El 5 de julio, un mes después de la moción de censura que desalojó a Rajoy de la Presidencia del Gobierno, el Partido Popular celebrará unas elecciones primarias para elegir nuevo líder. De los siete candidatos, cuatro son los que realmente tienen opciones: María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría, Pablo Casado y José Manuel García-Margallo, que han iniciado su campaña electoral enzarzándose en una pelea barriobajera. Este desbarajuste revela la profunda crisis que corroe a un PP anegado de corrupción, y que hunde sus raíces en la inestabilidad política y social provocada por la crisis del capitalismo iniciada hace diez años, agravada en los últimos meses por la creciente marea de movilización social.
El primer síntoma de la gravedad de la crisis que afecta al PP fue la negativa del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a presentarse a unas primarias que habían sido cuidadosamente diseñadas para su lanzamiento triunfal como candidato de consenso, y tratar de evitar una batalla pública a muerte entre los distintos sectores del PP. Sus mentores consideraban que la relación de Feijóo con uno de los capos del narcotráfico gallego, que saltó a la prensa en 2013, ya estaba “amortizada”. Pero Feijóo decidió que no valía la pena sacrificar la Presidencia de la Xunta por la incertidumbre de la dirección de un PP que ha perdido el favor de los círculos financieros y empresariales que abandonan a su suerte al fracasado Rajoy y sus colaboradores.
La retirada de Feijóo ha abierto la caja de los truenos y dado ánimos al resto de los candidatos. Uno de ellos, Pablo Casado, está haciendo un esfuerzo desesperado por sobrevivir al escándalo de sus títulos universitarios falsificados. Mientras el cerco judicial se va cerrando sobre él, Casado se apoya en José María Aznar, intentando concentrar el voto del sector más reaccionario del PP.
Los otros candidatos, tampoco se quedan cortos en su guerra abierta, y usan como principal arma arrojadiza las decisiones del Gobierno del que formaban parte para descalificarse mutuamente. La política del PP en Cataluña, que era responsabilidad de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, y muy especialmente la decisión sobre la aplicación del artículo 155, se ha convertido en una de las principales armas de la batalla interna. Las rencillas y tensiones en el seno del Gobierno, mantenidas en sordina durante casi dos años, han estallado abiertamente.
Todo parece indicar que la batalla final tendrá lugar entre Cospedal y Sáenz de Santamaría. Cospedal intenta agrupar al aparato del partido en los territorios, un aparato que se nutre de los sectores más reaccionarios y parasitarios de la pequeña burguesía. Para ello ha vuelto a recurrir al nacionalismo español más rancio y no ha tenido reparo en acusar a su oponente de ser la culpable de haber aplazado la aplicación del 155 en Cataluña, que ella hubiera aplicado mucho antes y con mayor dureza.
Por su parte, Sáenz de Santamaría busca rentabilizar el apoyo de los más de 6.000 asesores y altos cargos del Gobierno Rajoy que se han quedado inesperadamente sin trabajo. Es muy significativo que sean los altos cargos del área económica, ahora cesados, los que más firmemente apoyen a Soraya. Esta gente, fieles servidores de los dictados del gran capital, busca a través del ascenso de Sáenz de Santamaría un camino para participar en futuros acuerdos parlamentarios, o incluso de gobierno, a los que consideran probable que recurrirá Pedro Sánchez. La perspectiva de que el nuevo Gobierno no sea capaz de aplacar la protesta social que recorre las calles del país, con pensionistas y mujeres a la cabeza, alimenta la esperanza de este sector del PP de encontrar un hueco en futuros acuerdos de “unidad nacional”.
Gane quien gane, esta situación vuelve a demostrar que la debilidad crónica de la burguesía española le impide generar una representación política sólida. Su base social tradicional, especialmente las franjas de mayor edad, también sufre las consecuencias de las políticas de ajuste y poco a poco empieza a ser sensible a la movilización en la calle. Los datos de participación en las primarias son reveladores: de los supuestos 900.000 afiliados del PP sólo 66.000 van a participar en las primarias, demostrando así que su autoproclamado “arraigo social” era un bluf. De nuevo, la burguesía no tiene otro remedio que apoyarse en la socialdemocracia para intentar conseguir la base social que le permita continuar la política de ajustes y recortes que la crisis de su sistema exige.
