¿Qué efectos tendrán y a quién benefician?
El 18 de Febrero el Presidente Nicolás Maduro anunciaba varias decisiones de emergencia económica, entre las que destacan subir los precios de toda una serie de productos y servicios —entre ellos el de la gasolina—, incrementar el Impuesto Sobre la Renta (ISRL), y pasar el llamado “cambio protegido” de 6,30 a 10 Bolívares (Bs) por dólar (este cambio afecta fundamentalmente a las importaciones de productos de primera necesidad como medicamentos y alimentos básicos), estableciendo un cambio flotante para el resto de mercancías y transacciones en 202 Bs por dólar. En un contexto económico muy difícil, las medidas han sido presentadas como “las únicas posibles” para estimular la producción, aumentar los ingresos del estado y ahorrar gastos.
Pero ¿son realmente estas decisiones las que se necesita para fortalecer la revolución y atajar el boicot económico? ¿Serán un paso adelante en la lucha contra el desabastecimiento y la corrupción? ¿De verdad beneficiarán a los trabajadores o serán aprovechadas por los capitalistas para seguir especulando?
Junto a estas medidas económicas de carácter general, el Presidente Maduro anunció una reorganización de la Misión Alimentación, que engloba al conjunto de empresas y organismos públicos encargados de distribuir alimentos a la población. Durante las últimas semanas gerentes de varias de estas empresas han sido detenidos y permanecen encarcelados acusados de beneficiarse con el desvío de productos hacia el mercado paralelo e incluso ha sido detenida la presidente a nivel nacional de la Red de Abastos Bicentenario (RABSA), red de supermercados e hipermercados nacionalizada por Chávez en 2009 que engloba a 9000 trabajadores. La reorganización, según han explicado altos cargos del Ministerio de Alimentación, consistiría, entre otras cosas, en fusionar RABSA con PDVAL y MERCAL (otras redes de distribución más pequeñas y donde los trabajadores tienen peores condiciones laborales), cerrar tiendas que no se consideran rentables (ya hay varias cerradas en estos momentos), convertir los supermercados e hipermercados en centros de acopio que abastecerían operativos a cielo abierto y mercados comunales en los barrios, y cerrar los centros de trabajo los domingos (el día que más gente acude a comprar y que se paga como doble, lo que significaría una reducción de salario).
Las relaciones de propiedad capitalista siguen sin cuestionarse
Como marxistas que luchamos por la revolución socialista en Venezuela, tenemos la obligación de señalar que las medidas anunciadas siguen sin dirigirse contra el problema central que atenaza a la economía venezolana. La inflación, la especulación, el desabastecimiento, el robo y la corrupción están directamente relacionados con la permanencia de la propiedad capitalista de las fábricas, los bancos y la tierra, así como con el hecho de que las empresas del Estado, o aquellas que han sido expropiadas durante estos años de revolución, no están dirigidas por los trabajadores, ni siquiera sometidas a su control, sino gestionadas por parte de gerentes y altos cargos que se dicen revolucionarios pero actúan al margen del control de las masas, funcionan con criterios capitalistas e incluso han estrechado en el último período cada vez más lazos con la burguesía. Ninguna de las medidas anunciadas significa un paso al frente para acabar con las relaciones de propiedad capitalistas ni con la burocracia y tendrán el efecto de cargar la actual crisis de la economía sobre las espaldas del pueblo trabajador bolivariano. Veamos porqué.
Los principales beneficiarios del “cambio protegido” seguirán siendo los empresarios: la concesión de más divisas a precios favorables les permitirá seguir especulando con los precios y dólares, como han hecho todos estos años, a pesar de las lágrimas de cocodrilo que derraman en los medios de “desinformación”. Los capitalistas venezolanos son de los más parásitos del planeta y su principal veta de ingresos en el periodo revolucionario ha consistido en saquear la renta petrolera especulando con los productos y las divisas. Cuando la economía (entre 2004 y 2008) crecía 8 y 10% anual y recibían ayudas públicas abundantes, realizaron una huelga salvaje de inversiones y solo utilizaban entre un 42 y un 52% de la capacidad productiva instalada en sus empresas (datos de Conindustria) En lugar de producir, la burguesía prefiere especular y llenar sus cuentas corrientes en el extranjero, una situación que se prolonga escandalosamente en la actualidad. Pero el gobierno, ante un negocio escandaloso imposible de ocultar, no sólo no ha ido al fondo del problema procediendo a la expropiación de esta clase de parásitos, sino que ha dedicado un porcentaje cada vez mayor de los ingresos petroleros a importaciones de productos básicos, que hay que pagar a precios del mercado mundial y en divisa fuerte (dólares o euros), contribuyendo así al incremento de la inflación y el endeudamiento.
Otras medidas anunciadas, como el aumento del precio de la gasolina, al mantenerse la propiedad de las empresas en manos capitalistas empujarán a un alza generalizada de precios. Esto se une a que el gobierno, en la practica, está aceptando subidas de precios en numerosos productos que no se compensan con los aumentos salariales; y la situación se empeora por que tras la última subida salarial, y teniendo en cuenta lo que han subido las unidades tributarias, muchos trabajadores que antes no estaban obligados a pagar el ISLR ahora sí tendrán que hacerlo. Todo esto reduce aún más el poder adquisitivo de la mayoría de la población. En resumen, las medidas planteadas, independientemente de cual sea la voluntad del gobierno, significan hacer más concesiones a los empresarios y golpear los ingresos y derechos de los trabajadores. Esto no resolverá ningún problema. Al contrario: sólo puede debilitar más el apoyo a la revolución y facilitar los planes de la derecha.
La economía y el estado deben estar bajo administración directa de los trabajadores
Aunque los máximos dirigentes de la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores (CSBT) han apoyado las medidas, entre sectores de las bases han causado inquietud y sorpresa. Un ejemplo es lo que está ocurriendo en la Red de Abastos Bicentenario, donde el 19 de Febrero (la mañana siguiente al anuncio de las medidas por parte de de Nicolás Maduro) sus 9.000 trabajadores protagonizaron protestas a lo largo de todo el país. Aunque posteriormente el Presidente Maduro se dirigió a los trabajadores prometiendo garantizar la estabilidad de los empleos, la inquietud ante el futuro de la Red sigue siendo grande y los directivos sindicales y delegados de prevención más a la izquierda están llamando al gobierno bolivariano a rectificar y recuperar el proyecto original de Chávez para Abastos Bicentenario: exigiendo que la Red funcione bajo la dirección de los trabajadores y garantizar el funcionamiento de las tiendas mediante representantes elegibles y revocables; demandando que se investigue y castigue a los altos cargos y no se criminalice a los trabajadores, ya que estos habían denunciado una y otra vez irregularidades ante el ministerio; y exigido la apertura de los libros de cuentas y la elegibilidad y revocabilidad de los gerentes.
La clase obrera con su instinto apunta claramente a la solución. Si se quiere cortar de raíz con la lógica inflacionaria, con la especulación de las divisas, y el negocio de estos parásitos, el camino es aplicar medidas socialistas claras y comprensibles para la población, y que serían completamente eficaces en esta situación de emergencia económica. El gobierno debería decretar el monopolio estatal del comercio exterior, ejercer directamente de intermediario en el mercado mundial, y acabar con todas las prácticas comerciales y especulativas de carácter parasitario que engordan los beneficios de la burguesía, de las multinacionales imperialistas y de un sector de burócratas corrompidos hasta la médula. Para que este monopolio funcione y no ocurra como con CENCOEX (el organismo público que hasta ahora se encarga de controlar la entrega de divisas por parte del estado) debe estar dirigido por los trabajadores y el pueblo y no por funcionarios al margen de éste.
Los banqueros y empresarios han obtenido beneficios record todos estos años aprovechándose de las políticas de redistribución de la riqueza y gasto publico del Estado, así como especulando con las divisas. Pero ¿cuántas empresas y puestos de trabajo han creado? ¡Ninguno! Los enormes recursos existentes en los bancos, que son resultado de explotar la riqueza petrolera y nuestra fuerza de trabajo, deben estar en manos del pueblo y destinarse a poner en marcha un plan de reactivación productiva —tanto en la industria como en la agricultura— gestionado no por burócratas sino por los propios trabajadores y el pueblo. Esto sí permitiría hacer frente a la crisis y reducir la dependencia de las importaciones. Mientras, los productos e insumos que resultase necesario comprar en el exterior, serían adquiridos directamente por el estado, dirigido por los trabajadores, garantizando su distribución a precios justos.
Por supuesto, estas medidas de expropiación económica y de monopolio estatal, nacionalización de los bancos, las grandes empresas y las tierras bajo control obrero, permitiría combatir la corrupción y la especulación y dar los pasos imprescindibles hacia una economía socialista planificada. Los libros de cuentas de todas las empresas deben ser abiertos a la inspección de los trabajadores (tal como están planteando los dirigentes más a la izquierda en Abastos Bicentenario) para ver que gastos son aceptables y cuáles no, y todos los cargos públicos (empezando por los más altos), además de ser elegibles y revocables, deben cobrar lo mismo que un trabajador cualificado. Esto reforzaría enormemente la moral de las masas y el apoyo al proceso revolucionario.
Las medidas económicas, obviamente, no pueden ir al margen de las políticas. Este programa sólo será posible aplicarlo con la movilización del pueblo y de un Estado verdaderamente revolucionario dirigido no por burócratas, no por parlamentos controlados por la burguesía, sino por el poder revolucionario de los trabajadores y los oprimidos de Venezuela. Igual de importante que un programa económico genuinamente socialista, es construir el poder socialista a través de la Asamblea Revolucionaria de delegados trabajadores, campesinos y soldados elegibles y revocables. Es urgente recuperar el rumbo socialista de Chávez. La crisis deben pagarla los capitalistas y burócratas, no los trabajadores.
