¡Para defender las condiciones de vida de los trabajadores y el pueblo: nacionalizar la banca, las grandes constructoras y las eléctricas!
¡20 días! Esto es lo que ha durado la Sentencia del Tribunal Supremo dictada el 16 de octubre en la que se establecía que son los bancos, y no sus clientes, los que tienen que pagar el impuesto sobre las hipotecas.
Con esta sentencia el Tribunal Supremo reconocía que eran los bancos los que debían hacerse cargo del impuesto de inscripción de las hipotecas. Se calcula que por este medio, la banca española ha estado estafando a las familias y particulares 5.000 millones de euros en los últimos cuatro años, y decenas de miles en las dos últimas décadas.
Pero poco duró la alegría de los millones de hipotecados beneficiarios de la sentencia. Al día siguiente de su publicación, el propio Tribunal Supremo decidió dejarla sin efecto y someterla a revisión. En las horas previas a esta primera rectificación, la Patronal Bancaria realizó una intensa campaña de presiones al Poder Judicial que, a la vista de la nueva sentencia del 6 de noviembre, consiguió plenamente sus objetivos.
Con esta sentencia el Tribunal Supremo deja meridianamente claro al servicio de quién está y que intereses defiende. Toda la palabrería sobre la “separación de poderes” o la “independencia” de la Justicia recibe un nuevo y clamoroso golpe. Por si los diez años de crisis no hubieran sido suficientes, los jueces nos vuelven a impartir una lección práctica sobre la naturaleza y función del Estado capitalista, confirmando las palabras de Marx y Engels: “El Poder público viene a ser, pura y simplemente, el Consejo de Administración que rige los intereses colectivos de la burguesía.”
En el Estado español, al igual que ocurre en el resto de países capitalistas, la voluntad democrática de los ciudadanos es una ficción. Por encima de cualquier soberanía popular están los intereses de la oligarquía económica y financiera. Tanto el ejecutivo, como el parlamento o la judicatura muestran todos los días su independencia, sí, pero respecto a los intereses de la mayoría del pueblo y la clase trabajadora mientras ejecutan servilmente las órdenes de los grandes poderes capitalistas, que nadie ha elegido ni votado.
¿Alguien recuerda cuándo los ciudadanos votamos las políticas de austeridad? ¿O cuando aprobamos el rescate bancario? Nadie podrá recordarlo porque esas políticas jamás se sometieron a la consulta democrática de los ciudadanos. Pero, a pesar de ello, esas políticas salvajemente antisociales, que han propagado la pobreza y el sufrimiento por todo el mundo, se han impuesto con todas las bendiciones de los poderes del Estado.
Los beneficios de la banca se alimentan de los recortes y la austeridad
Los sacrificios que soportamos la inmensa mayoría de la población contrastan con el crecimiento obsceno de los beneficios bancarios.
Los salarios son de miseria; el precio de la vivienda la hace completamente inaccesible para millones de familias, y los alquileres siguen subiendo alarmantemente; la luz y el gas no dejan de encarecerse; los servicios públicos como la sanidad, la educación o la atención a mayores y dependientes siguen deteriorándose día a día; industrias tan importantes como Vestas o Alcoa cierran sus puertas y despiden a sus plantillas, y otras tan relevantes como la Ford empiezan a recortar su producción, provocando despidos de trabajadores subcontratados. Nada de esto afecta a los beneficios bancarios. Al contrario: en el primer semestre de 2018 la banca española los ha incrementado en un 11%. ¿Cómo es posible?
La respuesta es fácil: cada euro ganado por la banca es un euro detraído de un salario recortado o de una partida presupuestaria destinada a financiar cualquier servicio público básico. La banca siguió funcionando y generando pingües beneficios a pesar del colapso inmobiliario de 2007-2008 porque el Estado le inyectó cientos de miles de millones de euros, un dinero que salió de nuestros bolsillos y que no devolverán jamás.
En junio de 2017 el Banco de España reconoció oficialmente que alrededor de 60.600 millones de euros del rescate bancario no se recuperarán. La cifra se queda corta porque deliberadamente omite sumar el coste de los avales del Estado a entidades financieras, las pérdidas del Fondo de Adquisición de Activos Financieros y las pérdidas de la Sareb (el “banco malo”). Sea cuál sea la cantidad final, lo más escandaloso es que la banca dedicó ese dinero regalado por el Estado a… comprar deuda pública, consiguiendo entre 2008 y 2017 unos beneficios de 50.000 millones de euros gracias a este negocio. Dicho con otras palabras: ¡Los banqueros se enriquecen prestándonos el dinero que previamente nos han robado!
La sentencia del impuesto de las hipotecas es la gota que colma nuestra paciencia. El saqueo al que nos someten los banqueros, las grandes constructoras o las grandes compañías eléctricas tiene que acabarse, y la única manera de lograrlo es con la nacionalización de todas estas palancas fundamentales de la economía. Con estos grandes recursos económicos bajo control democrático de la mayoría de la población trabajadora, liberándolos de estar supeditados al lucro de una minoría de parásitos, podríamos acometer coherentemente y con éxito la lucha contra el desempleo, la precariedad, los salarios de miseria, la falta de vivienda pública o servicios sociales de calidad.
Esta nueva burla del tribunal Supremo demuestra una cosa: no existe ni puede existir el capitalismo de rostro humano. Cualquier avance, cualquier mejora en nuestras condiciones de vida será el resultado de la lucha en las calles, contundente y masiva. Sólo así doblegaremos la voluntad de los capitalistas. Confiar en un gobierno de coalición con el PSOE, y aceptar las reglas del juego del sistema en aras de reconocimiento institucional y parlamentario, ya sabemos adónde conduce. El ejemplo de Tsipras en Grecia es muy claro. Lo que hace falta es basarse en la fuerza de la clase trabajadora, de la juventud, del movimiento de los pensionistas y de las mujeres y unificar las luchas con un programa socialista que rompa con el capitalismo.
¡Es hora de la organización y la lucha!
¡Únete a Izquierda Revolucionaria!