Los datos oficiales aseguran que desde mediados de 2013 la economía española crece a un buen ritmo, superando el 3% anual en los últimos tres años. El FMI, en su último informe, coloca a la economía española entre las más dinámicas del mundo. El gobierno del PP aprovecha esta situación para vendernos un horizonte idílico y nos pide, por enésima vez, un poco de paciencia para afianzar la supuesta “recuperación”.
Si por “recuperación” se refieren a los beneficios empresariales, no cabe duda de que marcha viento en popa. Año tras año se multiplican a un ritmo sin precedentes. En 2017 las empresas cotizadas en bolsa ganaron 49.058 millones de euros, un 67% más que en 2016, y todo apunta a que este año los beneficios empresariales serán todavía mayores.
Pero esta orgía de beneficios no tiene su origen en un crecimiento económico real, basado en la mejora del aparato productivo. Los beneficios son grandiosos porque las condiciones laborales se han degradado hasta extremos inconcebibles hace pocos años, y porque lejos de invertir productivamente, lejos de modernizar sus equipos y los procesos productivos, los empresarios prefieren acumular patrimonios ingentes o especular en inmuebles o en activos financieros.
Orgía de beneficios versus hundimiento salarial y precariedad
La caída de los salarios ha sido tan espectacular que el Sindicato de Técnicos de Hacienda ha denunciado que 8,16 millones de trabajadores (el 47% del total) no llegan a mileuristas, y que 6 millones (el 34,4%) ni siquiera alcanzan los 735 euros al mes, por debajo del SMI.
Este hundimiento salarial ha sido posible por la destrucción sistemática de empleo fijo desde 2007. Cientos de miles de puestos de trabajo estables y con condiciones dignas, ganadas a través de años de lucha sindical, han desaparecido definitivamente y han sido sustituidos por contratos precarios. De los 21,5 millones de contratos que se firmaron en 2017 algo más de 19,6 millones fueron temporales (más del 90%), y de ellos, cerca del 30% de una duración inferior a una semana. La juventud es la que más sufre esta penosa situación: el 73% de los trabajadores menores de 25 años tiene contrato temporal, a lo que hay que añadir más de 1,4 millones de becarios que no cotizan ni reciben remuneración alguna.
Y, frente a esta realidad que se agrava año tras año ¿qué hacen los dos grandes sindicatos, CCOO y UGT? De momento, han facilitado este proceso de precarización, puesto que no hubiera sido posible sin su política de paz social. La firma por parte de las direcciones de CCOO y UGT de los últimos acuerdos con Gobierno y patronal —especialmente de los tres últimos AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva) que cubren el período 2010/17— ha sido un elemento clave para que la drástica reducción de las rentas salariales, una de las mayores de Europa, haya podido ejecutarse sin apenas conflictividad social.
Como consecuencia, la pobreza entre los trabajadores avanza, hasta el punto de que, según Eurostat, el riesgo de pobreza afecta al 29,2% de la población española y amenaza al 35,5% de los menores de 16 años y a casi el 40% de los jóvenes con edades entre los 16 y 24.
Los dirigentes de CCOO, indiferentes ante las nefastas consecuencias de sus políticas, insisten en seguir actuando como “hombres de Estado”, aunque de cara a la galería emiten periódicamente advertencias de movilización que nadie en el Gobierno y la patronal se toma en serio. Tampoco los trabajadores creemos una palabra de ese discurso fraudulento, que omite reconocer que CCOO ha sido, y sigue siendo, una pieza fundamental en las “políticas empobrecedoras” que ahora finge denunciar.
Si los dirigentes de CCOO tuviesen un átomo de voluntad de movilizar a los trabajadores no desaprovecharían la oportunidad que les ofrecen las históricas movilizaciones de los pensionistas, y, en lugar de dividirlas con la única finalidad de tratar de conservar su protagonismo y preservar algo de autoridad, impulsarían una huelga general para acabar con este gobierno débil, que pende de un hilo, un hilo que ellos mismos sujetan junto con el PSOE y Cs.
El gobierno de Rajoy, sin capacidad para aprobar los Presupuestos de 2018, minado por los casos de corrupción, con una intención de voto que se hunde, no resistiría una convocatoria seria de lucha contra el paro y la precariedad, contra la represión y la corrupción. Los pensionistas están marcando el camino. Ninguno de los derechos sociales que tenemos se ha conseguido sin lucha. Hay que ampliar la protesta en las calles sumando a cada vez más sectores, y preparar las condiciones para organizar una gran huelga general para echar a este gobierno. ¡Sí se puede!
