El pasado 18 de marzo el Congreso de los Diputados aprobó la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) con 202 votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones. Tan solo el bloque reaccionario conformado por PP (con sus filiales, Foro Asturias y UPN) y Vox (que anunció que la derogarán si gobiernan, además de recurrirla al Tribunal Constitucional) se ha opuesto a la ley.
Entrará en vigor a mediados de junio, y regulará tanto la eutanasia como el suicidio médicamente asistido para aquellas personas con nacionalidad española (o que puedan acreditar su residencia durante más de 12 meses), mayores de edad y que sean capaces y conscientes durante el proceso (en caso de haber suscrito un documento de voluntades anticipadas previamente no sería necesario este requisito).
Desde que el paciente solicite la eutanasia hasta que se pueda hacer efectiva pueden pasar hasta 40 días —a los que se sumarán los días, no concretados, para la eutanasia en sí— en un proceso que implica el visto bueno del médico del paciente, la consulta de opinión de este a un segundo médico y, finalmente, la autorización por parte de una comisión de evaluación. Si la solicitud fuera rechazada se podría reclamar tanto a la propia comisión como por vía judicial.
El cinismo del PP, Vox y la Iglesia Católica. ¡Basta de moral cristiana en nuestras vidas!
Como no podía ser de otra manera, esta ley ha provocado el habitual rechazo de los sectores más reaccionarios ante todo aquello que suponga una conquista y avances en nuestros derechos, muy especialmente cuando se trata de decidir sobre el cuerpo de uno mismo. La eutanasia, el aborto o la ley trans, son solo algunos ejemplos de la larga lista de derechos que nos quieren negar, además, aderezándolo de una buena dosis de moralina y discursos hipócritas.
Durante el debate en el Congreso tuvimos que escuchar de boca del representante del PP, José Ignacio Echániz, que “esta ley supone empujar a los más vulnerables; ejerce un poderoso efecto llamada a la muerte”; o a la de Vox: “decimos adiós a la vida, a los derechos humanos”. ¿Pero cómo se puede ser tan cínico? ¿Los mismos que han convertido el Mediterráneo y las costas de Canarias en un cementerio para miles de seres humanos, bebés incluidos, que matan cada año a miles de personas como consecuencia de los recortes en la sanidad pública, que anteponen los beneficios de los capitalistas a la vida de la clase obrera durante la pandemia, los que hablan de “la paguita” mientras condenan a millones de españoles a vivir en la miseria, pretenden ahora darnos una lección de defensa de la vida? ¡Es indignante!
También la Iglesia Católica, cómo no, es un pilar fundamental en esta ofensiva reaccionaria. Al día siguiente de aprobarse la ley, el obispo de Alcalá de Henares, Reig Pla, escribía una carta pastoral completamente delirante en la que, entre otras burradas, decía que “las fuerzas laicistas (…) han conseguido (…) convertir a España en un campo de exterminio” como consecuencia del “tsunami de leyes que desregulariza el patrimonio cultural y espiritual de España”.
Así se refería a las leyes del divorcio, del aborto o de la eutanasia, entre muchas otras. Este cualificado portavoz de la Iglesia, continuaba pontificando sobre que “no existe el derecho a la muerte” ya que la vida “es el don más alto de la creación”, correspondiendo al Estado la tarea de cuidarlo y protegerlo. Finalmente criticaba el concepto de libertad que emana de estas leyes pues “esta se propone simplemente como autonomía radical del individuo”.
Para estos reaccionarios de tomo y lomo, que no vieron campos de exterminio durante el franquismo, sino un patrimonio cultural y espiritual a defender; para estos portavoces de la moral más putrefacta, que ven en la eutanasia y el aborto un atentado contra la vida mientras constituyen la principal red de pederastia que jamás haya existido... el mundo civilizado se desintegra por la “radicalidad” de ejercer el derecho a que el final de la vida lo decida uno mismo en lugar de la voluntad de un ser imaginario.
Para completar al bloque reaccionario, e intentar sembrar algo de confusión “científica”, ha habido voces “independientes” como la del Comité de Bioética de España (CBE) —cuyo presidente, casualmente, es profesor de la Universidad Pontificia de Comillas— que ha emitido un amplio informe contrario a la legalización de la eutanasia y que condensa todos los argumentos empleados por el PP, Vox y la jerarquía católica.
La falacia de los cuidados paliativos y el efecto llamada
Conscientes del enorme apoyo social que tiene la legalización de la eutanasia[i], incluso entre los votantes más conservadores (el 49,3% de los votantes de Vox y el 45,9% de los del PP se muestran a favor, según el CIS de enero de 2021), el bloque reaccionario está planteando los cuidados paliativos como alternativa y, añaden al argumentario, que la legalización provocará una disminución de los recursos para ello.
El cinismo de esta gente no conoce límites. Que se atrevan a hablar de recortes en los paliativos los mismos que han desmantelado la sanidad pública, o que lanzaron una caza de brujas en 2005 contra el Dr. Luis Montes precisamente por hacer un uso ejemplar de estos cuidados para mitigar el dolor de los enfermos terminales es tremendo.
Para empezar, las experiencias de legalización de la eutanasia desmienten esta idea. Según un estudio elaborado para el Gobierno australiano, en aquellos estados donde la eutanasia o el suicidio asistido son legales el servicio de paliativos es de mayor calidad que en el resto, y la despenalización supuso, en su momento, una mejora de estos cuidados y una mayor derivación de pacientes a los mismos.[ii]
Pero sobre todo, contraponer los paliativos a la eutanasia planteando que son el “antídoto” contra la eutanasia es una barbaridad. Como explican desde la plataforma Derecho a Morir Dignamente (DMD), “los cuidados paliativos se centran en aliviar y acompañar cuando no es posible la curación, pero ni los mejores cuidados paliativos pueden eliminar completamente el sufrimiento, ni siquiera el dolor físico. Por eso decir que unos paliativos excelentes eliminarían las peticiones de eutanasia es una falacia interesada”. Esto, además de ser de sentido común, está respaldado por la experiencia: el 90% de los pacientes que solicitan el suicidio asistido en Oregón y el 72% en Bélgica estaban recibiendo paliativos de la máxima calidad. Según un estudio del CIS de 2002, el 95% de los médicos españoles consideran que ni los cuidados paliativos de máxima calidad evitarían las solicitudes de eutanasia[iii].
El otro supuesto gran argumento que esgrimen es que apenas existe una demanda y que, por tanto, se trata de un derecho para una minoría, que además puede tener un “efecto llamada”. Dicho con las palabras del CBE: “El temor sería que por tratar con compasión los pocos casos que se nos presentan se abriera un camino que devalúe el valor ético y legal de la vida humana”[iv].
En fin, qué decir, nuevamente el cinismo por delante. Porque si en algo son expertos PP, Vox y la Iglesia Católica es en defender los derechos de una minoría; eso sí, los de la privilegiada y opresora.
Según la plataforma DMD, “en los países donde la eutanasia es legal, su práctica supone entre el 1% y el 4% del total de fallecimientos anuales (…) por lo que es razonable estimar que entre 4.000 y 17.000 personas decidan adelantar su muerte cada año una vez la ley esté asentada en el Estado español”[v]. Como vemos no son casos aislados. Y además, tampoco existe un efecto llamada. Lo único que sucede es que el CBE retuerce torticeramente el argumento para que lo parezca. La falacia está en cuantificar la demanda contando solamente los casos más mediáticos, que lógicamente en un contexto en que la eutanasia es ilegal son ínfimos. Una vez se legalice, comprobaremos que la demanda es muy superior. Pero para estos demagogos está todo claro: ¡voila! ya tenemos el efecto llamada.
Hay que dotarla con recursos económicos y humanos dentro de la sanidad pública
La aprobación de esta ley es una gran noticia para los miles de enfermos y familias que se veían obligadas a padecer terribles sufrimientos en los momentos finales de sus vidas. No podemos olvidar que tanto la eutanasia como el aborto existieron siempre para los ricos, para quienes pueden pagar a los médicos que garanticen su realización con total seguridad médica y jurídica. La legalización simplemente supone que un derecho que antes pertenecía a unos pocos ahora pertenezca al conjunto de la sociedad, especialmente a los sectores más débiles, al conjunto de la clase obrera.
Pero la legalización solo es el primer paso. También hay que señalar que esta ley, que llega tarde, tiene carencias importantes. En primer lugar, falta dotarla de los recursos económicos y humanos necesarios dentro de la sanidad pública. En segundo lugar, la propia ley deja la puerta abierta a que se pongan todo tipo de trabas para que ese derecho, en la práctica, pueda ejercerse. La polémica comisión de evaluación previa —cuya composición dependerá de los nombramientos realizados por los gobiernos de las comunidades autónomas— podrá denegar solicitudes que hayan sido aprobadas por los médicos (los que mejor conocen al paciente y su historial), obligando a los enfermos a recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Nos podemos imaginar el tipo de nombramientos que se harán en las comunidades gobernadas por PP y Vox, con el objetivo de boicotear la aplicación de la ley.
El hecho de que para obtener la autorización sea necesario que una comisión evalúe el caso previamente ya es una concesión a los sectores más reaccionarios, como lo es que se restrinja a mayores de edad, o a aquellos que lleven regularizados en el Estado español al menos un año, e incluso que los médicos más próximos tengan el poder para denegar una solicitud. Todas estas limitaciones, como las que existen en el aborto, demuestran que seguimos sin poder disponer plenamente de nuestro cuerpo y de cómo queremos vivir y poner fin a nuestra vida.
Debemos exigir que todos los recursos económicos, científicos, técnicos, psicológicos y de asesoramiento se pongan a disposición de aquellas personas y familias que deben tomar una decisión tan dura. Pero una vez que el paciente conozca las circunstancias que le permitan sacar sus propias conclusiones, la decisión debe ser suya, y absolutamente ninguna autoridad —ni científica ni jurídica ni mucho menos imaginaria— puede tutelar o prohibir dicha decisión.
[i]Una encuesta del CIS de 2009 señalaba un apoyo de más del 73%; la de IPSOS MORI de 2015, un 78%; METROSCOPIA de 2017, un 84%; IPSOS de 2018, un 85% y METROSCOPIA de 2019, un 87%.
[ii] Experience internationally of the legalisation of assisted dying on the palliative care sector
[iii]Mejores cuidados paliativos en los países con eutanasia
[iv] Informe del Comité de Bioética de España sobre el final de la vida y la atención en el proceso de morir, en el marco del debate sobre la regulación de la eutanasia: propuestas para la refexión y la deliberación
[v] Se pedirán pocas eutanasias, pero la ley beneficiará a toda la sociedad
