El martes 4 de Febrero Gustavo Petro convocaba un Consejo de Ministros para hacer balance de la gestión de su gobierno. El Consejo, retransmitido en directo por televisión, impactaba a millones de personas que votaron por Petro y asistían desconcertadas a una batalla campal de recriminaciones y acusaciones entre ministros que se saldaba con la renuncia de dos de ellos y varios altos cargos. El domingo 9 de Febrero Petro pedía la dimisión a todos para nombrar un nuevo Gobierno.
Pero el problema no se resuelve únicamente cambiando de ministros. El “Gobierno del cambio” de Petro está siendo un claro ejemplo de las contradicciones a las que se enfrenta la izquierda parlamentaria y socialdemócrata debido al colaboracionismo con la burguesía, que lleva a pactar acuerdos poco o nada beneficiosos para la clase obrera. Como reconocía el propio presidente colombiano: “Me da vergüenza. De 195 compromisos, se han incumplido 146”[1]
Los pactos con la derecha paralizan al gobierno
Petro es el primer presidente de izquierdas de Colombia. Ganó en 2022 gracias a la rabia, frustración y descontento que desataron el levantamiento revolucionario de 2021, cuando millones de oprimidas y oprimidos tomaron las calles y paralizaron el país, creando asambleas, comités de lucha y las “primeras líneas”, organismos populares de autodefensa contra la represión militar y policial que controlaban barrios enteros.
Si él y los dirigentes sindicales hubiesen convocado una huelga general y llamado a unificar esos organismos de lucha, habrían podido tomar el poder por medios revolucionarios. Pero plantearon que todo debía pasar por ganar las elecciones y cambiar las cosas desde el Parlamento. Tras llegar al Gobierno, renunció a basarse en el impulso revolucionario de las masas para acabar con el poder de los grandes grupos oligárquicos, defendiendo un acuerdo nacional (Pacto Histórico) con partidos políticos de centro y derecha, entregándoles ministerios a cambio de que apoyaran las reformas que proponía en salud, política, educación, pensiones y justicia. Una postura bastante inocente para un político de su trayectoria, parlamentario por casi 30 años y buen conocedor de la corrupción de todos los partidos burgueses.
Las masas que votaron por Petro y la vicepresidenta Francia Márquez esperaban un cambio en sus condiciones de vida. Pero los pactos con políticos burgueses que llevan décadas desangrando económica y físicamente a la población más vulnerable del país han significado incluir en puestos importantes a elementos que cualquier persona con un mínimo de conocimiento en política colombiana sabe que sus actuaciones son cuestionables, por decir poco. El resultado es que la corrupción ha salpicado al propio gobierno.
Esto está siendo aprovechado por la derecha mediática para generar desinformación, exagerando los hechos con el objetivo de presentar a la derecha fascista colombiana como la solución en las elecciones presidenciales de 2026. La directora de uno de los medios de extrema derecha, propiedad de banqueros colombianos condenados por lavado de activos en el Reino Unido, se ha lanzado como “candidata independiente”, aunque es claro que es una figura del uribismo para tratar de limpiar su imagen y recuperar la Presidencia.
Lo que sostiene al Gobierno es el apoyo de amplios sectores de la juventud y la clase obrera, el movimiento feminista y LGTBI y los pueblos originarios, que no han dudado en movilizarse una y otra vez contra la ultraderecha. Pero las políticas capitalistas no hacen más que erosionar ese apoyo.
La economía crece pero también la precariedad y las desigualdades
Lo que pronosticaban los medios de comunicación al servicio de la burguesía cuando Gustavo Petro ganó las elecciones: que la economía del país se iría a pique, las empresas cerrarían, el dólar se dispararía y Colombia acabaría como Venezuela, nunca pasó. El PIB creció en 2024, según cálculos del FMI, entorno al 3%. El año 2025 empezó con una inflación del 5,20 %, de las menores del continente. El peso colombiano es una de las monedas regionales que más se valorizaron y las exportaciones aumentaron tanto a EEUU como a Europa, China y Venezuela.
Esto ha beneficiado a los empresarios. Pero, en lugar de aumentar la inversión productiva, estos incrementaron un 217% sus inversiones en el extranjero, buscando ganar todavía más y pagar menos impuestos. Mientras, la clase obrera colombiana sigue sin ver mejorías en su calidad de vida. Colombia es el tercer país más desigual del mundo, solo superado por Sudáfrica y Namibia[2]. La economía informal afecta al 55% de la población activa[3], extendiendo la precariedad y dejando sin efecto para millones de trabajadoras y trabajadores medidas gubernamentales como aumentar el salario mínimo, generando inconformidad porque el precio de la comida sigue alto, los servicios de salud continúan administrados por empresas privadas, etc.
El cambio prometido no llega. Petro se siente apoyado porque cada vez que convoca marchas, la base social que votó por él sale, pero debería tener en cuenta que lo hacen por miedo a la ultraderecha y no porque estén conformes con lo que se ha hecho. El conformismo de la izquierda parlamentaria es internacional. Creen que con hacer lo justo o menos alcanza. El derrocamiento de Pedro Castillo en Perú, o la victoria de Milei en Argentina, deberían recordarles que ese camino lleva al desastre.
Petro y Francia Márquez firmaron un documento público comprometiéndose a no expropiar ninguna propiedad, a pesar de que es una herramienta avalada por la propia Constitución en el artículo 58. En un país donde el desplazamiento forzoso es una práctica constante de la burguesía, que ha utilizado al ejército y grupos paramilitares para llevarla a cabo, expropiar esas tierras robadas y devolverlas a los campesinos es clave.
Pero el gobierno de izquierda prefirió negociar con los grandes propietarios, incluida la Federación Nacional de Ganaderos (FENAGA) liderada por José Félix Lafaurie, reconocido empresario relacionado con los paramilitares, comprándoles una parte de las tierras. Esto ha significado renunciar al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo (PND) pactado en los acuerdos de paz entre el Estado y las FARC.
El PND prometía 3 millones de hectáreas a los campesinos. Para los gobiernos capitalistas de Santos y Duque siempre fue papel mojado. Petro prometió cumplirlo pero, tras tomar posesión, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) lo redujo a la mitad (1.500.000 hectáreas) sin explicación alguna. En agosto del 2024 habían entregado 353.668, apenas el 10% del compromiso inicial.[4]
A pesar de estas entregas, la distribución de la propiedad agraria es de las más injustas del mundo y el mercado colombiano sigue manejado por grandes empresarios que manipulan los precios a su antojo, pagando a los campesinos por sus cosechas tarifas muy bajas y vendiendo los productos tres veces más caros.
El conflicto armado y el estallido de violencia en el Catatumbo
Convertirse en simple administrador del capital para no perturbar a la burguesía no mantendrá a la izquierda en el poder. Pero sí está poniendo en entredicho otro compromiso del Gobierno: la paz total, al mantener las desigualdades, opresión y miseria en el campo, que alimentan el narcotráfico y la violencia.
El 16 de enero el ELN lanzaba una ofensiva contra varias disidencias de las FARC que hasta el 9 de febrero ha causado 54 muertes y 54.000 personas desplazadas en la región del Catatumbo[5]. Esta zona históricamente ha sufrido periodos de violencia constante debido a su ubicación geográfica fronteriza con Venezuela, pozos petroleros y un rio en el cual se puede transportar alimentos, combustibles, armas y drogas. Lo que debería ser sinónimo de prosperidad se ha convertido en todo lo contrario. Desde los años 70 del siglo pasado diferentes grupos armados han usado la zona para el cultivo de hoja de coca, obligando a los campesinos a que trabajen para ellos, logrando tener hoy en día más de 52.000 hectáreas sembradas.
El narcotráfico se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del sistema capitalista colombiano. Los paramilitares fascistas vinculados a la oligarquía siguen actuando, haciendo de Colombia uno de los países con más defensores del medio ambiente y activistas campesinos asesinados. La violencia paramilitar también ha asesinado a decenas de firmantes del acuerdo de paz por las FARC. Por otra parte, grupos armados que empezaron siendo revolucionarios como el ELN y otros han acabado haciendo de la guerra una forma de vida, desmoralizados y lumpenizados.
Petro ha abordado este brote de violencia enviando más tropas al Catatumbo. Pero sus habitantes temen con razón que eso aumente las posibilidades de terminar muertos o que el retorno a sus hogares no sea pronto. Un gobierno de izquierda no puede enfrentar este problema basándose en un ejército cuyos vínculos con la oligarquía y el narcoparamilitarismo forman parte del problema.
El único modo de proteger a la población más vulnerable y acabar con la guerra es una verdadera reforma agraria que elimine la concentración de tierra en manos de la oligarquía agraria y ganadera y la nacionalización de la banca y los grandes grupos alimentarios bajo control obrero para acabar con su especulación y saqueo, garantizando tierras, inversiones, tecnología y capacitación al campesinado. Esto entusiasmaría y movilizaría a las masas, creando las condiciones para acabar con las mafias y la violencia.
Combatir al imperialismo exige una política revolucionaria
Un punto que ha dado apoyo a Petro son sus discursos denunciando al imperialismo estadounidense. Históricamente los gobiernos colombianos se han arrodillado ante Washington. Ha rechazado apoyar al gobierno fascista de Zelenski en la guerra de Ucrania y condenado la actuación sionista en Gaza, hablando de genocidio. Pero, tras anunciar a bombo y platillo la ruptura de relaciones con Israel, aceptó las presiones de la oligarquía para mantener las relaciones comerciales[6]. Un auténtico escándalo.
Recientemente se negaba a permitir la entrada de aviones estadounidenses con migrantes deportados en condiciones indignas, encadenados de pies y manos, exigiendo un trato justo para ellos. Pero, una vez más, la falta de medidas verdaderamente socialistas deja al descubierto la fragilidad de sus posturas reformistas.
La alternativa al sometimiento de los gobiernos de derechas al imperialismo salvaje de Estados Unidos no puede ser mantener el capitalismo buscando más inversiones y supuestamente mayor soberanía mediante acuerdos con China. El camino para resistir la ofensiva de la ultraderecha trumpista y uribista es una política revolucionaria que expropie a los capitalistas colombianos y las multinacionales para planificar democráticamente la economía y dar solución a las necesidades de la clase trabajadora y el conjunto de las y los oprimidos. Eso no se puede hacer con la política de pactos con la derecha y la burguesía que plantea Petro. La tarea para los activistas y militantes de la izquierda en Colombia es levantar una alternativa revolucionaria basada en el programa del marxismo revolucionario.
[1] Petro preside un consejo de ministros transmitido en vivo lleno de reproches y acusaciones: “Laura miente, presidente”
[2] La trampa de la desigualdad en Colombia eclipsa la disminución de la pobreza
[3] El desempleo desciende en Colombia mientras el mercado laboral se encoge
[4] La gestión de tierras en el Gobierno del Cambio
[5] Colombia: los muertos en el Catatumbo aumentan a 56 y los desplazados a más de 54.000
[6] Colombia mantiene actividad comercial con Israel tras romper relaciones diplomáticas
