En unas semanas será el décimo aniversario del comienzo de la investigación de la llamada Operación carioca. El recorrido de la instrucción ha estado repleto de situaciones que cuestionan el sistema político, judicial y económico tanto en Galicia como en el resto del territorio español, con descripciones durísimas de corrupción y prostitución.
Todo comienza cuando una mujer inmigrante y prostituta se decide a poner una denuncia contra el cabo de la Guardia Civil Armando Lorenzo por agresión sexual. En 2008 comienza la investigación y es en octubre de 2009 cuando empezamos a hablar de la trama. Se suceden los registros en multitud de prostíbulos, en las oficinas de Extranjería de la policía Nacional y en la comandancia de la Guardia Civil para recabar pruebas de la posible implicación de agentes en la Operación carioca.
Hablamos de una trama organizada, algo avalado tanto por el testimonio de más de un centenar de mujeres explotadas, en su mayoría brasileñas, como por otras pruebas. A lo largo de estos años hay un sinfín de detenidos relacionados con la Operación carioca con nombres, apellidos y cargos, que revelan que estamos ante un ejemplo de la podredumbre de todo el sistema: guardias civiles, policías nacionales y locales, políticos como un ex subdelegado del gobierno, reconocidos empresarios.
La propia jueza del caso, María Pilar de Lara Cifuentes, denunció en varias ocasiones que se le estaba dificultando la investigación a través de sospechosos incendios provocados de locales (el club Eros fue incendiado cuatro veces en tan solo dos meses) o por posible revelación de secretos por miembros de la policía. Posteriormente se conoce que se asigna a la jueza una escolta, y además surge la sospecha por parte de la jueza en torno al asesinato de una mujer en el “local” Queens.
Hablar de Operación carioca es hablar de prostitución, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental, coacción para abortar, matrimonios de conveniencia, omisión del deber de perseguir delitos, amenazas, blanqueo de capitales, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, irregularidades en expedientes de extranjería, coacción, corrupción, y sobretodo y fundamentalmente de violencia contra las mujeres.
La Fiscalía pone en cuestión a las víctimas, y apoya a los proxenetas
Recientemente la Operación carioca vuelve a destacar tras un informe de la Fiscalía que ha provocado indignación. Se han archivado o están en proceso de archivo piezas clave de la trama y este cuestionado informe podría ser un nuevo paso en una estrategia para lograr archivar otras piezas importantes del caso. Los terribles argumentos que se exponen, anuncia La Rede Galega Contra a Trata, son “incompatibles con la dignidad de la mujer, la igualdad de género y los derechos humanos”.
En la Operación Carioca todas las mujeres llamadas a testificar son inmigrantes de países pobres, sin embargo para la Fiscalía esto es un dato sin relevancia y exculpa al propietario del “club” Liverpool, su compañera y dos agentes de la guardia civil de un delito de “prostitución coactiva”. La Fiscalía señala que las mujeres se prostituían por voluntad propia y que “el ejercicio libremente decidido de la prostitución es una actividad irrelevante para el Código Penal." ¿Quién se cree que una mujer migrante en una situación de pobreza y vulnerabilidad, sin posibilidad para acceder al mundo laboral, ante la coacción de agentes de diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por su situación de extranjería, como se ha retratado en diferentes pruebas, en un régimen prácticamente de aislamiento por los horarios a los que eran sometidas, y en un escenario permanente de violencia, pueda prostituirse voluntariamente en cualquier “club”? Y por cierto, ¿por qué se habla de club, si todo el mundo sabe que son prostíbulos? ¿A quién quieren engañar? ¡Es un escándalo, pero es la Fiscalía la que da cobertura a esta ridícula versión!
El informe de la Fiscalía llega incluso a normalizar el hecho de que haya menores en burdeles, sin cuestionar que podrían estar siendo prostituidas, al señalar el caso de una mujer que falsificó su edad en su pasaporte con un bolígrafo. La Fiscalía da validez al testimonio del proxeneta que afirma desconocía la verdadera edad de la chica, habiendo llegando dicho pasaporte a ser validado incluso en una redada por la propia policía. En el informe elaborado respecto a la acusación de una mujer que era menor cuando llegó al “club” para ser prostituida y que declaró que sufrió abusos sexuales y violaciones continuadas por parte del mismo proxeneta durante año y medio, se explica que dicho delito ya no puede juzgarse al estar prescrito. Tardaron 8 años en llamar a declarar al presunto violador. ¿No es responsable nadie de esto? ¿Cómo va a denunciar cualquier mujer si es esta la protección que da la justicia?
Legalización encubierta de la prostitución
Todo esto demuestra cómo, en realidad, la prostitución sí está legalizada de forma encubierta. Cómo sí está legalizado el proxenetismo, y cómo los proxenetas sí tienen garantizada una amplia cobertura legal, a través de los legales locales de alterne, locales “donde se alterna”, pero donde realmente - y es un secreto a voces - mujeres víctimas de la trata son explotadas sexualmente dando ingentes beneficios a “empresarios” de toda calaña. Como en este caso, tal y como indica la investigación de la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil, donde el dueño de uno de los burdeles de la Carioca, el “club” Eros, desvió el dinero obtenido de la prostitución a Colombia de cara a invertir en el sector inmobiliario.
Hablamos de un próspero negocio, tal y como señala al referirse a la Operación carioca el que sería responsable legalmente de garantizar la protección de las víctimas: el Fiscal. Y hay muchos otros casos que describen situaciones similares, y que nos permiten comprender cómo la prostitución es alimentada y sostenida por el conjunto del sistema, por acción y por omisión, y también por el aparato judicial y la propia legalidad.
Como por ejemplo en el caso Bloque en Coslada, Madrid, que tras diez años de instrucción comienza a juzgarse ahora: una trama de corrupción organizada de policías locales y proxenetas y cuya investigación comenzó por la denuncia de una prostituta. O los casos Riviera y Saratoga, con 20 procesados condenados por la Audiencia Provincial de Barcelona en una trama de corrupción policial en torno a dos macroburdeles de Castelldefels, a los que posteriormente el Tribunal Supremo rebajó las penas, absolviendo incluso a algunos. Fue también el caso del comisario jefe de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Policía Nacional Luís Gómez, finalmente multado con 12.000 euros y una inhabilitación de tres años en vez de los seis años de prisión a los que inicialmente fue condenado. El Supremo consideró probado que evitó realizar inspecciones en los macroprostíbulos a cambio de dinero, regalos y favores, pero que no realizó "una acción u omisión constitutiva de delito", sino que solo se abstuvo de realizar unas actuaciones debidas. El Supremo también dejó sin efecto la clausura definitiva de los “clubs” Saratoga y Riviera, que abrirán de nuevo.
Hay que combatir la idea de que la prostitución es un “trabajo” o algo inamovible, que siempre ha existido y por tanto siempre existirá y nada se puede hacer al respecto. Hablamos de una actividad que supone día a día la explotación brutal de millones de mujeres, miedo, palizas, violaciones, e incluso en muchos casos la muerte. Es una consecuencia terrible de la opresión y la explotación de este sistema capitalista inhumano, consecuencia de la lógica del negocio a toda costa y sin escrúpulos. Un arma del sistema para mantener especialmente oprimidas a las mujeres, y evitar considerar a hombres y mujeres como plenamente iguales. Hay que luchar por tanto contra la violencia y la opresión que sufrimos las mujeres, y también contra un sistema, el capitalismo, que reproduce, promociona e impulsa día a día dicha violencia apelando al libre mercado.
¡Si tocan a una, nos tocan a todas!
¡Basta de violencia machista desde la Instituciones!
