2009 fue un año de importantes movilizaciones a nivel universitario, particularmente durante el segundo semestre. El motivo: la desfinanciación progresiva de las universidades públicas ha terminado en una situación límite, en la que, o se toman medidas drásticas para salvar las casas de estudio de la quiebra, o pronto comenzaremos a presenciar la privatización en masa de muchas de ellas. La deuda conjunta de las 32 universidades públicas llega a los 500.000 millones de pesos, de los cuales, las que se halla en situación más vulnerable son las de regiones (Atlántico, Valle, Chocó etc.), sin que ello signifique que las más importantes universidades (UNAL, UdeA, UIS, distrital) estén viviendo la época de vacas gordas, sino tan sólo que pueden sortear por un poco más de tiempo la crisis profunda que vive la educación pública superior.

La razón de la crisis.

¿Cómo ha sucedido esto? ¿Qué ha originado la crisis, y como superarla? A principios de la década de los noventas, como producto de los cambios operados en el capitalismo global, donde el desarrollo tecnológico y su aplicación a los procesos productivos adquirió un predominio absoluto en el mercado mundial, las universidades de los países atrasados, Colombia entre ellos, se vieron obligadas a replantearse su papel en la esfera pública. Nuestro país orientaba la educación superior tradicionalmente hacia la formación de carreras profesionales, de corte reflexivo, donde el conocimiento como valor en si mismo, independientemente de su aplicación práctica, mantenía una alta legitimidad. Pero ahora, cuando la investigación con fines de aplicación en el campo industrial para mejorar los procesos de producción se ha enseñoreado en la vida académica, y en los países desarrollados estas labores son llevadas a cabo, en la mayoría de los casos, por institutos de investigación privadas sujetas a intereses económicos de multinacionales, la situación obligaba a una reconfiguración de la estructura educativa nacional.

Colombia es un país  capitalista dependiente, sujeto a los vaivenes del mercado mundial, que no cuenta con empresas multinacionales en capacidad de desarrollar investigaciones de punta con vistas a sus objetivos económicos. Luego, las universidades privadas y estatales fueron obligadas a asumir esa situación, y con ello adaptarse a las directrices dadas por el FMI y el BM, basadas en motivaciones económicas, no humanas, sociales y culturales. Se impuso entonces la necesidad de crear grupos de investigación orientados a labores prácticas, la contratación de profesores de posgrado, la compra de equipos técnicos, tecnológicos, informáticos y de laboratorios muy costosos, la ampliación de la cobertura educativa, la creación de nuevas infraestructuras para albergar la población educativa creciente y para los laboratorios etc. Todo esto generaba nuevos gastos, no contemplados en las leyes que rigen el presupuesto nacional, y naturalmente que el Estado no se hizo cargo de atender estas nuevas necesidades de las universidades, sino que las descargó, así sin más, sobre los planteles superiores, con lo que se ha acumulado año a año un déficit presupuestal que amenaza con implosionar las universidades. La adecuación logística de las casas de estudio para los nuevos objetivos, el aumento del gasto proveniente de una cobertura mayor, y particularmente los costes añadidos de la contratación de docentes con doctorado, han creado el caldo de cultivo para la situación explosiva que actualmente se vive1.

En estas circunstancias, los fenómenos observados en las dos últimas décadas se hacen muy visibles: las universidades públicas han tendido a autofinanciarse en un alto grado, aumentando matrículas, vendiendo cual empresas privadas servicios de extensión, ofreciendo cada vez más nuevos diplomados a costos exorbitantes, contratando con empresas privadas proyectos de investigación con objetivos económicos, no sociales, disminuyendo drásticamente la proporción de profesores de planta en comparación con docentes de cátedras pésimamente pagados, e incluso, en una acción sumamente repudiable, demandando a sus propios trabajadores jubilados para evitar tener que asumir la responsabilidad de pagar las pensiones de estos, adquiridas en años de trabajo duro en beneficio de toda la comunidad educativa. La universidad pública, bajo este esquema, no se ha transformado en un casa de investigación, como gustan de decir las administraciones, sino en empresas académicas que compran y venden, que negocian con un derecho fundamental, que actúan bajo el principio capitalista del beneficio público, y no bajo la misión social de beneficiar a los hijos de los trabajadores, de los campesinos y del pueblo en general, que sólo pueden acceder a una educación de calidad si es en universidades públicas. Como diría Marx, en la era del capital todo lo sólido se desvanece en el aire, y ahora la universidad muestra su faz empresarial, como cualquier otra industria del mercado.

A Pesar de esto, la universidad pública sigue siendo frágil en la lógica del mercado, y su situación agoniza día a día y año a año. Y el logro de objetivos parciales en materia de investigación no ha significado una mejora, sino una reducción, de la calidad de la educación, pues se ha separado una elite intelectual de investigadores y estudiantes en laboratorios, del conjunto del estudiantado y el profesorado, que estudia y labora en condiciones de marginalidad, hacinamiento y precariedad de recursos logísticos, bibliográficos y materiales.

Lo que sucedió  el año pasado.

En septiembre del año pasado, como comentábamos arriba, se dio un inusitado movimiento de protesta universitaria contra la desfinanciación de la educación pública, que fue originado por las acciones legales de los rectores de las casas de estudio, pero en el cual el movimiento estudiantil y magisterial rápidamente recogieron la batuta y abanderaron las movilizaciones masivas que pudimos observar en televisión durante octubre y noviembre. El Gobierno, en un show mediático que buscaba confundir al pueblo sobre la situación real de la educación universitaria pública, presentó como un gran "logro" el que se destinasen 160.000 millones para las universidades. Pero lo cierto es que esos fondos ni solucionan la crisis del sector, ni siguieran ponen un parche a la misma, tan solo representan una escandalosa cortina de humo.

En efecto, del presupuesto extraordinario aprobado, 70.000 millones serán destinados al ICETEX, para "subsidiar la demanda". Esto quiere decir, en lenguaje llano, que en vez de darle ese presupuesto a las universidades para subsanar los costes de funcionamiento (planta docente, equipos, laboratorios etc.), la usan para darle créditos a estudiantes que deseen acceder a la educación superior, sea esta pública o privada, y el caso es que, de una parte, estos créditos son casi imposibles de conseguir, y de la otra, los intereses son tan costosos que al terminar la carrera, lo único que se tiene claro es que se ha hipotecado la propia vida. Luego, el gobierno no subsanó el problema, sino que hizo de él un negocio, algo que nuestra "burguesía nacional" sabe hacer muy bien a costa de los hijos e hijas de los trabajadores.

Luego, otros 30.000 millones, son destinados a COLCIENCIAS, para proyectos de investigación. Esto tampoco es un regalo, sino un sobrecosto para las universidades. Efectivamente, cuando estas acceden a contratos de investigación, tienen que poner de su bolsillo una parte del financiamiento de los mismos, de lo cual resulta que en vez de ayudar a su presupuesto, el para-gobierno le ha clavado aún más la daga con que quiere liquidarlas. Otros 19.000 millones, no son más que un ajuste del presupuesto, porque el presupuesto proyectado para 2009 se quedó corto frente a la inflación. En fin, que los 40.000 millones restantes, apenas si compensan lo que las universidades pierden por descuentos a estudiantes que hayan votado en las elecciones. En últimas, ese "gran logro" se resume en nada de nada.

Lo único sobresaliente de la situación fue la magnífica movilización estudiantil, que no se veía desde hace ya varios años. La presión económica sobre las universidades es tal, que los universitarios no podían menos que expresar su rechazo, en acciones contundentes y muy creativas: además de las tradicionales e importantísimas asambleas, marchas, mítines, se pudieron observar manifestaciones artísticas de gran repercusión social, que permiten esperar importantes avances para el presente año, donde la lucha será, de seguro, aún más enconada.

La tarea: construir el frente universitario y ampliar el movimiento a escala nacional.

El presente año será  de duras confrontaciones y luchas en defensa de la educación pública universitaria. Las universidades no aguantan más la asfixia económica a que las somete el Estado burgués, y aunque han podido sostenerse con medidas de autofinanciación y austeridad que, como siempre, se descargan sobre los docentes de cátedra, sobre los trabajadores no docentes, la matrícula de los estudiantes y la calidad de la educación, esta situación no podrá sostenerse por mucho tiempo. Esa es la razón de la queja de los rectores el año pasado, que detonó el actual movimiento, y es el motivo por el que en 2010 promete una intensificación de la protesta estudiantil en todo el país.

Ahora bien, para llevar a cabo de manera efectiva la lucha por la educación, es fundamental apuntar a la unidad de los estamentos que conforman la universidad, en un FRENTE UNIVERSITARIO en defensa de la educación pública estatal. Durante mucho tiempo, las luchas de los estudiantes, de los profesores, de los jubilados y de los trabajadores no docentes han seguido caminos paralelos y hasta opuestos, y en ello radica uno de los principales obstáculos hacia una lucha efectiva. La desfinanciación de la educación es un fenómeno multilateral, que ataca por igual a los profesores (cada vez más precarizados como docentes de cátedra, con miserables salarios y condiciones que generan desidia académica), a los jubilados (que están viendo atacado su derecho legítimo a las pensiones), a los trabajadores (que luchan por mantener un salario digno) y, sobre todo, a los mismos estudiantes, hijos de obreros, de desplazados, de campesinos, de la clase media, que están recibiendo una educación de mala calidad, con matrículas que se incrementan, sin recursos para laboratorios y bibliotecas, sin servicios de bienestar universitario etc. La premisa fundamental de la lucha por venir es la unidad de los estamentos en un frente unido.

Para ello, es imprescindible la formulación de un PROGRAMA conjunto, una plataforma de reivindicaciones que abarque las demandas de todos los sectores, que sea defendida por todos. Igualmente, un espacio deliberación, formación y discusión común (asambleas tetraestamentarias). De un órgano de expresión conjunto (revista) y de hojas volantes consensuadas. Por último, la lucha requiere de aliados estratégicos en el orden nacional, tales Como el movimiento obrero, los campesinos e indígenas, además del movimiento por el derecho a la salud que se está gestando en respuesta a los decretos de la "emergencia social". Esta pelea necesita de una amplia coalición de sectores y clases, pues el derecho a la educación, vital para las y los hijos de la clase obrera y del pueblo en general, no es marginal, sino complementario a la lucha por un mejor salario, por vivienda digna, por el derecho a la salud, el reparto de la tierra y demás. La clave esta en la unidad, y la tarea en el saber construirla, con esfuerzo, disciplina y paciencia.

El problema fundamental de la educación pública, universitaria o no, radica en el modo de producción capitalista, que reduce la producción de conocimiento a una técnica de producción, aísla al conjunto de las personas del acceso a la formación integral en beneficio de una única clase, dueña del capital y de las condiciones necesarias para acceder a una educación de calidad, elimina los centros de estudio y nos condena a una situación de postración permanente bajo el dominio despótico de una clase burguesa represora, opresora y negadora de los derechos más básicos. En última instancia, la solución del problema educativo demanda la supresión del dominio del capital sobre el trabajo, de la anarquía de la producción y de la explotación del hombre por el hombre. Los estudiantes tenemos el deber de marchar con los estamentos en defensa de la universidad pública, pero a la vez de posicionarnos claramente al lado del movimiento obrero, aportando decididamente en el fortalecimiento del mismo, cuyos intereses coinciden con los de la sociedad toda.

2009 fue un año de importantes movilizaciones a nivel universitario, particularmente durante el segundo semestre. El motivo: la desfinanciación progresiva de las universidades públicas ha terminado en una situación límite, en la que, o se toman medidas drásticas para salvar las casas de estudio de la quiebra, o pronto comenzaremos a presenciar la privatización en masa de muchas de ellas. La deuda conjunta de las 32 universidades públicas llega a los 500.000 millones de pesos, de los cuales, las que se halla en situación más vulnerable son las de regiones (Atlántico, Valle, Chocó etc.), sin que ello signifique que las más importantes universidades (UNAL, UdeA, UIS, distrital) estén viviendo la época de vacas gordas, sino tan sólo que pueden sortear por un poco más de tiempo la crisis profunda que vive la educación pública superior.

La razón de la crisis.

¿Cómo ha sucedido esto? ¿Qué ha originado la crisis, y como superarla? A principios de la década de los noventas, como producto de los cambios operados en el capitalismo global, donde el desarrollo tecnológico y su aplicación a los procesos productivos adquirió un predominio absoluto en el mercado mundial, las universidades de los países atrasados, Colombia entre ellos, se vieron obligadas a replantearse su papel en la esfera pública. Nuestro país orientaba la educación superior tradicionalmente hacia la formación de carreras profesionales, de corte reflexivo, donde el conocimiento como valor en si mismo, independientemente de su aplicación práctica, mantenía una alta legitimidad. Pero ahora, cuando la investigación con fines de aplicación en el campo industrial para mejorar los procesos de producción se ha enseñoreado en la vida académica, y en los países desarrollados estas labores son llevadas a cabo, en la mayoría de los casos, por institutos de investigación privadas sujetas a intereses económicos de multinacionales, la situación obligaba a una reconfiguración de la estructura educativa nacional.

Colombia es un país  capitalista dependiente, sujeto a los vaivenes del mercado mundial, que no cuenta con empresas multinacionales en capacidad de desarrollar investigaciones de punta con vistas a sus objetivos económicos. Luego, las universidades privadas y estatales fueron obligadas a asumir esa situación, y con ello adaptarse a las directrices dadas por el FMI y el BM, basadas en motivaciones económicas, no humanas, sociales y culturales. Se impuso entonces la necesidad de crear grupos de investigación orientados a labores prácticas, la contratación de profesores de posgrado, la compra de equipos técnicos, tecnológicos, informáticos y de laboratorios muy costosos, la ampliación de la cobertura educativa, la creación de nuevas infraestructuras para albergar la población educativa creciente y para los laboratorios etc. Todo esto generaba nuevos gastos, no contemplados en las leyes que rigen el presupuesto nacional, y naturalmente que el Estado no se hizo cargo de atender estas nuevas necesidades de las universidades, sino que las descargó, así sin más, sobre los planteles superiores, con lo que se ha acumulado año a año un déficit presupuestal que amenaza con implosionar las universidades. La adecuación logística de las casas de estudio para los nuevos objetivos, el aumento del gasto proveniente de una cobertura mayor, y particularmente los costes añadidos de la contratación de docentes con doctorado, han creado el caldo de cultivo para la situación explosiva que actualmente se vive1.

En estas circunstancias, los fenómenos observados en las dos últimas décadas se hacen muy visibles: las universidades públicas han tendido a autofinanciarse en un alto grado, aumentando matrículas, vendiendo cual empresas privadas servicios de extensión, ofreciendo cada vez más nuevos diplomados a costos exorbitantes, contratando con empresas privadas proyectos de investigación con objetivos económicos, no sociales, disminuyendo drásticamente la proporción de profesores de planta en comparación con docentes de cátedras pésimamente pagados, e incluso, en una acción sumamente repudiable, demandando a sus propios trabajadores jubilados para evitar tener que asumir la responsabilidad de pagar las pensiones de estos, adquiridas en años de trabajo duro en beneficio de toda la comunidad educativa. La universidad pública, bajo este esquema, no se ha transformado en un casa de investigación, como gustan de decir las administraciones, sino en empresas académicas que compran y venden, que negocian con un derecho fundamental, que actúan bajo el principio capitalista del beneficio público, y no bajo la misión social de beneficiar a los hijos de los trabajadores, de los campesinos y del pueblo en general, que sólo pueden acceder a una educación de calidad si es en universidades públicas. Como diría Marx, en la era del capital todo lo sólido se desvanece en el aire, y ahora la universidad muestra su faz empresarial, como cualquier otra industria del mercado.

A Pesar de esto, la universidad pública sigue siendo frágil en la lógica del mercado, y su situación agoniza día a día y año a año. Y el logro de objetivos parciales en materia de investigación no ha significado una mejora, sino una reducción, de la calidad de la educación, pues se ha separado una elite intelectual de investigadores y estudiantes en laboratorios, del conjunto del estudiantado y el profesorado, que estudia y labora en condiciones de marginalidad, hacinamiento y precariedad de recursos logísticos, bibliográficos y materiales.

Lo que sucedió  el año pasado.

En septiembre del año pasado, como comentábamos arriba, se dio un inusitado movimiento de protesta universitaria contra la desfinanciación de la educación pública, que fue originado por las acciones legales de los rectores de las casas de estudio, pero en el cual el movimiento estudiantil y magisterial rápidamente recogieron la batuta y abanderaron las movilizaciones masivas que pudimos observar en televisión durante octubre y noviembre. El Gobierno, en un show mediático que buscaba confundir al pueblo sobre la situación real de la educación universitaria pública, presentó como un gran "logro" el que se destinasen 160.000 millones para las universidades. Pero lo cierto es que esos fondos ni solucionan la crisis del sector, ni siguieran ponen un parche a la misma, tan solo representan una escandalosa cortina de humo.

En efecto, del presupuesto extraordinario aprobado, 70.000 millones serán destinados al ICETEX, para "subsidiar la demanda". Esto quiere decir, en lenguaje llano, que en vez de darle ese presupuesto a las universidades para subsanar los costes de funcionamiento (planta docente, equipos, laboratorios etc.), la usan para darle créditos a estudiantes que deseen acceder a la educación superior, sea esta pública o privada, y el caso es que, de una parte, estos créditos son casi imposibles de conseguir, y de la otra, los intereses son tan costosos que al terminar la carrera, lo único que se tiene claro es que se ha hipotecado la propia vida. Luego, el gobierno no subsanó el problema, sino que hizo de él un negocio, algo que nuestra "burguesía nacional" sabe hacer muy bien a costa de los hijos e hijas de los trabajadores.

Luego, otros 30.000 millones, son destinados a COLCIENCIAS, para proyectos de investigación. Esto tampoco es un regalo, sino un sobrecosto para las universidades. Efectivamente, cuando estas acceden a contratos de investigación, tienen que poner de su bolsillo una parte del financiamiento de los mismos, de lo cual resulta que en vez de ayudar a su presupuesto, el para-gobierno le ha clavado aún más la daga con que quiere liquidarlas. Otros 19.000 millones, no son más que un ajuste del presupuesto, porque el presupuesto proyectado para 2009 se quedó corto frente a la inflación. En fin, que los 40.000 millones restantes, apenas si compensan lo que las universidades pierden por descuentos a estudiantes que hayan votado en las elecciones. En últimas, ese "gran logro" se resume en nada de nada.

Lo único sobresaliente de la situación fue la magnífica movilización estudiantil, que no se veía desde hace ya varios años. La presión económica sobre las universidades es tal, que los universitarios no podían menos que expresar su rechazo, en acciones contundentes y muy creativas: además de las tradicionales e importantísimas asambleas, marchas, mítines, se pudieron observar manifestaciones artísticas de gran repercusión social, que permiten esperar importantes avances para el presente año, donde la lucha será, de seguro, aún más enconada.

La tarea: construir el frente universitario y ampliar el movimiento a escala nacional.

El presente año será  de duras confrontaciones y luchas en defensa de la educación pública universitaria. Las universidades no aguantan más la asfixia económica a que las somete el Estado burgués, y aunque han podido sostenerse con medidas de autofinanciación y austeridad que, como siempre, se descargan sobre los docentes de cátedra, sobre los trabajadores no docentes, la matrícula de los estudiantes y la calidad de la educación, esta situación no podrá sostenerse por mucho tiempo. Esa es la razón de la queja de los rectores el año pasado, que detonó el actual movimiento, y es el motivo por el que en 2010 promete una intensificación de la protesta estudiantil en todo el país.

Ahora bien, para llevar a cabo de manera efectiva la lucha por la educación, es fundamental apuntar a la unidad de los estamentos que conforman la universidad, en un FRENTE UNIVERSITARIO en defensa de la educación pública estatal. Durante mucho tiempo, las luchas de los estudiantes, de los profesores, de los jubilados y de los trabajadores no docentes han seguido caminos paralelos y hasta opuestos, y en ello radica uno de los principales obstáculos hacia una lucha efectiva. La desfinanciación de la educación es un fenómeno multilateral, que ataca por igual a los profesores (cada vez más precarizados como docentes de cátedra, con miserables salarios y condiciones que generan desidia académica), a los jubilados (que están viendo atacado su derecho legítimo a las pensiones), a los trabajadores (que luchan por mantener un salario digno) y, sobre todo, a los mismos estudiantes, hijos de obreros, de desplazados, de campesinos, de la clase media, que están recibiendo una educación de mala calidad, con matrículas que se incrementan, sin recursos para laboratorios y bibliotecas, sin servicios de bienestar universitario etc. La premisa fundamental de la lucha por venir es la unidad de los estamentos en un frente unido.

Para ello, es imprescindible la formulación de un PROGRAMA conjunto, una plataforma de reivindicaciones que abarque las demandas de todos los sectores, que sea defendida por todos. Igualmente, un espacio deliberación, formación y discusión común (asambleas tetraestamentarias). De un órgano de expresión conjunto (revista) y de hojas volantes consensuadas. Por último, la lucha requiere de aliados estratégicos en el orden nacional, tales Como el movimiento obrero, los campesinos e indígenas, además del movimiento por el derecho a la salud que se está gestando en respuesta a los decretos de la "emergencia social". Esta pelea necesita de una amplia coalición de sectores y clases, pues el derecho a la educación, vital para las y los hijos de la clase obrera y del pueblo en general, no es marginal, sino complementario a la lucha por un mejor salario, por vivienda digna, por el derecho a la salud, el reparto de la tierra y demás. La clave esta en la unidad, y la tarea en el saber construirla, con esfuerzo, disciplina y paciencia.

El problema fundamental de la educación pública, universitaria o no, radica en el modo de producción capitalista, que reduce la producción de conocimiento a una técnica de producción, aísla al conjunto de las personas del acceso a la formación integral en beneficio de una única clase, dueña del capital y de las condiciones necesarias para acceder a una educación de calidad, elimina los centros de estudio y nos condena a una situación de postración permanente bajo el dominio despótico de una clase burguesa represora, opresora y negadora de los derechos más básicos. En última instancia, la solución del problema educativo demanda la supresión del dominio del capital sobre el trabajo, de la anarquía de la producción y de la explotación del hombre por el hombre. Los estudiantes tenemos el deber de marchar con los estamentos en defensa de la universidad pública, pero a la vez de posicionarnos claramente al lado del movimiento obrero, aportando decididamente en el fortalecimiento del mismo, cuyos intereses coinciden con los de la sociedad toda.