Hoy, tras una espera de más de 40 años, van a sacar al dictador Franco del Valle de Cuelgamuros. Esta decisión, sin duda, es una victoria de las organizaciones memorialistas y de las víctimas del franquismo que han peleado durante años frente a un régimen del 78 con grandes taras autoritarias y antidemocráticas. A pesar de la trascendencia de lo sucedido hoy,  no vamos a olvidar que el Gobierno del PSOE sigue negándose a depurar el aparato del Estado de elementos fascistas y juzgar los crímenes de la dictadura. A este hecho, ya de por sí completamente escandaloso, se suma la negativa de todos los gobiernos que se han sucedido desde 1977 para otorgar el derecho a enterrar a los cientos de miles de combatientes republicanos que siguen en fosas y cunetas, reparando moral y económicamente a sus familiares y a todas las víctimas de la represión.

Desde las filas del PSOE se celebraba la salida de la momia de Franco como su acto electoral más importante de cara al 10-N. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce: el fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, seguirá enterrado en el Valle como ya declaró la Vicepresidenta Carmen Calvo. El Valle continuará siendo un monumento de exaltación al franquismo, con los escudos franquistas y la gran Cruz que corona el lugar. Además, el panteón familiar del cementerio de Mingorrrubio en el Monte del Pardo, a dónde será trasladado junto a las tumbas de algunos de sus colaboradores más cercanos, como Luis Carrero Blanco, constituye un espacio financiado por Patrimonio Nacional y el Ayuntamiento de Madrid.

El franquismo sigue teniendo poder

Los herederos de la dictadura siguen vivos y coleando y tienen un peso fundamental en las instituciones clave del Estado. Desde el Estado Mayor del ejército, hasta la policía, pasando por los tribunales de justicia o los consejos de administración de grandes empresas, los hijos, sobrinos y nietos de destacados prohombres de la dictadura monopolizan los resortes del aparato estatal y concentran en sus manos un enorme poder económico.

Los crímenes cometidos por estos linajes, muchos de ellos enriquecidos gracias al saqueo del patrimonio público, el trabajo esclavo de los presos y la explotación brutal de la clase obrera bajo la dictadura, siguen impunes y están blindados gracias a la Ley de amnistía de 1977.

Estos días hemos tenido que soportar en las televisiones a los representantes de la Fundación Francisco Franco, una organización legal dedicada a ensalzar la figura del dictador. Imaginar que en Alemania o en Italia se produjera algo semejante, con los portavoces de una Fundación Adolf Hitler o Benito Mussolini paseándose libremente por los platós y las radios para hacer apología del nazismo y el fascismo, muestra que la democracia de la que en teoría disfrutamos no es tal.

También en Catalunya estamos viendo como los herederos del franquismo siguen muy vivos, llevando a cabo una violencia policial brutal contra el pueblo y la juventud que lucha por el derecho a la autodeterminación y la libertad de los presos políticos. En estas semanas las imágenes típicas de la dictadura han vuelto a nuestra memoria, aunque en esta ocasión no eran los “grises” los que daban los porrazos, disparaban pelotas de goma y gases lacrimógenos contra los manifestantes.

El propio Tribunal Supremo es una de esas instituciones con nexos directos con el corazón de la represión franquista, en concreto con el Tribunal de Orden Público (TOP) que juzgó a miles de militantes antifranquistas y que ha estado siempre del lado de la impunidad —cuando el TOP fue suprimido en enero de 1977, la mayoría de sus jueces se repartieron entre la Audiencia Nacional, creada para sustituirlo, y el Tribunal Supremo—. El Supremo impidió juzgar los crímenes de la dictadura cuando lo intentó Baltasar Garzón en 2010, al que expulsó de la carrera judicial tras una denuncia de Falange. Impidió la extradición del torturador Antonio González Pacheco, más conocido como 'Billy el Niño', para que fuera juzgado en Argentina. Este mismo tribunal hace tan sólo unos meses admitió a trámite el recurso de la familia que ahora ha sido rechazado, y en el auto consideraba al dictador Franco como un Jefe de Estado legítimo. Y además ha impuesto penas totalmente franquistas a los dirigentes independentistas catalanes, penas de entre 9 y 13 años de cárcel por el único delito de organizar un referéndum.

La derecha, como era de esperar, ha reaccionado de forma furibunda contra la exhumación. Santiago Abascal, líder de Vox y muy relacionado con la familia Franco, ha tenido la desfachatez de afirmar que no hay que “profanar tumbas”, Casado que no se gastaría “un euro en exhumar a Franco” y Albert Rivera que es un tema que “no interesa a los españoles”. Su defensa de los crímenes de la dictadura no es algo retórico; lo han dejado claro en la Junta de Andalucía o en el Ayuntamiento de Madrid, donde gobierna el bloque reaccionario, acabando con todas las políticas de apoyo para las víctimas del franquismo.

Verdad, justicia y reparación

Toda esta arrogancia del PP, Cs y VOX es el fruto las constantes cesiones del PSOE. Durante años en el gobierno jamás tomaron medidas efectivas que pudieran depurar las responsabilidades de los mandos de la dictadura. Su ley de memoria histórica fue un parche incapaz siquiera de garantizar la exhumación de decenas de miles de asesinados arrojados a fosas comunes y cunetas, para que fueran enterrados dignamente por sus familiares. Nuca pensaron en una reparación política que anulará las sentencias de los tribunales franquistas y compensará económicamente a todas las víctimas de la represión. Al contrario, el callejero todavía está lleno de gerifaltes fascistas de todo tipo, y la Iglesia Católica, la misma que consideró el golpe militar del 18 de julio como una guerra santa contra el bolchevismo, disfruta de las mismas prebendas y un poder acrecentado.

Cuando se anunció la exhumación de Franco, Carmen Calvo dijo que era una “victoria de los dos bandos” ¿Como que de los dos bandos? ¿Acaso la Vicepresidenta equipara a aquellos que dieron un Golpe de Estado y mantuvieron 40 años de dictadura mediante una brutal represión con los que lucharon contra el fascismo y fueron fusilados, encarcelados, torturados o exiliados?

Y de paso también tuvo la osadía de afirmar que en la Transición “no hubo violencia, salvo la de ETA”. Los dirigentes del PSOE se olvidan de los centenares de víctimas de la extrema derecha y la policía entre 1975 y 1982, crímenes que también quedaron impunes gracias a los pactos políticos de la Transición que, junto a los dirigentes del PCE, apoyaron entusiastamente.

Nuevamente hoy la política de Pedro Sánchez vende humo y gestos para ocultar el fondo de sus decisiones. No en vano hace unas semanas, el Gobierno en funciones renovó el ducado a Primo de Rivera y a la familia Franco, con todos los privilegios y reconocimientos que ello conlleva.

Que el dictador Franco salga del Valle de los Caídos es una buena noticia que hay que celebrar. Sin embargo, no se ha “cerrado el círculo democrático” como afirma Pedro Sánchez. Aún quedan muchas cuestiones sin resolver sobre la impunidad franquista como hemos señalado, y cientos de miles de víctimas que llevan 40 años esperando por la verdad, la justicia y la reparación.