¡Sin recortes ni desahucios, sin corrupción y que haga una política en beneficio de las familias trabajadoras!

Dos semanas después de aprobar los presupuestos de 2015, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, disolvía el Parlamento y convocaba elecciones anticipadas para el 22 de marzo. Desde la cúpula socialista, y desde sectores de la clase dominante, el adelanto aparecía como la maniobra más eficaz para asegurar la continuidad de una política respetuosa con la austeridad y lograr socios más fiables en la labor de gobierno, menos condicionados por la presión de la lucha de clases y de los movimientos sociales.

De nada sirvió que Diego Valderas, hasta ese momento vicepresidente de la Junta, intentara desesperadamente mantener el acuerdo insistiendo en su compromiso con la estabilidad política. La dirección del PSOE en Sevilla, y en Madrid, ya había hecho sus cuentas. El desgaste de las políticas socialdemócratas, unas encuestas adversas, y la irrupción de Podemos, ha forzado esta salida.

Las elecciones de marzo de 2012

La clase trabajadora y la juventud de Andalucía se movilizaron con fuerza en las elecciones autonómicas de marzo de 2012 para frenar a la derecha. Contra todos los pronósticos, y para desolación de los plumíferos que vendieron una victoria que parecía iba a ser aplastante, el Partido Popular no logró la ansiada mayoría absoluta y sufrió un varapalo electoral contundente: perdió más de 400.000 votos respecto a las elecciones generales de noviembre de 2011 y cerca de 170.000 respecto a las autonómicas de 2008.

La dirección nacional del PP no podía dar crédito a unos resultados que le dieron 50 escaños, cuando las encuestas auguraban una mayoría cómoda con 59 diputados autonómicos. Javier Arenas, presidente del PP andaluz y fiel representante de esa casta de señoritos cortijeros, no tuvo más remedio que dimitir y abandonar la política con el rabo entre las piernas.

Desde noviembre de 2011 a marzo de 2012, asistimos al inicio de una escalada de movilizaciones en numerosos sectores tras el estallido del 15M, que se concretó en la convocatoria de la huelga general del 29M de ese último año. Estos procesos, y la ofensiva desatada por el PP contra los derechos sociales, se dejaron sentir en la primera ocasión importante. En las elecciones andaluzas de marzo de 2012, PSOE e IU se hicieron con 59 escaños frente a los 50 del PP. Pero aquellos resultados mostraron muchas más cosas. El PSOE, con 1.523.465 votos (39,52%) perdió más de 650.000 votos respecto a las autonómicas de 2008 (cuando obtuvo 2.148.328 votos, 48,19%), un desgaste acusado que repetía la enorme crítica de amplios sectores de la juventud y la clase obrera hacia las políticas de la socialdemocracia, y que se concretaron en la derrota de Zapatero y la pérdida de más de cuatro millones en las elecciones generales de 2011. Y este proceso empezó a cristalizar en el ascenso de Izquierda Unida, que aumentó su apoyo en Andalucía en 120.000 votos (de 315.909 votos, 7,09% en 2008, a 437.445 votos, 11,34% en 2012), doblando su representación parlamentaria de 6 a 12 escaños.

Haciendo balance de aquellas elecciones, desde El Militante planteamos algunas consideraciones que merecen ser recordadas: “La perspectiva abierta con los resultados electorales de las elecciones andaluzas tiene muchas implicaciones. En primer lugar, ha llenado de confianza a un amplio sector de los trabajadores demostrando que es posible frenar a la derecha y cuál es el camino. En segundo lugar, brinda una gran oportunidad para romper con las políticas procapitalistas adoptadas anteriormente por el gobierno de Zapatero, que asfaltaron el camino para el triunfo de la derecha, y acumular fuerzas para derrotar la ofensiva del gobierno central del PP (…) Mantener una política consecuentemente de izquierdas y de clase es todo lo contrario a permitir que el PP pueda gobernar, tanto en Extremadura como en Andalucía. La postura de IU en el parlamento andaluz debe ser clara: bajo ningún presupuesto sus diputados pueden permitir al PP formar gobierno. Por supuesto, esto no implica adaptarse a la política de la dirección del PSOE, ni tampoco entrar en una coalición gubernamental en Andalucía para aplicar medidas de ajustes y recortes sociales. La primera tarea de Izquierda Unida es presentar al PSOE un programa claro para gobernar en beneficio de la mayoría trabajadora, que debe incluir, entre otras medidas, las siguientes: 1) Inmediata puesta en marcha de un Plan de Empleo público dirigido a los desempleados de pueblos y ciudades de Andalucía dotado de 1.000 millones de euros, financiados con las partidas de deuda e intereses financieros, cuyos pagos se deben suspender. 2) Rechazo de las obligaciones de objetivo de déficit a costa del gasto público. Aumento de los recursos públicos destinados a la enseñanza, sanidad pública, transportes, servicios sociales públicos y Ley de la Dependencia. Mantenimiento de empresas públicas, de plazas públicas y de los derechos y los salarios de los empleados públicos. 3) Rescatar todos los servicios públicos que se encuentren privatizados. 4) Subsidio de desempleo indefinido hasta encontrar un empleo. 5) Nacionalización de las empresas en crisis que amenazan con despidos y expedientes de regulación de empleo. 6) Vivienda digna. Nacionalización de las grandes empresas constructoras y municipalización del suelo urbano para acometer la construcción de viviendas públicas suficientes, con alquileres no superiores al 10% de los ingresos familiares. Aprobación de una ley autonómica contra los desahucios de viviendas 7) Reforma Agraria y expropiación de los grandes latifundios bajo el control de las organizaciones jornaleras. 8) Nacionalización de la banca, y los monopolios bajo control obrero y sin indemnización, salvo en caso de necesidad comprobada.”

Y concluíamos: “Izquierda Unida debe aprender también de experiencias muy negativas, como su participación en el gobierno del Tripartit en Catalunya, que le llevó a respaldar medidas antisociales y numerosos recortes del gasto público, o su presencia en el gobierno de Euskadi junto al PNV. Los resultados de las elecciones en Andalucía han dejado claro que una mayoría de trabajadores, de parados, de jornaleros, de jóvenes, de jubilados no quieren un gobierno de la derecha, pero tampoco un gobierno que aplique políticas contra la mayoría aunque se rotule de izquierdas. Si los dirigentes del PSOE de Andalucía no están dispuestos a dar un giro de 180º en su estrategia, si no están dispuestos a romper con la política de recortes sociales y basarse en su base social para tomar estas medidas necesarias, Izquierda Unida tiene la posibilidad clara de no entrar al gobierno y ejercer una auténtica oposición de izquierdas, movilizando a miles de trabajadores y jóvenes andaluces, incluyendo a un amplio sector que apoyó en las urnas al PSOE para frenar a la derecha. De esta manera, huyendo de cualquier visión institucional, de cretinismo parlamentario, que lleve a la colaboración con políticas antiobreras, Izquierda Unida dejaría claro que ni por activa ni por pasiva abrirá el paso al PP, al tiempo que lucha por convertirse en una fuerza que actúa conscientemente, tanto en las instituciones de la democracia burguesa como en la lucha de clases, por la transformación socialista de la sociedad.”

El gobierno PSOE-IU

Durante estos tres años de gobierno, las direcciones del PSOE y de Izquierda Unida en Andalucía han desoído por completo el mandato que miles de trabajadores plasmaron con su voto en 2012. Por un lado, el PSOE ha seguido en la línea de gestionar la crisis desde el punto de vista de los capitalistas, esto es, aplicar la política de austeridad en el gasto social, aumento del incentivo empresarial —a través de exenciones fiscales y ayudas directas—, y recortes a los derechos y conquistas de los trabajadores.

Desde el mismo momento de la conformación del gobierno de coalición, Izquierda Unida renunció a realizar una oposición real desde la izquierda a esta política, apoyándose en la fuerza que los jóvenes y trabajadores andaluces, como en el resto del Estado, ya estaban demostrando. Las movilizaciones masivas del 15-M, las huelgas generales, la huelgas educativas contra la LOMCE, las acciones contra los desahucios, las grandes marchas de la dignidad, las Mareas Ciudadanas, donde hay que señalar que los activistas y militantes de IU y del PCA han jugado un papel activo y destacado, contrasta vivamente con la actuación de los dirigentes de IU en Andalucía que han sostenido, y justificado, la acción de gobierno de la Junta.

Después del tijeretazo de 2.700 millones al gasto público en los presupuestos de 2012, las cuentas aprobados en 2013 por la Junta de Andalucía recortaban 1.000 millones de euros en sanidad, 600 millones en educación, y aprobaban el despido de 4.502 profesores interinos. En los presupuestos del año siguiente, Andalucía fue de las comunidades que más recortó porcentualmente en sanidad y en educación, acumulando en estos dos primeros años de gobierno una caída del 10,8% en sanidad y el 8,6% en educación. A esto se tienen que sumar los miles de puestos de trabajo destruidos en la administración andaluza y los derechos laborales suprimidos de los empleados públicos. En los presupuestos de 2015, aprobados dos semanas antes de la disolución del parlamento, no se ha recuperado ni un solo céntimo del dinero perdido en gastos sociales.

Cientos de miles de trabajadores y jóvenes andaluces votaron al PSOE y a IU para frenar los ataques de la derecha y la degradación social que ha impuesto la crisis del capitalismo. A pesar de eso, en Andalucía el desempleo es crónico, con una tasa de casi el 35%; sigue habiendo decenas de desahucios cada día y los hospitales están masificados y sin recursos; se despiden profesores y se privatizan servicios, y la gran propiedad terrateniente campa a sus anchas. A todo esto hay que añadir las consecuencias de los sangrantes casos de corrupción que han afectado de lleno a la gestión del PSOE al frente de la Junta, los EREs y muchos otros, que los emparentan con los escándalos en los que chapotea el PP y el resto de los partidos que han sostenido el régimen del 78 (CiU, PNV….).

El gobierno de Rajoy ha lanzado ataque tras ataque a las conquistas históricas de la clase trabajadora en el Estado español. Los recortes en sanidad, educación y servicios públicos, las contrarreformas laborales, educativas y en derechos sociales… son parte destacada de una ofensiva que hemos sufrido en estos años. Pero de una forma o de otra, estos retrocesos también han sido aplicados por las medidas adoptadas desde la Junta de Andalucía. La explicación que los dirigentes del PSOE y de Izquierda Unida han dado para justificar esta actuación, apelando al “imperativo legal” impuesto desde el Gobierno central, sólo son una coartada. Un auténtico gobierno de la izquierda debería oponerse frontalmente y sin vacilación a esta agresión a los derechos y las condiciones de vida de las familias trabajadoras, rompiendo con la lógica perversa del capitalismo. Esta es la única manera de “construir un nuevo país”, como señala Alberto Garzón, y transformar la sociedad en beneficio de la mayoría.

Crisis en las organizaciones de Izquierda

Después de tres años de gobierno, tanto el PSOE como Izquierda Unida han perdido mucha credibilidad. La autoridad de estas organizaciones se cimienta en que pueden ser un instrumento útil para mejorar la vida de los trabajadores, pero sus dirigentes han hecho lo contrario de lo que prometían, renunciando a combatir las políticas de la derecha. Izquierda Unida estaba creciendo sobre la base del descontento y la crítica hacia la política del PSOE, se empezaba a vislumbrar como una alternativa real para plasmar en las instituciones la lucha que ya se estaba dando en la calle. Pero ahora la situación ha cambiado.

La experiencia de Andalucía ha marcado los límites de la actual dirección de Izquierda Unida. No se puede sostener durante mucho tiempo una política de discursos y declaraciones que se contradiga con la práctica cotidiana. Si se está contra los recortes, se está con todas las consecuencias y más si se gobierna. En realidad, la dirección andaluza de IU ha renunciado a batallar por muchas medidas fundamentales, y que inevitablemente afectan a los intereses y privilegios de la clase dominante, antes que poner en cuestión su alianza con el PSOE. Y a pesar de las insistentes voces que desde la militancia de base, desde los movimientos sociales, desde el sindicalismo combativo se han alzado para que IU rompiera con el gobierno de coalición y pasara a una oposición activa, dirigentes como Diego Valderas y muchos otros han preferido continuar ocupando cargos, y apareciendo inevitablemente como la pata izquierda de una política antisocial. Han dado un barniz progresista a lo que no deja de ser una variante de la política neoliberal. Y esta realidad tozuda se ha convertido en una decepción enorme para miles de trabajadores y de jóvenes que han visto como sus dirigentes se separaban de sus necesidades y reivindicaciones.

El auge de la lucha de clases, y el boquete de credibilidad que sufre IU, explican la irrupción de Podemos y que el atractivo que ha despertado entre amplios sectores de la juventud, de los trabajadores y de los movimientos sociales, sea un motivo de honda preocupación para la derecha y la clase dominante.

Perspectivas electorales

Las encuestas no dejan de cambiar aunque las tendencias parecen claramente marcadas. El Partido Popular está en caída libre, barruntándose un hundimiento histórico de la derecha. Según la última encuesta de Metroscopia hecha para El País el 1 de marzo, el PP pasaría de un 40,7% de los votos en las elecciones andaluzas de marzo de 2012 a un 22,7% en marzo de 2015. La experiencia del gobierno central y de su gestión despiadada de la crisis en beneficio de los grandes capitalistas, los tres años de devastación social y saqueo de las arcas públicas para beneficio de una minoría, está incluso privando al PP de los votos de sectores de capas medias que le han apoyado tradicionalmente. Se pone de manifiesto la endeble base social que la derecha tiene en Andalucía. El espejismo de las elecciones de 2012, en las que fueron el partido más votado, se basaba únicamente en la debacle electoral del PSOE.

Según la misma encuesta, el PSOE también cae, pero mantendría un 34,6% de los votos. Siendo su peor resultado electoral jamás registrado en Andalucía, sería el partido más votado. Aquí está la clave del adelanto electoral. El PSOE sufre un fuerte desplome en todo el Estado y la cita de las elecciones municipales no pinta nada bien en decenas de ciudades donde han surgido iniciativas unitarias de la izquierda al calor del fenómeno Podemos. Un resultado en Andalucía que les permitiera mantener el tipo, sería utilizado para remontar en el resto de los territorios. Pero no está del todo claro que el PSOE logre mantener ese porcentaje de votos. El descontento es muy grande también entre su base tradicional, que mira a su izquierda, y concretamente a Podemos, para castigar la deriva derechista de la dirección socialista.

Podemos es ya la primera fuerza política en intención de voto en las sondeos de cara a las elecciones generales en Andalucía, y para estas autonómicas, aunque se sitúa en tercera posición, entraría en el parlamento andaluz con mucha fuerza. Pero tampoco está claro que las encuestas den en la diana con Podemos. La tendencia es que la lista encabezada por Teresa Rodríguez siga aumentando el porcentaje y, si tenemos en cuenta que ni una sola encuesta acertó en las últimas elecciones andaluzas (todas daban la victoria al Partido Popular de Arenas), cabe pensar que hay posibilidades de que el ascenso de votos para Podemos sea mayor. Por su parte, Izquierda Unida paga un gran precio por la política de su dirección y su papel en el gobierno de coalición con el PSOE, y pasaría de su ascendente 11,3% de 2012 y su perspectiva de crecer aún más, a un 6,8%.

También irrumpiría con fuerza Ciudadanos, la formación de derechas que lidera Albert Rivera y que está siendo promocionada a bombo y platillo para evitar que una parte del electorado del PP se vaya a la abstención.

Estos resultados plantean un panorama muy abierto. Podríamos encontrarnos con el intento del PSOE de gobernar en minoría, en el caso de que los resultados se lo permitieran. Obviamente se trataría de un gobierno muy inestable, pero teniendo en cuenta otros antecedentes (el gobierno de Patxi López en Euskadi, por ejemplo) y la gravedad por la que atraviesa la situación política y económica, Susana Díaz podría buscar algún tipo de pacto a la carta con el PP o con Ciudadanos. No podríamos descartar que Andalucía, por mucho que los dirigentes del PSOE hayan asegurado que no pactarán bajo ningún concepto con el PP, se convierta en el campo de pruebas, en el ensayo general, de lo que podría ser una gran colación de facto entre diferentes organizaciones en el futuro parlamento estatal: PP, PSOE, Ciudadanos, incluso UPyD si es que obtiene representación, para frenar la posibilidad de un gobierno de la izquierda nucleado en torno a Podemos e IU.

Por una alternativa de izquierdas para transformar la sociedad

Hay una corriente muy fuerte entre la clase obrera y la juventud que demanda un cambio profundo, que cuestiona la fachada “democrática” tras la que se esconde la dictadura descarnada del capital financiero, y que resiste la catástrofe social a la que nos condena el capitalismo. En estos años hemos visto como una gran movilización ha desbordado a los aparatos de las organizaciones tradicionales de la izquierda, políticas y sindicales, exigiendo un programa combativo y de transformación social.

Podemos es una de las expresiones más destacadas y que mejor ha conectado con esta corriente. Pero votar no basta. Para parar a la burguesía y sus ataques hace falta combinar un programa de ruptura con el sistema capitalista, dentro y fuera de las instituciones, redoblando la movilización en la calle.

Estas elecciones deben marcar también un cambio profundo para Izquierda Unida. Basta de mirarse el ombligo, basta de pensar en términos de aparato, basta de oportunismo. IU debe volver a conectar con las aspiraciones de los trabajadores y la juventud. Debe ganarse de nuevo la confianza perdida luchando firmemente, en los hechos, por el programa que dice defender. Por supuesto, debe romper con cualquier tendencia sectaria hacia los miles de simpatizantes, votantes y militantes de Podemos.

En los próximos meses, tanto en Andalucía como en el resto del Estado se van a poner de nuevo a prueba los programas de todas las organizaciones. O se complace los intereses de los bancos y los empresarios o se apuesta decididamente por los intereses de los trabajadores. Los marxistas de El Militante estamos convencidos de que sólo un programa genuinamente socialista puede satisfacer las reivindicaciones más básicas de los trabajadores. Abogamos por un gobierno de la izquierda que lucha, por un frente de Podemos, Izquierda Unida y los movimientos sociales que ponga fin a los desahucios, que defienda la enseñanza y la sanidad públicas, los derechos democráticos; que acabe con todas las contrarreformas y privatizaciones; que combata el desempleo, y ponga fin a la lacra de la corrupción. Y para llevar a cabo toda esta labor, sólo hay una manera realista de hacerlo: aplicando una política socialista de verdad, que nacionalice los grandes monopolios financieros (banca, seguros) y los grandes grupos empresariales que controlan los sectores estratégicos de la economía (eléctricas, telecomunicaciones, acero, cemento…), bajo control democrático de la población. De esta manera se podrían dedicar recursos gigantescos a resolver las necesidades y carencias que sufre la mayoría de la sociedad, además de proporcionar una igualdad y un bienestar común que es la única base objetiva para la justicia social y la auténtica democracia: el socialismo.

Un gobierno al servicio de la mayoría tendría que apoyarse en la participación activa y en la movilización contundente de las masas de la población. ¡Pero eso es una utopía! nos contestarán los “pragmáticos”, los “realistas”. No, no es verdad, no es ninguna utopía. La propia experiencia de estos cinco años de luchas, del 15M, de surgimiento de la PAH, de la Marea Blanca, de la Marea Verde, de tantas y tantas movilizaciones sociales que han puesto en cuestión el bipartidismo y el propio sistema, lo que demuestra es lo contrario: ¡Sí se puede!

¡Únete a los marxistas revolucionarios de El Militante, y lucha con nosotros por este programa!