¡Sus beneficios son nuestras muertes!
A las 11.37 horas del 14 de Agosto, un tramo de unos 200 metros del puente Morandi se derrumbaba en la autopista A10 Génova/Ventimiglia causando 43 muertos y decenas de heridos, muchos de ellos muy graves. El riesgo de que otra sección del puente se viniera abajo obligaba a desalojar inmediatamente a los vecinos de las zonas cercanas, siendo evacuadas de sus casas seiscientas personas.
Entre los muertos hay camioneros y transportistas, trabajadores públicos y de otras empresas, así como jóvenes y familias que iban a la playa. Desde Resistenze Internazionali queremos expresar toda nuestra solidaridad con las familias y amigos de las víctimas. Nos preguntamos cómo es posible que, en un país donde los puentes y acueductos construidos hace dos milenios por los antiguos romanos siguen en pie, una estructura tan imponente, diseñada para durar siglos, pueda haberse derrumbado de esta manera.
La privatización y el afán de lucro están detrás de la catástrofe
Esta masacre podría y debería haberse evitado. El derrumbe del puente Morandi no es el resultado de ningún accidente impredecible. El puente colapsó como resultado de una política concreta, la de confiar la gestión de la red de autopistas italianas al sector privado, concretamente a una de las familias más representativas y con peor historial del capitalismo italiano, los Benetton. Las desastrosas consecuencias de esta desgracia en las vidas de cientos de personas tienen como única causa el afán de lucro del sector privado y las políticas de privatización de la red de autopistas italianas.
Esta privatización fue llevada a cabo por el llamado gobierno de "centro-izquierda" de Massimo D'Alema en 1999, aunque el frenesí de privatizaciones ya había comenzado en los ochenta y fue llevado a cabo por gobiernos tanto de derecha como de “centro-izquierda”. El estado otorgó la concesión de los 6.500 km de autopistas al sector privado que, a cambio del pago de una tarifa anual simbólica, se han embolsado desde entonces cantidades astronómicas de dinero a través del cobro de peajes y de no invertir ni un euro en mantenimiento.
En el año 2.000, la familia Benetton tomó el control de la mayor empresa concesionaria, Autostrade per l'Italia, que gestiona la red de autopistas, incluido el tramo del puente Morandi. Lo hizo a través de la empresa Atlantia SpA., un holding del que los Benetton son accionistas mayoritarios. Atlantia gestiona y controla autopistas y aeropuertos en todo el mundo con inversiones por valor de miles de millones de dólares en India, Brasil, Francia y, desde 2.018, también en España gracias a la compra de acciones en Abertis Infraestructuras, que gestiona los peajes en las autopistas españolas. Este gigante empresarial ha ingresado en lo que va de año la escalofriante cifra de 1.7 mil millones de euros a través del cobro de peajes.
La fortuna de los Benetton se alimenta de sus inversiones en todo el mundo. Son conocidos sus vínculos con las empresas de Bangladesh en las que trabajaban las víctimas de la tragedia en Dacca en abril de 2013, cuando se derrumbó un edificio de ocho pisos matando a más de mil trabajadoras y trabajadores textiles. También en Argentina la fortuna de los Benetton está involucrada en la privatización de tierras agrícolas en la Patagonia y en la "desaparición" del activista mapuche Santiago Maldonado en 2.017.
En respuesta a los rumores sobre la posible revocación de la concesión en la gestión de autopistas (que de no producirse se mantendría hasta 2.042), la compañía declaró que consideraba tales rumores como ataques injustificados, subrayando que en caso de revocación exigiría el pago del valor restante de la concesión, estimado en 20.000 millones de euros.
En resumen, estamos tratando con una familia de capitalistas cínicos y rapaces. Pero el problema no son sólo los Benetton, sino el capitalismo italiano que, tal y como funciona en todo el planeta, confía la gestión de infraestructuras básicas a empresas privadas, privatizando las ganancias y socializando las pérdidas, y ahora también los muertos.
La demagogia del gobierno y la solidaridad del pueblo
El puente Morandi es un puente colosal, todo un símbolo del boom italiano de 1967. Un promedio de veinticinco millones de automóviles viajan anualmente por ese tramo de carretera, que es además el principal enlace entre Génova y el oeste de Liguria, una ciudad muy cerrada entre el mar y los Alpes. Todos los genoveses, y muchos más italianos, han tenido que cruzar este puente en varias ocasiones a lo largo de su vida. Esto explica las dimensiones de la tragedia que ha dejado a una ciudad y todo un país en estado de shock y ha provocado una inmensa ola de solidaridad con las víctimas. El municipio de Nápoles, por ejemplo, canceló las festividades de mediados de Agosto e incluso hay rumores crecientes sobre la posible cancelación del inicio de la temporada de fútbol.
El sábado 18 de agosto muchas familias de las víctimas se negaron a participar en el funeral de Estado, demostrando el abismo que existe entre los ciudadanos de a pie y las instituciones y la elite política, considerados responsables de la tragedia. Ese mismo día familiares de las víctimas denunciaron el "desfile de políticos" que había ido llegando al lugar del desastre, señalando que “el estado ha causado todo esto y ha habido una pasarela política vergonzosa: no deben dejarse ver", y lanzando mensajes en redes como este: "No queremos una farsa fúnebre, sino una ceremonia en casa, en nuestra iglesia en Torre del Greco. Es un dolor privado, no necesitamos desfiles. Desde hoy comienza nuestra guerra por la justicia, por la verdad: esto no debe volver a suceder".
El día del funeral Génova amaneció con tiendas y restaurantes cerrados en señal de luto. En la ceremonia estuvieron presentes el presidente de la república Sergio Mattarella, el primer ministro Giuseppe Conte y los viceprimeros ministros Salvini y Di Maio que, conscientes del impacto social de la tragedia, han prometido “aplicar justicia” e iniciar los procedimientos para la retirada de la concesión de las autopistas al grupo Atlantia. Los medios de comunicación destacaron los aplausos a los representantes del gobierno, pero nada más lejos de la realidad, esos aplausos iban dirigidos a los bomberos, a los hombres y mujeres de protección civil y a las y los trabajadores de la sanidad que han estado trabajando durante días en las ruinas del puente. La distancia entre los discursos de los representantes del gobierno y la solidaridad real de decenas de miles de personas con las víctimas fue palpable. Para muchos ciudadanos este acontecimiento ha significado el colapso definitivo de la confianza en las instituciones, y ha tenido y tendrá consecuencias sociales y políticas de alcance.
Nacionalización de todas las autopistas sin indemnización. Juicio y castigo a los culpables de la tragedia.
El derrumbe del puente ha puesto en serias dificultades a los principales partidos políticos y al establishment italiano. Se ha sabido, por ejemplo, que los Benetton financiaron las campañas electorales del Partido Demócrata, anteriormente en el gobierno, y del partido ultraderechista Liga Norte, dirigido por Salvini, Viceministro y Ministro del Interior en el actual Gobierno. O que Giuseppe Conte, actual Primer Ministro, trabajó como asesor legal de Aiscat, la asociación italiana de autopistas y túneles, y del A4 Brescia-Padova, defendiendo los intereses de las empresas privadas.
Sin embargo, la presión social ha hecho que Conte haya hablado de la posible cancelación de la concesión de las autopistas a la empresa actual, lo que podría implicar una situación tan escandalosa como que el Estado tuviese que “indemnizar” a esta empresa por realizar dicha revocación “fuera de plazo”. Por otra parte retirar esta concesión para dársela a otro grupo privado no resolvería en absoluto los problemas de mantenimiento ni los abusivos costes de los peajes.
Una encuesta realizada poco después de la tragedia mostraba que el 81% de los italianos están a favor de la renacionalización de las autopistas. ¡Este es el camino a seguir!, renacionalizar lo antes posible la totalidad de la red de autopistas sin ningún tipo de indemnización para los verdaderos responsables de estas muertes. Arrancar estas infraestructuras de las garras de los empresarios y proceder inmediatamente a su mejora y mantenimiento. Las políticas de austeridad han tenido como consecuencia que la inversión en las carreteras italianas haya disminuido de aproximadamente 14 mil millones de euros en 2007 a 5 mil millones de euros en 2015. El puente de Morandi es el 12° puente italiano que colapsa desde 2004.
En un intento de canalizar la ira popular contra la Unión Europea Matteo Salvini dijo que este colapso se debía a las políticas de austeridad impuestas por Bruselas. Demagogia barata de un gobierno de derechas para tratar de beneficiarse políticamente de este accidente y desviar la atención respecto a la responsabilidad directa e indirecta tanto de su partido como de las fortunas italianas implicadas en esta tragedia
Desde Resistenze Internazionali entendemos que sólo rompiendo con la lógica de la ley capitalista del máximo beneficio privado que dirige la vida política y económica del país será posible evitar tragedias similares en el futuro. Sólo un modelo social en el que la economía esté controlada por y al servicio del pueblo puede garantizar el buen funcionamiento y las inversiones necesarias en infraestructuras a corto plazo. Esa es alternativa socialista por la que luchamos exigiendo:
- • El establecimiento de una comisión de investigación independiente, no gubernamental, contando con la participación de trabajadores, víctimas y afectados, con sus propios representantes, para determinar la responsabilidad de lo sucedido.
- • Una compensación adecuada para las familias de las víctimas y para todas las personas desplazadas.
- • La supervisión inmediata de la seguridad de todas las infraestructuras en riesgo, empezando por todos los muelles de hormigón armado que se deben ser reemplazados por estructuras de hierro.
- • La retirada inmediata de la concesión estatal de la red de autopistas italianas al grupo Autostrade per l'Italia. Renacionalización sin compensación y bajo el control y gestión de los trabajadores del sector y sus representantes de toda la red de autopistas, y financiación pública adecuada como parte de un plan integral de las redes de transporte.
- • La abolición del secreto de estado en todas las concesiones estatales.
- • La abolición de los peajes en todas las autopistas.
