Desde 2001 Correos es una Sociedad Anónima estatal (Sociedad Estatal Correos y Telégrafos) con capital cien por cien público. Realiza miles de millones de envíos al año y tuvo unos beneficios en 2005 de más de 239 millones de euros. Con sus más de 65.000 trabajadores tiene una de las plantillas más numerosas de todo el país. En los últimos años las condiciones en las que trabajamos los empleados de Correos han empeorado vertiginosamente.

Condiciones laborales

El personal funcionario de Correos es el peor pagado de todo el sector de funcionarios del Estado, además es el que tiene menos derechos y el régimen disciplinario más rígido. Ésta es la consecuencia de la peculiar situación de tener a funcionarios en una Sociedad Anónima. Los dirigentes sindicales en vez de denunciar esta situación y luchar por equiparar las condiciones laborales de los funcionarios de Correos a los del resto, lo han permitido y, además, se limitan a gestionar el traslado de los funcionarios de Correos a Ministerios y a las administraciones públicas, facilitando así el proceso de privatización de la empresa.
En la actualidad hay 35.000 funcionarios trabajando en Correos. Desde 1999 la empresa negó la posibilidad de cubrir más plazas con personal funcionario y desde entonces todos los empleados que han aprobado una oposición pasan a trabajar como Personal laboral fijo, con menos derechos que los funcionarios.
Por último, tenemos al personal con contratos temporales que es el peor pagado. No tienen casi ninguno de los derechos del resto de la plantilla: derecho al disfrute de los días de asuntos propios, muchos de ellos no pueden hacer horas extras, otros tampoco tienen derecho a algunas de las pagas y retribuciones extra, y ninguno tiene derecho al disfrute de vacaciones. Su situación es muy precaria, pueden ir a la calle en cualquier momento y la empresa se reserva el derecho a no contratarte jamás si osas protestar por tu situación. Ni siquiera tienen derecho a tener el clásico uniforme de Correos.
Al personal rural cada vez con mayor frecuencia le exigen que aporte local y vehículo. Según cálculos de la CGT en los últimos diez años los trabajadores de Correos han perdido un poder adquisitivo valorado en 200 euros al mes, mientras que la productividad (número de envíos por trabajador) aumentó en el mismo periodo un 29%.

II Convenio colectivo
del personal laboral

Recientemente CCOO y CSIF han firmado el II Convenio Colectivo del personal laboral, un nuevo Estatuto para el personal funcionario y un Acuerdo General, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008. Profundiza más en la pérdida de derechos: seguimos sin cláusula de revisión salarial, las bajas médicas comienzan a ser penalizadas de forma escandalosa, se abarata el despido colectivo, disminuyen las ayudas de acción social, se endurece el régimen disciplinario.
Además, estos acuerdos han significado la desvinculación de los trabajadores de la normativa pública, incluso los funcionarios que pasan a regirse por normas específicas de Correos. La movilidad de puestos al antojo de la empresa y la flexibilidad aumenta. En lo que se refiere a los trabajadores temporales no hay avances, incluso se pierden derechos, con la actual forma de contratación temporal (bolsas de empleo) en el caso de estar en el paro y rechazar puntualmente un puesto de trabajo en Correos porque, por ejemplo, éste se encuentre a 40 kilómetros, inmediatamente decaes de las bolsas de empleo y nunca más te dejarán trabajar en la empresa. Antes tenías libertad de escoger y esperar una nueva propuesta
La Comisión Europea ha fijado en una directiva la liberalización del servicio postal europeo para el año 2009. El gobierno español lejos de criticar o vetar esta medida, el 10 de noviembre aprobó un decreto-ley escandaloso. Este decreto permite el uso de la red postal pública (todas las infraestructuras y medios de Correos) a empresas privadas del sector postal. Para colmo sin determinar las condiciones de ese acceso.Correos dispone de casi 13.000 vehículos, miles de oficinas, locales, buzones, etc. Una plantilla de 65.000 empleados, sin contar a todos los trabajadores temporales.
Con esta medida, el gobierno del PSOE permite que una empresa privada pueda utilizar en su propio beneficio todos estos medios. En cambio Correos no tiene derecho a acceder a los medios e infraectucturas de cualquier otra empresa privada del sector postal. Correos hasta hora tenía la obligación de prestar un servicio público, pero ahora tiene la obligación de prestar sus servicios también a la empresa privada.
El 11 de diciembre delegados sindicales de toda la UE protestaron contra la decisión de la Comisión Europea de liberalizar el sector en el 2009. La protesta fue convocada por la UNI (Unión Network Internacional) Europa Postal, federación sindical que representa a más de dos millones de trabajadores del sector postal europeo. En el Estado español, la protesta, a través de una concentración tuvo lugar frente a la embajada de Finlandia (país que ocupaba la presidencia de turno de la UE).
Esta cuestión pone al descubierto el verdadero carácter de la "democracia" burguesa. Una empresa pública tan importante va camino de convertirse en una empresa privada.
¿Quién ha decidido esto?¿Por qué pasan por alto la opinión de la plantilla y a quién beneficia?

Privatización contra
trabajadores y usuarios

La privatización no beneficiaría en nada a los trabajadores. No tardaríamos en perder los pocos derechos que aún mantenemos y nuestros sueldos se ajustarían a la baja con respecto a los del sector privado, mientras que nuestra jornada laboral se ajustaría al alza. No tardaría la aparición de contratas, subcontratas y ETTs.
Tampoco beneficiaría a nadie en lo que se refiere a precios, tarifas y servicio público (que ya en los últimos 10 años han aumentado un 32,2%). Con el correo privatizado pagaríamos distintos precios según donde viviésemos y se recortaría drásticamente el derecho al Servicio Postal ya que la empresa privada únicamente aceptaría realizar el servicio rentable, por lo que le sobrarían, entre otras, las oficinas deficitarias del ámbito rural. Se reduciría el número de oficinas de cada barrio, pueblo o ciudad. Con un Correos privatizado tendremos que pagar más o menos según donde vivamos y a dónde realicemos el envío.
Todo esto tendría drásticas consecuencias para la plantilla, el fin de los servicios postales no rentables dejaría sin trabajo y con un futuro incierto a miles de trabajadores.
Además, los beneficios millonarios que hoy pertenecen al Estado pasarían a los bolsillos de los capitalistas que consigan hacerse con el control de Correos. Esta es la cuestión, los capitalistas quieren privatizar Correos porque tiene demasiados beneficios para que sea explotada por el Estado.
Los sindicatos europeos tienen una gran responsabilidad para conseguir que esto no ocurra. Deberían oponerse rotundamente a la privatización, coordinar una lucha en toda Europa para echar atrás la reaccionaria Directiva postal y no ceder ante las presiones de los gobiernos, de la banca y el gran capital. En el Estado español los sindicatos no deben conformarse con "reconducir el proceso" sino oponerse a él. Sin embargo, las direcciones sindicales van en la dirección opuesta. CCOO se limita a pedir "negociar los plazos y las formas" de la liberalización postal. Prueba del rechazo que existe en la plantilla a este modelo sindical es la manifestación estatal del 26 de noviembre en Madrid convocada por la Plataforma de Trabajadores de Correos. Sólo con una respuesta contundente, iniciando una campaña de información y agitación en todos los centros de trabajo de Correos, denunciando las consecuencias de la privatización y las medidas que el gobierno está tomando y realizando las movilizaciones que sean necesarias podremos frenar este ataque.