Un ataque muy serio que hay que frenar con la movilización más contundente

No pasa un día sin que algún miembro del Gobierno PSOE-UP presuma de la lluvia de dinero contante y sonante (72.000 millones de euros) que el Ejecutivo va a entregar a las grandes empresas y a la banca para – supuestamente - estimular la recuperación económica.

Ese maná se presenta oficialmente como una “ayuda europea” y se evita cuidadosamente explicar sus contrapartidas. De hacer caso al Gobierno, parecería que en el subsuelo de Bruselas se ha hallado una inagotable mina de oro que nos sacará de la trágica situación que están atravesando cientos de miles de familias trabajadoras.

Nada más lejos de la realidad. Esa ayuda multimillonaria vamos a pagarla entre toda la clase trabajadora. Saldrá, como no, de rebajar aún más nuestros raquíticos sueldos, de seguir recortando servicios sociales y, sobre todo, como varias veces ha anunciado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de la aplicación de una nueva “reforma” de las pensiones que, según cálculos del propio INSS, recortaría las futuras pensiones entre un 5,5% y un 12%.

Un ataque a toda la clase trabajadora y especialmente a los más jóvenes

La extensión de la Covid-19 a principios de 2020 ha puesto en evidencia la crisis sistémica del capitalismo. Pese a toda la fanfarria de la “recuperación”, la pandemia ha servido para demostrar que todos los sacrificios y la austeridad soportadas por la clase trabajadora en los últimos años no han servido en absoluto para arreglar las profundas grietas del sistema capitalista: los más ricos son aún más ricos mientras millones de jóvenes no tendrán otro futuro que la precariedad laboral y los salarios de subsistencia.

Y es precisamente contra los trabajadores más jóvenes contra quienes se dirige la nueva reforma puesta sobre la mesa por el Gobierno PSOE-UP, siguiendo las recomendaciones de la comisión parlamentaria conocida como Pacto de Toledo.

La propuesta se subir de 25 a 35 los años utilizados para calcular la pensión significa que los salarios que se perciban a partir de los 32 años de edad determinarán la futura cuantía de esa pensión. Tal y como están las cosas, esto significa que a los millones de trabajadores jóvenes que hoy se ven a obligados a aceptar trabajos basura se les condena, desde ahora mismo, a una vejez miserable.

El Gobierno se ha apresurado a crear confusión sobre la cruda realidad de la reforma, en un intento de hacerla pasar sin demasiado revuelo. La ministra de Economía, Nadia Calviño, representante directa del gran capital en el Consejo de Ministros, se burla de nosotros cuando afirma que podremos “excluir los peores años” del cálculo de la pensión… ¡como si hubiera grandes posibilidades de que alguna vez disfrutemos de años “mejores”!

Pero peor todavía que los intentos de tomadura de pelo de Calviño es que el ministro Escrivá alegue que su reforma beneficia a los trabajadores mayores de 50 años que han sido despedidos, y que en sus últimos años de vida laboral no han tenido otro remedio que sobrevivir trabajando en condiciones de máxima explotación. Es un burdo intento de contraponer los intereses de los trabajadores de más edad con los de los trabajadores más jóvenes, siguiendo la táctica empleada por los empresarios, con la imprescindible complicidad de los dirigentes de CCOO y UGT, para imponernos retrocesos en nuestras condiciones de trabajo.

Fijos contra eventuales, trabajadores con antigüedad contra nuevos contratados, trabajadores de plantilla contra los de subcontratas. Amparados en la excusa de salvaguardar los intereses de algún colectivo, los dirigentes sindicales han aprobado dobles escalas salariales, empeoramiento de las condiciones de trabajo de eventuales y subcontratados, despidos masivos … en fin, toda la batería de “éxitos” de la negociación colectiva que nos han conducido a la lamentable situación actual.

Si el ministro Escrivá y el resto del Gobierno quieren aliviar la situación de los trabajadores de más edad que han sido y siguen siendo despedidos por las empresas, porque son los que tienen derechos consolidados y salarios más altos, lo que tiene que hacer es derogar inmediatamente la Reforma Laboral aprobada por el PP en 2012, aprobar un seguro de desempleo de 1.200 euros al mes, y blindar la cobertura de sus cotizaciones a la Seguridad Social a los trabajadores que por su edad ya no consiguen obtener un empleo.

Nuevos pasos hacia la privatización del sistema de pensiones

Aunque menos llamativas que la subida de los años de cotización para el cálculo de la pensión, no son menos alarmantes otras dos de las medidas propuestas por la Comisión del Pacto de Toledo con el pleno apoyo del PSOE.

Se trata de la recomendación de impulsar la implementación efectiva de “planes complementarios de pensiones”, es decir, de dar un decidido paso adelante para privatizar el sistema público de la Seguridad Social, y la de “reforzar la contributividad” del sistema de pensiones, es decir, avanzar hacia un sistema público que funcione igual que un fondo privado, de manera que se facilite la transición hacia la privatización completa.

Esta propuesta obedece a las intensas presiones del sector financiero que, en un contexto de tipos de interés cero, o incluso negativos, y con una economía ralentizada, ve muy recortadas sus fuentes de ingresos. ¿Qué mejor manera de asegurar por muchos años sus inmensos beneficios que hacerse cargo, aunque al principio solo sea parcialmente, de los 135.000 millones de euros que la Seguridad Social paga anualmente a los jubilados y pensionistas?

Esta privatización ya se llevó a cabo en bastantes países y, sin excepción alguna, sus resultados han sido un enriquecimiento meteórico de los gestores de los fondos privados de pensiones y un empobrecimiento drástico de los pensionistas. En 1981, Chile, en aquel momento bajo la sangrienta dictadura de Pinochet, fue pionero en la privatización de las pensiones. Los trabajadores chilenos fueron obligados a entregar el 10% de su salario (que es un 80% superior a lo que se cotiza en el Estado español) a un fondo privado de pensiones, con el resultado de que al llegar a la edad de retiro la pensión era totalmente insuficiente para sobrevivir, y por eso hoy en Chile es común encontrar a mayores de 70 años, e incluso de 80, que se ven obligados a seguir trabajando para poder comer.

En los países europeos en los que se siguió el ejemplo chileno los resultados no han sido muy distintos. En Alemania más del 16% de los pensionistas se encuentran en situación de pobreza, y las autoridades estiman que ese porcentaje seguirá subiendo hasta sobrepasar el 20% en 2030. En Reino Unido los datos oficiales indican que cuatro millones de personas están en situación de “pobreza extrema” y siete millones más en situación de pobreza persistente”, una gran parte de ellos jubilados afectados por la privatización de las pensiones promovida por el Gobierno conservador a finales de los 90.

En Suecia, con las pensiones totalmente privatizadas, la situación es aún peor. Los fondos de pensiones dejan de pagar la pensión cuando el jubilado alcanza la esperanza de vida, que hoy está en 82 años. Quién supere esa edad se queda sin pensión, y su vida dependerá de los servicios asistenciales.

Unidas Podemos no puede permanecer pasiva ante esta amenaza

Desde el estallido de la crisis económica en 2008 la clase trabajadora del Estado español hemos sufrido dos “reformas de las pensiones”, una promovida por el PSOE, con la colaboración de CCOO y UGT, y la segunda por el PP. Como consecuencia se ha producido un recorte anual medio del gasto en pensiones de alrededor de 9.000 millones de euros, que equivalen a una pérdida de casi el 25% de su poder adquisitivo.

Pero nadie crea que ese recorte ha significado un “ahorro” para las finanzas públicas. Todo lo contrario: mientras atacaban las pensiones, extendiendo la miseria entre las personas de mayor edad, aprobaban todo tipo de exenciones y bonificaciones a las cuotas patronales de la Seguridad Social, una política que ha culminado con las rebajas a las cotizaciones patronales establecidas en la nueva regulación de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE) tras la irrupción de la pandemia. Miles de millones de euros recortados de las pensiones han pasado, y si no lo impedimos seguirán pasando, desde los bolsillos de los trabajadores a los de la oligarquía financiera.

De seguir adelante, las propuestas del PSOE, que son apoyadas por el bloque de partidos de la derecha, significarían el inicio del desmantelamiento definitivo del sistema público de Seguridad Social, para mayor beneficio de la banca y los empresarios. Exactamente todo lo contrario de lo establecido en el acuerdo de gobierno del PSOE y Unidas Podemos.

Los ministros y parlamentarios de Unidas Podemos no pueden permanecer más tiempo callados ante esta amenaza. Las medidas del Gobierno conducen, como estamos comprobando, al empobrecimiento generalizado de los trabajadores. La propuesta de un nuevo recorte de las pensiones no es un simple globo sonda: ya ha sido entregada a las autoridades económicas de la Unión Europea, en un intento de demostrarles que el desembolso previsto en el Plan de Recuperación Europeo recaerá íntegramente sobre los hombros de la clase trabajadora.

Ahora es el momento de que los representantes de UP en las instituciones cumplan con el mandato que les dimos en las pasadas elecciones. No les votamos para que administren la austeridad y los recortes con mejores modales o con más “equidad” que el PSOE o el PP. Tienen que exigir al PSOE el cumplimiento del programa electoral, empezando por la derogación de todas las reformas legislativas que atacan derechos de la clase trabajadora, incluyendo la Reforma Laboral y las dos reformas de las pensiones.

Los trabajadores y trabajadoras hemos votado a UP para que impugne el presente orden de cosas, para que hagan resonar en las instituciones la voz de la calle: “Esta crisis no la pagamos”. Las ministras y ministros de UP tendrán el apoyo de toda la clase trabajadora si se plantan ante este nuevo ataque a nuestros derechos y llaman a luchar en las calles contra una política económica que solo conduce a perpetuar la desigualdad y la pobreza.