¡Defender el empleo y los salarios rompiendo con las políticas pro capitalistas!
Los datos sobre la evolución de la economía española en el primer trimestre de este año presentan un panorama desolador. A pesar de que el impacto del Covid-19 se ha producido a partir de la segunda mitad de marzo, todos los indicadores han sufrido un rápido y profundo deterioro.
El PIB en este periodo ha caído un 5,2%, el mayor descalabro trimestral registrado en la serie histórica del Instituto Nacional de Estadística (INE), inaugurada en 1970. En cuanto al Índice de Producción Industrial (IPI), que ya en febrero disminuyó un 1,6% en términos interanuales, ha retrocedido un 12,6% en marzo.
Respecto al empleo, solo en los meses de marzo y abril, se han registrado 600.000 nuevos parados, alcanzándose los 3,89 millones de desempleados en total, mientras los afiliados a la seguridad social han caído en casi un millón. Estas cifras no incluyen a los 3,1 millones de trabajadores de 530.000 empresas afectados por ERTE, ni al 1,5 millón de trabajadores y autónomos acogidos a otras prestaciones extraordinarias.
En un contexto en el que la pobreza crónica hace mucho que está incrustada en el tejido social del Estado español –antes de la llegada del coronavirus 850.000 familias se encontraban en riesgo de exclusión social y más de dos millones de niños (el 26,8% del total) ya vivían en riesgo de pobreza–, los efectos sociales de este nuevo golpe no se han hecho esperar y están siendo dramáticos. Las grandes colas de personas para recoger comida, que se pueden ver a las puertas de los bancos de alimentos, asociaciones de vecinos... en los barrios obreros de numerosas ciudades, son una prueba inapelable de ello.
La crisis económica no ha hecho más que empezar
Todas las previsiones apuntan a un empeoramiento considerable. La Unión Europea (UE), el propio Gobierno español, el FMI y distintos organismos, como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), auguran un deterioro aún mayor de los principales indicadores económicos referidos al Estado español para lo que resta de 2020.
La caída del PIB prevista para todo el año se sitúa en torno al 9,4% y la inversión industrial, según la encuesta que elabora semestralmente el Ministerio de Industria, se hundirá en 2020 más de un 35%. Paralelamente, el paro llegará según el FMI al 20,8% a finales de este ejercicio, aunque es muy probable que acabe siendo mayor, al igual que el desplome del PIB.
A pesar de estos demoledores datos, tanto el Gobierno español, como la UE y el FMI hablan de una rápida recuperación en 2021 con el argumento de que la pandemia remitirá en la segunda mitad de este año (algo que no está ni mucho menos claro), lo que permitiría poner en marcha rápidamente la producción, como si nada hubiera pasado. Así, esperan que la economía española se recupere hasta alcanzar el 7%, al igual que la europea (6,3%) y la mundial (5,8%).
Es innegable que la llegada del coronavirus y las medidas de confinamiento adoptadas para intentar contenerlo han paralizado sectores productivos enteros –la hostelería y el turismo, muy especialmente– y han supuesto una importante disminución de la actividad en otros.
Sin embargo, las optimistas previsiones de los organismos económicos capitalistas teóricamente podrían tener solidez si antes de la expansión del virus la economía mundial hubiera estado en una fase de crecimiento y expansión saludable y robusta. Pero nada más lejos de la realidad. Estas “previsiones” tienen un alto componente propagandístico y pretenden dar algún sustento al discurso de que saldremos de la crisis con una “recuperación en V”. Pero, cada vez son más los analistas y organismos que optan por una perspectiva de “pesimista cautela” y “posponen” la vuelta del crecimiento al 2023.
Lo cierto es que el Covid-19 ha sido el detonante que ha hecho estallar en todo el mundo, de forma especialmente brusca, una crisis económica que ya venía gestándose. La economía internacional ya se encontraba en franco retroceso y una nueva burbuja especulativa superior a la de 2007 se encontraba a punto de estallar. El coronavirus ha sido el factor que ha precipitado los acontecimientos.
En el caso del Estado español el declive era ya muy evidente. Desde finales de 2017, cuando el PIB se incrementó un 2,9%, el crecimiento ha ido disminuyendo paulatinamente, quedándose en el 2% al cierre de 2019, y gran parte de los principales indicadores ya se encontraban en franco retroceso. Ahora, las debilidades estructurales de la economía española adquieren un especial protagonismo y contribuirán a que la crisis sea más profunda.
La experiencia de la Gran Recesión de 2008
El débil y atrasado tejido industrial español está siendo duramente golpeado, y por más que el Gobierno, la patronal y los dirigentes sindicales de CCOO y UGT insistan en que los ERTE van a evitar la destrucción de empleo, como la experiencia ha demostrado en numerosas ocasiones, no será así. Inevitablemente, gran parte de estos ERTE se transformarán en ERE. La AIReF es de la misma opinión; según este organismo, alrededor del 30% de los afectados por ERTE no recuperará su puesto de trabajo.
En este contexto de depresión económica, el peso de la deuda pública –mucho mayor hoy que al inicio de la anterior Gran Recesión, periodo en el que el Estado español estuvo al borde de la bancarrota– y el déficit público, que ya se está desbocando, pueden convertirse en un lastre insostenible que hunda la economía española en una profunda y larga depresión.
Efectivamente, en 2008 la deuda pública ascendía a 439.771 millones de euros (el 39,7% del PIB), el déficit público se situaba en el 4,57% del PIB y el diferencial de la prima de riesgo del bono español frente al alemán era de 40 puntos. En aquel momento, con la economía en franco retroceso y con la deuda española en el punto de mira de los especuladores, el Estado se vio obligado a pagar intereses cada vez más elevados para poder sufragarla. Estos altos intereses junto a las decenas de miles de millones que, primero el Gobierno del PSOE presidido por Zapatero y más tarde el del PP, regalaron a empresarios y banqueros para garantizar sus ganancias provocaron un crecimiento descontrolado de déficit y deuda. La prima de riesgo llegó a alcanzar el récord de 612 puntos en el verano de 2012 y “el reino de España” estuvo a punto de declarar la suspensión de pagos.
El Banco Central Europeo (BCE) intervino comprando deuda y prestó al Estado español decenas de miles de millones de euros para que el Gobierno rescatara a la gran banca.
La contrapartida exigida por el BCE, la Comisión Europea y el FMI –la tristemente famosa “troika”– ya la conocemos: medidas contundentes para reducir el déficit y la deuda. Es decir, recortes sociales, devaluaciones salariales y austeridad en todos los terrenos.
Mientras millones de trabajadores perdían su empleo o sufrían reducciones salariales y la pobreza golpeaba cruelmente cada vez a más familias, el Ejecutivo del PSOE reformó el mercado de trabajo incrementando la precariedad laboral, elevó la edad de jubilación y aplicó duros recortes sociales; contrarreformas y ataques a los derechos sociales que posteriormente amplió y profundizó el Gobierno del PP, con Rajoy al frente.
La tormenta perfecta: recesión, deuda y déficit públicos disparados
El punto de partida en 2020 es considerablemente peor. Los desequilibrios son más agudos.
La deuda pública ascendió en 2019 a 1,18 billones de euros, un alarmante 95,5% del PIB, lo que supone cuarenta puntos porcentuales más que hace una década. Y según la AIReF, superará el 115% del PIB a finales de 2020, alcanzando el 124% en 2021. El déficit público se sitúa en un 2,8% del PIB. Pero lo más grave es que todas las previsiones auguran también que este indicador sufrirá un rapidísimo deterioro. El propio Gobierno señala que a finales de este año superará el 10,3%, mientras que, por ejemplo, la agencia financiera Freemarket lo coloca en la horquilla del 11,2% al 13,3%.
La presión sobre la deuda española ya se ha incrementado de forma notoria: la prima de riesgo ha pasado de los 66 puntos básicos el 21 de febrero a los 142 actualmente. El BCE está comprando masivamente deuda –tanto española como del resto de los llamados países “periféricos” como Grecia, Portugal e Italia– pero no está logrando detener la presión.
Así de claro lo reflejaba el 23 de abril el diario digital finanzas.com: “A pesar de la intervención del organismo europeo los inversores señalan a España como uno de los países más afectados por la pandemia, (…) aumentan las dudas sobre la capacidad (...) de abonar su deuda, por lo que exigen diferenciales más altos para colocarla. Es decir, la intervención del BCE apenas contiene la deuda española porque pesa más el ánimo pesimista”.
La dinámica destructiva iniciada en 2008 se ha puesto en marcha nuevamente, pero con mayores desequilibrios y con la perspectiva de una caída aún más profunda de la actividad económica.
Hoy, cuando el Covid-19 se encuentra lejos de haber sido erradicado y sus consecuencias sociales son dramáticas para millones de personas, son numerosas las voces de distintas instituciones financieras que ya alertan y advierten sobre que los desequilibrios de las cuentas públicas no pueden traducirse en un mayor gasto social. Es evidente que la oligarquía financiera, que domina la sociedad, y los distintos Gobiernos nacionales a su servicio están recrudeciendo la guerra contra la clase obrera y los sectores más oprimidos para que seamos nosotros quienes paguemos, una vez más, la factura de la crisis y decadencia de su sistema económico. Así fue en 2008, y así será ahora.
Ya antes de darse por finalizada la crisis sanitaria, las exigencias del sector financiero y la patronal para que el Gobierno español (y todos los demás) lleve a cabo recortes y adopte medidas de austeridad, no solo no se han hecho esperar sino que se incrementan día a día presionando, además, para acelerar el plan de desescalada a costa de nuestra salud.
La agencia Freemarket es cristalina al respecto: “...dentro de un año aproximadamente, los Estados y la Comisión (Europea) condicionarán el suministro de soporte financiero a la implantación de un plan de consolidación fiscal y de reformas estructurales capaz de situar las finanzas públicas en la senda de la sostenibilidad y restaurar el crecimiento”. (eleconomista.es 9/5/2020).
No hay terceras vías: o con los capitalistas o con los trabajadores
Más allá de la propaganda, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha dedicado ingentes recursos y tomado multitud de medidas para garantizar las ganancias de los grandes empresarios y banqueros: ha inyectado 100.000 millones de euros para rescatar con dinero público a la élite financiera y empresarial, ha diseñado ERTE a medida de la gran patronal cediendo en todas sus demandas, ha decretado la vuelta al trabajo cuando los empresarios lo han exigido… A la vez, la sanidad pública continúa sin los medios necesarios y el Ejecutivo niega los recursos que precisa la enseñanza pública para que los hijos de los trabajadores puedan recibir una educación digna. Es decir, frente a los terribles efectos sociales provocados por la crisis, este Gobierno solo dedica migajas a la clase obrera y sus familias.
La burguesía española es consciente de las grandes dificultades que tendría para llevar a la práctica sus planes si la clase obrera se enfrentara a ellos con la lucha masiva. Por eso intentan desactivar esta posibilidad. Cuentan con un gran aliado en las cúpulas sindicales de CCOO y UGT, dispuestas a seguir apuntalando la política de paz social y el consenso con la patronal a costa de lo que sea. Implicar a las organizaciones obreras en un gran acuerdo social –llámese “pacto por la reconstrucción” o como se quiera llamar– suscrito por las principales fuerzas políticas y sindicales es uno de los objetivos de la clase dominante para imponer su programa con la menor respuesta en la calle posible.
Así se expresa la CEOE: “Las acciones que se necesitan son de gran calado y han de mantenerse en el tiempo, por lo que para dar credibilidad a este programa se requiere un amplio consenso político apoyado por los empresarios y los interlocutores sociales”.
Lamentablemente el Ejecutivo PSOE-UP es uno de los principales valedores de este pacto y de la política de colaboración de clase con los grandes empresarios y la banca. Si este Gobierno se sigue adentrando por esta senda, si no da un giro de 180 grados, se verá abocado a llevar a cabo profundos ataques, siguiendo el ejemplo de Alexis Tsipras en Grecia, e inevitablemente profundizará el divorcio con su base social; esta como ya hemos visto en multitud de ocasiones superará todos los obstáculos y retomará el camino de la lucha y la organización.
La presión brutal y despiadada que la burguesía y sus instituciones están ejerciendo sobre el Ejecutivo no se neutraliza con buenas palabras y mucho menos cediendo a sus pretensiones en todo momento. La única forma eficaz de impedir que una vez más seamos las y los trabajadores los que paguemos la crisis capitalista es con la movilización y defendiendo una política realmente de izquierdas.
Este Gobierno debería estar poniendo encima de la mesa la nacionalización de todo el sistema financiero y de las empresas estratégicas bajo control democrático de los trabajadores, y poniendo en marcha un plan de inversiones y producción al servicio y en beneficio de la inmensa mayoría de la sociedad. Romper con la criminal lógica del sistema capitalista y aplicar un programa realmente socialista es la única alternativa a la barbarie que nos amenaza.
