El pasado jueves 23 de junio el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) anunciaban en La Habana un cese el fuego bilateral. Este paso se plantea como la antesala de un acuerdo que debería ser firmado en los próximos meses y que supondría el abandono definitivo de las armas por parte de las FARC tras más de 50 años de lucha armada.
Voces tan dispares como la Casa Blanca, la ONU o los gobiernos de Venezuela y Cuba (que ha sido el principal mediador en esta negociación) apoyan el acuerdo que, como es natural, ha despertado grandes esperanzas entre la población. Al mismo tiempo, tras la experiencia de negociaciones de paz anteriores, el anuncio deja también algunas preguntas en el aire. ¿Cuál será el alcance definitivo y las perspectivas para el acuerdo? ¿Servirá realmente para acabar con las causas económicas y sociales que han provocado el conflicto armado? ¿Han sido definitivamente derrotados los sectores de la burguesía y el aparato del Estado que, a lo largo de estos cuatro años de negociaciones, han intentado (y siguen intentando) sabotear el proceso? ¿Cómo se verá afectada la lucha de los trabajadores, jóvenes y campesinos colombianos?
Para responder a estas preguntas es necesario analizar en primer lugar las causas que originaron y han alimentado la guerra durante todos estos años, comprender por qué fracasaron los procesos de paz anteriores y situar este acuerdo en el contexto de las perspectivas para el sistema capitalista y la lucha de clases tanto en Colombia y América Latina como a nivel internacional.
Los orígenes del conflicto armado
El conflicto armado colombiano es el más antiguo y uno de los más sangrientos que existen en el planeta: más de 250.000 muertos, 45.000 desaparecidos y más de 6 millones de desplazados a lo largo de los últimos 50 años. La burguesía ha hecho todo lo posible por ocultar los factores económicos, políticos y sociales que desencadenaron la guerra, presentando a las FARC y a otros grupos guerrilleros de izquierda como terroristas sedientos de sangre, narcotraficantes, etc. Sin embargo, el conflicto armado hunde sus raíces en la extremadamente injusta distribución de la tierra y la riqueza que caracterizan al capitalismo colombiano , así como la sangrienta política represiva con que la oligarquía ha respondido a la lucha del campesinado y la clase obrera por la reforma agraria y cambios sociales profundos.
Las FARC nacieron en 1964 como resultado de la unificación de varios frentes campesinos de origen liberal que fueron ganados por el Partido Comunista. La lucha de estas guerrillas se prolongaba desde el estallido social que siguió al asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán, el 19 de abril de 1948. Gaitán era candidato a la presidencia del país por una escisión de izquierdas del Partido Liberal, prometía reformas sociales muy amplias y su asesinato, ordenado por la oligarquía, provocó una insurrección obrera y campesina. Una de las consecuencias de la brutal represión para sofocar esa rebelión (que pasaría a la historia con el nombre de “Bogotazo”) fue la extensión de la guerra campesina por diferentes zonas rurales del país.
¿Por qué fracasaron las negociaciones de paz anteriores?
Desde la creación de las FARC (y el posterior nacimiento de otros movimientos guerrilleros como el M-19, EPL, ELN, etc.) en Colombia ha habido numerosas negociaciones e incluso acuerdos de paz pero nunca ha sido posible establecer una paz digna de tal nombre, al no avanzar en la resolución de los problemas políticos, económicos y sociales que alimentaban la guerra.
Las dos anteriores negociaciones entre las FARC y los gobiernos de Belisario Betancur (mediados de los 80) y Andrés Pastrana (1998-2002) se saldaron con sendos fracasos y un recrudecimiento del enfrentamiento militar. En 1983, poco antes de que Bentancur abriese la negociación con el M-19 y las FARC, las encuestas decían que más de un 70% de la población colombiana simpatizaba con la guerrilla o consideraba que existían motivos que justificaban su existencia . Ese dato reflejaba el ascenso de la lucha de masas que vivía el país, la base social de los guerrilleros y que los orígenes de su lucha permanecían frescos en la conciencia de amplios sectores de la población.
Tras suscribir un acuerdo con el gobierno, la fuerza política impulsada por las FARC junto a otros miles de activistas obreros y campesinos (Unión Patriótica–UP) se convirtió en pocos meses en el tercer partido más votado, desafiando el dominio de los partidos tradicionales de la clase dominante: liberales y conservadores. Temerosa del ascenso de la lucha obrera y popular que esto reflejaba, la burguesía respondió con una estrategia de terrorismo de estado conocida como “el baile rojo”. Entre 1985 y 1989 comandos conjuntos integrados por paramilitares (creados y financiados por el propio estado burgués) y sectores del ejército colombiano asesinaron a más de 3.000 militantes y dirigentes de la UP, incluidos dos de sus candidatos a la presidencia. Centenares de militantes del ELN y el M-19 (entre ellos su máximo dirigente y también candidato presidencial) fueron igualmente aniquilados.
El otro gran proceso de negociación con las FARC empezó en 1998. El gobierno se vio obligado a iniciar las conversaciones reconociendo que la guerrilla mantenía todavía un apoyo considerable en zonas significativas del país. Pastrana aceptó que las negociaciones se desarrollasen en una amplia extensión de territorio que quedaría por cuatro años bajo control exclusivo de las FARC. Activistas obreros y populares hacían llegar sus reivindicaciones y propuestas desde distintos puntos del país a los comandantes para que fuesen incluidas como parte de un acuerdo de paz.
La burguesía colombiana nunca tuvo la más mínima intención de ceder a ninguna de esas reivindicaciones. Ni siquiera a puntos irrenunciables para la guerrilla como el desmantelamiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la confederación de todos los grupos paramilitares que el mismo estado colombiano había contribuido a crear para enfrentar a la izquierda. Para la clase dominante aquella negociación sirvió para ganar tiempo y debilitar militar y políticamente a las FARC. Mientras prolongaban las discusiones durante 4 años en la zona de distensión, los combates militares continuaban en el resto del país y la alianza de facto entre el ejército y los paramilitares -con apoyo del imperialismo estadounidense- conseguía, gracias a los gigantescos recursos del Plan Colombia (justificados con la supuesta lucha contra el narcotráfico), mermar el poder militar de las FARC.
Pero el golpe más importante fue político. La burguesía utilizó su control de los medios de comunicación para culpar de la prolongación de la violencia a los guerrilleros, borrar los orígenes de su lucha y crear un clima de miedo y rechazo contra el ELN y las FARC. Muchos métodos utilizados por los guerrilleros tras décadas de combate desigual contra el Estado (secuestros, bloqueos de carreteras, atentados contra centrales eléctricas u oleoductos) perjudicaban a la población y resultaban incomprensibles para sectores crecientes de ésta. La ausencia de un programa y métodos por parte de los dirigentes guerrilleros que desplazase el eje de la lucha hacia la movilización de masas y vinculase las reivindicaciones inmediatas de la clase obrera y el pueblo a la lucha por la paz (y ambas a la necesidad de una transformación social revolucionaria) facilitó la labor a la burguesía.
La pequeña burguesía urbana y rural giró bruscamente a la derecha, capas de la población más pobre hastiadas de la guerra empezaron también a aceptar la versión oficial que presentaba a los guerrilleros como principales responsables de la violencia. En 2002, tras el atentado del 11 de septiembre en Nueva York, en el contexto de la “lucha internacional contra el terrorismo” proclamada por el imperialismo estadounidense como paraguas para su intervención en distintos lugares del planeta, la administración Bush incluyó a las FARC en la lista de organizaciones terroristas y presionó al gobierno Pastrana para que provocase la ruptura de la negociación haciendo recaer la responsabilidad sobre los dirigentes guerrilleros. La frustración consiguiente fue aprovechada para lanzar una campaña de histeria sin precedentes contra las FARC.
De la “mano dura” de Uribe al “acuerdo nacional” de Santos
Sobre la ola de esa campaña de odio y miedo a la guerrilla se desarrolló el uribismo. Álvaro Uribe Vélez, representante de la más rancia burguesía ganadera y terrateniente (ex gobernador de Antioquia y conocido por sus vínculos con el paramilitarismo, utilizó la promesa de “acabar con la inseguridad y el terrorismo”, junto al descrédito de los partidos liberal y conservador a causa de numerosos escándalos de corrupción y toda una serie de promesas demagógicas (mejorar la economía, “luchar contra la corrupción”) para alcanzar la presidencia.
La burguesía encumbró a Uribe, utilizando su discurso populista de derechas para desviar el malestar social, seguir aislando a la guerrilla e intentar frenar también a la izquierda legal agrupada en el Polo Democrático, cuyo apoyo electoral estaba creciendo. El uribismo se benefició del auge de la economía mundial y el aumento del peso de las exportaciones de oro y petróleo en la economía colombiana. De 2000 a 2013 el peso del petróleo pasó de representar un 27,34% de las exportaciones a significar el 55,22%. La ayuda económica y militar de la Casa Blanca, que veía en Uribe un ariete contra la revolución venezolana, también contribuyó a que su gobierno pudiera ofrecer a la clase dominante una aparente estabilidad política de la que no disfrutaba hacía tiempo.
Los medios de comunicación de la burguesía colombiana y mundial que hoy hablan de presos políticos, represión y dictadura en Venezuela (incluidos El País y figuras como Felipe González, muy vinculado a la corrupta y degenerada oligarquía colombiana ) le “lavaron la cara” a este criminal que había llegado a estar incluido por la DEA en una lista de políticos colombianos vinculados al narcotráfico y cuyos vínculos con los paramilitares eran conocidos desde sus tiempos como gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín.
La situación empieza a cambiar cuando, tras la lucha indígena, varias huelgas sectoriales y la huelga general de 2008, la movilización obrera y popular (estimulada por el giro a la izquierda en toda América Latina) repunta también en Colombia y supera los intentos de seguir manteniéndola dispersa mediante la criminalización y la represión. Ello se combina con que sectores significativos de la burguesía colombiana ven con creciente inquietud la independencia y poder adquiridos por la camarilla uribista. Su actuación, cada vez más fuera de control, tanto al enfrentar la movilización popular como al provocar la ruptura de relaciones con Venezuela (segundo destino de las exportaciones colombianas) e incluso cuando organiza acciones de espionaje y coacciones contra otros sectores de la clase dominante (intentando disputarles determinados espacios de poder económico y político) convence a sectores decisivos de la burguesía industrial y financiera de la necesidad de deshacerse de Uribe y devolver el bastón de mando a uno de los suyos. Con el apoyo de Washington, donde Obama acaba de sustituir a Bush –tradicional apoyo de Uribe-, abortan todos los intentos de que éste pueda presentarse a un tercer mandato e imponen como candidato y nuevo presidente a Juan Manuel Santos, miembro de una de las familias más poderosas de la oligarquía bogotana y hasta pocos meses antes Ministro de Defensa del propio Uribe.
Las divisiones en el seno de la burguesía colombiana y la apuesta de Santos por la negociación
Como entonces explicamos, las diferencias entre Santos y Uribe no eran de carácter personal ni coyuntural. Expresaban (y siguen expresando) diferentes intereses dentro de la clase dominante y divergencias respecto a quién controla el aparato estatal y qué estrategia seguir tanto para enfrentar el malestar social como para reubicar al capitalismo colombiano en un contexto de crisis prolongada como el que vive el capitalismo mundial.
Aunque en ese momento, año 2010, Santos y Uribe forman parte todavía del mismo partido, el nuevo presidente sorprende a propios y extraños buscando rebajar la tensión con Venezuela, articulando una alianza con diferentes partidos enfrentados a Uribe, adoptando un discurso “reformista” y aplicando medidas que marcan distancias respecto a su antecesor, llegando al extremo de procesar por corrupción y paramilitarismo a varios colaboradores cercanos y familiares de Uribe. Como parte de ese giro, Santos apuesta (primero buscando contactos secretos a través de su propio hermano con representantes de las FARC y posteriormente ya de manera pública) por un nuevo proceso de paz.
Uno de sus objetivos es utilizar la negociación para reforzar su imagen “centrista” y aplicar toda una serie de reformas políticas y económicas que considera estratégicas para el capitalismo colombiano. Junto al interés político, la “paz” también significa para el sector de la burguesía que representa Santos importantes beneficios económicos. En medio de una lucha despiadada por los mercados y las fuentes de materias primas a nivel mundial, la burguesía colombiana ha apostado por diversificar sus socios comerciales (firmas de TLC además de con EEUU, con la UE, Corea del sur y otros) y sus exportaciones, incrementando el peso de la producción y exportación de alimentos y biocombustibles (transgénicos, etc.) Para ello necesita abrir vastas extensiones del campo colombiano que considera insuficientemente aprovechadas (o paralizadas por el conflicto armado) a la explotación de las grandes multinacionales del sector.
Estas implicaciones económicas han sido recordadas al sector de la burguesía colombiana encabezado por Uribe que se opone al acuerdo con las FARC por varios estrategas de la burguesía durante las últimas semanas. “No hay que olvidar, que en estos momentos decisivos en el proceso de paz, cuando los dilemas del posconflicto se hacen más tangibles que nunca, Colombia se encuentra inmersa en una grave crisis de su modelo de crecimiento económico. (…) Según un reciente informe de la Agencia Nacional de Inteligencia de EEUU, Colombia está destinada a ser una de las grandes sorpresas de la economía mundial. Eso no depende de la solución del conflicto armado, pero su fin facilitaría que el despegue histórico del país sea más incluyente socialmente y, por tanto, más potente y sostenible.”
Avances y obstáculos en la firma del acuerdo
Santos confiaba en que los golpes militares infligidos durante los últimos años a las FARC facilitarían un acuerdo rápido. Esta perspectiva se ha visto obstaculizada por la agudización de la crisis económica y la lucha de clases en el país. Y, vinculado a ambos factores, por el mantenimiento de las divisiones en el seno de la clase dominante. Como ya ocurriera en 2002, Uribe ha hecho bandera de la oposición al proceso (que califica de “entrega del país a los terroristas”) e intenta utilizar el incremento del desempleo, la pobreza y la inseguridad ciudadana para extender su base social y movilizarla contra cualquier concesión a las FARC. Los uribistas mantienen posiciones importantes en el aparato estatal y el ejército que han utilizado durante estos cuatro años para sabotear la negociación, y todo indica que las seguirán utilizando para dificultar el cumplimiento del acuerdo.
Tras ganar claramente la presidencia en 2010, Santos perdió -en la primera vuelta de las presidenciales de 2014- 3 millones de votos (fundamentalmente a causa del incremento del desempleo y la inseguridad) siendo superado por el candidato presentado por el partido de Uribe. El descontento no sólo se expresó por la derecha. El Polo Democrático (principal fuerza electoral de la izquierda) multiplicó por 5 su apoyo respecto a las anteriores presidenciales, sumando 2 millones de votos, un 18%. El propio Santos tuvo que reconocer que su victoria en segunda vuelta frente al candidato uribista se debió a la movilización de los votantes de izquierda para evitar el descarrilamiento del proceso de paz.
Las elecciones regionales celebradas a finales de 2015 fueron planteadas por Santos y Uribe como un barómetro del respaldo o rechazo al proceso de paz. Los partidos que apoyan al gobierno ganaron la mayoría de gobernaciones, el partido de Uribe obtuvo un resultado bastante inferior al que esperaba. Por otra parte, encuestas recientes muestran una caída importante en la popularidad de Santos como resultado de la desaceleración económica (fruto de la caída de los precios del petróleo). Este desgaste es una de las razones que han empujado a Santos a presionar a las FARC para firmar un acuerdo definitivo cuanto antes (incluso a costa de dejar algunos aspectos sin resolver de manera definitiva)
Hasta el momento los negociadores han alcanzado acuerdos en varios puntos clave: constitución de la guerrilla en partido político y reforma de las circunscripciones electorales que facilite su representación institucional, garantías de no extradición… También se ha llegado a acuerdos acerca de los cultivos ilícitos, como el método a aplicar y las ayudas a pequeños productores para sustitución de cultivos. Otro acuerdo importante para las FARC son los planes de desarrollo agrario, que incluirían su propuesta de creación de los territorios campesinos. Estos serían territorios de propiedad colectiva manejados por quienes elija la comunidad y se les reservarían 8 millones de hectáreas y 6 millones para las Zonas de producción campesina de alimentos, también propuestas por las FARC.
Esta medida nada tiene que ver con una reforma agraria que distribuya de manera justa la tierra en el conjunto del país y acabe con el latifundio. Su objetivo sería ofrecer una alternativa a los guerrilleros desmovilizados y la población de las zonas que hoy controlan las FARC. Aun así, no se especifica si se les facilitarán los trámites a los desmovilizados para constituir esos territorios o si accederán a territorios campesinos ya constituidos. Tampoco está nada claro si estas medidas serán suficientes para garantizar la integración de los desmovilizados y su entorno social.
Otros temas sensibles siguen pendientes de acuerdo definitivo. Las FARC defendían que cualquier acuerdo fuese ratificado por una Asamblea Constituyente y formase parte de una reforma constitucional que garantizase la democratización del país. Santos se ha negado a cualquier cambio en el modelo económico o político y ha anunciado que convocará un plebiscito para ratificar los acuerdos. También quedan pendientes detalles acerca de la verificación, plazos y forma de la entrega de armas por parte de la guerrilla y de otro de los puntos más espinosos (y que más intentan utilizar los enemigos del acuerdo): el alcance de la amnistía y cumplimiento de penas por delitos de sangre ocasionados durante estos años de guerra.
Durante la negociación, las FARC exigieron -como parte de la justicia con las víctimas y el restablecimiento de la verdad- que se publicasen todos los documentos secretos y acuerdos de Consejos de Ministros desde los años veinte del siglo pasado. Por supuesto, Santos nunca tuvo intención de aceptar nada semejante ya que desvelaría las raíces políticas y sociales del conflicto, la conexión entre el aparato estatal burgués y el paramilitarismo y la guerra sucia y crímenes de estado llevados a cabo por ambos. Por el momento esa divergencia se ha “resuelto” mediante una fórmula general que “salva los muebles” pero ocasionará seguramente conflictos y tensiones a la hora de su aplicación a cada caso concreto. No serán los tribunales ordinarios sino una jurisdicción especial la que se encargue de investigar las denuncias por delitos de sangre, secuestros, etc. tanto contra guerrilleros como contra militares, policía o representantes del aparato estatal. Paralelamente, como en otros procesos similares, se plantea una amnistía muy amplia y reducción de penas para los casos más graves, con incentivos en caso de confesión.
Pese a los flecos pendientes y la campaña de movilizaciones contra el acuerdo que ha anunciado Uribe, es bastante probable que en un mes o un par de meses éste sea suscrito. A diferencia de procesos anteriores sectores decisivos de la burguesía colombiana y del imperialismo apuestan decididamente por el acuerdo y las FARC están más debilitadas y sus dirigentes convencidos de que esa es su mejor opción. A ello se une que el proceso ha llegado tan lejos que una ruptura a estas alturas tendría un coste político difícil de asumir tanto para el gobierno como para la guerrilla. Como en otros procesos similares, los negociadores esperan que las esperanzas generadas por el abandono de las armas sirvan para vencer las resistencias y conflictos que puedan ir surgiendo. Una vez firmado el acuerdo gobierno-FARC se iniciaría la negociación con el ELN, que los expertos prevén bastante más rápida, al utilizar criterios y fórmulas similares a las acordadas con las FARC.
La agudización de la crisis del capitalismo colombiano y las perspectivas para la paz
Entre los activistas y militantes de izquierda el apoyo al proceso de paz es prácticamente unánime. Existe una conciencia muy extendida de que, más allá de que el acuerdo no recoja toda una serie de reivindicaciones históricas que sí se plantearon con mayor insistencia en negociaciones anteriores, un alto el fuego definitivo puede significar desplazar el eje del enfrentamiento militar de los guerrilleros con el Estado (y la utilización que de ello hace la reacción para desviar la atención e intentar criminalizar a toda la izquierda) hacia la lucha de masas. Ello por si solo es visto como un paso adelante.
Al mismo tiempo, miles de activistas obreros, campesinos y estudiantiles comprenden correctamente que la firma del acuerdo está lejos de significar que se ha impuesto de manera definitiva la paz. Numerosas declaraciones de sindicatos y colectivos campesinos y populares, al tiempo que saludan el proceso de paz y se comprometen a luchar por defenderlo, insisten correctamente en que la negociación y el acuerdo entre el gobierno y los dirigentes guerrilleros no debe suponer aplazar, moderar o renunciar a reivindicaciones por las que ha venido luchando el movimiento obrero, campesino y estudiantil en Colombia durante todos estos años. Ese es el camino, porque -junto a los obstáculos más inmediatos y evidentes que ya hemos mencionado- el principal obstáculo para que la firma de cualquier acuerdo se convierta en la desaparición de las causas que originaron la guerra es la existencia del sistema capitalista.
La distribución de la tierra sigue siendo extremadamente injusta. Un 1% de propietarios concentra el 60% de superficie apta para el cultivo. La economía colombiana, como todas las demás economías latinoamericanas depende de las exportaciones y está entrando en crisis. “La caída en los precios del petróleo redujo en 12 mil millones de dólares los ingresos de 2015 a los que se sumarían otros 6 mil millones este año, casi 7% del PIB del país. Los “mercados”, actores sagrados en esta nación, advierten sobre un choque inminente; piden “severidad” en el ajuste fiscal y rebajan las perspectivas del país y de sus principales bancos.” El ingreso petrolero representa el 20% del ingreso fiscal. El presupuesto para 2015 se estableció con un valor de 95 dólares por barril que cayó a 40 dólares. Para este año proyectaron 62 dólares por barril. Actualmente oscila en torno a 40.
Para intentar retrasar el ajuste más duro, que el mismo fuese posterior a la negociación con las FARC y afectase lo menos posible a la ratificación del acuerdo por la población, el gobierno ha recurrido a incrementar su endeudamiento con los organismos internacionales y subir el IVA como parte de una inminente reforma tributaria que sindicatos y movimientos sociales prevén muy regresiva. La devaluación del peso también ha aplazado temporalmente la entrada en recesión pero a costa de hacerla más dura cuando se produzca. “Los economistas del poder advierten que el próximo paso (…) será el ajuste hacia el crecimiento interno. El gerente general del Banco de la República, José Darío Uribe, fue concreto durante un foro de debate sobre la situación económica: ‘La caída del ingreso no puede tratarse como una caída temporal; no podemos seguir gastando como antes y financiándonos con ahorro del exterior con la expectativa que en el futuro vamos a generar nuevos ingresos para pagar esa deuda’ (…) Colombia no escapará a los duros impactos de la crisis petrolera, que ya golpea a sus vecinos Venezuela y Ecuador: ‘Colombia no será la excepción, es cuestión de tiempo’, anticipa.”
El mismo análisis lo hacen voceros de la burguesía internacional, como el ex ministro de asuntos exteriores israelí y presidente del Centro Internacional de Toledo por la Paz (CIT) (implicado en el seguimiento del acuerdo), Shlomo Ben Ami: “Los petrodólares colombianos adquirieron un papel clave en la financiación del fortalecimiento del Estado y, en particular, tanto de la política de Seguridad Democrática del presidente Uribe como la política de Seguridad para la Prosperidad y la Paz del presidente Santos. Este modelo ha entrado en crisis precisamente cuando se requiere financiación masiva para las leyes agrarias mencionadas, para la reinserción de los insurgentes (una pieza fundamental del posconflicto) y para enfrentarse a los dilemas de la nueva era. La era de precios bajos –exceso de oferta, la crisis de demanda china, la convulsión que crea el fracking en el mercado energético– se complica más para Colombia debido a que sus reservas de crudo están descendiendo rápidamente. La salida de esta difícil coyuntura requiere que Colombia entre en un Plan Marshall de dimensiones históricas para mejorar sus infraestructuras internacionales al nivel que requieren los nuevos tiempos. Las infraestructuras, además, son la clave para la integración del territorio nacional en el posconflicto y será la manera de extender la presencia del Estado a través de la vasta geografía colombiana. Donde hay Estado no hay guerrilla ni bandas criminales; y con estos no hay desarrollo ni prosperidad.”
Según distintos analistas son necesarios al menos 30.000 millones de dólares para el “postconflicto”. Y eso sólo para atender a la integración de los desmovilizados, planes agrarios, reparaciones a las víctimas y demás. En un contexto de crisis será mucho más difícil que esto se cumpla. Pero, además, el empeoramiento de las condiciones de vida de las masas tenderá a incrementar la lucha de clases en el campo y la ciudad y la represión de esa lucha por parte de la oligarquía. Durante los últimos meses distintas organizaciones de derechos humanos han denunciado el incremento de los asesinatos de luchadores por los derechos humanos a manos de las llamadas bandas criminales (Bacrim), resultado de la reorganización de los paramilitares. Aunque tras la firma en 2006 del acuerdo de desmovilización entre el gobierno de Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se proclamó la desaparición de los militares para ningún activista de izquierda en Colombia es un secreto que éstos, aunque con menos poder y dispersos en grupos más pequeños (y más controlables por la burguesía) siguen existiendo.
Para la clase obrera y el pueblo de Colombia la clave sigue siendo la misma que a lo largo de toda su historia: no tener ni un gramo de confianza en ningún sector de la clase dominante, organizar y unificar su lucha de masas contra al ajuste y recortes que prepara la burguesía colombiana y construir un Frente Unitario de todas las organizaciones de izquierda que sea capaz de desarrollarse como una alternativa política de masas, recogiendo el malestar social y las ansias de cambio existentes, agrupando todas las reivindicaciones de la clase obrera, la juventud y los campesinos en un programa común y vinculándolas a la necesidad de luchar por una transformación revolucionaria de la sociedad.
