A pesar de presentarse como los defensores de la democracia y garantes de las aspiraciones revolucionarias de las masas, durante estos meses se ha visto el auténtico carácter del golpe de Estado, utilizando a la Hermandad Musulmana y la amenaza del “terrorismo islámico” como excusa para reprimir a la clase obrera e instaurar una dictadura. Desde el 3 de julio, la Junta Militar ha asesinado y encarcelado a miles de activistas, ha restaurado el viejo aparato policíaco militar que existía bajo Mubarak y ha suprimido los derechos democráticos más elementales.
El pasado mes de noviembre la Junta Militar aprobó una ley que legaliza la represión de cualquier protesta, ocupación o huelga. Su contenido es mucho más restrictivo que las existentes bajo Mubarak o el dominio colonial británico. Cualquier reunión, manifestación o concentración superior a diez personas ya sea en la calle, local o centro de trabajo pueden ser penalizadas con hasta diez años de prisión y multas de 72.500 dólares, y ya se está aplicando indiscriminadamente contra trabajadores y activistas sindicales.
Referéndum farsa
El 14 y 15 de enero se celebró un referéndum sobre la nueva constitución cuyo objetivo era proporcionar cobertura legal al golpe de Estado y mantener el dominio militar. Los datos oficiales hablan de una participación del 38,5%, mientras que otras fuentes no oficiales sitúan ésta en el 19%. La constitución fue aprobada con un 98% de los votos, nada sorprendente si tenemos en cuenta que se realizó en medio de una ocupación militar, con miles de soldados y policías desplegados por los colegios electorales acosando a todo aquel posible votante del “no”.
El aspecto más significativo de esta nueva constitución es la defensa del poder y privilegios del ejército, fortaleciendo su papel como baluarte del dominio capitalista en Egipto. El ejército aprobará el nombramiento del ministro de Defensa para dos legislaturas presidenciales, decidirá el presupuesto de las fuerzas armadas y todas las cuestiones relacionadas con la seguridad nacional. Los tribunales militares seguirán juzgando a civiles con criterios tan generales y “basados en la constitución”, que podrán afectar a trabajadores en huelga o manifestantes. El ejército, los servicios de inteligencia y la policía serán inmunes a la supervisión y juicios civiles. Esta nueva constitución va más lejos incluso que la de 1971, que amparó durante tres décadas la dictadura de Mubarak, ya que garantiza al ejército tal grado de autonomía que, en la práctica, adquiere el estatus legal de Estado dentro del Estado.
Recuperación de las luchas obreras, a pesar de la represión
Después del golpe de Estado las protestas obreras cayeron abruptamente, pasando de 2.586 entre enero y junio de 2013 (bajo el gobierno de Mursi) a 243 hasta final de año. Sin embargo, desde octubre se ha producido una creciente oleada de huelgas en sectores de la clase obrera que han estado en primera línea desde el inicio de la revolución, y han implicado a decenas de miles de trabajadores. Noviembre, cuando se aprobó la ley antiprotesta, registró el mayor número de conflictos laborales desde el golpe de Estado. A principios de octubre miles de trabajadores en Mahalla fueron a la huelga, siguió la ocupación de Kafr El-Dawar Spinning en la que participaron 12.000 trabajadores, lo mismo sucedió en la acería Egyptian Iron and Steel Company en Helwa, ocupada por 5.000 trabajadores, y en diciembre la huelga minera de Sukhari Gold. Estas son sólo algunas de las más significativas, todas relacionadas con temas salariales y mejora de las condiciones laborales. El año 2014 ha comenzado de manera similar, con una huelga parcial de médicos para exigir un aumento de los salarios mínimos y el incremento del presupuesto sanitario del 3,5% al 15% del presupuesto gubernamental.
Algunos han puesto el RIP a la revolución, pero como se puede ver en estos últimos meses la represión no ha terminado con la combatividad de la clase obrera ni ha detenido su lucha. Las condiciones sociales y económicas que provocaron el estallido revolucionario en enero de 2011 siguen presentes. Hasta ahora, la Junta Militar ha sido muy cautelosa con los ataques en el frente económico, consciente de que en cualquier momento se puede desencadenar un movimiento de masas como el que derribó a Mursi. Pero esta situación no puede durar eternamente. De hecho, el primer ministro interino, al-Beblawi, ya anunció, en una entrevista a AFP, la reducción de subsidios a productos de consumo básicos como el pan o el combustible. En un país donde más del 40% de la población vive con menos de dos dólares al día y millones de personas dependen de estos subsidios para sobrevivir, significará condenar a millones a la pobreza absoluta. El proceso de revolución y contrarrevolución en Egipto sigue abierto. En los próximos años el desarrollo de una dirección revolucionaria será decisivo para que toda la fuerza de la clase obrera, el campesinado pobre y la juventud encuentre el camino para romper definitivamente con el régimen dictatorial y el sistema capitalista.
