El 18 de septiembre, Arnaldo Otegi (EH Bildu) y Arkaitz Rodriguez (Sortu) leyeron una histórica declaración frente al palacio de Aiete (Donostia) dirigiéndose a las víctimas causadas por la violencia de ETA: “sentimos su dolor, y afirmamos que el mismo nunca se debió de producir”. Estas palabras, como era de esperar, han sido recibidas con un estruendo desde las filas de la reacción. Los políticos y las organizaciones que jamás han pedido perdón por los crímenes de la dictadura franquista, que han dado cobijo a reconocidos represores, responsables de torturas, fusilamientos y asesinatos de trabajadores y militantes de la izquierda, siguen haciendo de ETA una estrategia política cuando esta organización ya no existe.
A una década del abandono de las armas, y de lo que fue su posterior disolución, la derecha españolista sigue insistiendo en su letanía. No se trata de un aspecto coyuntural o de oportunismo. El recrudecimiento de la ofensiva contra los derechos democráticos desde las instancias dirigentes del aparato del Estado es la mejor prueba de que se trata de una política de largo alcance.
Tras años de persecución sin tregua contra el movimiento de liberación nacional catalán y de una represión salvaje contra un pueblo que votó masivamente a favor de la república, de encarcelamientos y sentencias infames que han sido incluso desautorizadas por instancias europeas, los montajes policiales y los “juicios-farsa” siguen siendo una herramienta recurrente. Ya sea contra militantes de la izquierda abertzale en Euskal Herria, desde la causa contra los jóvenes de Altsasu o los recientes ataques a las organizaciones juveniles GKS e Ikasle Abertzaleak, contra activistas de la izquierda combativa en el resto del Estado, contra la PAH y contra el movimiento feminista, alcanzando a diputados que se han destacado por su apoyo a los movimientos sociales, como el caso de Alberto Rodríguez de Podemos… lo que está claro es que el franquismo sigue vivo y con un poder que se acrecienta gracias a la pasividad, cuando no la colaboración, de los dirigentes del PSOE.
De esos polvos vienen estos lodos
El espectáculo del PP y de Vox poniendo el grito en el cielo acusando al Gobierno PSOE-UP de “colaborar con etarras” y exigiendo que los dirigentes de EH Bildu pidan perdón, se ha convertido en una pieza política habitual. Lo verdaderamente repugnante del caso es que este circo lo organiza el mismo partido fundado por seis ministros franquistas, incluido un personaje como Manuel Fraga Iribarne cuya implicación directa en la matanza del 3 de marzo en Gasteiz está sobradamente probada. O Vox, que reivindica abiertamente la dictadura, ensalza el programa del neofascismo, disemina su discurso machista, racista y homófobo día sí y día también y protege bajo su ala a una miríada de grupúsculos nazis especializados en la violencia callejera.
La derecha españolista, todas y cada una de sus variantes, jamás ha pedido perdón. ¿Para qué hacerlo si se sienten completamente impunes y amparados por el régimen del 78? Los políticos, jueces, militares, policías y funcionarios que no sufrieron ninguna condena por sus crímenes, han sabido transmitir el testigo a las nuevas generaciones de reaccionarios que siguen copando las altas esferas del aparato estatal.
Pero todo esto se lo debemos a la democracia capitalista que se fraguó en los años de la Transición con el beneplácito de los dirigentes reformistas del PSOE y del PCE. Ellos hicieron lo imposible por desmovilizar la calle, firmar un infame acuerdo de punto y final (la ley de Amnistía de 1977), apuntalar a una monarquía impuesta por el dictador y negar el derecho de autodeterminación a Euskal Herria, Catalunya y Galiza. La responsabilidad de esta izquierda, ayer como hoy, sigue siendo formidable.
Y es que el PSOE no hace ningún asco a las campañas de la reacción cuando se trata de hablar de ETA. Un partido que diseñó las leyes que ilegalizaron Herri Batasuna, que aplaudió el encarcelamiento fraudulento de Otegi durante seis años, que se ha paseado de la mano con representantes del PP y de Vox en Catalunya alentando la represión y el nacionalismo españolista más furioso… no tiene problemas de chapotear en el mismo lodo.
Así, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, respondía en nombre del Gobierno que la declaración de Aiete es “insuficiente” porque los dirigentes de EH Bildu deben condenar a ETA, pedir perdón y “pasar de las palabras a los hechos”. Resulta muy llamativo que los responsables del terrorismo de Estado de los GAL exijan perdón con tanta contundencia después de lo ocurrido durante las décadas pasadas. Ellos, incluido Felipe González, siguen negándose a reconocer su responsabilidad directa en la creación de los comandos parapoliciales que causaron decenas de víctimas en Euskal Herria, y han movido todos los hilos necesarios para impedir una investigación seria que pueda establecer la verdad de la guerra sucia.
El PNV, el portavoz del gran capital vasco, también ha hecho gala de esta misma hipocresía. Al tiempo que sus dirigentes se han sumado de manera oportunista a la manifestación de solidaridad con los presos de hace unos días, no han dudado en calificar el comunicado leído por Otegi de “corto e insuficiente”, y que en el mismo estaba fuera de lugar plantear “que las causas del conflicto siguen todavía pendientes de resolver”. Es evidente que la burguesía vasca, que con tanta complacencia defendió las medidas represivas de Estado y que fue tan decisiva para levantar la arquitectura del régimen del 78, siempre coloca por delante sus intereses de clase, sus negocios y privilegios.
Los hechos desmienten el relato oficial
No es verdad que el final de ETA fuese el resultado de los éxitos de la represión policial y judicial. Esta es otra forma de manipular la historia para seguir justificando la perpetuación de un clima de excepcionalidad represiva contra el pueblo y la juventud vasca. La guerra sucia, la ilegalización, los macro juicios y la cárcel nunca fueron una solución al conflicto, ni podían acabar con la capacidad de operar de ETA. Tampoco perseguían ese objetivo. La prueba más evidente es la continuidad de esa represión y su extensión indiscriminada para criminalizar movimientos sociales que evidentemente nada tiene que ver con ETA, tanto en Euskal Herria como en el resto del Estado.
No fue ni el PP, el PSOE o el PNV, ni la represión del Estado. Lo verdaderamente decisivo para poner fin a los 40 años de actividad armada de ETA fue el auge espectacular de la lucha de masas en Euskal Herria, en los territorios del Estado español y en el conjunto del mundo, marcado por el estallido de procesos revolucionarios en América Latina que pusieron fin a todo un periodo histórico de guerrillerismo. El colapso de la URSS y del estalinismo también cuarteó las bases ideológicas en las que se asentaba el programa estratégico de ETA, y generó un indudable desconcierto y desmoralización entre su capa dirigente más veterana.
Sin duda, el factor crucial fue que decenas de miles de activistas comprobaron que la actividad armada de una organización clandestina estaba completamente agotada como factor político progresivo. Las acciones de los comandos no podían sustituir las movilizaciones de masas y las huelgas generales para alcanzar objetivos como el derecho de autodeterminación o la liberación de los presos, y se convertían en algo completamente contraproducente: daban argumentos al Estado y a la clase dominante para incrementar la represión y propiciar el aislamiento de la izquierda abertzale.
La experiencia de Catalunya ha demostrado que son precisamente los métodos de lucha de masas, y la necesidad de defender dentro del movimiento un programa de clase, comunista, internacionalista, que sea capaz de unir las reivindicaciones de la liberación nacional con las consignas socialistas, la clave para poder avanzar contra un enemigo poderoso como es el Estado capitalista.
El Gobierno de coalición, los presos y EH Bildu
Lo que hemos señalado anteriormente no supone que la burguesía española haya renunciado a sus objetivos. Quieren aplastar a la izquierda abertzale, y evidentemente la represión sigue siendo una herramienta que utilizan a fondo, aunque no es la única ni la más importante en estos momentos.
Desde noviembre de 2011 cuando Rajoy llegó a La Moncloa, respondieron a cada paso de ETA para entregar las armas y disolver sus estructuras aumentando la escalada represiva. Nada más producirse los primeros movimientos detuvieron y condenaron a varios dirigentes de la izquierda abertzale, entre ellos Arnaldo Otegui.[1] Acto seguido ilegalizaron Herrira, plataforma para la defensa de los presos vascos que planteaba actuar bajo vías exclusivamente políticas y legales, deteniendo a decenas de sus activistas. Pero todas las provocaciones, todo el sabotaje para impedir que esta decisión llegara a buen puerto se saldó con un fracaso para la derecha. ETA se disolvió, y el abandono de la actividad armada se refrendó por sus militantes y por una mayoría aplastante de la izquierda abertzale.
Con la llegada del Gobierno de coalición en enero de 2020 se abre una nueva fase, marcada por dos elementos sustanciales. Por un lado, el PSOE no ha renunciado a la represión, como ha demostrado sobradamente en el conflicto catalán. Sus vínculos con el aparato del Estado son demasiado fuertes y sus compromisos con el régimen del 78 son tan evidentes, que sigue blandiendo la porra policial y judicial sin ambigüedad.
El ministro del Interior, Grande Marlaska, señaló recientemente la posibilidad de reformar el Código penal para condenar los recibimientos y homenajes a presos. También ha defendido, a pesar de que ya no existe ETA, la política de dispersión carcelaria que vulnera la legislación internacional de derechos humanos.[2] A pesar del fin de ETA, la Audiencia Nacional y otros tribunales siguen cerrando periódicos y webs como kalera-kalera por el hecho de informar sobre la vulneración de los derechos humanos de este colectivo y sus familiares.
Por otro lado, el PSOE ha desplegado una táctica de asimilación que pretende neutralizar la combatividad de la izquierda abertzale. Se trata de comprometerla en la legitimación de las políticas capitalistas del Gobierno, ofreciendo como anzuelo la resolución de la cuestión de los presos en un horizonte indefinido. Mientras tanto, el PSE-PSOE gobierna con el PNV en la CAV, siguiendo al dictado la hoja de ruta de la patronal y reforzando la agenda de recortes sociales que está empobreciendo a nuestro pueblo.
Recientemente, un video filtrado con declaraciones de Arnaldo Otegi expuso crudamente la cuestión que mencionamos. Sus palabras, en el marco de un encuentro con activistas de la izquierda abertzale, fueron claras: hay que apoyar a este Gobierno porque de eso depende la salida de los presos. Dejando al margen que el video ha vuelto a enardecer a la reacción, lo más significativo es el planteamiento general.
Arnaldo Otegi subrayaba una idea que evidentemente está en la cabeza de millones de trabajadores en el conjunto del Estado: si cae este Gobierno en este momento, la alternativa es la derecha más reaccionaria y eso significaría un empeoramiento de la situación. Por supuesto, nadie que esté comprometido con la causa del socialismo y de la liberación nacional de nuestro pueblo quiere al PP y a Vox en La Moncloa. Pero la pregunta es ¿cómo se puede evitar ese escenario? ¿Acaso las políticas del PSOE son un antídoto para frenar el ascenso de la reacción?
Pedro Sánchez, en respuesta a las declaraciones de Otegi, se ha apresurado a decir solemnemente al PP y Vox que no negociará con EH Bildu la excarcelación de los 200 presos vascos a cambio del apoyo a los presupuestos. Es evidente que el PSOE no va a comprometerse con Otegi para nada sustancial, ni en las cuestiones sociales que afecten a los intereses del IBEX35 y menos aún en cuanto a los presos. Un buen ejemplo de ello es lo que estamos viendo respecto a Catalunya o respecto a sus propios socios de coalición de UP.
Si hoy la reacción levanta cabeza es precisamente por las políticas procapitalistas que está aplicando el actual Gobierno de coalición, y por la estrategia de desmovilización y paz social planteada desde UP, con la colaboración de las direcciones sindicales de CCOO y UGT. Por este camino, como ya estamos viendo, no solo no se avanza, sino que se deja cada vez más espacio al PP y a Vox. La política de concesiones, la negativa a responder en las calles y rebajar el programa no conduce a nada más que a envalentonar a la reacción.
Todos los avances que se han conseguido contra las políticas penitenciarias de dispersión han sido fruto exclusivo de las masivas movilizaciones de los trabajadores y jóvenes de EH, que han estado al pie del cañón contra la ofensiva de la derecha españolista pero también contra las maniobras de la patronal y la derecha vasca, el PNV. Aceptar o apoyar políticas antisociales de contrarreformas y recortes en las pensiones, en la sanidad y educación pública… no van a terminar con la represión y la venganza, pero si ayudarán a extender la misma desafección hacia la izquierda parlamentaria en Euskal Herria. Ese es el camino que ha seguido UP, y ya estamos viendo sus nefastas consecuencias.
Lo mismo se puede decir de tejer alianzas con el PNV. La última y masiva manifestación que recorrió las calles de Donostia en defensa de los presos no necesitaba de la participación del partido de los negocios vascos, que de esta forma se lava la cara después de las declaraciones vergonzosas de sus líderes tras el comunicado de Aiete y de la brutal represión de la Ertzaintza contra las movilizaciones obreras y sociales de los últimos meses.
La estrategia del “mal menor”, tan reivindicada por UP o Syriza, ya ha demostrado sus resultados: más recortes, más precariedad, más represión. Para acabar con las políticas capitalistas y de venganza contra los presos, con el régimen del 78 y su represión, y para lograr ejercer el derecho de autodeterminación, la única salida es construir una alternativa que luche en las calles por la transformación socialista de la sociedad. Esta es la propuesta de los marxistas revolucionarios de la izquierda abertzale.
¡Únete a Ezker Iraultzailea para luchar por la autodetrminación y el socialismo!
[1] Hace menos de un año, el Tribunal Supremo decidía repetir el juicio de Bateragune por el cual Arnaldo Otegi y otros cuatro dirigentes de la Izquierda Abertzale pasaron más de seis años en la cárcel, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo dictaminara en 2018 que el proceso judicial no fue imparcial.
[2] Grande-Marlaska: “¿Bildu? Todos los apoyos al programa de gobierno son bien recibidos”
