¡Ni un desahucio más! ¡Ninguna familia sin luz o agua! ¡Fuera PP! ¡Fuera Convergencia!
El pasado 29 de abril el gobierno del PP paralizó en el Tribunal Constitucional varios artículos de la Ley contra los desahucios y la pobreza energética aprobada por el Parlament de Catalunya. Los artículos impugnados contemplan la cesión obligatoria de viviendas y sanciones a bancos y grandes propietarios que no ofrezcan un alquiler social a las personas que se quedan sin casa. El gobierno del PP muestra de nuevo con esta medida que defenderá hasta el último momento los intereses de bancos y multinacionales.
Esta ley, impulsada por la PAH mediante una ILP respaldada por más de 150.000 firmas, ha sido consecuencia de la movilización masiva y contundente contra los desahucios encabezada por las PAHs en toda Catalunya, contando con un abrumador apoyo del conjunto de la sociedad. Por eso incluso la derecha se vio obligada, ante la perspectiva además de diversas citas electorales, a votar a favor de la misma. La ley reclama a los bancos alquileres sociales o incluso la cesión temporal de las viviendas vacías, prohíbe los cortes de suministro de luz, gas y agua a las personas que no pueden pagar sus facturas, y prevé la firma de convenios por las administraciones con las empresas suministradores haciéndose cargo de dichas deudas entre ambas partes.
¡43 deshaucios y 440 cortes de suministro al día, mientras las eléctricas y sus directivos se forran!
Desde el inicio de la crisis se han producido en Catalunya 98.000 desahucios. De hecho Catalunya y Andalucía encabezan el ranking de lanzamientos en el Estado español. Tan sólo el año pasado se llevaron a cabo en Catalunya 15.557, ¡una media de 43 al día! La tasa de pobreza se ha disparado, estando hoy en riesgo de pobreza un 26,7% de la población catalana, y afectando ya la pobreza energética a más de 300.000 personas. Personas a las que empresas multimillonarias cortan el suministro sin preguntar antes siquiera si los habitantes de la vivienda están enfermos, son desempleados, mayores o niños. ¡Que falta de escrúpulos!
Esta situación contrasta con los ingentes beneficios de las eléctricas y con los salarios millonarios de sus directivos, algunos antiguos Presidentes, Ministros o Consejeros. Un dinero procedente de las cada vez más abultadas facturas, que esquilman los bolsillos de millones de familias en todo el Estado, aprovechando que en los últimos 10 años la electricidad ha subido un 60%, el gas un 25% y el agua un 44%. Al tiempo que Endesa, Gas Natural o Iberdrola nos subían las facturas, subcontrataban masivamente todos los servicios a empresas auxiliares, recortando personal y salarios de forma generalizada. ¡Nos explotan como consumidores, y como trabajadores!
Fruto de todo esto el año pasado las eléctricas tuvieron un beneficio de 4,2 millones de euros (un 18% más que en 2014) y entidades financieras como Caixabank (accionista mayoritaria de Gas Natural) obtuvieron 814 millones en beneficios. Por otro lado el sueldo de los directivos de estas empresas alcaza cifras incomprensibles, como los 2,6 millones de Isidre Fainé de La Caixa o los 2,9 millones de Borja Prado de Endesa. Incluso el Presidente de la patronal española, Juan Rosell, defensor acérrimo de bajar los salarios para ser competitivos, obtuvo una subida de sueldo de Gas Natural de un 64%, de 127 mil a 208 mil euros.
¡No nos engañan! ¡El PP impugna y Convergencia no aplica!
La aplicación de la ley durante sus seis meses de vigencia ha resultado limitada, con obstáculos constantes por parte de los bancos aprovechando todo tipo de triquiñuelas legales. Pero en el caso de la Generalitat, tanto antes con Mas como ahora con Puigdemont, su intención de impulsar y aplicar esta Ley ha sido completamente nula. Ayuntamientos del cambio como el de Barcelona, que han presionado logrando la cesión de algunas viviendas por parte de los bancos y que incluso han abierto expedientes sancionadores a alguna entidad financiera, se han quejado de la completa inacción de la Generalitat. Otro tanto ha ocurrido con respecto al corte de suministros de luz y gas. En este caso las empresas suministradoras han conseguido esquivar hacerse cargo de una parte de dichas deudas, conjuntamente con las administraciones, tal y como prevé la ley. La propia Ada Colau ha denunciado este comportamiento abusivo por parte de las compañías, mientras la Generalitat callaba sin impulsar acción alguna para aplicar una ley catalana.
Sin embargo, tras el recurso del PP a la ley y la suspensión de algunos de sus artículos, el presidente Puigdemont ha tenido el cinismo de salir en defensa de la misma, organizando cumbres y haciendo grandes declaraciones contra dicha impugnación y el derecho a una vivienda digna de todos los catalanes. Es precisamente Convergència uno de los primeros responsables por la lamentable situación que padecen millones de familias sin acceso a la vivienda, habiendo combatido con saña, con los Mossos d’Esquadra a la cabeza, a la PAH y a todos aquellos que hemos luchado para evitar los desahucios. El propio Puigdemont siendo alcalde de Girona apoyó públicamente el desahucio de un bloque de viviendas en Salt ocupado por la PAH que acogía a 15 familias y 21 niños. ¡Y ahora se atreve a llorar lágrimas de cocodrilo por la impugnación del PP! ¡No nos engaña!
El gobierno de Convergéncia está siendo la máxima garantía para que los bancos y grandes inmobiliarias mantengan más de 45.000 pisos en toda Catalunya sin ocupar mientras más de 90.000 demandantes de vivienda permanecen en lista de espera. La Generalitat ha recortado desde 2010, con la vuelta de Convergencia, en un 60% el presupuesto en Vivienda, habiendo además suprimido, inmediatamente llegaron al poder, y contando con los votos del PP, una Ley de 2007 que preveía medidas sociales para evitar desahucios, y que incluía incluso la expropiación temporal de pisos vacíos de grandes propietarios. Dicha ley se suprimió junto a muchas otras, a través de la famosa ley Ómnibus, en medio de las protestas del 15M que rodearon el Parlament.
Hay que acabar con los desahucios y la pobreza energética..
La movilización y la lucha masiva en las calles impulsó cambios de gobierno en muchos ayuntamientos, entre ellos el de Barcelona con Ada Colau al frente. Estos ayuntamientos han aumentado los recursos en la lucha contra la exclusión social y están tratando de impulsar políticas que permitan hacer frente al drama de los desahucios. Pero, tal y como ya ha indicado la PAH de Barcelona, dichas medidas no son suficientes ante la dimensión del drama social que se vive, exigiendo a Ada Colau “valentía” para tomar todas aquellas medidas que sean necesarias, “pese a quien le pese”.
De hecho los desahucios continúan, produciéndose en Barcelona una media de 8 diarios mientras la especulación inmobiliaria se ha disparado aumentando el precio de los alquileres en 2015 un 23% y mientras 28.000 personas esperan para obtener una vivienda de protección oficial. Es inaceptable que un banco como el BBVA, por citar solo uno, que dispone de más de 1000 pisos vacíos en Barcelona ciudad, sólo haya cedido al ayuntamiento 67. ¡Una auténtica burla!
¡Solo mediante la organización y la lucha se podrá conseguir!
Los gobiernos del cambio fueron aupados gracias al enorme poder de la movilización en las calles, y solo podrán avanzar basándose en esa palanca, la organización e intervención activa en los asuntos públicos, es decir en el Gobierno, del conjunto de los trabajadores y la juventud. No basta con la política institucional, ni con la astucia y capacidad para negociar tanto en el ámbito institucional, como con respecto a bancos o eléctricas. El único lenguaje que entienden estos señores es el de la calle, el de la lucha consecuente para arrancarles su poder y privilegios, y lo que día a día nos han robado.
El ayuntamiento Barcelona, y el resto de ayuntamientos del cambio como el de Sabadell o Badalona, deben encabezar una movilización social contundente y continuada, impulsar la organización del movimiento basándose en la enorme fuerza de las PAHs y Plataformas surgidas estos años al calor de la lucha, y obligar así a bancos y multinacionales no solo a cumplir esta ley, que sería un enorme paso adelante, sino forzar la expropiación sin indemnización de todas las viviendas vacías e impulsar la nacionalización de eléctricas y restantes empresas multinacionales que ofrecen servicios básicos, y que hasta hace no mucho eran en la mayor parte de los casos compañías públicas.
La derecha y sus acólitos lanzaran una campaña histérica salvaje contra estos ayuntamientos, como en parte ya hacen, mientras ejecutan día a día el saqueo masivo de las arcas públicas evadiendo impuestos en Panamá o Andorra. Pero tal y como ha demostrado la lucha de la PAH, ese es el único camino, desobedecer las leyes injustas, e impulsar la actuación directa del movimiento para resolver sus enormes problemas cotidianos. ¡Así se han parado miles de desahucios! ¡Desobedeciendo a las puertas de muchos hogares a policía, jueces, y en definitiva al conjunto del sistema!
