Con el éxito del rescate, los medios de comunicación no han dudado en pintar el paisaje en el que "la unidad de todos los chilenos" y los avances económicos en los últimos años son ejemplos claros del modelo deseable que supone el capitalismo chileno para el resto del continente latinoamericano. Pero, a pesar de los discursos grandilocuentes del presidente Piñera, el derrumbe de la mina ha sacado a la luz las tremendas condiciones de explotación y pobreza que soportan los trabajadores de la minería. El colapso de la mina era un drama anunciado. La explotación de San José, de propiedad privada, se caracteriza por ser una de las más inseguras del país. En el año 2004 un minero murió en un accidente y hubo 182 heridos. En 2007 se produjeron 3 muertes. En 2008 las instalaciones fueron cerradas a raíz de la muerte de un geólogo. Sólo la promesa de construir una escalera de emergencia permitió reanudar la explotación. Medida que, por supuesto, no se finalizó y que explica por qué quedaron bajo tierra los 33 trabajadores. Junto a la ausencia de mecanismos de seguridad hay que sumar el robo directo de los salarios mediante el retraso de meses en el pago de las nóminas. La plantilla lleva sin cobrar desde el mes de agosto. Además, muchos de los trabajadores no tienen ninguna protección social. Unas condiciones indignas a las que se ven obligados a agarrarse miles de trabajadores para huir de la indigencia. El riesgo aparece como el mal menor.

Privatización, inseguridad y explotación

El deterioro no ha dejado de avanzar desde la dictadura de Pinochet. La privatización de la mayor parte del sector, significó prácticamente el fin de todas las regulaciones que existían en materia de seguridad. Ahora, la minería es una fuente de beneficios extraordinarios para la oligarquía y sobre todo para las multinacionales. Los mismos que se han hecho de oro durante décadas gracias a la dictadura y su legado, ahora claman por la dignidad de los trabajadores. Sin ir más lejos, el presidente Piñera es miembro de una de las familias más enriquecidas con la figura del dictador e implicada al máximo nivel en su política, y cuyo papel es crucial en la legislación represora contra el movimiento obrero de aquellos años, sentando las bases de muchos de los ataques que se producen en el presente. Fue el hermano mayor del presidente, José Piñera, quien como ministro de Trabajo en 1980 abolió los derechos laborales conquistados tras décadas de lucha enconada. Firmó un código del trabajo que desató las oleadas de privatizaciones. Esta norma desde entonces es la principal guía para atacar las condiciones de trabajo.
El tratamiento mediático con el que se ha seguido el rescate de los mineros ha tenido una clara intención política: encubrir las condiciones reales de los trabajadores, transmitir una imagen de preocupación del gobierno de la derecha hacia los trabajadores e, incluso, un alarde de tecnología y modernidad del país. Pese a toda la presión del poder, el malestar y la protesta de los mineros se expresó cuando en una misa "blindada", y a la que no estaban invitados el resto de los mineros, abandonados a su suerte desde el derrumbe de la mina, éstos aparecieron en la ceremonia para protestar. "Piñera para el show", "70 días sin trabajo y sin dinero", "No somos 33 somos 300", fueron algunas de las consignas y pancartas que se pudieron escuchar y ver y que ensombrecieron la imagen de armonía entre las clases que quería proyectar la burguesía chilena.