Después de cinco años de profunda crisis económica, con una reducción acumulada del PIB del 50% y una hiperinflación desbocada, el 20 de agosto el presidente venezolano, Nicolás Maduro, presentaba el llamado Plan de Recuperación Económica. Éste incluye, entre otras medidas, una nueva devaluación del bolívar, la subida del IVA del 12 al 16% y el compromiso de aumentar el precio de la gasolina —la más barata del mundo— hasta situarlo “a precios internacionales”.
Estas medidas significarán un golpe durísimo para el pueblo que, tras beneficiarse de las medidas progresistas aplicadas por Chávez y mejorar significativamente sus niveles de vida de 2003 a 2012, lo han visto retroceder brutalmente desde 2013. Venezuela, país tradicionalmente receptor de inmigrantes del resto de Latinoamérica, vive una situación de colapso económico, y ya son más de 2,5 millones de jóvenes y trabajadores los que han salido del país en cuatro años.
Reconversión monetaria, aumento salarial e hiperinflación
Junto a las medidas mencionadas, el gobierno de Maduro ha derogado las leyes que impedían comprar y vender divisas a bancos y casas de cambio, creando una nueva moneda, el Bolívar Soberano (Bs S), cuya tasa de cambio se fija inicialmente en 1 dólar por 60 Bs S, precio al que se situaba el dólar paralelo en el momento de hacer la reconversión monetaria, y que fluctuará según el mercado.
El plan explicado por Maduro ancla el Bolívar Soberano al Petro, la criptomoneda creada hace meses por el propio gobierno. Desde instancias oficiales se sostiene que el Petro atraerá inversores y garantizará estabilidad al Bs S porque estará respaldado por el precio del petróleo venezolano. La realidad es que los propios precios petroleros están sometidos a vaivenes que escapan al control del gobierno: la petrolera estatal (PDVSA) sufre una grave crisis y su producción ha caído 1,8 millones de barriles por día debido a la desinversión, las medidas de bloqueo del imperialismo estadounidense y la corrupción burocrática. En la práctica, la creación del Petro significa confiar la recuperación de la economía no ya a los inversores capitalistas sino al sector más parásito de ellos: los fondos de inversión y especuladores financieros.
Los defensores del plan sostienen que, aunque dolorosas, estas medidas acabarán con el mercado paralelo, harán fluir dólares de éste al mercado oficial y, junto a la subida del IVA y la gasolina, incrementarán los ingresos del Estado, permitiendo reducir el déficit sin recortar los gastos sociales “tanto” como exigen los capitalistas venezolanos y el imperialismo. Pero después de activado el Plan, el mercado paralelo sigue vivo y coleando, el dólar paralelo ya ha subido de 60 a 90 Bs S y los precios de todos los productos, que ya resultaban inalcanzables para un trabajador, se han disparado alrededor del 100%.
Como contrapeso, el gobierno anunció un incremento del salario mínimo de 5 millones de antiguos bolívares (equivalentes a 50 Bs S) a 180 millones (1.800 Bs S), para entrar en vigor en septiembre. Pero el desplome del bolívar soberano respecto al dólar y las constantes subidas de precios podrían pulverizar dicho aumento antes de hacerse efectivo.
Otra medida contra los incrementos de precios está siendo amenazar con multas e incluso la cárcel a empresarios y comerciantes que suban precios “injustificadamente”. Esto suena muy radical pero, ya que el gobierno no tiene ninguna intención ni de expropiar a la banca ni nacionalizar las grandes empresas bajo el control democrático de los trabajadores, su resultado práctico está siendo incrementar el acaparamiento y desabastecimiento. Muchos empresarios y comerciantes han respondido amenazando con cerrar o dejar de producir para presionar al gobierno y que acepte las subidas de precios que ellos consideren, como ya pasó en ocasiones anteriores.
Derrotar a la contrarrevolución capitalista y burocrática. Todo el poder a los trabajadores y el pueblo
La oposición de derechas intenta aprovechar esta situación para levantar cabeza. Desde su derrota en julio de 2017, cuando intentaron impedir con acciones de violencia callejera y terrorismo, que causaron más de 100 muertos, las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente y tomar el poder violentamente, sus bases permanecen apáticas, divididas y desmoralizadas.
El sector más fascista reivindica acciones desesperadas como el atentado terrorista frustrado contra el presidente Maduro del pasado 4 de agosto. Otros sectores, tras disolver la MUD, lanzaron el llamado Frente Amplio Venezuela Libre. Intentan presentarlo como una confluencia de movimientos reivindicativos y sociales, pero el paro general contra el Plan de Recuperación que convocaron el 21 de agosto acabó en un nuevo fracaso. Los comercios que no abrieron, fundamentalmente pequeños negocios, no lo hicieron por la convocatoria sino por la incertidumbre ante el inicio de la reconversión monetaria. Ni siquiera la patronal Fedecámaras apoyó oficialmente el paro.
Hay un amplio sector de la burguesía que junto al imperialismo estadounidense siguen apostando a que el desastre económico permita derribar cuanto antes a Maduro y poner en Miraflores a uno de sus representantes directos. Pero hay otros que temen las consecuencias sociales de un plan de recortes y ataques gestionado por la derecha, y que además se benefician de seguir haciendo negocios con el actual gobierno y apuesta, al menos por el momento, a que sea el propio Maduro, o militares y burócratas de trayectoria chavista, quienes lideren una transición que acabe de desmantelar definitivamente todas las conquistas y avances de la época de Chávez.
Ambos sectores han reaccionado al plan de recuperación con escepticismo y exigiendo que los recortes sean más drásticos y concretos, pidiendo específicamente el fin de diferentes medidas asistenciales y clientelares, acabar con la gratuidad del Metro de Caracas y elevar a precios de mercado las tarifas de luz, agua o teléfono, que la burocracia mantiene subvencionados para conservar apoyo social y evitar una explosión social.
El objetivo de la burocracia es estabilizar el capitalismo y abandonar definitivamente cualquier “veleidad” revolucionaria, pero manteniendo firmemente el control sobre el proceso. Para conseguirlo intentan frenar, aislar, desactivar y reprimir cualquier movimiento crítico (especialmente si proviene de la izquierda), combinando políticas clientelares que les permitan mantener el control sobre sectores de las masas. Su referente es un régimen bonapartista burgués y autoritario como el chino, y su modelo de capitalismo de Estado.
El problema tanto para la burocracia como para la oposición de derechas es que la crisis del capitalismo venezolano es muy profunda, y el contexto político y económico latinoamericano altamente inestable: agudización de la lucha de clases, victoria de AMLO en México, insurrección en Nicaragua, avance de la izquierda en Colombia, etc.
Por ahora el colapso económico, que condena a millones de trabajadores a luchar por su supervivencia y la de sus familias, crea enormes dificultades para la participación y organización política y sindical y limita y mantiene dispersas las luchas. A ello se une la falta de una organización independiente y genuinamente revolucionaria de la clase obrera que unifique al chavismo crítico y los sectores más combativos del movimiento obrero y popular para levantar una oposición de izquierdas a la burocracia.
Pero el malestar y la rabia crecen. Movilizaciones y protestas como la de las enfermeras, los trabajadores del cemento y otros, la Marcha Admirable de los campesinos hasta Caracas, muestran que la última palabra no está dicha. Hoy, entre las masas, predomina la confusión política y el desánimo. Sin embargo, muchos jóvenes y trabajadores están sacando conclusiones de esta terrible experiencia y buscando una alternativa para luchar contra los capitalistas y burócratas. Esta alternativa sólo puede ser una verdadera revolución socialista que ponga todo el poder, político y económico, en manos de los trabajadores y el pueblo.
