Tras el acuerdo alcanzado en junio por los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona, el pasado 20 de agosto, y tras ocho años de chantaje económico y político, se ponía oficialmente fin al “rescate” griego.

Inmediatamente el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) se congratulaba de que “por primera vez desde 2010 Grecia puede mantenerse por sí misma en pie”. El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, lo calificaba de “momento histórico para Grecia y para la Eurozona” porque “pone fin simbólicamente a una crisis existencial de nuestra moneda única”. Por su parte, Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, lo celebraba así en Twitter: “¡Lo conseguisteis! Felicidades a Grecia y a sus ciudadanos por finalizar el programa de asistencia financiera. Con grandes esfuerzos y solidaridad europea, habéis aprovechado la ocasión”.

¿Cuál es el saldo de las políticas de ajuste?

Alexis Tsipras, el traidor que vendió al pueblo griego en lucha, que se arrastró ante los dictados de los capitalistas firmando un tercer rescate que echó por tierra las aspiraciones de transformar la sociedad del pueblo griego, y de millones de trabajadores en Europa, es ahora elogiado hasta la saciedad por estos señores como un “gran estadista”, gracias a cuya “responsabilidad” se han evitado males mayores al país y a la Unión Europea.

El propio Tsipras, con unas encuestas desfavorables y con las elecciones generales a un año vista, participa de esta campaña propagandística para hacer creer a los griegos que la pesadilla ya ha pasado, y que están ante un “cambio de era”. En un intento de retomar su perfil más social y tratar de recuperar algo de autoridad, ya ha anunciado que la prioridad del gobierno será “el restablecimiento de los convenios colectivos [eliminados en 2012] y el incremento del salario mínimo interprofesional [reducido en un 22%]”.

Pero, seamos concretos, ¿cuál es el saldo de las políticas de ajuste impuestas en Grecia? En la última década su economía ha sido devastada, convirtiendo al pueblo griego en uno de los más pobres de la UE; son ya más de 400.000 los emigrados económicos, en su mayoría jóvenes, en busca de un futuro fuera; más del 35% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social y el 40% de los menores de 35 años en paro; los salarios se han reducido un 40% y las pensiones se han recortado en trece ocasiones; el gasto público general se redujo un 36% entre 2009 y 2015, mientras que la financiación a los hospitales lo hizo en más de la mitad, en ese mismo periodo...

Y siguiente cuestión, más allá de la propaganda interesada y el cinismo que exhibe la burguesía europea, ¿han resuelto algo estos planes? ¿Se ha terminado la austeridad? ¿Está la economía helena, siquiera, en mejores condiciones que antes de la crisis?

 “El rescate habrá terminado sobre el papel, no en la realidad”

El acuerdo para poner fin al rescate y aliviar la deuda –la contrapartida que le ofrecen a Tsipras– incluye cumplir con todas las reformas ya pactadas, como por ejemplo el nuevo recorte en pensiones para 2019. Pero además, el país heleno debe seguir sometido, al menos hasta el 2022, a una “vigilancia reforzada”. Un grosero eufemismo utilizado para tratar de encubrir que seguirán con los controles trimestrales de la troika, especialmente en seis ámbitos: privatizaciones, administración pública, fiscalidad, bienestar y sanidad, mercado laboral y situación de los bancos griegos. Casi nada...

Por si no quedaba claro, Moscovici también advertía: “Que nadie imagine que ya no se necesita disciplina o que ya no se necesitan reformas o que se pueden olvidar las lecciones del pasado”.

De hecho, basándose en que la economía lleva 5 trimestres consecutivos creciendo, que la previsión para 2018 y 2019 es de un incremento del 1,9% y del 2% del PIB respectivamente, y que tanto 2016 como 2017 han terminado con un superávit primario –antes del pago de los intereses de la deuda– por encima del 4% del PIB (a costa, eso sí, de los recortes sociales y la subida de impuestos que han sostenido los trabajadores y las capas medias), ahora exigen un objetivo de superávit del 3,5% hasta 2022 y del 2,2% hasta ¡2060! ¿Qué tipo de soberanía es esa que exige una sumisión de medio siglo?

En cuanto al alivio de la deuda, lo que hay es un aplazamiento de la misma, ni siquiera se ha planteado algún tipo de quita. Se amplía en 10 años el vencimiento de una parte de los préstamos (96.000 millones de euros), y se concede una moratoria también de una década, hasta 2033, para empezar a devolverlos y pagar sus intereses. Tras el último desembolso de 15.000 millones, Atenas cuenta con una liquidez de 24.100 millones, por lo que en principio no necesitará pedir dinero a los mercados en 22 meses.

Pero el lastre que supone una deuda pública que roza el 180% del PIB (109% antes de los distintos “rescates”), con unas tasas de crecimiento ridículas (más si tenemos en cuenta que la economía se contrajo un 30% en la última década) y con una situación catastrófica de la banca griega, cuyos créditos impagados o dudosos ascienden nada menos que al 48% del total (8 veces más que en 2008), no deja lugar a dudas de la fragilidad de la situación –que sigue afectando de lleno a toda Europa– y de que las próximas generaciones seguirán pagando la deuda y las consecuencias sociales de los memorándums. En su edición del 24 de junio Financial Times, en un alarde de sinceridad, apuntaba: “Grecia es todavía extremadamente vulnerable. Su capacidad para captar dinero en los mercados aún es incierta. Si hubiera un shock adverso en la economía, los rescates volverían una vez más”.

El pueblo griego lo tiene claro. Como señalaba a la BBC una mujer de Atenas que perdió su empleo hace tres años: “El rescate habrá terminado sobre el papel, pero no en la realidad”.