Brasil vive una crisis económica y política de enormes dimensiones. Las manifestaciones contra el gobierno de Dilma Rousseff, convocadas el 13 de marzo por los partidos de la derecha, las cámaras empresariales y los medios de comunicación privados, congregaron a cerca de tres millones de personas en todo el país (en Sao Paulo, un millón y medio), fundamentalmente sectores de las capas medias afectadas duramente por la crisis. Tras esta movilización la apuesta de sectores de la burguesía por poner fin al gobierno del PT ha ganado fuerza.
A finales de marzo el PMDB, partido de derechas y principal aliado del PT en el gobierno, retiró su apoyo a Rousseff y puso sobre la mesa la salida de sus siete ministros del gabinete presidencial. A la vez, la ofensiva desde el parlamento y el aparato judicial se ha intensificado para que a mediados de abril se realice la primera votación del impeachment (destitución) de Dilma y para enviar a la cárcel al expresidente Lula. La Folha de Sao Paulo, uno de los portavoces más importantes de la burguesía brasileña, en su editorial del domingo 3 de abril, aumentaba más la presión exigiendo la renuncia de la presidenta y la celebración de nuevas elecciones para evitar llegar al impeachment. Como señala el citado editorial: “Dada la gravedad excepcional de esta crisis” unas elecciones permitirían colocar en la presidencia a “alguien con la legitimidad necesaria para promover reformas estructurales y sacar al país del estancamiento”.
‘Usar y tirar’
La dirección del PT, después de muchos años de sumisión al capitalismo y adaptación al Estado burgués, está enfangada en numerosos casos de corrupción, como el de Petrobrás, que ha dilapidado ingentes cantidades de dinero público. Pero aunque lo haya utilizado como bandera de las protestas, la lucha contra la corrupción no es el móvil real de la derecha brasileña, igualmente podrida hasta la médula.
A lo que estamos asistiendo en Brasil es a la política de “usar y tirar” que la derecha ha utilizado clásicamente contra la socialdemocracia cuando esta ya ha agotado su papel. Durante muchos años, Lula y la dirección del PT, instruidos por la burguesía brasileña y sus amos imperialistas, levantaron un muro de contención contra la revolución bolivariana y su peligro de contagio. Apoyándose en el crecimiento económico que les permitió algunas mejoras sociales, y en la política de paz social garantizada por la dirección de la CUT, el MST y otras fuerzas afines, pudieron atenuar la lucha de clases.
Durante todo un periodo Lula se presentó como el “chico bueno” y “realista” de la izquierda lationamericana, una vía alternativa de “desarrollo y prosperidad” al camino revolucionario que emprendió Chávez. Una muestra de hasta qué punto el gobierno contaba con la venia de importantes sectores de la burguesía a nivel nacional e incluso internacional, fueron las concesiones que recibió para organizar eventos propagandísticos y económicos de relevancia —como el Mundial de fútbol (2013) y los Juegos Olímpicos (2016)— y la llegada de miles de millones de dólares de inversores extranjeros para sostener su deuda, comprar empresas relacionadas con la extracción de materias primas y especular en bolsa.
Pero ahora el escenario ha cambiado completamente. Algunos economistas consideran que Brasil está viviendo la crisis económica más aguda de los últimos cien años. 2015 cerró con una caída del 4,5% del PIB y para 2016 se prevé otro retroceso del 3%. La situación social se está deteriorando rápidamente. La tasa de paro oficial es del 7,6%, y el desempleo juvenil en la zona metropolitana de Sao Paulo roza el 30%. El año pasado se perdió millón y medio de puestos de trabajo, se congeló el salario mínimo y los sueldos de los empleados públicos, a la vez que la inflación alcanzó casi el 11%.
En este contexto, la burguesía ha ejercido una presión brutal para que el gobierno acelere y profundice las medidas de recorte a los niveles de vida de la clase trabajadora. Aunque Rousseff ha aceptado las exigencias fundamentales dictadas por el gran capital no ha podido aplicarlas con toda la profundidad que demanda la clase dominante, debido a que se ha enfrentado a un escenario de contestación social poderoso. En 2015 una fuerte oleada de huelgas afectó a sectores clave de la economía (petróleo, enseñanza, banca, automóvil...), y estas pueden ir a más. En definitiva, los dirigentes del PT ya no son útiles para atacar a la clase obrera con la intensidad suficiente, ni son una garantía para contener el ascenso de la protesta social.
Rousseff, suspendida en el aire
Los sectores decisivos de la burguesía quieren defenestrar a la presidenta del gobierno y cuentan para ello con el respaldo del imperialismo norteamericano, empeñado en una fuerte ofensiva para controlar directamente las riendas políticas de Latinoamérica y de paso asestar un duro golpe a la influencia de China en el continente.
El profundo desprestigio del PT entre su base de apoyo tradicional, tanto por los casos de corrupción que han salpicado a sus dirigentes más reconocidos, como por el programa de recortes sociales que ha venido aplicando con mayor fuerza desde el año pasado, ha quedado de manifiesto en la mermada capacidad de movilización a favor de Dilma y Lula. Las manifestaciones del 18 de marzo que convocaron las direcciones del PT, la CUT y el MST, quedaron muy lejos de las de la derecha. La más grande, la de Sao Paulo, juntó alrededor de cien mil personas. Recurrir al supuesto “prestigio” de Lula tampoco ha mejorado las cosas. Su nombramiento como ministro del gobierno, para evitar su encarcelamiento, o su amenaza de volver a presentarse a las elecciones presidenciales de 2018, no sirven para recuperar el apoyo perdido.
La cuestión central en este momento es impulsar un fuerte movimiento de los trabajadores y la juventud con una política de clase independiente. No se puede hacer el juego a la derecha. Participar de su golpe jurídico y parlamentario para destituir a Rousseff, alegando la corrupción del PT, es preparar el camino para el triunfo de la reacción. La derecha es igual o más corrupta que la actual dirección del PT y, en caso de acceder al gobierno, aplicará las mismas políticas que Macri en Argentina: recortes, despidos masivos, ataques a los derechos democráticos…
La izquierda revolucionaria tiene la obligación de levantar una política de Frente Único contra la derecha y sus maniobras, pero también de exigencia a la CUT y al MST para que rompan con su política de paz social e impulsen un calendario de movilizaciones masivas contra los recortes sociales del gobierno del PT. Frenar a la derecha pasa por la movilización de la clase obrera, contra la crisis capitalista, por la defensa de las conquistas sociales, por la nacionalización de la banca y los grandes monopolios responsables del saqueo del país.
El proletariado brasileño se ha fortalecido durante el periodo de crecimiento económico, y tiene grandes reservas y tradiciones revolucionarias. La perspectiva de una oleada de despidos masivos en la industria, de recortes del gasto social, de aumento de las leyes represivas, ya sea bajo el gobierno de Dilma o bajo otro directamente de la derecha, hará que la clase obrera, que hasta ahora solo ha estirado sus músculos, entre con toda su fuerza en la escena.
