Como ha ocurrido una y otra vez a lo largo de este proceso revolucionario, desde los medios de comunicación de la burguesía venezolana y mundial se intenta presentar “el mundo al revés”: a las bandas fascistas que se dedican a asesinar, atacar y destruir edificios públicos como “estudiantes que protestan y son represaliados” y al gobierno democráticamente elegido y las masas que lo apoyamos como un “régimen represivo y dictatorial”.
El plan contrarrevolucionario
Esta ofensiva de la oposición es parte de un plan que comenzó con el desabastecimiento de toda una serie de productos básicos que tienen el precio regulado por el gobierno (azúcar, leche, aceite, etc.), aunque dependientes del sector privado para su producción y distribución. Otros alimentos y productos básicos no regulados experimentaron una brutal subida de precios. Todo este sabotaje empresarial a la economía, que se hizo especialmente intenso en 2013, ha tenido como objetivo generar descontento social y minar el apoyo a la revolución entre sectores de las masas. Su objetivo último es crear las condiciones para que, por los medios que sea (golpe militar, intervención imperialista, electoral o la combinación de todos ellos) los oligarcas, que durante décadas han saqueado los recursos nacionales y han oprimido al pueblo, vuelvan a hacerlo con la misma impunidad y descaro de siempre. 
Tras las elecciones presidenciales de abril de 2013 en las que el candidato del PSUV, Nicolás Maduro, ganó al candidato de la oposición, Capriles, por un ajustado margen del 1,59%, la oligarquía venezolana y el imperialismo pusieron grandes expectativas en las elecciones municipales de diciembre del mismo año. Confiaban en que se podría producir una victoria electoral contundente que escenificara el principio del fin de la revolución y con la que mantuvieran cohesionada a su base social con la perspectiva de una caída segura, y más o menos rápida, del gobierno chavista. Sin embargo, estas últimas elecciones fueron un varapalo para la reacción: en el 76% de los municipios ganaron las candidaturas chavistas; en votos el PSUV sacó 10 puntos más que la coalición MUD, que agrupaba a toda la oposición.
No es ningún detalle que dichas elecciones se produjeran bajo el impacto de las medidas que el gobierno de Nicolás Maduro puso en marcha contra la especulación de los precios que realizaba una serie de cadenas comerciales privadas, que importaban bienes a 5.000 bolívares y los vendían a 50.000 o 60.000. Dichas medidas fueron tomadas con entusiasmo por las masas, que dieron un nuevo paso adelante en defensa de la revolución, derrotando el objetivo de la reacción de utilizar las elecciones como un plebiscito contra el presidente.
Es en este contexto en el que el ala todavía más reaccionaria y fascista de la oposición toma protagonismo en la escena política. Desde principios de enero el partido Voluntad Popular de Leopoldo López, otro activo participante del frustrado golpe de 2002 contra Hugo Chávez, hace continuos llamamientos al “alzamiento” de los venezolanos, agitando demagógicamente con el problema del desabastecimiento, la inflación y la inseguridad.
Hasta el momento, los fascistas no han logrado pasar de generar focos de violencia, barricadas incendiarias, etc., en las urbanizaciones de clase media-alta donde la oposición obtiene habitualmente mayoría. En las zonas obreras y populares, donde la revolución sigue obteniendo un respaldo claramente mayoritario han intentado organizar provocaciones y tiroteos utilizando paramilitares y mercenarios, pero no han logrado ningún punto de apoyo significativo. La excepción parece ser el Estado Táchira, fronterizo con Colombia. Allí han conseguido extender las acciones violentas a algunas zonas populares e intentan convertir su capital, San Cristóbal (donde la oposición suele ganar con el 60-70% de los votos), y varios municipios fronterizos conquistados en las últimas elecciones municipales, en su base para plantear que “el país está dividido”, que “el gobierno no puede controlar la situación”, que “no hay gobernabilidad”, etc.
Aunque la burguesía no tengan fuerza para derribar de forma inmediata al gobierno de Nicolás Maduro y empezar a desmantelar todas las conquistas democráticas y sociales de la revolución, utilizarán el sabotaje económico, la presión mediática y diplomática, y el caos y la violencia en la calle para tratar de alcanzar objetivos parciales que allanen el camino hacia la meta principal.
Uno de esos objetivos parciales, que llevan tiempo persiguiendo, es provocar un pronunciamiento de sectores de la oficialidad, de la burocracia del Estado o de la máxima dirección del PSUV a favor de una negociación “para acabar con la división del país” instando al gobierno a aceptar parte de las exigencias políticas y económicas de la derecha. La burguesía y el imperialismo confían en que una división pública en la dirección del chavismo, a iniciativa de sus sectores más conservadores, tenga un efecto desmoralizador sobre las masas. Aunque de momento ningún dirigente clave se ha desmarcado del gobierno por la derecha, las declaraciones de Vielma Mora, gobernador del estado de Táchira, apelando a la negociación con la oposición y a que sean liberados Iván Simonovis (uno de los golpistas del 11 de abril de 2002, responsable directo de la violencia armada que costó las vidas de varias personas) y Leopoldo López, el dirigente fascista promotor de las recientes provocaciones, encienden una primera luz de alarma. De hecho, los sectores más combativos del movimiento revolucionario han exigido una respuesta contundente a las declaraciones de Vielma (que ya fue muy cuestionado cuando fue designado candidato del PSUV), pero de momento la respuesta del gobierno ha sido cerrar filas y decir que “todos estamos de acuerdo en buscar la paz y el diálogo”.
El diálogo con la oposición es una vía hacia el desastre
El presidente Maduro dijo en un discurso reciente que al fascismo se le vence con la movilización del pueblo. Tras el Consejo de Ministros del 19 de febrero llamó a crear milicias obreras. “No permitamos que sigan trancando avenidas ni calles”, dijo. “Vamos a fortalecer los cuerpos de combatientes, la milicia obrera del país. Es mi llamado a la clase obrera. (…) Allí, en cada fábrica, con disciplina…”. El gobierno debe mantenerse firme en esta posición correcta y hacerla realidad sin aceptar ninguna presión ni chantaje nacional o internacional. Hay que organizar ya esas milicias y armarlas para que ellas, junto a los reservistas, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), así como la movilización permanente del conjunto de las masas, se encarguen de defender la revolución. A la vez, el gobierno debe expropiar a los capitalistas para resolver los problemas de las masas mediante la planificación de la economía y así reforzar y mantener su base social.
Sin embargo, días más tarde, el 24 de febrero, Nicolás Maduro anunció la convocatoria de una Conferencia Nacional de Paz y Convivencia de la Patria, “para un diálogo profundo de desarrollo económico, de paz, para aislar a la violencia y violentos” y se mostró dispuesto a conversar con Capriles. Posteriormente se ha aceptado establecer esas mismas conferencias a nivel local y nacional. Los empresarios (incluidos los golpistas del 2002: Fedecámaras, etc.) han acudido a la primera reunión y se ha establecido una mesa para que contribuyan con sus propuestas “al desarrollo económico” y “la paz” del país. Esto ha sido agarrado con las dos manos por ellos, empezando por el Grupo Polar (principal responsable del desabastecimiento) para presentar al gobierno una serie de medidas que llevan tiempo planteando y que de ser aplicadas podrían alejarle de su base social.
Este camino —aunque las intenciones del presidente Maduro sean otras— está empezando a tener el efecto contrario al buscado: envalentonar a los contrarrevolucionarios y sembrar dudas y desorientación entre las masas. Cualquier diálogo con la burguesía y los dirigentes opositores será utilizado por estos para ganar tiempo, desmoralizar a sectores de las bases revolucionarias e intentar descarrillar la revolución y, si no lo consiguen, preparar en mejores condiciones nuevos ataques en la calle. Eso fue lo que hicieron en 2002, cuando, mientras el gobierno dialogaba con ellos, tras la derrota del golpe del 11 de abril, organizaron el paro petrolero de diciembre de ese mismo año. El propio Chávez consideró ese diálogo de entonces como un error. Ya no hablemos si los contrarrevolucionarios lograsen que el gobierno aceptase negociar con ellos la aplicación de distintas medidas económicas y políticas que la burguesía viene planteando. En el terreno económico, la flexibilización de los controles de precios y cambios, la petición de más divisas (para seguir especulando con ellas), legislación laboral más flexible para ellos y más dura para los sindicatos, y por supues
to nada de expropiaciones (desde la muerte de Chávez no ha vuelto a verse ninguna). En el político, que se negocie con ellos las políticas de estado que se aplican y que se ataque a lo que ellos llaman los “colectivos”. Con apoyo de los medios de comunicación burgueses a nivel nacional e internacional satanizan a estos colectivos, los presentan con etiquetas falsas y calumniosas como “paramilitares” y exigen su “desarme”. Se trata de colectivos populares que han sido claves para organizar la defensa de la revolución en varios momentos álgidos, construir medios de comunicación alternativos y desarrollar una labor de movilización social en las zonas más pobres de las grandes ciudades y en especial de Caracas. Esta criminalización de los sectores más militantes y combativos de la izquierda chavista ya la vimos en otros momentos del proceso revolucionario, como cuando en 2002 la reacción hablaba de la misma manera y exigía lo mismo en relación a los círculos bolivarianos. En este punto, también, aceptar la presión de la burguesía tendría consecuencias gravísimas para la revolución.
El diálogo del gobierno bolivariano debe ser con el pueblo, con los colectivos obreros y populares que llevan años en la primera línea de la revolución, con los sectores que están planteando distintas propuestas y reivindicaciones para acabar con el burocratismo y superar el capitalismo, no con la oposición burguesa.
Hay que expropiar a los capitalistas y completar la revolución
Los trabajadores del sector automotriz, Sidor, Aceites Diana, Lácteos Los Andes, las cementeras, Abastos Bicentenario y otros muchos se han movilizado en repetidas ocasiones presentando reivindicaciones y propuestas para luchar contra el sabotaje capitalista y burocrático en sus empresas y hacer avanzar el proceso revolucionario. Pero esas demandas no han sido atendidas y esas luchas han permanecido dispersas. Las inspectorías de trabajo actúan sistemáticamente contra los trabajadores y a favor de los empresarios. Decenas de empresas públicas y privadas tienen convenios colectivos expirados que no han sido actualizados. Una tarea clave del momento es unificar todas esas luchas y dar satisfacción a sus justas reivindicaciones, vinculándolas además a la necesidad de derrotar la ofensiva fascista y culminar la revolución sustituyendo el estado burgués y la economía capitalistas que hoy tenemos por una economía y un estado socialistas bajo la administración directa de la clase obrera y el pueblo.
Cada vez que a lo largo de este proceso revolucionario las bases han tenido la oportunidad de desarrollar sus propias iniciativas de lucha, o se les ha hecho un llamado a la movilización serio, han demostrado su fuerza, conciencia y voluntad de lucha. Lo vimos el 11, 12 y 13 de abril de 2002 cuando derrotaron el golpe, ese mismo año aplastando el paro petrolero, siguió la toma de diferentes empresas cerradas por los empresarios, muchas de las cuales posteriormente fueron expropiadas por el gobierno y recuperadas por los trabajadores. También lo vimos en las más de 13 victorias electorales conseguidas por la revolución en 14 años, incluyendo las recientes elecciones municipales. 
Si imponiendo una limitación de precios a una serie de cadenas se consiguió una gran oleada de entusiasmo, ¿qué no hubiera ocurrido si esas medidas hubiesen sido continuadas y extendidas al conjunto de la economía, expropiando a los capitalistas, decretando un monopolio estatal del comercio exterior bajo control obrero y popular (único modo de acabar con la especulación y el desabastecimiento)? ¿Qué no pasaría si se llamase a la clase obrera y las comunidades a tomar en sus propias manos la lucha contra el sabotaje capitalista, organizando en cada barrio y cada fábrica comités y asambleas contra la especulación y el sabotaje, así como contra cualquier intento de desestabilización fascista como el que ahora vemos? Las masas responderían como un solo hombre, la revolución daría un paso de gigante y los fascistas no podrían mover un dedo.
