2023 va a ser un año decisivo electoralmente. En mayo tendrán lugar las elecciones municipales y doce comunidades autónomas, entre ellas Madrid, renovarán sus Parlamentos. En diciembre, como muy tarde, habrá elecciones generales y la coalición PSOE-UP se enfrentará al reto de renovar su mandato.
El contexto en el que se desarrollarán estas citas está marcado por dos factores: una fuerte polarización social, que se refleja tanto en los conflictos políticos e institucionales de los últimos meses como en la situación interna de los principales partidos, y una probable recesión económica internacional que acentuará la ralentización de la economía española precisamente cuando los efectos empobrecedores de la ola inflacionista golpean con dureza a la gran mayoría de la población.
¿Qué nos han ofrecido estos tres años de Gobierno PSOE-UP?
Las grandes expectativas creadas por el acuerdo de Gobierno entre PSOE y UP han sufrido una erosión importante. Lejos de poner en práctica los compromisos incluidos en su pacto para gobernar, Pedro Sánchez apostó desde el principio por una política de colaboración activa con la burguesía y el imperialismo norteamericano, aderezándola con una gran dosis de propaganda para ensalzar los limitados planes de protección social aprobados. Como parte de esta estrategia, los aparatos de CCOO y UGT se han empleado a fondo promoviendo la desmovilización en las calles, impugnada por movimientos sociales masivos como el de los pensionistas y el feminista y por luchas obreras que han mostrado una gran radicalización. En este diseño del marco político, los dirigentes de UP han seguido utilizando su autoridad, como representación parlamentaria de la ola de rebelión de los años 2011-15, para apaciguar y encarrilar la protesta hacia cauces institucionales y así extinguirla mejor.
Con su flanco izquierdo asegurado, el PSOE se ha sentido libre para poner en práctica una política de estabilidad institucional en los grandes asuntos de Estado. Y esto les ha llevado a unir sus votos a los del PP y Vox en numerosas ocasiones, como en el bloqueo de la comisión de investigación sobre la corrupción del rey emérito. La protección del siniestro aparato judicial heredado del franquismo, la cobertura a la represión criminal contra miles de migrantes que huyen de la miseria en sus países, la pasividad ante la creciente y generalizada violencia policial y una política exterior completamente supeditada a las exigencias del imperialismo norteamericano son otras tantas muestras del acuerdo de fondo entre las políticas del PSOE y las del PP.
Cuando se trata de apoyar activamente, enviando armas, la intervención de la OTAN en Ucrania, cuando se trata de complacer la política exterior USA abandonando al pueblo saharaui, cuando se trata de reprimir el movimiento de liberación nacional en Catalunya, o cuando se trata de la legislación represiva preparada para hacer frente a la ascendente e inevitable ola de protestas sociales, como refleja la no derogación de la Ley Mordaza, la convergencia entra las políticas del PSOE y PP es muy acusada.
Una política económica al servicio del beneficio empresarial
Desde el primer día el Gobierno centró sus esfuerzos en intentar cuadrar el círculo. Por un lado, activar lo que los ministros de UP han llamado el “escudo social”, por otro, no soliviantar a los grandes monopolios y la patronal garantizando sus beneficios.
Apoyándose en datos del INE, la UGT publicó hace pocos días un estudio que señala la cosecha de esta política: al finalizar 2020 los salarios reales eran no solo más bajos que los de antes de la constitución del Gobierno PSOE-UP, sino que habían perdido 6,5 puntos porcentuales respecto a los salarios de 2008. Según datos del Ministerio de Trabajo, la media de subida salarial fue del 1,69% en 2021 y del 2,65% en 2022, frente a una inflación del 6,7% y del 8,5% respectivamente. Es decir, una pérdida adicional de poder adquisitivo del 10,86% en los dos últimos años y una caída salarial global de casi el 17,4% desde 2008. ¡Catorce años de constante empobrecimiento de la clase trabajadora que el Gobierno de coalición no ha frenado!
Es cierto que la subida del SMI de poco más de 700 a 1.000 euros o el incremento de las pensiones en este año que entra (más del 8%) son medidas positivas innegables, lo mismo que fijar un tope máximo del 2% al aumento de los alquileres el año pasado y en los próximos seis meses o la reducción de la cuantía de los abonos de transporte urbanos y de trenes de media distancia. Sin duda, estas medidas cuentan con el apoyo de la inmensa mayoría, pero consideradas globalmente han sido insuficientes para cambiar la tendencia al empobrecimiento de amplias capas de la población y no han resuelto los problemas acuciantes de falta de vivienda pública y desmantelamiento de la educación y la sanidad públicas.
Mucho se ha escrito sobre la reforma laboral de Yolanda Díaz, y mucho han celebrado sus resultados desde UP y sus medios afines. Pero como explicamos en los artículos publicados en El Militante de enero y marzo de 2022, esta reforma mantiene y consolida los efectos más negativos de la reforma laboral del PP (sobre todo la reducción de los costes de despido), al mismo tiempo que con las nuevas facilidades otorgadas para la generalización del contrato fijo discontinuo, que tras la reforma puede ser a tiempo parcial o utilizado por las ETT, se abren nuevos caminos a la ampliación de la precariedad laboral.
En octubre de 2022 se constataba que la rotación de los trabajadores indefinidos se había multiplicado por cinco, y ya a finales de año que la inestabilidad de los contratados temporales se había trasladado a los contratos indefinidos, ya que el 7% de los trabajadores supuestamente “indefinidos” firmaba más de un contrato al mes. Es verdad que tras la reforma el número de contratos indefinidos ha aumentado, pero también se han disparado los despidos, especialmente los realizados en el periodo de pruebas, que en septiembre de 2022 crecieron un 700% respecto al mismo mes del año anterior.
En definitiva, la política económica del Gobierno no ha transformado la realidad negativa que vive un amplio sector de la clase trabajadora. A finales de 2021 el 27,8% de la población, 13,1 millones de personas, estaba en riesgo de pobreza y 4,8 millones, el 10,2% de la población, sufría pobreza severa. Crece sin parar el número de pobres con contrato de trabajo y también el de pobres con estudios universitarios. Pero lo más terrible es que afecta de manera especialmente cruel a los más jóvenes e indefensos: según datos recientes de la Plataforma de Infancia, el 33% de las niñas y niños del Estado español viven en la pobreza.
Como no podía ser de otra manera, los beneficiarios directos del empobrecimiento de la clase trabajadora son los capitalistas. El Banco de España acaba de informar que los beneficios de las empresas crecieron en 2022 un 21%, siete veces más que los salarios.
La derecha envalentonada
Ya nos hubiera gustado escribir que el Gobierno más progresista de la historia mejoró sustancialmente las condiciones de vida de la clase trabajadora o transformó a mejor el presente desesperante que vive la juventud. Pero no lo podemos hacer porque no ha sido así. Y todo ello, a la vez que socava su apoyo social, refuerza la audacia de la derecha.
En el Estado español vivimos el mismo proceso de radicalización de sectores de la clase dominante, con la consiguiente reconfiguración de las fuerzas políticas conservadoras. Además del ascenso de Vox, Díaz Ayuso ha sido la indudable ganadora de la batalla interna que desgarró al PP hace unos meses, y ha conseguido neutralizar cualquier giro hacia la “moderación”. Feijóo no es más que su marioneta.
Este bandazo hacia la extrema derecha se percibe con total claridad en el seno del aparato del Estado, como lo confirma la reciente decisión del Tribunal Constitucional de privar al Parlamento de su capacidad de debatir y aprobar leyes. Esta acción es un paso más en la ofensiva del aparato judicial por garantizar que, ante las previsibles consecuencias de una crisis social que se agrava día a día, la clase dominante conservará intacta su capacidad de recurrir a la fuerza para mantener sus privilegios.
Pero el triunfalismo de la derecha puede ser prematuro. La evidente desmovilización de los votantes de la izquierda, sobre todo los del PSOE, podría revertirse ante la inminencia de un Gobierno PP-Vox. Un amplio sector de la clase obrera y de la juventud, con las mujeres a la cabeza, no estará dispuesto a aceptar pasivamente la amenaza a nuestros derechos y libertades más básicas a manos de un Gobierno de la reacción y, al igual que ha ocurrido en recientes citas electorales en otros países, su movilización podría cortar el paso a la derecha.
Evidentemente, el desenlace final de las elecciones depende en gran medida de las decisiones que tomen los dirigentes de Unidas Podemos sobre el futuro de su formación. Sumar, la iniciativa de Yolanda Díaz, intenta, sin disimulo alguno y con el apoyo de gran parte de los medios de comunicación, canalizar el potencial electoral de UP hacia un apoyo incondicional a Sánchez y sus políticas, ya que esos votos serán decisivos para ganar un nuevo mandato para el Gobierno de coalición.
Una parte importante del aparato de Podemos, con Iglesias a la cabeza, se revuelve ante este intento de convertir a la formación morada, nacida, no lo olvidemos, para “asaltar los cielos”, en un apéndice pasivo de la socialdemocracia tradicional. Aunque en la práctica cotidiana y ante los asuntos de fondo no hay diferencias entre Díaz y las ministras de Podemos, en este conflicto hay bastante más que un choque de ambiciones personales. El PSOE quiere borrar hasta la última traza del vínculo de Podemos con las grandes movilizaciones que le dieron vida, en previsión de que en un próximo futuro pueda, incluso a pesar de sus actuales dirigentes, convertirse en un catalizador del malestar social y de un nuevo ascenso de la lucha de clases.
A pesar de la burocracia sindical, la lucha obrera se abre camino
Si los dirigentes de CCOO y UGT han puesto toda la carne en el asador para asegurar al Gobierno y a la CEOE un ambiente de paz social, firmando convenios vergonzosos y aceptando sin rechistar pérdidas brutales de poder adquisitivo y de derechos, la lucha de la clase trabajadora se ha ido abriendo camino lentamente a lo largo de 2022.
Las movilizaciones y huelgas del metal de Vigo y Cádiz en 2021 tuvieron continuidad en otras como la de Cantabria y Mercedes Benz en Gasteiz, en las que CCOO y UGT sudaron tinta para imponer un convenio a la baja, o la de Bizkaia, donde la firma del convenio sigue aún pendiente.
En otras empresas y sectores, como Correos, la sanidad madrileña, Tubacex, telemarketing, Amazon o Inditex la presión desde abajo ha desembocado en importantes conflictos que tendrán continuidad y se ampliarán en un futuro inmediato.
Especialmente relevante ha sido la gran huelga indefinida de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Asturias. Durante semanas estas trabajadoras fueron capaces de resistir la presión conjunta de las empresas, la Administración y los aparatos de CCOO y UGT. Aunque finalmente estos dos sindicatos firmaron un convenio de miseria, el ánimo de las trabajadoras no decayó y ahora reclaman elecciones sindicales para renovar los comités de empresa con mandato caducado.
Las condiciones para que la presión desde abajo desborde a la burocracia sindical maduran día a día. La movilización de los pensionistas, los estudiantes o el ejemplar movimiento contra la violencia machista y contra la justicia patriarcal protagonizado por cientos de miles de mujeres ayudará al conjunto del movimiento obrero a recuperar las tradiciones del sindicalismo de clase y combativo.
2023 será un año muy importante en nuestras vidas. En las próximas citas electorales cometeríamos un grave error si nos dejáramos arrastrar por una posición sectaria que nos aleje de millones de trabajadores que perciben la gravedad del momento: debemos impedir que el PP y Vox puedan formar Gobierno. Pero la batalla electoral, como la experiencia demuestra, no resolverá los graves problemas que enfrentan la clase obrera y la juventud. El juego parlamentario en el régimen capitalista tiene las cartas marcadas.
Todas las cuestiones esenciales se deciden mediante la lucha de clases. La defensa de los salarios, de la sanidad y la educación públicas, el acceso a una vivienda y un puesto de trabajo digno, igual que los derechos democráticos, solo pueden ser conquistados con la movilización más masiva y contundente, con la organización y haciendo avanzar la conciencia colectiva. En definitiva, poniendo todo el empeño en construir una izquierda combativa, revolucionaria y dispuesta a dar la pelea hasta el final. A esa tarea hay que dedicar nuestro esfuerzo.
