En las últimas semanas hemos sufrido el ruido ensordecedor levantado por el PP en torno a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2017. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, insiste en que son los presupuestos de la consolidación de la recuperación y que no contienen recortes. Pero esto es rotundamente falso. Las cuentas del Estado de 2017 nacen con un tope de gasto previsto que implica un recorte respecto a 2016 de 5.000 millones de euros.
Presupuestos 2017: más recortes
Esta manipulación tosca de las cifras es la metodología habitual aplicada por el gobierno de Rajoy. El pasado 12 de abril, podíamos leer en el diario El País un artículo que llevaba por título ‘Un recorte silencioso de 25.000 millones’. En él se explicaba que, entre 2012 y 2016, el Estado había recaudado 25.309 millones de euros menos de lo presupuestado y que esta “grosera equivocación en la recaudación” había tenido como consecuencia un recorte adicional en ese período de esa misma cantidad. El artículo termina explicando que mientras la recaudación a través del IRPF (al que fundamentalmente contribuyen los trabajadores) o el IVA ha recuperado el nivel de antes de la crisis, el impuesto de sociedades recauda hoy la mitad que en 2007.
Estos datos son una prueba más de los métodos escandalosos que caracterizan la actividad de este gobierno, pero hay más. Desde el PP repiten hasta la saciedad que en 2017 las pensiones serán la partida con más recursos y que subirán el salario de los funcionarios un 1%. Lo que callan es que la cuantía de cada pensión subirá un 0,25% mientras la inflación ronda ya el 3%, con lo que tanto pensionistas como funcionarios perderán poder adquisitivo, siendo especialmente sangrante la situación de estos últimos que llevan un tajo de 13 puntos en su poder adquisitivo desde 2012. Si hablamos de las grandes partidas, los recortes son brutales: las inversiones en infraestructuras caen un 20% y la inversión pública en general lo hace en un 3,3%; y aunque el gasto en educación se incrementa en algo más de 40 millones de euros, algo totalmente escandaloso teniendo en cuenta las necesidades que tiene la educación pública y un insulto teniendo presentes los recortes aplicados en los últimos años, una parte fundamental de esta cantidad va a la escuela privada-concertada.
Otro aspecto en el que el PP ha centrado el trabajo de su maquinaria propagandística ha sido la supuesta oferta de empleo público y el “plan” firmado con las cúpulas de CCOO y UGT para convertir en plazas fijas el 90% de los puestos públicos que hoy ocupan interinos en los próximos tres años. Cuando se lee la letra pequeña del acuerdo, la realidad es diferente a cómo la pintan: la auténtica “oferta pública de empleo” consiste en convocar 8.000 plazas, la mayoría para la policía, guardia civil y el ejército. En lo que se refiere a la conversión de plazas interinas en fijas, es necesario indicar que no se trata de crear nuevos puestos de trabajo: los cientos de miles que se han perdido en sanidad, educación, etc., no se van a recuperar. De todas formas, y conociendo la gran distancia entre lo que el PP predica y lo que realmente hace, todavía está por ver que este plan se lleve a la práctica.
Mientras, la partida presupuestaria destinada al pago de los intereses de la deuda pública alcanzará casi el 10% del gasto, y los ingresos previstos seguirán nutriéndose, principalmente, de los impuestos indirectos y de las rentas de los trabajadores. En definitiva, a través de estos presupuestos continuará el trasvase de recursos de la clase obrera a los bolsillos de los capitalistas y banqueros.
Un gobierno débil y un PP ahogado por los casos de corrupción
La existencia de una obscena desigualdad social, que la política del PP sostiene y profundiza, convive con escándalos de corrupción cada vez más brutales. Mientras todavía sonaban los ecos de la citación a Mariano Rajoy para declarar por el caso Gürtel, Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid y hombre de confianza de Esperanza Aguirre, era detenido junto a 12 personas más por “presunto” desvío de fondos públicos del Canal de Isabel II en beneficio propio. En el transcurso de esta operación se ha sabido que el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, pretendía paralizar —con el aval del fiscal general del Estado, José Manuel Maza— una serie de registros domiciliarios que afectaban a Ignacio González. La utilización sistemática del aparato del Estado para defender y amparar a corruptos, completa la política podrida del PP.
El gobierno de Rajoy y el PP está tan salpicado por casos de corrupción que es difícil encontrar un precedente semejante. Un día sí, y otro también, sus altos cargos son imputados o pasan por el banquillo, pero Rajoy hace como que todo esto no va con él. Que para los capitalistas, en estas circunstancias, sea una cuestión estratégica mantener y apuntalar a este gobierno, es un síntoma de debilidad muy grande. De hecho, deben contar con los inestimables servicios de Ciudadanos y la gestora golpista del PSOE, aunque esto suponga hundir a la socialdemocracia en el cenagal del descrédito y la insignificancia política.
El coste de esta debilidad es el de profundizar la desafección hacia las instituciones de la democracia burguesa entre más sectores de la población. La podredumbre del sistema y sus organismos, en la medida que los capitalistas se ven obligados a mantener a este gobierno corrupto, se desvela con más claridad día a día.
Organizar la lucha para acabar con el gobierno del PP
El único elemento que permite que esta situación continúe pudriéndose es la falta de una dirección política de la izquierda a la altura de las circunstancias y con capacidad para impulsar una estrategia clara de movilizaciones en la calle que haga caer a este gobierno. Al apoyo de la dirección golpista del PSOE, hay que sumar el sostén que en la práctica proporciona al PP la política de paz social defendida por las cúpulas de CCOO y UGT.
Ante esta situación Unidos Podemos tiene una gran responsabilidad. El parlamento puede y debe ser utilizado para desenmascarar ante los trabajadores y la juventud la charlatanería de la política burguesa, pero no puede ser el medio para transformar la realidad que vivimos. Sólo con la fuerza de la movilización y con un programa socialista coherente, que proponga una alternativa viable al sistema capitalista y rompa con su lógica, es posible acabar con los recortes y mejorar realmente las condiciones de vida de la mayoría. Esta batalla hay que prepararla concienzudamente. El pobre resultado de las manifestaciones del 25 de marzo impulsadas por Podemos —y que contrasta, por ejemplo, con la maravillosa y masiva jornada de protesta del 8 de marzo, día de la mujer trabajadora— es una prueba contundente de que movilizar a los trabajadores, los jóvenes, las mujeres, los parados, etc., exige plantear unos objetivos claros y por los que merezca la pena luchar. Oportunidades no van a faltar, pero es necesario ponerse manos a la obra.
