Desde que la opción de entregar el gobierno al PP se impuso definitivamente en el PSOE, con su vergonzosa abstención del pasado 29 de octubre, destacados diputados y altos cargos de la formación se han esforzado por justificar lo injustificable aludiendo a la necesidad de “desbloquear” el país, como si el mero hecho de tener un gobierno, independientemente de las políticas que aplique, fuera en sí mismo algo tremendamente positivo.
Sin embargo, el “desbloqueo” que han hecho posible los dirigentes socialistas, traicionando las aspiraciones de la gran mayoría de su base social, tiene poco que ver con la posibilidad de “hacer avanzar la agenda reformista” como patéticamente han repetido en los últimos días. Como ya ha anticipado Rajoy, su gobierno está dispuesto a hacer cambios “razonables” pero de ninguna manera a “demoler lo construido” en la pasada legislatura.
Por supuesto, la derecha no ha puesto en marcha toda una serie de contrarreformas para retroceder ahora ante la “brillante” acción parlamentaria de un PSOE fragmentado, débil y en el peor momento de su historia. Todo lo contrario, si hacemos balance de lo que ha sido el gobierno de la derecha en estos años, no es difícil comprender qué podemos esperar para la próxima legislatura.
Los recortes a los servicios públicos
En sanidad los recortes presupuestarios han sido brutales: entre 13.000 y 20.000 millones de euros desde 2009. Esto ha supuesto cierres de plantas hospitalarias, quirófanos, consultas, puntos de atención continuada, etc., y la no cobertura de las jubilaciones, bajas y suplencias ha dado como resultado 55.000 trabajadores menos. A esto hay que sumar la introducción del copago farmacéutico para los pensionistas y el fin de la universalidad de la asistencia, que ha excluido de la sanidad pública a inmigrantes sin papeles, jóvenes o parados de larga duración. Sin olvidar que ha continuado la privatización de los servicios sanitarios, entre ellos las derivaciones a centros privados de pruebas diagnósticas, consultas e intervenciones quirúrgicas, y las denominadas unidades de gestión clínica o los contratos de gestión.
En educación, con 7.000 millones recortados y más de 60.000 trabajadores menos (entre profesorado y personal no docente), hay que añadir la imposición de la LOMCE, que de consolidarse supondrá el principio del fin de la educación pública tal y como la conocemos, y abrirá la puerta a la privatización de la educación en todos sus tramos.
En cuanto a las personas dependientes, el PP recortó más de 2.000 millones para su asistencia, y actualmente acumula una lista de espera de más de 400.000 personas. El maltrecho “estado del bienestar” del que gozábamos en el Estado español ha sufrido un acoso permanente por parte del gobierno de la derecha, en beneficio, eso sí, de los intereses económicos de la banca, grandes empresas, colegios privados, etc.
El ataque a las condiciones laborales
La nefasta reforma laboral de 2012 ha causado estragos entre los trabajadores, extendido la precariedad hasta el punto de que, a día de hoy, más del 90% del escaso empleo creado tiene carácter temporal. Los salarios han caído más de un 25%, lo que supone que un 34% de los trabajadores gana menos del salario mínimo (645 euros) y otro 46% está por debajo de los 1.000 euros mensuales.
Y mientras el 50% de los jóvenes no tienen empleo y el paro de larga duración (11,4%) se ha convertido ya en estructural, el gobierno ha recortado un 30% el presupuesto para la cobertura de desempleo y endurecido las condiciones para percibirla. En la actualidad, siete de cada diez desempleados no cobran ninguna ayuda. El aumento de la tarifa eléctrica, el IVA, etc., son otros tantos ataques al poder adquisitivo de la inmensa mayoría, que ha agravado una situación en la que la pobreza energética alcanza ya los cinco millones de hogares, y la pobreza infantil se dispara hasta el 30%.
Sin embargo, en estos años de crisis atroz, no a todos les ha ido mal con el gobierno del PP. El Estado español es el segundo país donde más ha crecido la desigualdad, y mientras la pobreza se dispara, veinte multimillonarios poseen una quinta parte de la riqueza del país y las grandes empresas vuelven a exhibir cifras récord de beneficios.
Un legado de corrupción
Por no hablar de los innumerables casos de corrupción (Gürtel, Púnica, Taula, Nóos, Brugal, Bárcenas…) que alcanzan cada rincón del PP, desde la dirección nacional hasta concejales, diputados autonómicos, alcaldes y alcaldesas, presidentas regionales, tesoreros, gerentes. Los herederos políticos de la más rancia tradición franquista se han comportado durante años como una auténtica trama organizada para el saqueo de las arcas públicas. El funcionamiento de la mafia pepera es siempre igual, y compartido con otras formaciones (véase Convergència en Catalunya): contratos y concesiones públicas amañadas, comisiones ilegales, y blanqueo del dinero negro acumulado. Un negocio boyante basado en la complicidad de las grandes empresas y multinacionales que licitan la obra pública, y en la impunidad que permite el control de numerosos resortes del poder político y judicial.
Menos derechos democráticos, más represión política
Ante el evidente descontento social que sus políticas han generado, al PP no le ha temblado la mano a la hora de cercenar derechos democráticos, fundamentalmente a través de la reforma del Código Penal y de la infame Ley de Seguridad Ciudadana, la famosa Ley Mordaza. Como resultado de todo ello, cientos de activistas se encuentran cumpliendo penas de prisión o a la espera de juicio por el mero hecho de destacarse en la lucha social y sindical, algo inédito desde la caída de la dictadura.
¿Y cuál es la perspectiva para esta legislatura? De momento, la Comisión Europea ha exigido un nuevo recorte de 10.000 millones para los próximos dos años, lo que significa nuevos ataques a los servicios públicos básicos, aumento del IVA, recorte de pensiones, etc.
Con este panorama, el patético argumento del PSOE de que harán una “oposición dura” ha pasado de ser un chiste malo a una broma cruel. Con su abstención, el PSOE no sólo se hace cómplice de los ataques y recortes que pretenden infligirnos en los próximos meses y años, sino que se encadena fatalmente al carro del PP y, para evitar esas temidas nuevas elecciones, no tendrá más opción que apoyar, en lo sustancial, la política de la derecha: una política al servicio de las grandes empresas y los poderes financieros contra la mayoría de la sociedad.
