El metal vigués volvió a salir a la calle  en una movilización convocada por CIG, UGT y CUT en solidaridad con cuatro trabajadores para los que se piden cuatro años de cárcel por quemar contenedores durante la huelga del 2007.
Dos mil trabajadores se manifestaron delante de los juzgados durante la celebración del juicio denunciando un caso claro de represión que pretende amedrentar al sector más combativo de la clase obrera viguesa. No se juzga sólo a cuatro trabajadores, sino a todo el metal, como bien refleja uno de los acusados: "Imputan a cuatro lo que hicimos miles de trabajadores". Se intenta criminalizar a los trabajadores por haber ejercido su derecho a huelga durante más de dos semanas. Pero lo que late de fondo tras esta movilización es, fundamentalmente, el incumplimiento reiterado por parte de la patronal del convenio colectivo firmado en 2006. La precariedad laboral sigue siendo muy alta, sobre todo entre los inmigrantes, a los que se les pagan salarios muy por debajo de lo establecido en el convenio.
Este es sólo un primer aviso de lo que se avecina: los empresarios pretenden rebajar las conquistas arrancadas en la dura lucha por el convenio de 2006 con el argumento de la crisis económica. Ante la próxima negociación que se abre el 13 de febrero, la ventaja con la que cuentan los trabajadores es su capacidad de lucha. El metal volverá a las calles, sirviendo de ejemplo para otros sectores amenazados por la crisis, como la automoción. Por eso urge unificar las luchas con el fin de derrotar a los culpables de la crisis: los capitalistas.