“Los centros escolares no son un lugar de contagio”, afirmaba el jueves 25 sin sonrojarse el ministro de Sanidad Salvador Illa en la rueda de prensa que celebró con la ministra de Educación Isabel Celaá. Y seguía: “Desde el punto de vista sanitario el inicio del curso escolar está siendo correcto”. Por su parte, Celaá añadía: “En absoluto coincidimos con que la situación sea caótica, todo lo contrario, las 17 CCAA la han tipificado como muy satisfactoria”.

Cuesta creer que los ministros al frente de dos ministerios tan importantes como Educación y Sanidad se encuentren tan alejados de la realidad y mientan tan descaradamente. Esta comparecencia sucede en un momento en que el Estado español –y comunidades como Madrid– vuelve a colocarse a la cabeza de contagios de Europa y los muertos aumentan día tras día de forma escalofriante. A nadie se le escapa que este auge de los rebrotes repercutirá, y mucho, en la vuelta a las aulas.

La pandemia avanza en nuestros centros de estudio

A pesar de que los responsables del Gobierno afirman que el curso escolar se ha iniciado de forma ejemplar y hacen como si no pasara nada, la realidad es otra bien distinta y así lo prueban los datos.

En diez días, 2.852 grupos escolares han sido puestos en cuarentena por lo que 57.000 estudiantes han sido enviados a casa. En la Comunidad de Madrid, los centros educativos se han convertido en el principal foco de los brotes de Covid19 al acumular un tercio (12) de los 36 activos en toda la región. En la CAM, la Dirección de Salud Pública estuvo una semana sin coger el teléfono a los centros que detectaban positivos, generando una auténtica alarma entre los equipos directivos y profesorado.

En Catalunya 970 alumnos y 147 profesores han dado positivo desde el inicio de curso y 602 clases han sido confinadas. En las últimas 24 horas, en Euskadi se han registrado 111 nuevos infectados entre la franja de edad de los 10 a 19 años. En Galiza, en tan solo dos días de clase, se han registrado 161 positivos en los centros y 36 aulas ya están cerradas; 178 en Aragón, 121 en el País Valencià… y la lista sigue. La ministra Celaá explicaba ayer que “los colegios son lugares de detección precoz, no de contagio”. Parece que es todo lo contrario.

Todas estas cifras, que son el reflejo del avance del virus en nuestros centros de estudio, confirman la responsabilidad directa de la inacción del Ministerio de Educación y de las Consejerías Educativas. Debemos ser claros: esta situación era evitable. Si el Ministerio de Educación hubiera escuchado a la comunidad educativa, hubiera puesto en marcha un plan de rescate a la educación pública, hubiera garantizado la bajada de las ratios a 15 alumnos por aula, la contratación de profesorado, de sanitarios y personal de limpieza, el inicio de curso hubiera sido muy diferente. Por el contrario, seguimos en aulas masificadas en las que no podemos dejar la distancia de seguridad de 1,5m por pupitre, los protocolos sanitarios son ridículos y nuestros profesores en cuarentena están obligados a dar clases online porque solo se cubrirán las bajas si dan positivos.

Isabel Celaá ha prometido en muchas ocasiones que no se volverá a un confinamiento educativo como en el mes de marzo y que se intentará garantizar la educación presencial. Pero no hay que confundir los deseos con la realidad.

La segunda ola de la Covid19 llega con una sanidad pública de nuevo colapsada, los pediatras alertan que están ya al límite, las UCI de nuevo a sus máximas capacidades… Es evidente que todo esto provocará un cierre en cadena de colegios e institutos. Pero las resistencias a suspender las clases son evidentes y el motivo también es claro: cerrar los colegios e institutos significa que los padres y madres no puedan asistir al trabajo. ¡Eso es lo que se trata de evitar por todos los medios! Como siempre, los negocios primero, aunque sea a costa de someter a padres y estudiantes a una situación imposible o incluso poner en riesgo nuestra salud. Esto ya queda patente con los casos de padres y madres que tienen a sus hijos en cuarentena y tienen que elegir entre cuidar de sus hijos o ir a trabajar. ¿Por qué el Gobierno no aprueba permisos retribuidos para garantizar la conciliación familiar?

La realidad es que no hay plan y no lo ha habido nunca. ¿Qué les espera a los estudiantes que tengan que ser confinados por positivos? Tal y como ha anunciado el Ministerio, los alumnos que estén en casa recibirán educación online que además será obligatoria “a pleno rendimiento, todos los días”. ¿Nos toman el pelo? ¡Como si no quisiéramos recibir clases y que se garantice nuestro derecho al estudio! Ya hemos visto que las clases telemáticas son un completo fracaso que deja fuera del sistema educativo a cientos de miles de alumnos.

Isabel Celaá sigue ignorando a la comunidad educativa. ¡Es intolerable!

El Estado español supera ya los 700.000 casos de Covid19. Nos preguntamos qué más tiene que suceder para que se tomen medidas que protejan nuestra salud y nuestro derecho a la educación. Lamentablemente la respuesta del Gobierno y de la ministra es hacer como si estos datos tan alarmantes no estuvieran teniendo lugar.

Una vez más, la reunión interministerial del jueves 25 demostró el total desprecio de la ministra de Educación por las reivindicaciones de la comunidad educativa. Las “medidas” adoptadas son una retahíla de frases vacías para tratar de ocultar la realidad del inicio de curso. Celaá anunció que se eximirá del máster para ejercer la docencia a los profesores de Secundaria para… ¡paliar la falta de maestros! Profesores hay, y muchos, pero o están en la cola del paro, o con contratos temporales o interinos con condiciones laborales lamentables.

Lo que debería hacer el Ministerio de Educación es dejar de lanzar mensajes para simular que hacen algo y contratar a todos esos docentes, que no solo están formados, sino que han hecho oposiciones y trabajado durante años en la enseñanza. Que no nos digan que no existen porque llevan años luchando por un puesto de trabajo digno que se les niega permanentemente y por una educación pública de calidad. Las afirmaciones de que no hay dinero, no hay profesores o no hay médicos son completamente falsas, tal y como revelan todos los días sus propios testimonios y también las cifras del SEPE: más de 122.230 trabajadores buscan un puesto de trabajo en el terreno educativo. Por supuesto que hay que tomar medidas para facilitar el máster de profesorado. Nos parece muy bien. Que sea gratuito sería la primera medida a tomar en este sentido.

A todo ello se ha sumado el escándalo respecto a la adaptación de las prácticas de la FP. El Gobierno aprobará un nuevo protocolo donde los estudiantes tendrán que firmar una “aceptación expresa” de la “voluntariedad de la participación” en las prácticas. Es decir, responsabilizar a los estudiantes si se contagian por la Covid19 durante la formación. La ministra Isabel Celaá no puede permanecer ni un minuto más al frente del Ministerio de Educación. ¡Se juega con nuestras vidas y el Gobierno se lava las manos!

Debemos levantar un plan de lucha. ¡Por una huelga general educativa!

El Gobierno debe rectificar de forma urgente y no solo en el terreno educativo. Lo vivido los últimos días en la Comunidad de Madrid es una clara fotografía del rumbo tan peligroso que está adoptando el Gobierno central.

Que ante el levantamiento obrero que se ha producido en los barrios del sur de Madrid contra las medidas de confinamiento clasista decretadas por el Gobierno de la CAM, Pedro Sánchez haya corrido a darse la mano con la racista de Díaz Ayuso es una absoluta vergüenza. Igual que lo es la respuesta de Delegación de Gobierno del PSOE a la concentración en defensa de la sanidad pública en Vallecas, reprimida salvajemente por parte de la policía. Unas imágenes muy distintas a las protestas en Núñez de Balboa. ¡Menos policía y más sanitarios!

Este Gobierno, que fue votado por millones de trabajadores y jóvenes, tiene una obligación política y moral con la comunidad educativa, igual que la tienen los ministros y ministras de Unidas Podemos. Deben dar un golpe encima de la mesa del Consejo de Ministros para obligar al Ejecutivo a legislar en favor de la educación pública y poner en marcha todas las medidas que estamos demandando y un auténtico escudo social.

La lucha es el único camino para defender la escuela pública, la sanidad pública, los puestos de trabajo y una vida digna. Los sindicatos de profesores, AMPAS y el movimiento estudiantil debemos organizar una convocatoria seria y unificada de una huelga general educativa en todo el Estado y que en la CAM confluya con una huelga general para echar a Ayuso, al PP, Cs y Vox. Hay que volver a levantar la Marea Verde. Sabemos que sí que hay dinero y mucho, que se destine a cubrir las necesidades sociales de la inmensa mayoría y no a engordar las escandalosas subvenciones a la privada concertada y a salvar a los banqueros y empresarios. ¡Si luchamos podremos conseguirlo!