Paraliza la exhumación del dictador y lo legitima como jefe del Estado ¡Basta ya de impunidad! ¡Organizar una respuesta masiva en las calles!

Tras la moción de censura contra Rajoy, el flamante Gobierno de Pedro Sánchez planteó como una de sus medidas estrella la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Ha pasado ya un año desde entonces y, como en tantas otras cosas, las promesas de Sánchez han quedado en un brindis al sol: palabras con las que pretendía darse un barniz de izquierdas, pero sin ninguna consecuencia práctica. Ni siquiera han sido capaces de llevar a cabo esta medida simbólica que, aunque insuficiente por dejar impunes los crímenes del franquismo, tenía un carácter progresista.

En estos meses hemos asistido a un espectáculo bochornoso en el que los elementos más reaccionarios, los franquistas que nunca fueron depurados de la judicatura, el ejército y el resto de instancias del aparato de Estado tras la caída del dictador, han marcado la agenda. La última ha sido la decisión unánime de cinco magistrados de la sección cuarta del Tribunal Supremo de paralizar la exhumación de Franco prevista para el próximo 10 de junio. Sin ningún tipo de pudor han defendido los más altos honores del caudillo y lo han hecho a la clara luz del día, con total impunidad.

Franquistas con toga

Para justificar su decisión, los jueces del Supremo argumentan que la exhumación provocaría “un grave trastorno para los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, habida cuenta de la significación de don Francisco Franco”. En su sentencia afirman que “el hecho de que fuera jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975 atribuye a toda la controversia unos rasgos especiales que no se pueden ignorar y que permiten atribuir un perjuicio irreversible a la ejecución de la decisión del Consejo de Ministros de exhumar sus restos si esta, después, fuere considerada contraria a Derecho".

¡Jefe del Estado desde el 1 de octubre del 36! Esto es equivalente a dar validez al golpe fascista del 18 de Julio, legitimar los fusilamientos de más de 200.000 trabajadores, jornaleros y militantes de izquierda entre 1939 y 1952, los más de 300 campos de concentración en los que se mantuvieron hacinados en condiciones horrorosas entre 700.000 y un millón de personas,  las miles que fueron torturadas por la Brigada Político-Social y juzgadas por el Tribunal de Orden Público por hacer huelgas, manifestarse o formar parte de partidos de izquierdas o sindicatos  entre 1963 y 1977, y los cientos de miles de exiliados obligados a huir de una feroz dictadura.

¿Qué ocurriría si el Tribunal Supremo alemán hablará en estos términos de Hitler, o si la alta magistratura italiana hiciera lo mismo con Mussolini? Pero ya sabemos que para la justicia española, que el Estado español sea el segundo país del mundo con más fosas comunes después de Camboya, y que los responsables de estas muertes, los torturadores y sus cómplices no hayan pagado por sus crímenes es lo más natural. Este es el ADN del régimen del 78. No es un Estado de derecho, es un Estado de derechas.

Sólo por ilustrar la calaña de quienes deben “velar por la justicia”, merece la pena nombrar a uno de estos Jueces entusiastas del Supremo: José Luís Requero Ibáñez. El magistrado Requero, miembro del Opus Dei y padre de diez hijos, tiene una larga trayectoria defendiendo a la reacción en los tribunales. La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica ha denunciado el vínculo de amistad de este juez con Santiago Milans del Bosch, sobrino del ex teniente general golpista, colaborador de la Fundación Francisco Franco y dueño de un bufete de abogados que ha representado a la familia del dictador en varios casos. En la década de 2000, el juez Requero, se manifestaba públicamente contra el matrimonio homosexual afirmando que “llamar matrimonio a las uniones homosexuales supondría un cambio tan radical como llamar matrimonio a la unión entre un hombre y un animal”. 

El aparato del Estado justifica a un dictador, pero enjuicia por golpismo a los que organizan un referéndum

El gobierno del PSOE es completamente cómplice de la pervivencia de una judicatura franquista rebosante de defensores de la dictadura. En sus años de gobierno se ha negado en redondo a depurar el aparato del Estado de estos elementos, ha consagrado la impunidad de los crímenes del franquismo rechazando derogar la Ley de Amnistía, garante de esa impunidad, y se ha negado a retirar las condecoraciones que a día de hoy ostentan conocidos torturadores como Billy el Niño, o los militares que participaron en el 23F.

El mismo día que se hacía pública la decisión del Supremo, el Estado Franquista se volvía a manifestar con contundencia durante el juicio-farsa contra los políticos independentistas. La fiscalía tomaba la palabra durante cuatro horas para argumentar que lo ocurrido en octubre de 2017 en Catalunya, es decir, el referéndum del 1-O en que más de 2 millones de personas participaron pacíficamente ejerciendo su derecho a decidir y que fue reprimido con saña por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, era sin lugar a dudas “un golpe de Estado”, como afirmó el Fiscal Javier Zaragoza. Las mismas palabras que, hasta el momento, sólo habían sido utilizadas por la “acusación popular” que ejerce Vox.

Uno de los fiscales, Jaime Moreno, hizo verdaderos malabarismos verbales para justificar la “violencia”, algo indispensable para poder achacar el cargo de rebelión a los dirigentes del Procés: reprochaba a los acusados que mientras públicamente repetían “eslóganes de civismo y pacifismo” lanzaran mensajes con terminología “absolutamente clara de exaltación” como por ejemplo “No tenemos miedo” o “el Estado asalta nuestras instituciones”.

Salta a la vista que no cabe comparación entre los cientos de miles de asesinatos que perpetraron los militares alzados con Franco, y la dictadura cruel que instauraron al final de una guerra que iniciaron, y el intento de celebrar una votación democrática en Catalunya. Pero para el aparato del Estado del régimen del 78 sí que cabe, pero a mayores, pues los responsables de esa cruel dictadura nunca han sido sentados en el banquillo para escarnio de cientos de miles de víctimas.

Esto es el régimen del 78 ¡Abajo con él!

La judicatura ha puesto de manifiesto sin ningún tipo de rubor que las leyes, los derechos y toda la parafernalia “constitucional” no son más que la forma amable bajo la que se esconde la dictadura de la clase dominante, de los grandes poderes económicos, financieros, empresariales, y de los poderes fácticos (altos mandos militares, jueces y casta política), que se beneficiaron de la existencia del franquismo y de sus crímenes.

Por eso cuando se estudia los nombres y apellidos de esa plutocracia que se lucró y afianzó su poder bajo el franquismo, notamos que son los mismos que dominan la política, la economía y el aparato estatal del régimen del 78 y que el PSOE fue incapaz de tocar ni molestar. Son los herederos del régimen, los mismos que construyeron emporios empresariales con el trabajo esclavo y la explotación obrera, y que hoy se llaman Ibex 35.

Son los que se sienten amenazados cuando el pueblo de Catalunya se levanta contra su régimen, cuando las mujeres tomamos las calles contra sus sentencias infames que protegen a violadores y cuando a través de la movilización y la lucha masiva desenmascaramos y denunciamos los pilares de su sistema. La oleada de protestas masivas que hemos protagonizado en los últimos años ha provocado la ira y la frustración de los sectores más reaccionarios de la sociedad, que utilizan sus posiciones en las instituciones para golpearnos.

La mejor respuesta que podemos darles es a través del único lenguaje que entienden: desafiando sus sentencias, respondiendo a sus ataques y peleando por defender los derechos que nos están arrebatando. Por eso es el momento de llamar a la movilización masiva contra esta sentencia aberrante: eso es lo que tienen que hacer de manera inmediata Podemos y los sindicatos de clase, y todos los movimientos sociales. No basta con protestar en las redes sociales, hay que salir a la calle para enfrentar esta ofensiva con la acción masiva de los trabajadores y la juventud.

Esa sentencia es una prueba de fuego no sólo para el PSOE, ¡que ya ha señalado que “acata y respeta la decisión del Supremo! También lo es, y muy seria, para Pablo Iglesias. Si quiere recuperar su credibilidad debe dejar ya de mendigar una cartera ministerial e impulsar con fuerza una respuesta a estos fascistas basándose en los miles de víctimas del franquismo, y en la sensibilidad que toda la izquierda social y militante tiene ante esta vergüenza histórica.

Tenemos la fuerza y la determinación para parar esta nueva agresión. Tenemos memoria y queremos verdad, justicia y reparación. Queremos conquistar una vida digna, por la que tantos luchadores dieron su vida, sufrieron la persecución, la represión y el exilio por orden de sus padres y abuelos. Y sólo lo podemos lograr organizándonos para luchar, apuntando a su sistema y a sus portavoces, defendiendo una alternativa socialista a este régimen podrido al servicio de unos pocos. ¡Abajo el régimen del 78, al servicio de los franquistas y el capital! ¡Por la transformación socialista de la sociedad!