La EPA (Encuesta de Población Activa) de 2008 es estremecedora: 3.208.000 parados, 1.200.000 más que en 2007. Y, lamentablemente, los peores datos son los del último trimestre: de ese millón doscientos mil personas, la mitad se fue a la calle en los tres últimos meses del año. Esto quiere decir que no hay ningún síntoma de que el proceso vaya a amainar, sino todo lo contrario. Y, efectivamente, los datos de enero lo han confirmado: 198.838 parados más, la peor cifra desde que hay registros. No hay ninguna duda de que en poco tiempo se alcanzarán los cuatro millones de parados.
Si consideramos que cada nuevo parado significa una disminución del consumo, lo que deprime aún más la actividad económica y acaba por generar más paro, y que la EPA también reveló que en 827.200 hogares españoles no trabaja nadie (un aumento del 87% respecto a 2007) y que un millón de parados no tienen ninguna ayuda económica -ni prestación ni subsidio-, la situación sólo puede calificarse de dramática. De golpe y porrazo, cientos de miles de familias trabajadoras están sufriendo un deterioro salvaje de sus niveles de vida.
Toda esta situación está teniendo hondas repercusiones en el movimiento obrero, empezando porque los trabajadores de diferentes empresas que se enfrentan a ataques (Nissan, Renault, Opel, Cegasa, Avicu...) están dando una respuesta de lucha. A su vez, este aumento de la combatividad de los trabajadores ejerce una presión sobre los sindicatos, que se ven obligados a hacer algo para conectar con el nuevo ambiente. Ya hemos visto ejemplos de esto en las movilizaciones convocadas por CCOO y UGT en Aragón, el País Valenciano y Cantabria. Además, también las movilizaciones obreras en otros países, como la huelga general francesa, tienen un efecto.
Pero este deterioro de la situación económica no origina solamente presiones de los trabajadores, también del gobierno y los empresarios. El primero necesita imperiosamente la paz social, y va a intentar atar a los sindicatos al carro del consenso en nombre del "esfuerzo de todos" para sacar al Estado español de la crisis.
La patronal a la ofensiva
Por su parte, la patronal es cada vez más agresiva porque sabe que la única manera de mantener sus beneficios es atacando las condiciones laborales, para así aumentar la plusvalía. Aparte de continuos llamamientos a "flexibilizar" la entrada y la salida del mercado laboral, hay empresas que, alegando la baja inflación, están incumpliendo las subidas salariales pactadas para 2009 en los convenios colectivos. Además, la CEOE dice que la referencia para los convenios que toca negociar este año no puede ser el 2% de los últimos tiempos. Esta actitud de la patronal, totalmente lógica desde su punto de vista de clase, deja en evidencia a los dirigentes sindicales, que durante los años de bonanza firmaron subidas salariales inferiores a la inflación y que ahora que ésta es tan baja ven cómo la patronal se opone a que los salarios recuperen algo de poder adquisitivo (que en realidad no sería recuperar, sino perder menos, puesto que es obvio que la subida del coste de la vida es muy superior al IPC).
Ramón Górriz, el nuevo secretario de Acción Sindical de CCOO, se ha quejado de que la patronal "está yendo contra la fe contractual". Argumenta Górriz que "cuando las empresas obtenían millones y millones de beneficios, los sindicatos respetaron lo pactado, sin plantear subidas salariales al alza ni cambios en el modelo de determinación salarial firmado con CEOE y CEPYME en los acuerdos de negociación colectiva (ANC)" y que "lo pactado es ley y las leyes se cumplen".
La única respuesta que estos lamentos obtendrán de los empresarios es una sonora carcajada. Apoyándose en las claudicaciones sindicales de los últimos años, ahora intentarán desprestigiar la idea misma del movimiento obrero organizado, para así debilitar a la clase obrera. Es la "táctica klínex" tantas veces vista: usar y tirar. Cuanta más debilidad demuestren los dirigentes sindicales, cuantos más ruegos le hagan a la patronal, más estimularán las agresiones de ésta. Al final, los dirigentes sindicales acabarán por verse obligados a dar un puñetazo en la mesa para defender su prestigio a los ojos de millones de trabajadores, una situación similar a la que vivió Fidalgo con el decretazo del PP en el año 2002, con la diferencia de que ahora no se trata de un tema concreto que, tras la rectificación, permite volver a las cómodas negociaciones de moqueta, sino de una crisis económica grave y duradera que provocará una radicalización de la lucha de clases también grande y prolongada. Por eso los marxistas decimos que una huelga general este año está implícita en la situación.
Los cambios en las direcciones sindicales están siendo lentos en principio porque van actuando según las circunstancias. Así, los graves problemas del automóvil fueron determinantes para que CCOO y UGT convocasen las manifestaciones de Aragón y el País Valenciano. Ahora, los datos del paro les han llevado a ampliar esas movilizaciones a todo el Estado, aunque no en forma de una jornada de lucha que unifique toda la fuerza del movimiento obrero, sino de manera descoordinada entre las distintas comunidades autónomas (e incluso dentro de la misma comunidad, como en Castilla-La Mancha: mientras en Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo las manifestaciones serán el 19 de febrero, en Albacete será el 22). Esto es un grave error. Si el problema es el mismo, la fuerza del movimiento se multiplica con movilizaciones unitarias y coordinadas. Es muy difícil salvar los puestos de trabajo o evitar los expedientes empresa a empresa. Y la vía de hacerle concesiones a la patronal no resolverá nada.
Por un giro en la política sindical
Los dirigentes de CCOO y UGT tienen una gran responsabilidad. Después de años de desmovilización y pactos sociales, de concesiones, de aceptar pérdidas de poder adquisitivo, es necesario un giro de 180 grados. Los sindicatos tienen que reivindicar un programa de lucha contra el paro y de defensa del empleo y los servicios públicos:
· No a los EREs. Nacionalización de las empresas en crisis, sin indemnización y bajo el control de los trabajadores y sus organizaciones. El dinero público no se puede destinar a regalos a los banqueros, subvenciones empresariales o rebajas fiscales, sino que debe usarse para mantener todos los puestos de trabajo y resolver las necesidades de la mayoría de la población.
· Nacionalización de la banca, los monopolios y los latifundios, para que los ingentes recursos que ahora se dedican a satisfacer la cuenta de resultados de una minoría privilegiada sirvan para poner en marcha grandes programas de inversión pública en infraestructuras sociales, vivienda, educación y sanidad públicas.
· Renacionalización de las empresas privatizadas y parar todos los planes de privatización que haya en marcha. Defensa de la educación y la sanidad públicas a través de un incremento sustancial del empleo en estos sectores y de los recursos económicos necesarios para garantizar su calidad.
Zapatero no se cansa de decir que el gobierno estará al lado de los débiles, pero tiene que convertir sus palabras en hechos y aprobar las siguientes medidas: subsidio de desempleo indefinido para todos los parados hasta encontrar un empleo, jornada laboral de 35 horas semanales sin reducción salarial, para repartir el empleo existente entre todos los trabajadores; jubilación a los 60 años con el 100% del salario y contratos de relevo.
Esta es la única alternativa realista para hacer frente a la crisis del capitalismo y defender los intereses de los trabajadores. Lograrla depende de la movilización más extensa, contundente y unitaria posible. Los sindicatos de clase, empezando por CCOO y UGT, deben organizar inmediatamente una Huelga General de 24 horas en todo el Estado para luchar por este programa, huelga general que, estamos seguros, obtendría el apoyo unánime de la clase obrera y la juventud. Pero la huelga general no es un fin en sí mismo, sino un medio para obligar al gobierno del PSOE a rectificar su política y dedicar el dinero (que lo hay, y mucho) a defender los intereses de la mayoría.
Únete a los marxistas de El Militante para defender esta alternativa en las empresas y en los sindicatos de clase.