Tal como sucede en toda Europa y países claves como EE.UU, el avance de la extrema derecha es también una realidad en el Estado español. No sólo se trata de grupúsculos falangistas y nazis uniformados manifestándose impunemente, celebrando actos de exaltación del franquismo y amenazando y agrediendo a activistas de izquierda.
Los convenios entre la banda de matones fascistas Desokupa y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para “formar” a 30.000 policías en “defensa personal”, o con la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), que agrupa a 4.000 militares en activo, y la actuación coordinada de esos mismos fascistas con los antidisturbios en varios desahucios evidencian la fascistización de los cuerpos policiales.
Los tentáculos de la ultraderecha se extienden por sectores decisivos del aparato estatal del régimen del 78 como muestra también la actuación de esa manada de jueces machistas, homófobos, reaccionarios y anticomunistas declarados que se sienten impunes para “empapelar” a rojos, independentistas y activistas sociales e incluso para agredir sexualmente desde el estrado a mujeres que se atreven a denunciar situaciones de violación, acoso y violencia machista. El juez Carretero y su vomitivo interrogatorio a Elisa Mouliaá es el ejemplo más reciente, pero la manada judicial campa a sus anchas por todo el sistema jurídico español.
Un aparato militar y judicial heredado del franquismo
El aparato judicial y estatal de la dictadura, que pasó al sistema democrático sin depuración alguna, sigue nutriéndose de los sectores más conservadores y privilegiados de la sociedad y plagado de franquistas. Una pléyade de “jueces-soldado” que se están erigiendo en protagonistas de la vida política, tomando partido por la ideología más ultraderechista para desestabilizar el Gobierno y actuar cada vez de forma más provocadora contra la lucha feminista, a la que se la tienen jurada, los movimientos de liberación nacional y todo lo que huela a izquierda.
Mientras admite a trámite las denuncias más disparatadas de organizaciones machistas, racistas y fascistas como Manos Limpias y Hazte Oír, nada tiene que decir la judicatura sobre las manifestaciones públicas de falangistas y franquistas, que se suceden con total impunidad, a pesar de estar prohibidas por la Ley de Memoria Democrática, ni de las concentraciones fachas en Ferraz, exhibiendo la simbología franquista, o más recientemente en Sevilla en una céntrica iglesia, donde se conmemoró la figura de José Antonio Primo de Rivera desplegando banderas falangistas mientras cantaban el “Cara al sol” ante la atónita mirada de las personas que por allí transitaban. Las mismas imágenes de exaltación de la dictadura se han producido en iglesias de Madrid y Zaragoza.
¿Qué tienen que decir jueces y fiscales sobre todos estos hechos? ¡Nada! Comparten esas mismas posiciones del más rancio nacionalismo español, como demostraron reprimiendo el movimiento independentista por la República en Catalunya, que precisamente desafiaba los pilares fundamentales del ideario fascista y del régimen del 78.
Por cierto, en ese momento contaron con el apoyo del PSOE que dio su apoyo al Gobierno del PP otorgando carta blanca a los jueces para encabezar el aplastamiento del pueblo catalán en nombre de la “España una, grande y libre”, contribuyendo a extender los prejuicios del españolismo más reaccionario entre los sectores más políticamente atrasados de la población. De aquellos polvos, estos lodos.
El papel del aparato judicial en la represión del 1 de octubre no ha hecho otra cosa que profundizar la deriva ultraderechista de los jueces. Esas mismas tendencias las encontramos en la oficialidad del ejército. En el año 2018, bajo el Gobierno “socialista”, se publicó en los medios una noticia reveladora: 1.000 oficiales del ejército firmaron con nombres y apellidos un manifiesto de “adhesión a Francisco Franco Bahamonde, soldado de España”. En esta lista aparecían 70 generales y almirantes. Teniendo en cuenta que el ejército español tiene un centenar de oficiales de ese nivel, queda claro el preocupante perfil político de los mandos al máximo nivel que dirigen las fuerzas armadas. No es de extrañar que un general retirado afirmara recientemente en un chat que había que fusilar a 26 millones de españoles (rojos, maricones, inmigrantes y feministas). Literalmente, decía que había que matar a esos “26 millones de hijos de puta”, sin que ningún juez, ni el Gobierno “socialista” vieran en estas declaraciones delito alguno.
Cuerpos de seguridad y ultraderecha
La asociación de fuerzas de seguridad JUSAPOL, y los sindicatos mayoritarios en la policía y la guardia civil, JUPOL y JUCIL, no esconden sus simpatías por VOX y su programa racista, machista y fascista. Y es notorio que muchos integrantes de los cuerpos de seguridad son militantes del partido de Abascal. La organización franquista España 2.000 animaba recientemente a sus afiliados a acudir a concentraciones convocadas por JUPOL en apoyo de un agente encausado con carné de VOX.
Mientras los desfiles neonazis y falangistas son escoltados amablemente por los destacamentos policiales, estos no dudan en actuar de forma cada vez más provocadora y agresiva contra la izquierda. Efectivos policiales se dedican a infiltrarse en movimientos sociales y manifestaciones de la izquierda como agentes provocadores al más puro estilo fascista. Y cuando esto ha sido denunciado, la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez ha sido amparar y justificar esas actuaciones.
Los lazos de la policía con las organizaciones de extrema derecha son cada vez más estrechos. Es un hecho que batallones de choque de corte fascista se están formando al amparo de los cuerpos de seguridad del Estado. ¿O qué son, si no, las bandas de matones de empresas como Desokupa? Su jefe, Daniel Esteve, rememorando el gansterismo fascista, nos dice cómo funcionan: “Donde no llegan las leyes, llegamos nosotros. Lo que no hace la poli, lo hacemos nosotros”. Desde 2016, las empresas de “desokupación” se han multiplicado por todo el Estado. Estos grupos violentos e intimidadores actúan con total impunidad y con la colaboración de la policía en sus operaciones de desalojo extrajudicial.
Desokupa publicita sus servicios profesionales con el siguiente mensaje: “Desde que empezamos en 2016, hemos llevado a acabo más de 7.000 ‘desokupaciones’ con éxito. Somos la única empresa del sector recomendada por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”. En realidad, no es la única que tiene recomendación. Otra empresa del ramo, Desokupa Express con sede en Guadalajara, lo anuncia en su página con toda claridad: “Nuestro equipo está compuesto por 75 personas especialistas en este tipo de operativos y cuenta con el apoyo y la coordinación de efectivos de la policía nacional”.
Capas medias movilizadas hacia la extrema derecha
Bajo la cobertura de los cuerpos de seguridad del Estado, se está produciendo una operación de blanqueamiento de empresas, que se valen de la amenaza y la extorsión para sus actividades, como si cumplieran un servicio público. ¡Y desde luego que cumplen una función social! Están al servicio de los que se están haciendo de oro mercadeando con el derecho a disfrutar de una vivienda. Los beneficios capitalistas han encontrado en esta fuerza auxiliar un instrumento de acción directa para proteger la propiedad y el negocio inmobiliario que tan buenos réditos está ofreciendo a los grandes tenedores de vivienda en alquiler y a miles de caseros rentistas, que se muestran encantados con estos métodos fascistas.
Esto nos sitúa en un aspecto fundamental: la conformación de una masa social que se radicaliza hacia la extrema derecha y sus organizaciones porque estos son quienes protegen sus intereses materiales; son los que defienden con mayor decisión y firmeza que los caseros rentista sigan apropiándose de los salarios y las rentas del trabajo para convertirlos a través del alquiler en suculentos beneficios.
Aquí vemos también la relación entre el fracaso de las políticas reformistas, parlamentarias, que muestran su impotencia para garantizar el derecho a una vivienda digna y otros derechos sociales, abandonándolos en manos de los intereses del mercado capitalista, y el ascenso de las tendencias fascistas. Una situación que abona la difusión de la demagogia fascista.
De la misma forma que sucede en el mercado de la vivienda, otros sectores como la hostelería y la agricultura se encuentran muy movilizados por la derecha y la extrema derecha. El crecimiento económico y las exportaciones les están llenando los bolsillos, pero la base de sus beneficios proviene de la explotación inmisericorde a la que someten a los trabajadores, especialmente a los inmigrantes. Necesitan una masa laboral vulnerable, atemorizada por las políticas de inmigración, que se vea obligada a aceptar las condiciones más precarias, y eso es lo que le garantizan el programa político y las campañas xenófobas, racistas y fascistas de la derecha y la extrema derecha.
Combatir al fascismo exige una política revolucionaria
Yolanda Díaz o Pedro Sánchez sólo ven el peligro fascista en época de elecciones, como propaganda electoral y arma arrojadiza contra la derecha. Y no lo consideran una amenaza porque confían en la “fortaleza de la democracia y del Estado de derecho, de las instituciones democráticas como garantes de las libertades”, etc.
El instinto antifascista demostrado por la clase trabajadora es lo que ha impedido el establecimiento de un Gobierno PP-Vox que consolidaría y aceleraría la ofensiva reaccionaria contra los movimientos de liberación nacional, feminista y LGTBI, el movimiento obrero y sus organizaciones. Pero la izquierda parlamentaria en el Gobierno es incapaz de parar la subida electoral de la derecha y especialmente de la ultraderecha, donde se incluye el partido de Alvise, concediendo oportunidades al PP y Vox para seguir avanzando y poder llegar en algún momento al Gobierno.
Aunque en este momento sectores decisivos de la clase dominante apuestan porque el Ejecutivo PSOE-Sumar continúe, ya que sus políticas garantizan paz social y sus negocios van viento en popa, sería un grave error pensar que la ofensiva de la derecha y ultraderecha no cuenta con apoyo en sectores de la burguesía que –como vemos a escala internacional- saben que a medio y largo plazo el mantenimiento de sus beneficios pasa por aplastar derechos y conquistas sociales y un choque frontal entre las clases.
La clase dominante española ha demostrado históricamente que no le tiembla el pulso a la hora de recurrir al fascismo. Evidentemente, no estamos en ese punto. Pero descartar este peligro, como hacen algunos autodenominados marxistas, presentando a Trump, Musk, Milei o Abascal como “populistas antiestablishment” solo desarma a la clase obrera y facilita el avance de la ultraderecha.
Lo mismo pasa con los llamamientos a establecer un “cordón sanitario” con la derecha supuestamente “democrática” y las ilusiones en que sea el Estado quien les detenga. Los reformistas no han aprendido nada del ascenso del fascismo en los años 20 y 30 del siglo pasado. La cuestión central es, precisamente, que en estas sagradas instituciones del Estado es donde estamos viendo un aumento de las tendencias abiertamente ultraderechistas y donde la reacción está encontrando sus principales apoyos.
Confiar en el Estado capitalista y sus instituciones, incluida la monarquía, para defender los derechos democráticos representa una trampa mortal. Felipe VI ya demostró, con su respuesta brutal cuando el pueblo de Catalunya reivindicó el derecho democrático a la autodeterminación, que si tiene que reprimir a las masas en lucha cerrando filas con la ultraderecha judicial y militar no dudará en hacerlo.
La única manera de combatir la influencia decisiva de la extrema derecha dentro del aparato del Estado, su avance entre las capas medias y penetración en sectores políticamente atrasados y desmoralizados de la clase trabajadora es organizando la respuesta en la calle contra las provocaciones fascistas e impulsar la lucha sindical y política con un programa combativo, anticapitalista y revolucionario que plantee la expropiación de los bancos, los monopolios y grandes empresas del Ibex 35 bajo control de la clase trabajadora para garantizar condiciones de vida dignas para todas y todos. Estas son las armas con las que derrotaremos al fascismo.
