Un cachorro de la oligarquía
Nieto y sobrino de ministros bajo la dictadura militar, Leopoldo López es, en palabras de The Guardian, un “político de sangre azul”. La familia Mendoza, de la que proviene su madre, es propietaria de las empresas de alimentación Polar —uno de los mayores monopolios privados del país— principal responsable del desabastecimiento y contrabando de alimentos, y del desvío de los dólares de los subsidios gubernamentales. Tras estudiar en las mejores escuelas norteamericanas, entre ellas la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard, de vuelta en Venezuela se integró en la organización Tradición, Familia y Propiedad (el nombre lo dice todo) y, siguiendo los pasos de muchos “defensores de la iniciativa privada” se colocó como asesor de la empresa estatal de petróleo PDVSA. Pero la revolución bolivariana y la llegada de Chávez al gobierno no propiciaban el mejor ambiente para desarrollar su carrera.
En el año 2000 fue elegido alcalde de Chacao, uno de los municipios más ricos del país, y durante el golpe militar de abril de 2002, Leopoldo López encabezó la detención del ministro de Interior y Justicia, participó en el asalto a la embajada cubana y mostró un respaldo público al infame “decreto Carmona” que disolvía el parlamento y suspendía la Constitución, o lo que es lo mismo, abolía la democracia en su país.
Como sabemos, la intervención de las masas les aguó la fiesta a estos fascistas, pero no desanimó a nuestro personaje. Entre otras cosas porque nunca pisó la cárcel (ni siquiera fue inhabilitado como alcalde) y fue indultado por Chávez, el “terrible represor”, en 2007. Representante del ala más dura de la oposición, promovió el boicot en las elecciones legislativas de 2005 esperando una rebelión que llevara a la caída del Gobierno. El fracaso de esta estrategia le condujo a sucesivos cambios en su color político, siempre dentro de la oposición escuálida, hasta que en 2009 formó su propio movimiento, Voluntad Popular.
La guarimba fascista de 2014 y “los derechos humanos” versión Felipe González
El fiasco de la oposición tras la victoria electoral de Maduro en 2013 llevó a Leopoldo López a Miami con la ultraderechista Fundación de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, donde presentó el plan denominado “La Salida”. Este plan preveía una escalada de acciones y actos sangrientos que “obligarían” a sectores militares a intervenir, precipitando la “salida” del Gobierno. López dirigió personalmente el asalto a la Fiscalía General, que fue incendiada y donde fallecieron un veterano revolucionario y un estudiante opositor, y alentó muchos otros ataques con decenas de asesinados por bandas fascistas.
Estos fueron los motivos por los que Leopoldo López fue detenido, encarcelado y juzgado, y que nunca señalan sus defensores internacionales, una nómina selecta que se extiende desde la extrema derecha a la socialdemocracia. De ese grupo forma parte Felipe González, cuyo interés por los derechos humanos debió surgir más o menos a la vez que los GAL, pero cuya querencia por Venezuela viene de largo. Huésped habitual del millonario venezolano Gustavo Cisneros —el mismo que se benefició de la privatización de Galerías Preciados tras una masiva inyección de dinero público— y viejo amigo del ya fallecido Carlos Andrés Pérez (CAP), expresidente “socialdemócrata” de Venezuela por Acción Democrática (AD), que masacró en 1989 a miles de compatriotas que protestaban contra su paquete de recortes sociales en el levantamiento popular conocido como el Caracazo, Felipe jamás abrió la boca para denunciar esta carnicería.
La cuestión es que nuestro paladín de los derechos humanos decidió hace unos meses desempolvar su título de abogado para defender a Leopoldo López. Ni corto ni perezoso se plantó en Caracas, y cuando las autoridades venezolanas le dijeron que su título no era válido allí, montó en cólera. No contento con eso, la campaña de Felipe contra la tiranía venezolana no ha dejado de intensificarse hasta poner la guinda a tanto esfuerzo, al afirmar que “el estado de sitio del Chile de Pinochet respetaba mucho más los derechos humanos que el paraíso de paz y prosperidad de Maduro”. Esta comparación miserable con una de las dictaduras más terribles que asoló a América Latina ha indignado no sólo a la izquierda, sino a cualquier persona con un mínimo conocimiento de lo que significó el régimen de Pinochet, con sus más de 3.000 muertos y desaparecidos y 40.000 detenidos, presos y torturados.
Los actos de violencia fascista impulsados por López, entre los que se contabilizan disparos de francotiradores, trampas mortales para motoristas e incendios de guarderías públicas, causaron 43 muertos, de los cuales 11 fueron policías o militares y al menos otros tantos civiles favorables al Gobierno. Todo ello tenía un fin: derrocar a un gobierno democráticamente electo, y eso fue lo que propició su juicio y posterior condena a 13 años y 9 meses de prisión.
Una verdad que no la pueden tapar ni Felipe González, ni Esperanza Aguirre, ni todos los lacayos a sueldo de la oligarquía y el imperialismo.
