Desde el Sindicat d’Estudiants manifestamos nuestro rechazo frontal a la decisión del gobierno del PP de impugnar la consulta del 9 de noviembre e impulsaremos todas las movilizaciones sociales que se convoquen para combatir la previsible decisión del Tribunal Constitucional (TC) de impedir la consulta.
La actitud del PP es un atropello hacia un derecho democrático elemental; un atropello por parte de los mismos que están impulsado una ley de seguridad ciudadana contra las manifestaciones y las organizaciones que las promueven (con multas salvajes y penas de cárcel), que pretenden cambiar la ley electoral para impedir que la mayoría social que rechaza los recortes eche al PP de los ayuntamientos en las elecciones municipales de mayo, y que continúan con su política devastadora de privatización y recortes en la sanidad y la enseñanza pública. Esa es la legalidad del PP, una legalidad hecha a su medida y destinada a garantizar los privilegios de los grandes poderes económicos, la banca, los especuladores y los corruptos. El Tribunal Constitucional (TC), que va a decidir contra las aspiraciones mayoritarias del pueblo de Catalunya, es un organismo situado al margen de cualquier control democrático y completamente ligado a los sectores más reaccionarios del apartado del Estado.
La histérica reacción del PP frente a la consulta y sus continuas provocaciones, que van desde la amenaza de suspensión de la autonomía catalana —como ha vuelto a recordar el ministro Margallo recientemente— a la intervención del ejército y la instauración del estado de excepción, prueban que sus tradiciones franquistas siguen intactas, a pesar de las cuatro décadas transcurridas desde la caída de la dictadura, una dictadura por cierto, que jamás condenaron. El gobierno del PP no sólo es una amenaza para los derechos democráticos del pueblo catalán sino también para la juventud y para la clase trabajadora de todo el Estado.
En los últimos años se han producido en Catalunya masivas y reiteradas manifestaciones a favor del derecho a decidir. La pasada Diada volvió a ser multitudinaria e histórica, reflejando no sólo el rechazo masivo a la actitud antidemocrática y franquista del gobierno del PP respecto a los derechos democráticos del pueblo catalán sino el anhelo de la gran mayoría de la población de propiciar un cambio social y político profundo que ponga fin a la pesadilla de los recortes, del desempleo masivo y el desmantelamiento de las conquistas sociales de las últimas décadas; que ponga fin a la corrupción generalizada en la administración y la total impunidad de los banqueros y grandes empresarios responsables de la crisis y del sufrimiento de la mayoría, y que acabe con todo lo que representa el PP y la derecha, se esconda tras la bandera que se esconda.
Debemos hablar claro. La defensa de los derechos democráticos y el cambio social jamás vendrá de la mano de Convergència i Unió ya que esta formación representa, precisamente, los intereses de la oligarquía financiera y empresarial de Catalunya, de los corruptos, que está llevando a la sociedad a una catástrofe. El gobierno de Artur Mas ha sido pionero en la aplicación de salvajes recortes del gasto social, en la privatización y el desmantelamiento de la sanidad y la educación pública; ha llevado la represión policial al movimiento social, estudiantil y sindical a cotas desconocidas desde la caída de la dictadura; la corrupción en CiU es general y afecta a sus fundadores y a muchos de sus altos representantes.
Desde el principio, Artur Mas supeditó la convocatoria de la consulta a dos factores: a la aprobación o el consentimiento por parte del gobierno del PP y al apoyo de ERC a su política de recortes sociales. Asi es como CiU trafica con los “principios fundamentales”. Por todo esto, es evidente que jamás CiU defenderá de forma consecuente y práctica ningún derecho democrático, ni desafiará seriamente el poder estatal. Mientras trata, de cara al público, aparentar ser un consecuente defensor de la democracia, en la práctica, y entre bambalinas, está buscando la excusa para volver por la senda del acuerdo con el PP y el PSOE, con quienes siempre se ha entendido muy bien durante 40 años, sosteniendo la monarquía y al sistema capitalista. La naturaleza de CiU no ha cambiado. Buscarán cualquier excusa para no desafiar ni debilitar el poder estatal y político capitalista, del que son parte integrante.
Desde el Sindicat d’Estudiants no vamos a contribuir, ni directa ni indirectamente, ni activa ni pasivamente, al encubrimiento de las maniobras de CiU, a darle un carácter democrático y progresista que no tiene en absoluto.
Catalunya vive un momento histórico. Para facilitar que toda esa voluntad de cambio social y político expresado en la calle se fortalezca y pueda hacer frente a las decisiones antidemocráticas del PP y de los sectores más reaccionarios del aparato del Estado es necesario vincular el derecho a decidir a la lucha contra los recortes, contra las privatizaciones, contra los continuos retrocesos en los derechos sociales y democráticos. La fusión del derecho a decidir con un programa de transformación social que acabe con dictadura encubierta de los banqueros y de los grandes empresarios, que son los que realmente gobiernan sin haber sido elegidos por nadie, es el camino para que las grandes movilizaciones de los últimos años se convierta en una rebelión social. Este vínculo entre la defensa de los derechos democrático nacionales del pueblo catalán y la lucha por la transformación social se tiene que concretar una la formación de un Frente de Izquierdas que una a todas las fuerzas políticas y colectivos sociales catalanes que verdaderamente están dispuestas a movilizarse por el derecho a decidir, contra los recortes vengan de donde vengan, planteando como objetivo inmediato sacar a CiU de la Generalitat y poner un marcha una política a favor de la mayoría de la población.
