El pasado 20 de abril El País publicaba la noticia de la trágica muerte
de una niña de 14 años tras lanzarse de la furgoneta en la que era
trasladada, tras disfrutar de un permiso, de vuelta al centro Casa
Joven, que la Fundación O´Belen gestiona en Azuqueca de Henares. Esta
desgracia no es un hecho aislado. El pasado mes de diciembre un chaval
de 13 años se quitó la vida en El Picón, centro que O´Belen gestiona en
Paracuellos del Jarama. Pocos días después otro menor intentó
suicidarse en este mismo centro, afortunadamente sin éxito. En el año
2007 un niño de 12 años apareció muerto en "extrañas circunstancias" en
el centro Vaix Vinalopó (Elche) también de O´Belen.
El pasado 20 de abril El País publicaba la noticia de la trágica muerte de una niña de 14 años tras lanzarse de la furgoneta en la que era trasladada, tras disfrutar de un permiso, de vuelta al centro Casa Joven, que la Fundación O´Belen gestiona en Azuqueca de Henares. Esta desgracia no es un hecho aislado. El pasado mes de diciembre un chaval de 13 años se quitó la vida en El Picón, centro que O´Belen gestiona en Paracuellos del Jarama. Pocos días después otro menor intentó suicidarse en este mismo centro, afortunadamente sin éxito. En el año 2007 un niño de 12 años apareció muerto en "extrañas circunstancias" en el centro Vaix Vinalopó (Elche) también de O´Belen.
Estas tragedias no son meros accidentes, sino la consecuencia de las tremendas condiciones que tienen que soportar los niños internados en estos centros. Podemos imaginarnos lo dura que será la vida en uno de estos centros para que un adolescente prefiera tirarse de un coche en marcha antes que volver a la que se supone debe ser su casa. Pero no hace falta que lo imaginemos; ya nos informó de ello el Defensor del Pueblo, por lo que no caben excusas. Las administraciones públicas deben hacerse cargo de manera directa de los menores que están bajo su responsabilidad, denunciando todos los convenios con O´Belen y similares empresas que no sólo se llevan el dinero público a manos llenas, sino que no hacen más que destrozar la vida de los niños que sobreviven como pueden en sus centros.
Luchar por unos servicios sociales públicos, democráticos y de calidad
Desde hace años varios colectivos sociales vienen denunciando la situación en los centros de menores, derivada tanto de la institucionalización de los menores como de la privatización de estas instituciones, y planteando alternativas de intervención que en la práctica se han mostrado eficaces. Se han realizado multitud de actos y concentraciones, que fueron clave por ejemplo para la clausura del centro que O´Belen gestionaba en el madrileño barrio de Tetúan. En febrero, cientos de personas convocadas por la Asamblea Contra los Centros de Menores Cerrados nos manifestamos en Paracuellos en solidaridad con los menores "protegidos" contra su voluntad en El Picón y para exigir el cierre de los centros terapéuticos.
Pero la máxima responsabilidad está en manos de los sindicatos de clase, que por regla general han caído en el más triste corporativismo, ni siquiera criticando la privatización. Deben cambiar de actitud, y comenzar una campaña en defensa de los servicios sociales públicos, que vaya más allá de meras declaraciones. Ese es su deber, y no defender acríticamente incluso a aquellas personas denunciadas públicamente por maltratar a niños en situación de desamparo.
Estas tragedias no son meros accidentes, sino la consecuencia de las tremendas condiciones que tienen que soportar los niños internados en estos centros. Podemos imaginarnos lo dura que será la vida en uno de estos centros para que un adolescente prefiera tirarse de un coche en marcha antes que volver a la que se supone debe ser su casa. Pero no hace falta que lo imaginemos; ya nos informó de ello el Defensor del Pueblo, por lo que no caben excusas. Las administraciones públicas deben hacerse cargo de manera directa de los menores que están bajo su responsabilidad, denunciando todos los convenios con O´Belen y similares empresas que no sólo se llevan el dinero público a manos llenas, sino que no hacen más que destrozar la vida de los niños que sobreviven como pueden en sus centros.
Luchar por unos servicios sociales públicos, democráticos y de calidad
Desde hace años varios colectivos sociales vienen denunciando la situación en los centros de menores, derivada tanto de la institucionalización de los menores como de la privatización de estas instituciones, y planteando alternativas de intervención que en la práctica se han mostrado eficaces. Se han realizado multitud de actos y concentraciones, que fueron clave por ejemplo para la clausura del centro que O´Belen gestionaba en el madrileño barrio de Tetúan. En febrero, cientos de personas convocadas por la Asamblea Contra los Centros de Menores Cerrados nos manifestamos en Paracuellos en solidaridad con los menores "protegidos" contra su voluntad en El Picón y para exigir el cierre de los centros terapéuticos.
Pero la máxima responsabilidad está en manos de los sindicatos de clase, que por regla general han caído en el más triste corporativismo, ni siquiera criticando la privatización. Deben cambiar de actitud, y comenzar una campaña en defensa de los servicios sociales públicos, que vaya más allá de meras declaraciones. Ese es su deber, y no defender acríticamente incluso a aquellas personas denunciadas públicamente por maltratar a niños en situación de desamparo.