La resolución del caso Renedo, la mayor trama de corrupción enjuiciada en Asturias, se produjo este pasado 1 de septiembre, siete años después de que una primera denuncia de una ciudadana de a pie pusiera a Hacienda a investigar tres cuentas falsas creadas por la funcionaria Marta Renedo.
Esta denuncia, totalmente casual, desencadenó la investigación que puso al descubierto que Renedo desviaba fondos públicos a una empresa de su propiedad sin que saltaran las alarmas en el Principado. Sus movimientos llevaron hasta dos empresas, Almacenes Pumarín SA e Igrafo, dedicadas al suministro de material de oficina, que recibían encargos de la Consejería de Educación que se pagaban sin necesidad de ejecutarlos en su totalidad.
La investigación ha descubierto una trama de corrupción muy elaborada donde los principales implicados son el exconsejero socialista de Educación José Luis Iglesias Riopedre; su número dos en la Administración, Mª Jesús Otero; la funcionaria Marta Renero, exjefa de Servicios; y dos empresarios, Alfonso Carlos Sánchez y Víctor Manuel Muñiz dueño y exgerente respectivamente de las mencionadas empresas, además de otros empresarios y funcionarios hasta un total de diez personas condenadas.
Los delitos que se les imputan son de gran calibre: red de cuentas fraudulentas, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas para funcionarios; resumiendo, a través de esta trama de corrupción se desviaron hasta un total de 6 millones de euros de fondos públicos para el propio enriquecimiento personal, se incurrió en todo tipo de actuaciones ilegales de manera reiterada con el objetivo del propio enriquecimiento personal y pago de favores.
Y esto ocurría a la vez que se aprobaban unos presupuestos en el Gobierno del Principado que recortaban los gastos en prácticamente todas las consejerías, con la excusa de “racionalizar el gasto público para optimizar beneficios”, agravando la situación de las escuelas del Principado, niños y trabajadores ya de por sí castigadas con la política de recortes del gobierno central.
Leyendo toda la crónica del caso nos damos cuenta de la facilidad que tenían estas personas para operar. Tomaban sus precauciones, como es lógico, pero sus acciones se desarrollaron durante años sin que nadie les parase, lo cual demuestra la poca fiabilidad en los criterios de la adjudicación de cargos públicos y en la evaluación del desempeño del funcionariado de alto nivel.
Todos los funcionarios y los trabajadores en general estamos sometidos a evaluaciones continuas por jerarquías superiores pero eso no ocurre en los altos cargos de la Administración. Aunque desde el Principado se felicitan por considerarse garantes de la transparencia y de que en su gobierno se persigue y se castiga la corrupción, cuando fue a través de Hacienda que se descubrió toda la trama, una cosa llevó a la otra.
Que fuera bajo un gobierno del PSOE cuando ocurrieron estos hechos no nos sorprende en absoluto. Aunque los tribunales han exonerado de responsabilidad al Principado, es evidente que este tipo de prácticas corruptas no son ninguna anomalía aislada, sino parte integrante del funcionamiento de las instituciones del Estado, como se ha demostrado en los últimos años de manera palmaria.
Pese a la gravedad de los hechos, y a las considerables penas de prisión (entre 6 y 9 años para los principales implicados) aún cabe la posibilidad de que estos no pisen la cárcel, amparándose en la tardanza de la sentencia, la edad y otras consideraciones. Una muestra más del doble rasero de la justicia, implacable contra los trabajadores y los sectores más humildes, y comprensiva, tolerante y “garantista” contra los grandes delincuentes económicos y el entorno que les ampara.
