Por una huelga general en Galicia para defender todos los empleos

Los trabajadores de Alcoa San Cibrao (Lugo) comenzaron el 4 de octubre una huelga indefinida en defensa de los más de 2.000 puestos de trabajo (entre principal, auxiliares e indirectos) que Alcoa amenaza con destruir. Mientras dure la huelga no producirán aluminio para su comercialización, tan solo para mantener en funcionamiento las 512 cubas electrolíticas y evitar la parada de estas. Además, para garantizar que no sale aluminio, los trabajadores de la principal y de las industrias auxiliares han puesto un campamento en las puertas para controlar la entrada y salida de camiones en el recinto durante las 24 horas del día.

Se ha llegado a este punto después de seis semanas de negociación entre Alcoa, GFG Alliance (el grupo empresarial británico interesado en comprar las instalaciones) y los Gobiernos central y autonómico, en las que no ha habido un acuerdo para concretar las condiciones de la venta, y tras las cuales Alcoa anunció que antes del 13 de octubre se ejecutaría el ERE con el que vienen amenazando desde que el 28 de mayo anunciasen su intención de abandonar las instalaciones.

Por su parte, la propuesta de GFG Alliance es aparentemente muy ambiciosa ya que, además de hacerse con la planta de Alcoa a través de su filial Liberty Steel, invertiría hasta 1.000 millones de euros en la construcción de plantas de producción de energía verde (eólica y solar) para producir 1,2 Gigavatios con los que suministrarían a la industria electrointensiva, garantizando de este modo una producción limpia y barata. Proyecto que, según ellos, podría estar finalizado en 2023.

Ni Alcoa ni GFG Alliance son una alternativa

La unanimidad a la hora de denunciar “los intereses espurios” y la “actuación de mala fe durante estas semanas” de Alcoa —tanto por parte del Gobierno del PSOE-UP, de la Xunta del PP como desde las direcciones sindicales de CCOO, CIG y UGT— pone nuevamente de relieve lo que ya sabíamos: el carácter parasitario de esta multinacional que, desde su aterrizaje en el Estado español de la mano de Aznar en 1998, no ha hecho otra cosa que incumplir todas las promesas de modernización e inversión en las plantas y exprimir los recursos del Estado a través del chantaje permanente.

Recordemos que su periplo comenzó con la compra a precio de saldo (383 millones de euros) de la empresa pública Inespal, que por entonces contaba con 4.674 trabajadores y diez factorías. Hoy solo permanecen abiertas tres: A Coruña, Avilés y San Cibrao, de las cuales Alcoa solo es propietaria de la última, con algo más de un millar de trabajadores. Es decir, en dos décadas ha destruido las tres cuartas partes. Y mientras cerraba empresas, destruía puestos de trabajo y arruinaba comarcas enteras se forraba a manos llenas. Además de ahorrarse los 400 millones que habían prometido invertir en la modernización de las instalaciones, entre 1998 y 2011 amasó unos beneficios que se acercaron a los 1.500 millones de euros. ¡Cuadruplicó en poco más de una década la ridícula inversión inicial!

No contentos con eso, entre los años 2008 y 2018, se ahorraron otros 1.000 millones de euros en beneficios fiscales de todo tipo, que entre otras cosas les ha permitido pagar la energía ¡a 4 céntimos por kilovatio/hora, frente a los 9 de la industria o los 23 de las familias trabajadoras! A la par que se producía este expolio del dinero público, recordemos que los diferentes Gobiernos del PP y PSOE no hacían más que recortar los recursos dedicados a la sanidad o la educación públicas.

Por desgracia Alcoa es solo un ejemplo más de una larga lista. Desde el sector de la industria electrointensiva (Arcelor-Mittal, Parter Capital Group…), pasando por la del automóvil (Nissan, Ford…) y muchas otras. Recordemos, por ejemplo, las promesas que Parter Capital Group, ese fondo suizo experto en “rescatar a empresas”, hizo al comprar las factorías de Avilés y a Coruña: transformar a estos centros en líderes en la producción de acero secundario para el sector de la automoción y la aviación, además de mantener todos los puestos de trabajo como mínimo hasta julio de 2021. Apenas un mes después empezó a negociar la venta de estos centros al Grupo Industrial Riesgo, venta que se materializó en abril.

Este es el modo natural de funcionamiento de multinacionales, grandes empresas o fondos de inversión/capital bajo el capitalismo. Llegan comprando a precio de saldo, pero prometiendo inversiones milmillonarias para la modernización y desarrollo de fábricas o sectores enteros que nunca se materializan. Lo que siempre se materializa es la amenaza de cierre y la exigencia de subvenciones y beneficios fiscales, un saqueo del dinero público que acaba en detrimento de las condiciones de vida de la clase obrera. Y es que muchos empresarios locales también se benefician y son aliados de estas políticas parasitarias. Es profundamente reaccionario alimentar la idea que el capital privado puede jugar un papel que no sea el de parasitar a la clase obrera allá donde vaya.

Ahora es GFG quien anuncia inversiones milmillonarias y un futuro maravilloso. Estos parásitos han visto un negocio fabuloso que va más allá de la producción de aluminio y pretenden aprovecharse también de las multimillonarias ayudas que los Estados van a regalar a las empresas con la excusa de la transición energética. De tal forma que a través de Simec —una de sus filiales— construirá y explotará plantas con las ingentes ayudas que van a recibir, para a continuación emplear esta energía barata en sus plantas de aluminio (que seguirán exigiendo las mismas ayudas que venían recibiendo), y vender lo que le sobre. Por supuesto, la amenaza y el chantaje seguirán presentes ahora a un nivel superior.

¡Hay fuerza para que Alcoa no se cierre! ¡Por una huelga general en la comarca y en Galiza en defensa del empleo!

En este sentido la venta a otra empresa privada es un error. Pues permitirá que la rueda del expolio de las arcas públicas y la amenaza permanente sobre los puestos de trabajo siga girando. Estos días José Antonio Zan, presidente del comité de empresa por CCOO, denunciaba el poder de Alcoa y decía que “una empresa no puede venir a un Estado y poner de rodillas a dos administraciones”. La realidad es que no solo pueden, también lo ejercen a cada minuto.

Ese poder lo tienen en tanto son los propietarios de las empresas y en tanto el Gobierno sigue aplicando una política capitalista. Por eso, la clave está en luchar por la nacionalización de Alcoa (y de todas las empresas amenazadas de cierres y despidos) y su control por parte de los trabajadores. Defender esto, junto con la movilización más masiva y contundente de las plantillas y la población en general, es la manera más consecuente de defender todos los empleos y el futuro de las próximas generaciones y de comarcas enteras, como la de A Mariña.

Unidas Podemos y el PSOE tienen que ser claros al respecto. La ministra de Trabajo,  Yolanda Díaz, en una reciente entrevista en La Sexta, preguntada por la posibilidad de expropiar Alcoa dijo que “el Gobierno y la Xunta están trabajando para esto” y que “claro que es posible”. Ya basta de hablar de “expropiaciones” y luego no hacer nada.

De hecho, Feijóo también está hablando demagógicamente de que “no se puede descartar nada”, en referencia a la posibilidad de “intervenir” Alcoa, pero ya sabemos eso qué significa: socializar pérdidas y privatizar beneficios. ¿A esto es a lo que se refiere la ministra de Trabajo cuando dice que están trabajando en ello? Pues no es eso lo que necesitamos los trabajadores. Hay que expropiar Alcoa, sin indemnización, y ponerla en manos de los trabajadores inmediatamente.

Entretanto, el comité de empresa Alcoa (CCOO, CIG y UGT) debe oponerse al traspaso de la factoría de San Cibrao al grupo GFG Alliance, abandonando todo tipo de reivindicaciones que vayan en el sentido de defender los intereses de los grandes capitalistas (como el Estatuto de Consumidores Electrointensivos), y exigir al Gobierno del PSOE–Unidas Podemos que nacionalice bajo control obrero las factorías de San Cibrao, A Coruña y Avilés. Solo de este modo se podrá parar los pies a las multinacionales y garantizar un futuro digno y estable para los trabajadores.

Para ello es fundamental apoyarse en la fuerza demostrada por los trabajadores hasta ahora, y en la enorme simpatía que la lucha tiene en la comarca afectada, como hemos podido comprobar en las multitudinarias manifestaciones que se han producido durante estos meses.

Los trabajadores necesitamos ser ambiciosos y armarnos con un plan de lucha concreto para defender el empleo:

● En primer lugar, hay que mantener el campamento y la ocupación de la factoría para garantizar que la producción continúe, las cubas no se paren y se mantengan todos los puestos de trabajo: principal, auxiliares e indirectos.

● Convocar ya una huelga general en la comarca, antes de que se haga efectivo el ERE, y preparar el siguiente paso para aumentar la presión: la convocatoria de una huelga general en toda Galicia en defensa de todos los puestos de trabajo.

● Hay que organizar una gran huelga de toda la industria, haciendo confluir esta lucha con la de todas las industrias cuyos puestos de trabajo estén amenazados. Hay que poner fecha para una gran movilización estatal con la consiga: ¡ningún cierre, ningún despido! ¡Que la crisis la paguen los capitalistas!

● Hay que exigir al Gobierno la expropiación y nacionalización de Alcoa bajo control de los trabajadores, sin indemnización, exigiendo que se devuelva lo robado todos estos años a través de ayudas y subvenciones. Y este dinero emplearlo en la modernización de las instalaciones.

● El Gobierno también debe nacionalizar la banca y el sector energético inmediatamente, e invertir una parte de estos ingentes recursos en el desarrollo de un plan energético que permita renovar el sistema de producción y distribución del Estado español para hacerlo ambiental y económicamente sostenible.