Las casas de apuestas deportivas y los salones de juego han pasado a ser parte habitual del paisaje urbano de todo el Estado, y con ello la ludopatía ha experimentado un dramático crecimiento en los barrios y pueblos más humildes, convirtiéndose en una de las grandes lacras a las que se ven expuestas las familias trabajadoras y la juventud.

Tomemos como ejemplo la Comunidad de Madrid (CAM). El sector del juego está en plena expansión, y los datos no dejan lugar a dudas. Las casas de apuestas han pasado de 47 a 190 entre 2013 y 2017, un incremento del 304%, a lo que hay que sumar las salas de juegos, que en ese mismo periodo se incrementaron un 63%, pasando de 257 a 416. Pero lo más sangrante es que estos establecimientos se han multiplicado en los distritos más pobres de la capital, un 141% desde 2014 frente al 40% en la capital en su conjunto (El Confidencial, 06/02/2018). Los distritos de Latina, Usera y Puente de Vallecas concentran la mayor proliferación de salas de juego, con casi 50 nuevos salones. Estos distritos, en los que las familias trabajadoras son mayoría, tienen también en común que el porcentaje de vecinos con rentas inferiores a 25.000 euros al año supera en los tres casos el 60%. Contrasta poderosamente con las rentas de los únicos distritos en los que se han cerrado locales de juegos de azar: Chamberí, Salamanca y Centro, donde los vecinos que no llegan a los 25.000 euros anuales no llegan al 10%.

Un negocio muy suculento a costa de nuestra vida

La orientación a las zonas más pobres de este lucrativo negocio no es inocente. Aquí se encuentra la gente más vulnerable de caer en el juego compulsivo, el alcoholismo y el abuso de otras sustancias; todas ellas adicciones que en muchas ocasiones van de la mano. Son los problemas económicos y el impacto que la crisis ha tenido en nuestros barrios, lacerados por el paro, la precariedad y los recortes, el verdadero combustible de la ludopatía. Ante la ausencia de recursos sociales para rescatar a las personas de su situación de pobreza, y la falta de alternativas de un ocio cultural y deportivo sano, el juego se convierte en una de las vías de escape de los problemas cotidianos de los más castigados por la situación económica, social y laboral.

Según la Dirección General de Ordenación del Juego, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, fueron problemas económicos previos el detonante de la adicción en el 45% de los jugadores patológicos. La ilusión de ganar dinero rápido presionados por la pobreza, el fácil acceso al juego online (en julio de 2018 estas apuestas habían aumentado un 27% respecto al año anterior) y las multimillonarias campañas publicitarias con personajes famosos y triunfadores, actúan de enganche.

A costa de los más desprotegidos frente a la crisis, los empresarios del sector no han dejado de lucrarse. Según el Anuario del Juego en España 2016/17, sólo en 2016 las casas de juego movieron casi 40.000 millones de euros, un 10% más que el año anterior. El Barómetro de los Salones de Juego 2018 indica que el 69,7% de estos empresarios preveía abrir nuevos locales y un 63,3% tiene en sus planes contratar nuevo personal. Esto ha sido la causa directa de que, por ejemplo, en los últimos cinco años se haya incrementado un 320% —hasta llegar a 17.735 personas— el número de madrileños registrados voluntariamente en las listas de no admitidos en bingos, salas de apuestas y casinos (El Confidencial, 11/09/18). Si tenemos en cuenta que las personas que de forma voluntaria restringen su acceso a estos locales son una ínfima minoría de los enfermos de ludopatía, podemos entender las enormes dimensiones del problema.

Las facilidades a los empresarios del sector son tan grandes que hoy podemos encontrar estos locales incluso en las proximidades de centros de atención a la ludopatía y escuelas. El País del 12 de octubre pasado informaba de que uno de cada cuatro institutos de bachillerato o FP en Madrid se encuentra a menos de 150 metros de una sala de juegos. No es casualidad que cada vez haya más menores de 25 años, en su mayoría estudiantes y jóvenes en precario, enganchados al juego. De hecho, los expertos avisan que las casas de apuestas se están convir­tiendo en el nuevo lugar de ocio para ellos. Una muestra más de que el sistema capi­talista sólo nos ofrece un ocio embrutecedor y destructivo a los jóvenes con menos recursos.

Las administraciones protegen el juego

Lejos de ser un dique contra la ludopatía, ni los ayuntamientos ni las comunidades autónomas ponen freno a la expansión de este negocio. No sólo por los 1.094 millones de euros que generó en recaudación a nivel estatal. Es evidente que el lobby del juego tiene herramientas de todo tipo para hacer que las administraciones antepongan sus intereses a acabar con la lacra del juego.

No es extraño que el Gobierno del PP se resista con uñas y dientes a evitar cualquier medida, por pequeña que sea, que restrinja la apertura de casas de apuestas. Ante la presión social, y curiosamente con intención de aprobarlo justo antes de las elecciones, Ángel Garrido, presidente de la CAM, ha anunciado un nuevo decreto para evitar el acceso de los menores —medida totalmente insuficiente, que además los establecimientos pasan por alto—, fijar una distancia mínima respecto a los centros educativos y en un alarde de cinismo insultante plantea que se destinará el 0,7% de la recaudación a políticas de prevención y tratamiento de la ludopatía.

La Proposición No de Ley (PNL), no vinculante, propuesta por Podemos a finales de 2018 en la Asamblea de la Comunidad de Madrid es absolutamente insuficiente. Con ella se limitaba a suplicar que se aumente la distancia entre casas de apuestas y los centros educativos, sin denunciar a los beneficiarios de este negocio —que, como el de la droga y otros, siempre encuentra sus víctimas entre las familias trabajadoras— y mucho menos impulsar la movilización en los barrios y a nivel general exigiendo ocio sano y asequible.

Por su parte el Gobierno municipal de Manuela Carmela, no ha ido mucho más allá. Las medidas adoptadas por el Ayuntamiento madrileño se han limitado a modificar la normativa sobre los carteles de anuncio de las casas de apuestas (luminosos o no), para hacerlos menos llamativos y que sus reclamos no sean engañosos.

Por un ocio sano para la juventud

Lo que realmente necesitamos son barrios libres del juego y las apuestas, y su sustitución por centros deportivos y culturales municipales y gratuitos que ofrezcan un ocio sano a la juventud y los trabajadores; la rehabilitación de parques y jardines, pistas de fútbol, baloncesto, tenis, espacios para clubs de teatro, de escritura, salas de ensayo de música, cines y teatros a precios asequibles, etc.

Cualquier política para acabar con el juego ha de estar íntimamente relacionada con una política anticapitalista que tumbe la austeridad y la precariedad laboral, sólo así se podrán realizar las inversiones que nuestros barrios necesitan cada día con más urgencia. Y esta política no puede llevarse a cabo con interpelaciones y discursos en el ámbito parlamentario, sino que tiene que ser impulsada con la movilización social, señalando las casas de apuestas, expulsándolas y poniendo en evidencia cómo el Estado capitalista favorece un negocio que hunde en la degradación y la miseria a los más vulnerables.

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