¡Por una izquierda combativa!
Al igual que ocurrirá en el resto del Estado, Catalunya enfrentará un intenso año electoral, primero con las municipales y posteriormente con las generales.
Y lo hará en un contexto en que la actual dirección del movimiento independentista, tanto ERC como Junts, han certificado su renuncia a la lucha por la independencia, por la amnistía y por la República catalana, intentando condenar al olvido la crisis revolucionaria de 2017 y el levantamiento de 2019 contra la sentencia del Procés.
El último ejemplo ha sido ha sido el acuerdo presupuestario entre ERC y el PSC, al que no ha dudado en sumarse rápidamente Junts. Un acuerdo que ha sido aplaudido con entusiasmo por la burguesía catalana y española, ansiosos por hacer lucrativos negocios, ya que asume megaproyectos especulativos como el cuarto cinturón de Barcelona (B40), el Hard Rock, que supondrá construir miles de hectáreas de casinos y salas de juego en Tarragona, o la ampliación del aeropuerto del Prat.
Pero este acuerdo va mucho más allá. Se trata de blindar la paz social y el régimen del 78 en Catalunya, con el apoyo del PSC, a cambio de contribuir a la estabilidad del régimen del 78 en Madrid, apoyando al Gobierno de Pedro Sánchez. Un acuerdo de fondo con el PSC-PSOE, cuyos dirigentes no dudaron en apoyar el 155, desplegar la máxima represión contra el movimiento independentista, e incluso manifestarse y hacer frente común con la derecha y la reacción.
De ahí los editoriales entusiastas de la prensa burguesa. “El pacto presupuestario entre ERC y PSC allana la legislatura y rompe la política de bloques en Catalunya”, titulaba El País.[1] “El acuerdo presupuestario”- explicaba La Vanguardia- “augura un periodo de estabilidad y gobernabilidad (...) en Catalunya, donde la agitación y el desencuentro políticos han sido predominantes en el último decenio” y “supone la ruptura del bloque independentista que ha dirigido la política catalana en tiempos recientes, propiciando episodios convulsos como los del 2017, con graves consecuencias para el conjunto del país”[2]. Se trata de neutralizar un movimiento que supuso una grave amenaza para el régimen del 78 y para el capitalismo.
En esta estrategia, solo la CUP se ha mantenido firme, manifestando su rechazo frontal a los presupuestos, y apoyando e impulsando las movilizaciones contra los megaproyectos o las luchas en defensa de la sanidad y la educación públicas. En este contexto, la CUP tiene una gran oportunidad para avanzar y comenzar a disputar la dirección del movimiento independentista tanto electoralmente como, sobretodo, mediante la lucha de masas en las calles.
Crisis capitalista y cuestión nacional. Ni fin de la represión, ni derecho a decidir.
En un contexto de crisis mundial del sistema capitalista, la burguesía y los Gobiernos de todos los países son conscientes de que enfrentaran una lucha de clases salvaje. Los capitalistas en Catalunya y el Estado español no son ninguna excepción y se preparan para ello.
Comprenden que los factores que desataron las crisis revolucionarias de Octubre de 2017 y 2019 en Catalunya, la crisis capitalista y sus devastadoras consecuencias sociales, la opresión nacional y represión de un aparato del Estado cada vez más reaccionario, no solo se mantienen sino que se están profundizando. Y temen que la rebelión social vuelva a apoderarse de las calles, enriquecida por la experiencia acumulada.
En Catalunya este profundo malestar no ha dejado de expresarse de una u otra manera. Lo ha hecho con fuerza en el terreno de la cuestión nacional, en la última Diada, con más de 600.000 personas denunciando y rechazando las renuncias y cesiones permanentes del Govern, de ERC y Junts. Una protesta que desencadenó una nueva crisis en el Govern que llevó a la salida definitiva de Junts del mismo.
Los dirigentes de ERC y de Junts han tratado de justificar esas renuncias, y sus pactos con el PSOE y el régimen del 78, con la excusa de “desjudicializar el procés” y acabar paulatinamente con la represión. Sin embargo, a pesar de los indultos, consecuencia de la lucha en las calles, o de la eliminación del delito de sedición, se mantienen causas judiciales abiertas contra más de 3.000 activistas por participar en las movilizaciones de 2017 y 2019, incluso con la participación de la Generalitat. Por otro lado, el aparato judicial ha vuelto a dar una patada en las mesa, convirtiendo en papel mojado la reforma del delito de malversación y manteniendo la inhabilitación de decenas de políticos independentistas.
El PSOE ha demostrado y sigue demostrando su completo compromiso con el aparato del Estado: apoya escandalosamente la infiltración y espionaje contra el independentismo y los movimientos sociales; part5icipa de la campaña furibunda de la de la derecha y la judicatura franquistas contra la ley “Solo sí es si”; mantiene plenamente vigente la ley Mordaza del PP; y no tiene ningún reparo en encubrir el asesinato de nuestros hermanos inmigrantes en la valla de Melilla.
Y si actúa así respecto a la represión, cediendo en lo fundamental frente a la derecha y el aparato del Estado, ¿cómo va a actuar respecto a una posible negociación sobre el derecho a decidir? La supuesta vía realista de la negociación, con la que se ha justificado abandonar la lucha en las calles, se ha convertido en un callejón sin salida.
¿“Presupuestos sociales”?
Por otro lado, este malestar también se está expresando en el terreno social, especialmente entre sectores de trabajadores que han estado a la vanguardia de la lucha por la independencia y la república. Así ha sido por ejemplo con las y los docentes en defensa de la educación pública: cinco huelgas generales entre marzo y junio de 2022 con manifestaciones masivas. O en la lucha ahora de los médicos y personal de la sanidad pública, con la reciente huelga conjunta de sanidad y educación del 24, 25 y 26 de enero.
En esta estrategia, la burocracia de CCOO y UGT desempeña un papel clave de cara a garantizar a toda costa la paz social. Así lo han hecho ahora con el pacto presupuestario, calificado como un “ejemplo de consenso” y “ruptura de bloques” que permitirá “revertir años de recortes”, y boicoteando abiertamente la lucha sanitaria y educativa. Y lo mismo ocurre con En Comú Podem (UP), que da luz verde a los presupuestos, encubriéndolos como sociales, al tiempo que critica y se manifiesta contra los macroproyectos especulativos.
Tras décadas de recortes y privatizaciones, el incremento de 3.000 millones de euros en inversiones recogido en los presupuestos (1.300 en sanidad, 600 para educación) no frenará la destrucción de los servicios públicos. Pero es que además, gran parte de esos recursos continuarán siendo destinados a engordar el negocio de la educación y la sanidad concertadas. En Catalunya las empresas privadas o fundaciones ya controlan “el 65% de camas hospitalarias, la totalidad de camas socio sanitarias, el 95% de servicios de salud mental y el 25% de servicios de atención primaria.”[3]
Esta política de cesiones por parte de los comunes, con la excusa de que no se puede hacer nada más y que hay que frenar el paso a la reacción, trata de encubrir el fracaso de su estrategia reformista. Y el mejor ejemplo es el del Ayuntamiento de Barcelona. Tras 8 años en el Ayuntamiento, Barcelona sigue siendo la ciudad con más desahucios de todo el Estado, el riesgo de pobreza afecta a más del 20% de la población y casi el 40% de los hogares tiene dificultades para llegar a fin de mes. Los datos hablan por sí solos.
La CUP y la lucha por la República catalana socialista
En este contexto, como ya hemos señalado, la CUP tiene una oportunidad histórica para crecer y desarrollar una oposición de izquierdas consecuente tanto en el terreno de la lucha social como en el terreno de la lucha nacional. Y para ello el punto central es desarrollar una política consciente que dispute la dirección del movimiento con una táctica de combate y acción directa en las calles, y con un programa anticapitalista, internacionalista y socialista.
Es necesario dar la batalla en el movimiento sindical, en primer lugar denunciando el papel nefasto de la burocracia de CCOO y UGT, y en segundo lugar, impulsando dentro de los sindicatos combativos y movimientos sociales un plan concreto para unificar y extender las luchas, levantando la consigna de la huelga general de todo el sector público. Sin duda, este planteamiento por parte de la CUP tendría un enorme efecto en el movimiento y aumentaría la presión sobre los dirigentes sindicales.
Esta batalla en defensa de los servicios públicos, o contra los macroproyectos especulativos, donde la CUP está impulsando la batalla, hay que vincularla a la lucha por la amnistía y la República catalana. Por una República catalana socialista, llenando de contendido social y revolucionario la lucha por la independencia, diferenciándose con total nitidez de la palabrería hueca de ERC y Junts, y exigiendo, como primer paso para ello, la nacionalización de la banca, de las eléctricas y grandes fondos de inversión inmobiliarios, y de las grandes empresas, de cara a garantizar educación, sanidad, vivienda, pensiones, salarios y condiciones de vida y trabajo dignas para todas y todos.
Este programa no solo entusiasmaría a decenas de miles de jóvenes, trabajadores y trabajadoras que ya votamos a la CUP, movilizaría a la mayoría de votantes de ERC y los comunes que están viendo como dentro del sistema, plegándose una y otra vez a las exigencias de la élite capitalista, no hay salida posible.
[1] https://elpais.com/espana/catalunya/2023-02-01/erc-y-psc-pactan-los-presupuestos-de-la-generalitat-de-cataluna.html
[2] https://www.lavanguardia.com/opinion/20230202/8726910/presupuestos-catalanes-acordados.html
[3] https://scgs.cat/es/el-sistema-publico-de-salud-en-cataluna-urge-mas-recursos-y-preservar-su-modelo-de-gestion/
