La pugna entre revolución y contrarrevolución que desde hace años existe en Venezuela se ha agudizado. A los efectos de la crisis capitalista mundial sobre los precios petroleros y la caída del PIB venezolano (cayó el 5,8% en el primer trimestre del año) se une la proximidad de las elecciones legislativas del 26 de septiembre. Éstas se presentan enormemente disputadas, echando más leña al fuego de la polarización política y social.
La pugna entre revolución y contrarrevolución que desde hace años existe en Venezuela se ha agudizado. A los efectos de la crisis capitalista mundial sobre los precios petroleros y la caída del PIB venezolano (cayó el 5,8% en el primer trimestre del año) se une la proximidad de las elecciones legislativas del 26 de septiembre. Éstas se presentan enormemente disputadas, echando más leña al fuego de la polarización política y social.
El debate sobre el control obrero
Los últimos discursos y actuaciones del presidente Chávez han encendido las luces de alarma en los cuarteles generales de la oligarquía. En Guayana (la mayor concentración industrial del país) Chávez -tras reiteradas protestas de los trabajadores de empresas públicas como SIDOR y otras- sustituyó al ministro responsable y los presidentes de las mismas poniendo al frente a dirigentes obreros. También recogió varias propuestas formuladas por los trabajadores y defendió insistentemente la necesidad del control obrero.
En todas estas empresas públicas amplios sectores de los trabajadores están demandando subidas salariales que atenúen una inflación desbocada (del 40%), sin respuesta satisfactoria por el momento. El control obrero sólo será real y exitoso si va unido a una mejora de las condiciones de vida y salarios de los trabajadores. De lo contrario, la oposición contrarrevolucionaria intentará apoyarse en los sectores más atrasados y escépticos de los trabajadores (ya está empezando a hacerlo) para dividir y enfrentar a las plantillas de estas empresas clave y debilitar el apoyo a la revolución en un sector decisivo.
Frente al sabotaje empresarial, basarse en la movilización
de los trabajadores
En su discurso ante los candidatos del PSUV a la Asamblea Nacional Chávez planteó que una economía que quiere ir hacia el socialismo no puede dejar la tierra, los bancos y el sector alimentario en manos capitalistas sino del Estado. Aunque no concretó esta afirmación, en días posteriores volvió sobre esta idea y denunció abiertamente el sabotaje económico de los burgueses, desafiando con nombres y apellidos a varios, como Lorenzo Mendoza (propietario del Grupo Polar, principal monopolio alimentario del país). Chávez ha anunciado nuevas expropiaciones como la de la empresa de 800 trabajadores Alentuy y distintas comercializadoras y distribuidoras acusadas de acaparamiento. Significativamente, varias de estas medidas se anunciaron en reuniones con trabajadores.
En respuesta, los capitalistas están intensificando su ofensiva económica y mediática contra la revolución. "La burguesía me ha declarado la guerra", decía Chávez en el acto con los trabajadores de Aceites Diana. Y, ciertamente, el sabotaje empresarial es evidente. Desde 1998 han cerrado casi la mitad de las fábricas del país. Hoy mismo, cuando más se necesitan alimentos y otros bienes de producción nacional para garantizar el pleno abastecimiento y disminuir la dependencia de las importaciones, los empresarios venezolanos (que han recibido cuantiosas ayudas y dólares a precio preferencial) solamente utilizan un 52% de la capacidad productiva. La burguesía venezolana, cínicamente, culpa a la "falta de incentivos" y "excesivos controles" del gobierno de esta situación pero sólo hay un culpable: su incapacidad orgánica para desarrollar las fuerzas productivas.
La burguesía venezolana es una clase parásita desde hace décadas. Este parasitismo se ve reforzado hoy por la tendencia general de los capitalistas en todo el mundo a abandonar la inversión productiva e incrementar sus beneficios mediante la especulación y la explotación salvaje de los trabajadores. En todo el mundo, los gobiernos burgueses y reformistas están eligiendo cargar la crisis sobre la clase trabajadora. En Venezuela los empresarios también quieren incrementar su parte a costa de los gastos sociales y los derechos laborales. Están exigiendo que el dinero de varios fondos públicos para desarrollar el país y mantener las Misiones (proyectos sociales, educativos, sanitarios, etc.) se destine a asegurarles más dólares para seguir especulando. Despiden trabajadores (a menudo con el beneplácito o pasividad de las inspecciones de trabajo) y aumentan la tercerización; demandan al gobierno que autorice nuevos aumentos de precios y otras concesiones que, de aceptarse, representarían un golpe en la línea de flotación de la revolución.
Pero los deseos de los capitalistas, y de la quinta columna burocrática enquistada dentro de la revolución, de alcanzar acuerdos para aplicar políticas que "transmitan confianza a los empresarios": nuevas subidas de precios, despidos y represión contra el movimiento obrero (el despido de 254 trabajadores por la multinacional Mitsubishi y aceptado por el Ministerio de Trabajo es el caso más sangrante, pero hay bastantes más) choca con la voluntad manifestada por Chávez de seguir girando a la izquierda. Esto, a su vez, estimula el anhelo de las bases del PSUV por completar la revolución. De ahí la histeria de la burguesía contra los últimos discursos y actuaciones presidenciales.
¿Cómo derrotar el sabotaje
de la burguesía y ganar
las elecciones a la AN?
La clave de las elecciones de septiembre a la Asamblea Nacional estará en si la impaciencia y descontento con la burocracia, reflejada en las últimas convocatorias en un aumento de la abstención entre sectores de las masas, mantiene o incrementa esta tendencia negativa o si, por el contrario, las medidas y discursos hacia la izquierda de Chávez, y el peligro de un avance contrarrevolucionario importante, vuelven a movilizarlas masivamente. Los marxistas estamos llamando a movilizarnos como un solo hombre en apoyo a los candidatos del PSUV.
La oposición finalmente acudirá unida. El PSUV lo hará en alianza con el PCV y tras unas primarias que han significado la sustitución de muchos de los actuales diputados por caras nuevas. Esto confirma el ambiente crítico hacia la burocracia existente entre las bases. De hecho, si los sectores de izquierda que existen en el partido estuviesen coordinados y hubiesen concurrido a las internas unidos y con un programa marxista habrían podido ganar en numerosos circuitos. Sin ello, la mayoría de candidatos no se diferencian mucho en cuanto a programa y concepciones de sus antecesores. Aunque esta renovación de personas ha sido vista positivamente por las bases el único modo de trasladar esa ilusión al conjunto de las masas es acompañarla de un giro claro a la izquierda, aplicando unas políticas genuinamente revolucionarias.
Los burgueses utilizan todas las armas a su alcance con el fin de lograr un resultado que les permita intensificar su ofensiva: desabastecimiento, subidas de precios, etc. Para derrotarles de manera decisiva sólo hay un camino: basarse en la movilización y organización de la clase obrera para completar la revolución, tomando de manera urgente -antes de las elecciones- medidas concretas que acaben con su poder económico y empiecen a resolver esos problemas y otros como el déficit habitacional, los despidos y la tercerización, etc. Por no hablar de lacras que minan desde dentro la revolución como el burocratismo y la corrupción.
Recientemente se ha descubierto una mafia en la red de distribución alimentaria pública PDVAL que -probablemente en connivencia con oficiales del ejército y la policía, empresarios privados y otros sectores de la burocracia estatal- declaraba caducados alimentos importados para su distribución a un precio subvencionado en la red pública y los revendía más caros en el mercado privado o en otros países. Varias decenas de responsables han sido detenidos y en las bases existe un clamor para que reciban un castigo ejemplar.
Toda la situación económica y social venezolana es una confirmación de que la quimera reformista que defiende combinar socialismo con capitalismo y propone hacer concesiones a los empresarios nacionales para convencerles de que hagan lo que nunca han hecho: invertir, ha fracasado estrepitosamente. El único modo de defender la revolución es expropiando la tierra, el conjunto de los bancos y las principales empresas del país y estatizándolos bajo el control de los trabajadores, como primer paso hacia la sustitución del actual Estado -que sigue siendo burgués- por un Estado revolucionario basado en los Consejos de Trabajadores y Comunales, formados por representantes elegibles y revocables en todo momento y unificados a escala local, estatal y nacional.
Un genuino Estado revolucionario, basado en la elegibilidad y revocabilidad de todos los cargos públicos y donde estos cobren el mismo salario que un trabajador cualificado, sustituiría a los burócratas y corruptos por genuinos cuadros revolucionarios, garantizando que las necesidades de los trabajadores y el pueblo encuentran solución.
Como parte de lo anterior, es imprescindible arrebatar el control de las exportaciones e importaciones a los empresarios y burócratas, que hacen todo tipo de chanchullos con los dólares que les da el gobierno y especulan contra la economía nacional. El gobierno debe crear urgentemente una empresa estatal de importación y exportación bajo control obrero y popular, que tenga el monopolio estatal de todo el comercio exterior.
De no aplicarse estas medidas la revolución bolivariana corre serio peligro. Aplicándolas sería perfectamente posible acabar con el capitalismo y erradicar el burocratismo y la corrupción, impedir el desarrollo de mafias como la descubierta en PDVAL, terminar con las actuaciones antiobreras de muchas inspectorías de trabajo, y resolver otras tantas contradicciones que sufre la revolución.
El debate sobre el control obrero
Los últimos discursos y actuaciones del presidente Chávez han encendido las luces de alarma en los cuarteles generales de la oligarquía. En Guayana (la mayor concentración industrial del país) Chávez -tras reiteradas protestas de los trabajadores de empresas públicas como SIDOR y otras- sustituyó al ministro responsable y los presidentes de las mismas poniendo al frente a dirigentes obreros. También recogió varias propuestas formuladas por los trabajadores y defendió insistentemente la necesidad del control obrero.
En todas estas empresas públicas amplios sectores de los trabajadores están demandando subidas salariales que atenúen una inflación desbocada (del 40%), sin respuesta satisfactoria por el momento. El control obrero sólo será real y exitoso si va unido a una mejora de las condiciones de vida y salarios de los trabajadores. De lo contrario, la oposición contrarrevolucionaria intentará apoyarse en los sectores más atrasados y escépticos de los trabajadores (ya está empezando a hacerlo) para dividir y enfrentar a las plantillas de estas empresas clave y debilitar el apoyo a la revolución en un sector decisivo.
Frente al sabotaje empresarial, basarse en la movilización
de los trabajadores
En su discurso ante los candidatos del PSUV a la Asamblea Nacional Chávez planteó que una economía que quiere ir hacia el socialismo no puede dejar la tierra, los bancos y el sector alimentario en manos capitalistas sino del Estado. Aunque no concretó esta afirmación, en días posteriores volvió sobre esta idea y denunció abiertamente el sabotaje económico de los burgueses, desafiando con nombres y apellidos a varios, como Lorenzo Mendoza (propietario del Grupo Polar, principal monopolio alimentario del país). Chávez ha anunciado nuevas expropiaciones como la de la empresa de 800 trabajadores Alentuy y distintas comercializadoras y distribuidoras acusadas de acaparamiento. Significativamente, varias de estas medidas se anunciaron en reuniones con trabajadores.
En respuesta, los capitalistas están intensificando su ofensiva económica y mediática contra la revolución. "La burguesía me ha declarado la guerra", decía Chávez en el acto con los trabajadores de Aceites Diana. Y, ciertamente, el sabotaje empresarial es evidente. Desde 1998 han cerrado casi la mitad de las fábricas del país. Hoy mismo, cuando más se necesitan alimentos y otros bienes de producción nacional para garantizar el pleno abastecimiento y disminuir la dependencia de las importaciones, los empresarios venezolanos (que han recibido cuantiosas ayudas y dólares a precio preferencial) solamente utilizan un 52% de la capacidad productiva. La burguesía venezolana, cínicamente, culpa a la "falta de incentivos" y "excesivos controles" del gobierno de esta situación pero sólo hay un culpable: su incapacidad orgánica para desarrollar las fuerzas productivas.
La burguesía venezolana es una clase parásita desde hace décadas. Este parasitismo se ve reforzado hoy por la tendencia general de los capitalistas en todo el mundo a abandonar la inversión productiva e incrementar sus beneficios mediante la especulación y la explotación salvaje de los trabajadores. En todo el mundo, los gobiernos burgueses y reformistas están eligiendo cargar la crisis sobre la clase trabajadora. En Venezuela los empresarios también quieren incrementar su parte a costa de los gastos sociales y los derechos laborales. Están exigiendo que el dinero de varios fondos públicos para desarrollar el país y mantener las Misiones (proyectos sociales, educativos, sanitarios, etc.) se destine a asegurarles más dólares para seguir especulando. Despiden trabajadores (a menudo con el beneplácito o pasividad de las inspecciones de trabajo) y aumentan la tercerización; demandan al gobierno que autorice nuevos aumentos de precios y otras concesiones que, de aceptarse, representarían un golpe en la línea de flotación de la revolución.
Pero los deseos de los capitalistas, y de la quinta columna burocrática enquistada dentro de la revolución, de alcanzar acuerdos para aplicar políticas que "transmitan confianza a los empresarios": nuevas subidas de precios, despidos y represión contra el movimiento obrero (el despido de 254 trabajadores por la multinacional Mitsubishi y aceptado por el Ministerio de Trabajo es el caso más sangrante, pero hay bastantes más) choca con la voluntad manifestada por Chávez de seguir girando a la izquierda. Esto, a su vez, estimula el anhelo de las bases del PSUV por completar la revolución. De ahí la histeria de la burguesía contra los últimos discursos y actuaciones presidenciales.
¿Cómo derrotar el sabotaje
de la burguesía y ganar
las elecciones a la AN?
La clave de las elecciones de septiembre a la Asamblea Nacional estará en si la impaciencia y descontento con la burocracia, reflejada en las últimas convocatorias en un aumento de la abstención entre sectores de las masas, mantiene o incrementa esta tendencia negativa o si, por el contrario, las medidas y discursos hacia la izquierda de Chávez, y el peligro de un avance contrarrevolucionario importante, vuelven a movilizarlas masivamente. Los marxistas estamos llamando a movilizarnos como un solo hombre en apoyo a los candidatos del PSUV.
La oposición finalmente acudirá unida. El PSUV lo hará en alianza con el PCV y tras unas primarias que han significado la sustitución de muchos de los actuales diputados por caras nuevas. Esto confirma el ambiente crítico hacia la burocracia existente entre las bases. De hecho, si los sectores de izquierda que existen en el partido estuviesen coordinados y hubiesen concurrido a las internas unidos y con un programa marxista habrían podido ganar en numerosos circuitos. Sin ello, la mayoría de candidatos no se diferencian mucho en cuanto a programa y concepciones de sus antecesores. Aunque esta renovación de personas ha sido vista positivamente por las bases el único modo de trasladar esa ilusión al conjunto de las masas es acompañarla de un giro claro a la izquierda, aplicando unas políticas genuinamente revolucionarias.
Los burgueses utilizan todas las armas a su alcance con el fin de lograr un resultado que les permita intensificar su ofensiva: desabastecimiento, subidas de precios, etc. Para derrotarles de manera decisiva sólo hay un camino: basarse en la movilización y organización de la clase obrera para completar la revolución, tomando de manera urgente -antes de las elecciones- medidas concretas que acaben con su poder económico y empiecen a resolver esos problemas y otros como el déficit habitacional, los despidos y la tercerización, etc. Por no hablar de lacras que minan desde dentro la revolución como el burocratismo y la corrupción.
Recientemente se ha descubierto una mafia en la red de distribución alimentaria pública PDVAL que -probablemente en connivencia con oficiales del ejército y la policía, empresarios privados y otros sectores de la burocracia estatal- declaraba caducados alimentos importados para su distribución a un precio subvencionado en la red pública y los revendía más caros en el mercado privado o en otros países. Varias decenas de responsables han sido detenidos y en las bases existe un clamor para que reciban un castigo ejemplar.
Toda la situación económica y social venezolana es una confirmación de que la quimera reformista que defiende combinar socialismo con capitalismo y propone hacer concesiones a los empresarios nacionales para convencerles de que hagan lo que nunca han hecho: invertir, ha fracasado estrepitosamente. El único modo de defender la revolución es expropiando la tierra, el conjunto de los bancos y las principales empresas del país y estatizándolos bajo el control de los trabajadores, como primer paso hacia la sustitución del actual Estado -que sigue siendo burgués- por un Estado revolucionario basado en los Consejos de Trabajadores y Comunales, formados por representantes elegibles y revocables en todo momento y unificados a escala local, estatal y nacional.
Un genuino Estado revolucionario, basado en la elegibilidad y revocabilidad de todos los cargos públicos y donde estos cobren el mismo salario que un trabajador cualificado, sustituiría a los burócratas y corruptos por genuinos cuadros revolucionarios, garantizando que las necesidades de los trabajadores y el pueblo encuentran solución.
Como parte de lo anterior, es imprescindible arrebatar el control de las exportaciones e importaciones a los empresarios y burócratas, que hacen todo tipo de chanchullos con los dólares que les da el gobierno y especulan contra la economía nacional. El gobierno debe crear urgentemente una empresa estatal de importación y exportación bajo control obrero y popular, que tenga el monopolio estatal de todo el comercio exterior.
De no aplicarse estas medidas la revolución bolivariana corre serio peligro. Aplicándolas sería perfectamente posible acabar con el capitalismo y erradicar el burocratismo y la corrupción, impedir el desarrollo de mafias como la descubierta en PDVAL, terminar con las actuaciones antiobreras de muchas inspectorías de trabajo, y resolver otras tantas contradicciones que sufre la revolución.
