Chile vive una situación explosiva. El gobierno reaccionario de Piñera ha respondido al levantamiento popular con una represión salvaje: 13 muertos a día de hoy, 88 personas en el hospital por las balas de la policía y los militares, cientos de heridos, más de 1.400 detenidos, y el toque de queda en seis regiones del país con los soldados patrullando las calles, evocando inevitablemente las imágenes de la dictadura pinochetista.
Lo que comenzó como una protesta masiva en Santiago y otras ciudades contra la subida del precio del billete del metro, ha acabado por transformarse en un choque frontal entre las clases. La fuerza demostrada en las movilizaciones ha sido de tal envergadura que el Gobierno de Piñera no ha tenido más remedio que retirar la subida. “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite”, declaró Piñera hace unos días. En efecto, su enemigo es el pueblo, y todas sus medidas represivas y sus maniobras ni de lejos han sido suficientes para calmar los ánimos. Esta victoria ha llenado de entusiasmo al movimiento de la juventud, los trabajadores, los pobres de las ciudades, y también de sectores de las clases medias empobrecidas, provocando una intensificación y radicalización de las protestas contra la devastación social que recorre Chile.
La situación ha puesto al Gobierno de derechas contra las cuerdas. El pánico se ha adueñado del ejecutivo que ha intentado frenar esta explosión con una represión salvaje. Se ha decretado el Estado de excepción prohibiéndose derechos básicos como el de reunión y manifestación, acompañándolo de un toque de queda para todos los ciudadanos de 10 de la noche a 7 de la mañana. Estas medidas no eran tomadas desde los tiempos de la dictadura de Pinochet y reflejan el pavor del Gobierno ante el despertar de las masas chilenas. Pero, lejos de amedrentarse, la clase obrera chilena y la juventud están respondiendo con contundencia desafiando la presencia de los militares en las calles y el toque de queda.
La presión es tan grande que la Central Única de Trabajadores (CUT), que durante estos años ha sido un pilar de la paz social y la política de la Concertación (la alianza del PS, PC y la Democracia Cristiana), se ha visto obligada a convocar a la huelga general este miércoles 23 de octubre.
El proceso de toma de conciencia de los oprimidos
Este impresionante levantamiento popular ha cogido completamente desprevenida a la burguesía. Los analistas de los medios de comunicación no dan crédito a esta situación. Hasta hace solo unas semanas, Chile era descrito por los grandes empresarios y por el propio FMI como el modelo a seguir por el resto de países de América Latina. También, desde la izquierda, incluso desde organizaciones que se reclaman “revolucionarias”, todo eran lamentos y desmoralización, culpando a la clase obrera y la juventud por “su bajo nivel de conciencia” y haber “permitido” el triunfo de Piñera.
Pero hay que decir que la actual explosión se ha venido incubando desde hace años, especialmente por la frustración provocada bajo los gobiernos del Partido Socialista, y la complicidad que con ellos ha mantenido el Partido Comunista g(PCCh) y la CUT.
Siguiendo el modelo de la Transición española, los crímenes de la dictadura de Pinochet quedaron impunes. El aparato del Estado no fue depurado de fascistas, y las direcciones del Partido Socialista y Comunista cedieron vergonzosamente en la lucha de masas que derrotó a la dictadura, pactando con sus herederos una “transición democrática” que salvaguardara el sistema capitalista.
Años de políticas neoliberales aplicadas tanto por los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet (PS) como por los partidos de la burguesía (Piñera), han provocado un empobrecimiento generalizado y una desafección inevitable hacia el régimen.
Pobreza, privatizaciones y represión: el combustible de las revueltas.
El presidente del país, Sebastián Piñera, describía no hace tanto a Chile como el “oasis de América Latina”. Un pequeño refugio para las grandes fortunas frente al ascenso revolucionario que se desató por todo el continente. Para entender este giro de 180 grados en la situación del país es necesario conocer la enorme pobreza que asola toda la nación, así como las grandes desigualdades existentes.
Aunque las cifras oficiales hablan de que un 11% de los chilenos se encuentran bajo el umbral de la pobreza, estudios independientes elevan esta cifra al 20,7%. Un 70% de la población gana menos de 770 dólares mensuales, mientras que el precio de bienes básicos como el de la vivienda se ha incrementado hasta en un 350% en la última década en ciudades como Santiago. Este callejón sin salida ha provocado que once millones de chilenos se encuentren endeudados.
Pero mientras unos viven en la pobreza, otros se hacen de oro. Un estudio reciente del Banco Mundial, sitúa a Chile junto a Ruanda como uno de los ocho países más desiguales del mundo. El 1% más rico de Chile se apropia del 26,5% del ingreso nacional, mientras que el 50% de los hogares más pobres sólo accede al 2,1% por ciento del mismo.
A todo ello hay que sumar una ausencia casi completa de servicios públicos. La dictadura de Pinochet supuso una ofensiva neoliberal brutal, que destruyó por completo el tejido público. A pesar de que la dictadura finalizó oficialmente en 1990, lo cierto es que los servicios públicos en Chile siguen siendo prácticamente inexistentes. Los sistemas sanitarios, educativos o de pensiones públicos son ridículos y así han sido mantenidos por los diferentes gobiernos del PS. Solo aquellos que pueden costearse una alternativa privada pueden acceder a las prestaciones sociales más básicas.
Esta situación ha generado multitud luchas en los últimos años. Las movilizaciones estudiantiles de 2011 se erigieron como un símbolo para los jóvenes de todo el mundo. De igual forma en 2016 surgió la plataforma No + AFP cuyo objetivo es poner fin a los planes de pensiones privados y lograr unas pensiones dignas para acabar con el drama de la pobreza de los jubilados, una auténtica epidemia que asola el país. También hay que destacar el extraordinario movimiento de las mujeres que el año pasado consiguió por primera vez el reconocimiento del derecho al aborto en determinados supuestos.
La cantidad se ha transformado en calidad, y todos aquellos movimientos junto a un profundo resentimiento contra el gobierno y la oligarquía, y la brutal represión de los milicos y la policía, han cristalizado para desatar un estallido revolucionario que señala también a esa izquierda entregada a la lógica del sistema.
La clase obrera chilena entra en acción
El punto decisivo para que esta transformación se consumase ha sido la irrupción de la clase obrera con sus métodos de lucha, superando a los burócratas que han tratado de frenar el movimiento. El colegio de profesores de Chile realizó un llamamiento público a paralizar las clases en todo el país el lunes 21 de octubre, para acabar con el Estado de excepción y con la miseria que sufren millones de chilenos. En un comunicado contundente, señalaron directamente a los oligarcas y grandes empresarios como responsables de la dramática situación que vive el país, proponiendo una jornada de huelga general de todos los sectores. Los estibadores también llamaron al paro el mismo lunes y el personal sanitario el martes. La CUT, sindicato mayoritario de Chile y tradicionalmente bajo la influencia del Partido Comunista, se ha visto obligada a convocar a la huelga general el miércoles 23 de octubre, en la que promete ser una jornada histórica que puede terminar de tumbar el Estado de excepción y al gobierno reaccionario de Piñera.
Chile se halla un punto de inflexión. Las condiciones para derribar al gobierno asesino de Piñera, que alentó el golpe de Estado en Venezuela respaldando a Guaidó, el mismo que junto a Macri ha sido obediente mayordomo del imperialismo norteamericano, el representante de la oligarquía pinochetista, está al alcance de la mano. Pero para ello es necesaria la movilización decidida y sin vacilaciones de los sindicatos y organizaciones de la izquierda combativa, que deben mantener la lucha independiente de los trabajadores y la juventud, impulsar la formación de comités de unidad de acción en todos los centros de trabajo, de estudios, barrios… y extender la huelga general el tiempo que sea necesario. También es necesario hacer un llamamiento enérgico a los soldados para que no repriman al pueblo, organicen comités dentro de los cuarteles y paralicen las órdenes de los mandos sumándose a las movilizaciones populares.
Es el momento de levantar un programa socialista genuino, basado en la lucha de masas, y poner todas las fuerzas para la construcción de un partido revolucionario de los trabajadores. La política de colaboración de clases, que han aplicado las direcciones reformistas de la izquierda, ha supuesto un fracaso rotundo. La expresidenta de Chile y actualmente alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo un llamamiento patético a Piñera: “Exhorto al Gobierno a que trabaje con todos los sectores de la sociedad hacia soluciones que contribuyan a calmar la situación e intentar abordar los agravios de la población en interés de la nación”. Pero el PCCh no se distingue de esta posición, y su dirección también ha repetido los mismos llamados vacíos e institucionales a que Piñera “escuche al pueblo”.
La clase obrera y la juventud chilena están reatando el nudo de la historia, poniendo otra vez de manifiesto sus tradiciones revolucionarias y están dispuestos a ir hasta el final. En los próximos días vamos a ser testigos de grandes acontecimientos para Chile y el conjunto de América Latina.
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