El 14 de noviembre una mujer de 81 años de edad, Rosa P.V., fallecía en Reus tras caer al suelo ahogada y cegada por el fuego causado por una vela que prendió en su cama. Rosa, mayor y sin recursos, utilizaba este medio para alumbrarse tras el corte de suministro eléctrico ordenado por Gas Natural. La mujer recurría a los servicios sociales del Ayuntamiento de Reus desde 2013 y éstos le ayudaban en el pago de la factura del agua.
Empresas y autoridades se lavan las manos
Ante la indignación social surgida tras esta muerte, todos los responsables de lo ocurrido se han lavado las manos. En primer lugar Gas Natural, que ordenó el corte del suministro sin comunicarlo a los servicios sociales del Ayuntamiento como determina la ley catalana contra los desahucios y la pobreza energética. En segundo lugar, los gobiernos del PP en el Estado y de Convergència en Catalunya.
El gobierno del PP se ha desentendido del problema afirmando, a través del ministro de Energía, Álvaro Nadal, que los hechos son un asunto de competencia autonómica y municipal. ¡Qué cinismo! Para el gobierno del PP, que en su día impugnó la ley catalana sobre desahucios y pobreza energética o la ley andaluza, garantizar el derecho a unos recursos de vida mínimos no es de su competencia, pero defender los intereses de las multinacionales energéticas y de los bancos sí lo es. También ha escurrido el bulto Convergència, que gobierna la Generalitat y el Ayuntamiento de Reus. Las dos administraciones han declarado públicamente que actuarán con severidad contra Gas Natural por cortar la luz, pero al mismo tiempo corresponsabilizan a Rosa de lo sucedido, acusándola de pertenecer a una “familia desestructurada” y de no dejarse auxiliar, dejando caer que la anciana había rechazado algunas ayudas municipales. Lo que es evidente es que una anciana pobre, que recibe asistencia del Ayuntamiento para pagar el agua, cuyo expediente figura en los servicios sociales, también es pobre para pagar la luz y otras necesidades vitales.
Tanto la Generalitat como el Ayuntamiento han escenificado en los medios de comunicación una dura pelea con Gas Natural por lo sucedido, pero Convergència es cómplice junto al PP de las multinacionales eléctricas por consentir los cortes de suministro y ser ejecutora directa de la política que ha llevado a millones de personas a empobrecerse y a las multinacionales a enriquecerse: aprobando junto al PP la reforma laboral, recortando los presupuestos en protección social un 17% desde 2011 o reduciendo las ayudas de inserción mínima a las personas más vulnerables (de 33.000 beneficiarios en 2011 a 29.500 en 2015).
440 cortes de suministro diarios mientras las eléctricas se forran
Desde el inicio de la crisis la población en riesgo de pobreza ha aumentado del 20% en 2008 al 29% en 2015. Según un estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), 5 millones de personas viven en el Estado español en una situación de pobreza energética que conlleva problemas de salud e incluso, como el caso de Reus, la muerte. De hecho, los Bomberos de la Generalitat han alertado de que 6 de cada 10 incendios a los que acuden están relacionados con la pobreza energética.
Sólo en Catalunya las compañías eléctricas llevan a cabo 440 cortes de suministro diarios, y lo hacen sin preguntar si en la vivienda viven personas mayores, niños o enfermos. El gobierno de la Generalitat aseguró hace seis meses que estaba tomando medidas y multando a las empresas que cortan el suministro sin avisar a los servicios sociales, pero la realidad es que mienten: las únicas decisiones que toman son en favor de las grandes empresas.
Esta situación contrasta con los escandalosos beneficios de las eléctricas y con los salarios millonarios de sus directivos, algunos antiguos presidentes, ministros o consejeros. Unos sueldos que proceden de los bolsillos de millones de familias en todo el Estado, saqueados mediante un aumento exagerado de la electricidad: un 73% desde 2008, según Eurostat, el gas un 67% y el agua un 44%. Al tiempo que Endesa, Gas Natural o Iberdrola nos subían las facturas, subcontrataban masivamente todos los servicios a empresas auxiliares, recortando personal y salarios de forma generalizada. ¡Nos explotan como consumidores, y como trabajadores!
Fruto de todo esto, el año pasado las eléctricas tuvieron un beneficio de 4,2 millones de euros (un 18% más que en 2014) y entidades financieras como Caixabank (accionista mayoritaria de Gas Natural) obtuvieron 814 millones en beneficios. Por otro lado, el sueldo de los directivos de estas empresas alcanza cifras incomprensibles, como los 2,6 millones de Isidre Fainé de Gas Natural y La Caixa o los 2,9 millones de Borja Prado de Endesa.
Los derechos se conquistan luchando
En estos ocho años de crisis, los resultados son más que evidentes: la mayoría de la sociedad, trabajadores, jóvenes y ancianos somos cada vez más pobres y nos cuesta más llegar a fin de mes, mientras las grandes fortunas se quedan con toda la riqueza que generamos. Pero ni a nosotros, ni a nuestros padres y abuelos les han regalado nada. Todos los derechos que tuvimos fueron arrancados en la calle, peleando duramente contra la miseria y la carestía de la vida. Y ésta es la tarea que tenemos por delante. La política conciliadora de las direcciones de CCOO y UGT con el PP y Convergència ha puesto la alfombra roja a todos los retrocesos que padecemos. A ello se unen las políticas de colaboración de clases y desmovilización de distintas fuerzas de izquierda y las políticas que, desgraciadamente, están aplicando muchos de los ayuntamientos del cambio que no están suponiendo una diferencia clara por la izquierda. Hemos visto el bochornoso apoyo de la dirección del PSOE a Rajoy, o el reciente pacto del PSE con el PNV en Euskadi, pero en Catalunya el gobierno convergente, responsable de todas las políticas de recortes antes mencionadas no se sostendría sin el apoyo de ERC y la CUP.
Hay que detener ya el proceso de degradación social al que la crisis capitalista está empujando a la mayoría de la población. Si las direcciones de CCOO y UGT siguen ancladas en su política de paz social que sólo interesa a los ricos hay que sustituirlas por otras dispuestas a luchar. La movilización es el arma más poderosa para cambiar las cosas. Las manifestaciones convocadas en diciembre, entre ellas las del día 21 contra la pobreza energética, deben ser el inicio de un plan contundente de lucha.
La luz, el gas y el agua deben ser del pueblo
Tanto la electricidad, el agua o el gas son suministros básicos generados por la naturaleza que no deben servir para enriquecer a cuatro multinacionales, sino que deben ser un derecho elemental de todas las personas. Para ello es fundamental luchar por la nacionalización de las eléctricas y restantes empresas multinacionales que ofrecen servicios básicos, y que hasta hace no mucho eran en la mayor parte de los casos compañías públicas. Hoy más que nunca es necesario organizarse y luchar con fuerza para conseguir:
• Expropiación de las eléctricas y empresas de suministros esenciales.
• Trabajo y jubilación digna para todas las personas. SMI de 1.100 euros.
• Nacionalización de la banca y los sectores estratégicos de la economía, para rescatar a las personas y elevar el bienestar de la mayoría.
