El pasado 30 de septiembre Rafael Correa, el presidente democráticamente elegido por el pueblo ecuatoriano, era secuestrado durante varias horas por un regimiento de policías. Esta acción formaba parte de un plan orquestado por sectores de la oposición contrarrevolucionaria ecuatoriana encabezados por el ex presidente Lucio Gutiérrez (destituido hace años por una insurrección popular) cuyo objetivo era eliminar a Correa y tomar el poder. La rápida y masiva movilización de miles de jóvenes y trabajadores echó por tierra los planes contrarrevolucionarios. Como explicaba el Ministro de Asuntos Exteriores, Ricardo Patiño, la movilización popular aisló a los golpistas en el Hospital de la Policía, donde retenían al Presidente, y creó divisiones en el seno de la oligarquía y el aparato estatal. Los jefes del ejército, que a media mañana declaraban su lealtad a "la Constitución" (que no al presidente) y al mismo tiempo demandaban a Correa que "revisase" la ley objeto de protesta, tras mantenerse casi diez horas a la espera de cómo se desarrollaban los acontecimientos, se veían obligados finalmente a dar la orden de tomar militarmente el Hospital y liberar al Presidente. De no hacerlo, el mismo hubiera sido tomado por los manifestantes a riesgo de perder sus vidas.

¿Por qué dieron el golpe?

La prensa capitalista en muchos países intenta presentar lo ocurrido como una protesta  de unos policías descontentos sin objetivos políticos. La realidad, como se pudo comprobar por televisión, fue que mientras estos policías eran utilizados para retener al Presidente Correa, partidarios de Lucio Gutiérrez intentaban tomar de manera violenta el canal público de televisión y diputados opositores, junto a alguno del partido de Correa que se pasó a los golpistas, intentaron hacerse con el control del parlamento. Según las últimas informaciones, más de 200 francotiradores impedían la toma del Hospital de la Policía por el pueblo. Si esto no es un golpe de estado ¿qué es?
Dicho golpe se inscribe en una estrategia de desestabilización política y sabotaje económico que comenzó desde que Correa llegó al poder. El gobierno de Correa ha adoptado algunas medidas contrarias a las exigencias de la burguesía y el imperialismo como intensificar el control gubernamental sobre los recursos petroleros para aumentar los gastos sociales, acabar con las bases militares estadounidenses en el país (particularmente la de Manta, clave para la estrategia imperialista en Latinoamérica) o unirse a la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), impulsada por Cuba, Venezuela y posteriormente Bolivia como alternativa al ALCA y los Tratados de Libre Comercio promovidos por EEUU. Desde su reelección con más del 60% de los votos Correa además se declaró partidario del "socialismo del siglo XXI".
En los últimos meses la ofensiva para intentar sacar a Correa del gobierno y poner a una marioneta del imperialismo (Lucio Gutiérrez u otro) se ha intensificado. Como también ocurre en Venezuela y Bolivia, los capitalistas están saboteando la economía: cerrando empresas, especulando, etc. Además, la crisis económica mundial está golpeando duramente a Ecuador al reducir de manera muy importante las remesas de los emigrantes que, junto al petróleo, es la mayor fuente de ingresos del país.

Correa tiene que expropiar
a la oligarquía

Correa ha aprobado varias leyes en los últimos meses. La ley de tierras, que intenta limitar y combatir el latifundio. La de hidrocarburos, que aunque mantiene las concesiones petroleras a multinacionales extranjeras, obliga a pagar impuestos desde el inicio de sus operaciones y no como antes: una vez amortizasen su inversión. Al mismo tiempo, ha rebajado cinco puntos el impuesto sobre la renta y tomado otras medidas para animar a los empresarios privados a invertir. Pero estos nunca invertirán.
El intento de mejorar las condiciones de vida del pueblo sin expropiar al conjunto de la clase capitalista, está suponiendo que pese a toda una serie de políticas sociales progresistas que intenta implementar Correa, los problemas de las masas no se vean resueltos de manera concluyente. El desempleo, pese a los esfuerzos de Correa, alcanza el 10% y el subempleo y la informalidad el 50,4%. Según los sindicatos, está aumentando la tercerización y los salarios resultan insuficientes. Si esta situación se mantiene mucho más tiempo será utilizada por los contrarrevolucionarios para avanzar en sus planes golpistas.
La propia ley de servicio público es un ejemplo. Esta ley pretende, según Correa, combatir las corruptelas, sobresueldos, y otras irregularidades de muchos funcionarios policiales y de otros organismos estatales. El problema es que si ésta y otras medidas no forman parte de un plan global para sustituir el estado burgués por un estado revolucionario y expropiar los bancos, la tierra y las principales fábricas para ponerlas bajo control obrero y popular no servirán para resolver los problemas de fondo que sufre la población. En el mejor de los casos, tendrán un efecto parcial que el sabotaje de los capitalistas y la burocracia estatal intentará minimizar aún más. En el peor de los casos serán utilizadas por los propios capitalistas para intensificar el saboteo y la desestabilización, manteniendo la corrupción y la pobreza que la alimenta (cuyos principales responsables son ellos), al tiempo que intentarán utilizar a los policías y otros sectores de funcionarios para desestabilizar al gobierno.  
Todo indica que el plan contrarrevolucionario era intentar desencadenar un movimiento desestabilizador como el iniciado en Venezuela tras la aprobación de las leyes de tierras e hidrocarburos en 2001 y que culminó en el golpe de abril de 2002. Probablemente, un sector de la clase dominante (encabezado por Gutiérrez y animado por el secuestro de Correa) decidió acelerar la marcha y adelantar el golpe decisivo. Pero sobrevaloraron sus fuerzas, tomaron por sorpresa a algunos de los suyos  y sobre todo infravaloraron la capacidad de respuesta popular. Como en Venezuela en abril de 2002, los jóvenes y trabajadores ecuatorianos demostraron su disposición a dar sus vidas si era necesario para defender la revolución. Todo lo ocurrido sirve para extraer varias conclusiones.

La única manera de evitar nuevos golpes es el armamento general del pueblo y  la formación de comités de defensa

El que un sector importante de la policía haya secuestrado al Presidente con la pasividad y ambigüedad de la cúpula militar demuestra que no se puede confiar en el aparato estatal existente para acometer ninguna medida de cambio, ni siquiera reformas progresistas. Mientras las fábricas, los bancos y la tierra permanezcan en manos capitalistas y el estado burgués siga en pie serán utilizados por la contrarrevolución y continuarán los planes golpistas. La próxima vez intentarán cometer menos errores y organizarse mejor.  
Como decíamos los marxistas de la CMR en los análisis hechos mientras sucedía el golpe: "Sólo mediante una revolución que termine de un solo golpe con el aparato estatal capitalista y nacionalice los medios de producción se podrá resolver los problemas de la población y luchar efectivamente  No hacer esto conlleva que la burguesía acabará con cualquier intento de avance del país, no gradualmente, si no de un solo golpe". Los gritos de los miles de manifestantes tras la victoria pidiendo castigo para los responsables muestra que los trabajadores y el pueblo instintivamente lo comprenden.
Correa debe depurar el ejército y la policía y encarcelar a todos los participantes y responsables del golpe. Pero no sólo eso. Debe impulsar la organización de milicias obreras y populares de defensa de la revolución en todos los barrios populares y centros de trabajo. Los trabajadores deben tener armas para poder defender el gobierno. Esa es la única garantía de que el ejército se mantenga al lado del pueblo. Al mismo tiempo es necesario desarrollar un trabajo revolucionario dentro de la tropa. La lucha contra la corrupción y el golpismo en la policía y el ejército sólo tendrá éxito si va unida a un plan para sustituir la actual estructura estatal por un estado revolucionario controlado por los trabajadores y el pueblo mediante consejos de trabajadores, campesinos, vecinos, elegibles y revocables en todo momento. Ello debe ir unido a la estatización de la economía bajo control obrero para elevar los niveles de vida y acabar con la pobreza y la lucha por la supervivencia, que son el caldo de cultivo sobre el que crece y se extiende la corrupción y el malestar.
Las luchadores obreros y populares, las bases del Movimiento País, deben conformar comités de defensa en todos los centros de trabajo, universidades, escuelas y barrios, y coordinarlos local, regional y nacionalmente para combatir cualquier nueva intentona golpista y paralizar el aparato estatal, que los oligarcas tratarán de utilizar nuevamente contra el gobierno y el pueblo. Estos comités al mismo tiempo deben servir para recoger las principales demandas y necesidades existentes entre la población y unificar la lucha por ellas, elevándolas al gobierno para que les de solución y demandando la aplicación de un programa socialista.
La victoria contra los golpistas en Ecuador ha mostrado la enorme fuerza que tenemos los explotados cuando nos movilizamos y ha animado a las masas no sólo en este país sino también en Venezuela, Bolivia y el conjunto de Latinoamérica. Si la clase obrera, al frente de todos los oprimidos, toma el poder en cualquiera de estos países expropiando a los capitalistas su impulso se contagiaría de manera inmediata al resto del continente.