara separación de poderes, y la ley se cumple y se aplica". Por este camino está descartado investigar ningún crimen del franquismo ni depurar la justicia de elementos fascistas.

Hay que aprender del pasado reciente, de la transición y de los treinta años siguientes. Las manifestaciones convocadas el sábado 24 de abril son un paso adelante, pero hay que ir más allá. Lo fundamental es que las direcciones sindicales y políticas de la izquierda pasen de las palabras a los hechos y tomen en sus manos la tarea de levantar un movimiento serio, fuerte, que tenga como objetivo acabar con lo que no se acabó hace tres décadas: con los abundantes restos del franquismo que siguen disfrutando de su posición y privilegios de antaño, es decir depurar el aparato del Estado de fascistas, y dar por fin reparación a los que se dejaron tanto hace más de setenta años en su intento de construir un mundo mejor.

Plenos derechos políticos y sindicales para policías, guardias civiles y soldados.