El 15 de junio se votaban en el Parlament de Catalunya los mayores recortes sociales en décadas, que significarán el despido de unos 20.000 trabajadores del sector público y un brusco deterioro de la educación y sanidad públicas. Los “indignados” convocaron una acampada la noche previa en el Parc de la Ciutadella, en las inmediaciones del Parlament, y una concentración pacífica en la puerta del mismo. La respuesta del gobierno de CiU fue un intimidante despliegue policial, cargando y disparando bolas de goma contra los más de 2.000 manifestantes que se agrupaban en las distintas puertas de entrada a la Ciutadella y el Parlament.

Los medios de comunicación han emitido hasta el aburrimiento las imágenes de los parlamentarios zarandeados y rociados con spray, y Artur Mas y varios consellers y diputados desplazándose al Parlament en helicóptero. Sin embargo, lo que realmente ocurrió, apenas ha tenido eco: los que iniciaron los disturbios que sirvieron de pretexto para las cargas policiales eran precisamente agentes de paisano, que fueron aislados por los manifestantes y tuvieron que ser rescatados. En tan sólo 48 horas uno de los vídeos que muestran estas esclarecedoras imágenes tuvo más de 260.000 reproducciones en YouTube, momento en el cual fue suprimido a petición expresa de Felip Puig, conseller de Interior de la Generalitat. Que la realidad no estropee una buena historia.
A partir de ese momento hubo una riada de declaraciones de políticos de la derecha y de la socialdemocracia para condenar la violencia y criminalizar al movimiento 15-M, que “ha atentado contra la soberanía popular y la democracia”. Felip Puig, tras dibujar un escenario de “guerrilla urbana incontrolable”, ha anunciado que formarán una policía especial, a modo de policía política. Más represión y criminalización contra los que luchamos.

Demagogia burguesa

La demagogia de la burguesía no tiene límites. Se rasgan las vestiduras por los hechos del 15 de junio, alertando de la violencia extrema a la que fueron sometidos los parlamentarios, enarbolando la bandera de los derechos democráticos frente a la intolerancia de los indignados. Lo más lamentable es ver a los dirigentes de izquierdas, PSOE-PSC, ICV y ERC, reproduciendo exactamente las mismas calumnias que lanzan CiU y PP contra el movimiento y defendiendo a ultranza las “bondades” de las instituciones democráticas.
Para la burguesía y sus políticos cualquier protesta que ponga en duda sus negocios y privilegios es ilegítima, ilegal y violenta por naturaleza. Por el contrario, la violencia continuada que ejerce el capitalismo con la mayoría aplastante de la población no es digna de su atención ni condenas. ¿No es violencia aprobar unos recortes sociales cuyas consecuencias son un catastrófico deterioro de la sanidad pública? ¿No es violencia que mientras hay cinco millones de parados, las grandes empresas sigan obteniendo extraordinarios beneficios? ¿No es violencia los decenas de miles de desahucios por impago de la hipoteca?
Los derechos democráticos nadie nos los ha regalado, y menos la derecha y la burguesía. El derecho a la libertad de expresión y opinión, organización sindical y política, manifestación y huelga, son una conquista de la lucha histórica de los trabajadores y la juventud. Fueron arrancados a la dictadura franquista en los años setenta, igual que ahora son conquistados por la lucha revolucionaria de los jóvenes y trabajadores en Egipto y Túnez.
Tenemos ciertos derechos legalmente reconocidos, pero los jóvenes y trabajadores sabemos que en el día a día hay mil obstáculos para que no los ejerzamos. Organizarse sindicalmente en las empresas y luchar por mejorar nuestras condiciones laborales y salariales siempre va acompañado de la represión patronal y los despidos. Cuando los empresarios incumplen el convenio y atropellan nuestros derechos más básicos, no serán los jueces ni la policía quienes nos defiendan, pero cuando hay huelga siempre hay suficientes agentes de policía para velar por el “derecho al trabajo”, es decir, el derecho al esquirolaje y chantaje patronal. Tenemos libertad de expresión y opinión, pero incluso en la era de internet y las redes sociales, el control mediático de los medios de comunicación burgueses es brutal. Tenemos derecho a manifestarnos... mientras la policía no cargue. Tenemos derecho a una educación y sanidad pública universal... siempre que queden plazas en las aulas y camas o quirófanos en los hospitales. Tenemos derecho a una vivienda... siempre que nos hipotequemos de por vida. Y así un largo etcétera.

La dictadura del capital

La democracia bajo el sistema capitalista es un disfraz para ocultar el control asfixiante de los grandes capitalistas y banqueros, la dictadura de los “mercados”. El entramado de instituciones de la democracia burguesa, que reconoce la igualdad de los individuos frente a la ley, es un instrumento de dominación de clase. En teoría hay separación de los poderes judicial, legislativo (el parlamento) y ejecutivo (el gobierno), pero en realidad la justicia es un nido de fascistas heredados del aparato del Estado franquista, y la política del gobierno, esté en el poder la derecha o la socialdemocracia, está dictada hasta el más mínimo detalle por las grandes empresas. La teórica transparencia y objetividad de la Administración pública es una burla ante la avalancha de casos de corrupción. No se trata de excepciones ni de “algunos individuos que se aprovechan”. La corrupción es consustancial al sistema capitalista, un lubricante necesario para los negocios empresariales, como la grasa en los motores.
En principio “Hacienda somos todos”, ricos y pobres pagamos impuestos para obtener ciertos servicios. En realidad, los grandes empresarios y banqueros no pagan impuestos por norma, recayendo mayoritariamente sobre las familias trabajadoras vía impuestos directos e indirectos. Cuando una familia obrera no puede pagar la hipoteca, te echan del piso y en muchos casos sigues debiendo dinero al banco, pero cuando es el banco el que no puede pagar el equivalente a miles de hipotecas, el Estado le regala millones de euros para mantener la tasa de beneficios. No hay dinero público para educación ni sanidad pero sí para los capitalistas y banqueros. En muchas manifestaciones se leían pancartas con el lema “Esto no es una crisis, es una estafa”, y en este sentido es totalmente cierto.
Si el parlamento y el gobierno defienden sus intereses, todos son unos grandes “demócratas”, pero si un gobierno de izquierdas aplica una política genuinamente de izquierdas o simplemente constituye un polo de referencia para la movilización y la lucha por transformar la sociedad, no tienen ningún problema en apostar por la represión y los golpes de Estado. Esto lo han experimentado las masas venezolanas, que han hecho frente a varias intentonas golpistas. También lo vimos en Chile en 1973 contra Allende o más recientemente en Honduras contra Zelaya.
Millones de personas han llegado a estas conclusiones en base a su experiencia, y se ha expresado al grito de “no nos representan”, ahondándose cada día más el descrédito hacia la política oficial burguesa. Pero esto no significa que los jóvenes y trabajadores seamos indiferentes ante los derechos democráticos ni a la democracia en general.

La lucha por los
derechos democráticos

Los medios de comunicación burgueses, especialmente aquellos que se presentan como “amigos del 15-M” (El País, Público, TV3...) han magnificado las demandas de aquellos sectores del movimiento cuyo único objetivo es una reforma del sistema político actual, minimizando o simplemente ocultando el contenido social y anticapitalista de las movilizaciones. Si se llevaran a cabo, lo cual es posible que se haga en algún momento con el objetivo de desviar la atención (por ejemplo los referendos, las listas abiertas, la ley de transparencia e incluso una reforma de la ley electoral), no se avanzaría ni un ápice en los derechos democráticos.
La lucha contra la corrupción y los privilegios de políticos no se puede abordar con reformas legales. Si vives como un burgués, piensas como un burgués. Esto lo sabe muy bien la derecha, que por eso favorece que los dirigentes de la izquierda asuman unas condiciones de vida muy por encima de la mayoría de trabajadores. Los dirigentes reformistas de la izquierda, en la medida que asumen la lógica del capitalismo, lo asumen como normal. El caso reciente más sonoro es el alcalde de Mollet del Vallés, que en el primer pleno del ayuntamiento tras las elecciones del 22 de mayo se ha subido el salario a más de 6.000 euros al mes, ante las sonoras protestas de los vecinos. Lo que deberían hacer es lo que ha hecho IU en Villaverde del Río, igualar el salario del alcalde y concejales a un salario obrero. Que cualquier cargo público cobre lo mismo que la media de la población, sin ningún tipo de privilegios ni extras. Ésta sí es una reivindicación que aborda el tema en su aspecto central.
La democracia burguesa nos limita a escoger cada cierto tiempo a los representantes de la clase dominante que nos gobernarán. El resto del tiempo sólo tenemos derecho a callar. Frente a esto defendemos la elección democrática de todos los representantes públicos, y revocables en cualquier momento, si no se cumple lo prometido o defrauda las expectativas generadas.

La verdadera democracia es la democracia obrera

La burguesía y la socialdemocracia contraponen la “eficacia” de la democracia representativa (léase democracia burguesa) frente a la democracia asamblearia y directa, que dicen resulta inviable porque somos demasiados para decidir demasiadas cosas. La verdadera democracia significa que la mayoría de la población puede opinar y decidir sobre los aspectos fundamentales que afectan a su vida. Como hemos dicho, esto en el capitalismo es un espejismo, dado que quien verdaderamente manda son los capitalistas y banqueros.
Los marxistas defendemos la democracia directa y asamblearia. En cualquier lucha de masas, y especialmente en los procesos revolucionarios, las masas se dotan de organismos para impulsar y coordinar la lucha. La base de estos comités son las asambleas masivas, donde todos puedan opinar, pero con un objetivo preciso, tomar decisiones por votación a mano alzada y que la mayoría decida. Esto no es un invento imaginativo, son los métodos de lucha tradicionales de la clase obrera. Las asambleas en las plazas de estas semanas son un anticipo.
Para conseguir una genuina democracia, es necesario tomar el control de las palancas económicas, expropiando la banca, los monopolios y los latifundios, y poniéndolos bajo gestión y control de los trabajadores. A partir de las asambleas en los centros de trabajo y en los barrios, coordinadas entre ellas y con representantes escogidos democráticamente y revocables en cualquier momento, es necesario impulsar una planificación armoniosa de la economía para cubrir las necesidades sociales, acabando con el paro con planes de empleo y el reparto del trabajo, mejorar las condiciones de vida y reducir la jornada laboral para garantizar que los trabajadores puedan participar en la vida pública y política. Esta es la única forma de conseguir una genuina democracia del pueblo, la democracia obrera, e implica acabar con el capitalismo y llevar a cabo la transformación socialista de la sociedad.