Por su interés reproducimos, en forma de artículo, este hilo publicado en la red social X por la Asociación Memoria Histórica Distrito de Latina
La calle anda revuelta contra la Ley de Autonomía Universitaria (LAU) y el Estatuto de los Trabajadores. Entre una cosa y la otra hay convocadas cuatro manifestaciones en Madrid para el día 13 de diciembre. Por la mañana hay manifestación de estudiantes contra la LAU al considerarla una ley que profundiza la degradación de nuestra universidad, abre vías para el control de parcelas de la investigación y la docencia de la universidad pública por el capital privado. ¿Les suena?
La manifestación está debidamente autorizada, así que la policía los echa de la calle con cajas destempladas. Una manifestación autorizada ya era eso, las fuerzas de seguridad estaban autorizadas a repartir hostias a cascoporro.
Por la tarde hay tres manifestaciones más, dos de estudiantes, que acaban disueltas a porrazos, y una tercera convocada por CCOO, USO y Sindicato Unitario contra el Estatuto de los Trabajadores que transcurre sin incidentes avalada por algunas presencias conocidas al frente, como Santiago Carrillo.
Ya cayendo la noche, cerca de la Glorieta de Embajadores, grupos de estudiantes que vienen rebotados de las otras manifestaciones se unen a la manifestación sindical gritando contra la policía y a favor de la unión entre estudiantes y clase obrera.
La policía no está para unidades más allá de la de la patria y, como andaban aburridos, se ponen a cargar.
Los estudiantes cruzan barricadas en la vía pública y enfrentan las cargas mientras Carrillo se larga de allí discretamente, no vaya a perjudicarle el asunto.
Un grupo de jóvenes se encara a una dotación policial que no duda ni un instante en abrir fuego real. Se supone que disparan al aire. Tan al aire que a Luis Sáenz Robles le revientan una rodilla. Tan en modo mero afán disuasorio que a José Luis Montañés, 23 años, una bala le atraviesa el cuello y lo mata allí mismo, mientras que a Emilio Martínez Menéndez, 20 años, otra bala le entra por el hemitórax derecho, toca el corazón y se aloja en el bazo. Muere minutos después en la mesa de operaciones.
Mientras Emilio agoniza en la mesa de operaciones y los gases lacrimógenos se van disipando en la ronda de Valencia en la que han sido asesinados, un grupo de policías se dedica a meter los dedos por las decenas de orificios de balas que han dejado en un autobús cruzado en la vía mientras se parten de la risa.
Más de uno parece haberse animado con chinchón antes de salir a velar por el orden ciudadano. La versión oficial de Dirección General de Seguridad, el ministro de Interior, Antonio Ibáñez Freire, y el gobernador civil, Juan José Rosón, se centran en hablar de un furioso y malintencionado grupo de estudiantes rodeando el vehículo policial con aviesas intenciones. Y que así las cosas los agentes repelieron la agresión disparando al aire. Igual ese disparar al aire explica porque también hay heridos lejos del radio de acción de la patrulla.
María Patricia McAnurty, turista británica, recibe un balazo en la calle de Bernardino Obregón y Esteban Montero, con otro impacto de bala, intentaba protegerse en la Glorieta de Embajadores.
Las balas voladoras deben tratarse de un secreto de Estado, porque en todos los centros sanitarios en los que se está atendiendo a heridos, aparece una pareja de policías reclamando los proyectiles a los médicos.
El periódico El País, que ya apunta maneras, trata a los dos muertos casi como delincuentes indocumentados; al padre de Emilio lo describe como a una especie de gañán, un hombre bajo y grueso que no acertó a decir qué estudiaba su hijo.
El País publica la versión de los hechos de un vecino anónimo que pese a ser de noche, al humo y la confusión, y a verlo todo desde su balcón, coincide muy mucho con la versión policial con todo lujo de detalles. Y termina con un impagable “El presidente Suárez, sin ocultar su preocupación, efectuó una llamada telefónica en la que le fue confirmada la noticia de la muerte de los dos jóvenes e inmediatamente, con gesto apesadumbrado, abandonó el palacio de las Cortes”.
El doctor Rodríguez Álvarez, que ha atendido a Emilio en urgencias, no ha entregado a la policía la bala que ha extraído y la pone a disposición judicial. Y mira tú por dónde llega a las manos del juez Clemente Auger, magistrado del juzgado de Instrucción nº 3.
Clemente Auger, relegado durante el franquismo por poco idóneo y en cuyo domicilio se fundó en 1972 Justicia Democrática, instruye al caso y por primera vez desde la muerte de Franco solicita el procesamiento de tres policías como presuntos autores de un delito de homicidio. Francisco Antonio Garrido Sánchez, Juan José López Tapia y Manuel Ortega García, suya es la bala alojada en el bazo de Emilio, irán al banquillo.
El día que se reconstruyen los hechos un nutrido grupo de policías insultan y amenazan a juez y testigos.
Poco después, dos estudiantes de Ciencias de la Información que han elaborado un documental sobre lo sucedido, con la inclusión de numerosos testigos, son detenidos por orden gubernativa y la cinta secuestrada.
Clemente Auger eleva la instrucción del caso a la Audiencia Provincial, ese lugar que albergaba al TOP y cuya transición a la democracia ha consistido en cambiar las placas de las puertas con el nuevo nombre.
El caso acaba en la Sección Primera y preside la sala Luis Pérez Lemaur García, un tipo siniestro que luce en la solapa la rojigualda con pollo negro.
A un lado le acompaña el magistrado Francisco Alberto Gutiérrez Moreno, vocal de la Junta Nacional del Movimiento Católico Español, veterano de guerra y hombre afable, culto y espiritual según rezaba su necrológica. Al otro lado está Alberto Leiva Rey, que ha sido gobernador civil de Sevilla con Franco. Deniegan el procesamiento de los policías y archivan el caso.
Acabado el homenaje a José Luis y Emilio en el quinto aniversario de su muerte, José Luis Carrero Arranz, que testificó y participó en la reconstrucción de los hechos en su momento, vuelve para casa después de participar en el acto de recuerdo. Alguien le sigue y le dispara por la espalda.
Tiene más suerte que José Luis y Emilio y le salvan la vida en el hospital del Instituto de Cirugías Especiales, en San Bernardo. Al terminar la operación y a pie de quirófano dos policías le exigen la bala extraída al cirujano y se van con ella.
José Barrionuevo era ministro del ramo y Felipe González presidente.
