El 20 de febrero el Tribunal Supremo confirmaba la condena a tres años y medios de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional a Josep Miquel Arenas, conocido como Valtònyc. El rapero mallorquín ha sido condenado por enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona y amenazas contra el presidente de la asociación ultraderechista Círculo Balear.
Posteriormente, el Tribunal Constitucional rechazó admitir a trámite el recurso de amparo contra esta sentencia, por lo que Valtònyc tenía que entrar en prisión antes del 24 de mayo. Al no entregarse en ese plazo, la Audiencia Nacional, a petición de la Fiscalía, ha dictado una orden de búsqueda y captura nacional e internacional.
Como dice el comunicado publicado en la cuenta de Valtònyc: “Nos encontramos ante un hecho histórico, dado que es el primer músico que entrará en prisión en el Estado español condenado únicamente por las letras de sus canciones”. Efectivamente, con este nuevo caso, parece que el Estado español se consolida como el principal creador y exportador de presos políticos de la UE.
La escalada represiva por parte del gobierno del PP y del aparato judicial no tiene precedentes desde los tiempos de la dictadura. Los derechos democráticos más básicos, como la libertad de expresión, están siendo brutalmente atacados. Ahora twittear, rapear o querer votar es delito. Eso sí, únicamente para los oprimidos. En cambio si es la ultraderecha la que amenaza con bombardear a los catalanes, como ha hecho Jiménez Losantos, o se publican datos personales de la víctima de La Manada alentando a acosarla, eso sigue estando amparado en la libertad de expresión. La doble vara de medir es obvia.
Todos los que estamos en contra del sistema capitalista, de la monarquía heredera del franquismo o del Partido Popular, que aplica políticas contra la clase trabajadora en beneficio de los ricos, todos aquellos que luchamos por nuestros derechos, estamos en el punto de mira. No es ninguna casualidad. Tras las movilizaciones históricas del 8 de marzo, la rebelión de los pensionistas, la lucha masiva del pueblo de Catalunya por el derecho a decidir, la clase dominante y el gobierno del PP necesitan recurrir a la represión para intentar mantenerse en el poder.
Pero estas medidas no van a ser suficientes para frenar la rabia y la indignación de la población, ni para estabilizar su gobierno. El carácter reaccionario de este Estado y de su aparato judicial es cada vez más evidente para millones de jóvenes y trabajadores. Su sistema es cada vez más cuestionado y la idea de que es necesario acabar con él, para garantizar nuestros derechos y un futuro digno, gana terreno. ¡Tenemos que responder de forma organizada a sus ataques, con la lucha y la movilización en las calles, hasta echarlos del gobierno!
¡Libertad para Valtònyc!
¡Si nos tocan a uno, nos tocan a todos!
¡No nos van a callar, la lucha es el único camino!
